Los cuatro vocales titulares de la nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación deberán ser funcionarios, pero serán elegidos por el procedimiento de libre designación
Su presidenta
desde julio es María José Santiago, procedente de la Junta de Andalucía
y uno de los primeros nombramientos de la ministra de Hacienda, María
Jesús Montero
Se encarga de "promover la concurrencia y combatir
las ilegalidades" en la contratación pública y el Gobierno Rajoy ya
intentó nombrar a sus responsables por libre designación, pero no le dio
tiempo
El Gobierno va a nombrar por el
procedimiento de libre designación, esto es, a dedo, a los funcionarios
que dirigirán las cuatro divisiones de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRSC), un organismo de
nueva creación adscrito al Ministerio de Hacienda y encargado de "velar
por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover
la concurrencia y combatir las ilegalidades" en la contratación pública.
En julio, el Consejo de Ministros ya nombró presidenta
de la OIRSC, a propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús
Montero, a María José Santiago Fernández, funcionaria del Cuerpo de
Letrados de la Junta de Andalucía desde 1996 y hasta entonces presidenta
del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta.
Según Hacienda, Santiago obtuvo la plaza que convocó el anterior Gobierno en
mayo, también por el procedimiento de libre designación. En concreto,
presentó su candidatura tres días antes de que venciera el plazo, el
pasado 5 de junio, el mismo día en el que se conoció la designación de
Montero como ministra de Hacienda.
Ahora, el ministerio va a elegir a los vocales titulares
de las cuatro divisiones de la OIRC también por el procedimiento de
libre designación, que pese a estar reservado a funcionarios con un
perfil determinado, y a diferencia del concurso de méritos, otorga una
amplia discrecionalidad a la Administración para nombrar a los elegidos.
En el ministerio defienden que el procedimiento escogido es la "manera
más ecuánime" y va "más allá" de lo que establecía la Ley de Contratos.
Esta norma recogía que los nombramientos de la presidencia y los vocales
de la IRSC correspondían al Consejo de Ministros, previa propuesta del
titular del Ministerio de Hacienda.
Igual que Rajoy
A finales de 2017, Ciudadanos ya reclamó
al Gobierno de Mariano Rajoy "un procedimiento transparente de
selección" de los responsables de la OIRC, "basado en principios de
mérito y capacidad" y que "garantice su independencia con respecto al
poder político, evitando, en todo momento, cualquier sospecha de
complicidad política que arroje sombras sobre la auctoritas de un organismo cuyos primeros pasos marcarán su futuro".
La solución elegida por el Gobierno del PP fue optar por la libre
designación para cubrir la presidencia de la OIRC y elegir a los cuatro
vocales del organismo, pero no le dio tiempo a adjudicar ningún puesto.
En el caso de los vocales, la convocatoria se publicó
en el BOE el 1 de junio, coincidiendo con el nombramiento de Pedro
Sánchez como presidente del Gobierno. Hacienda decretó la "terminación"
de ese procedimiento el 20 de septiembre, tras la reorganización de su
estructura, con el argumento de que esta supuso "una profunda
modificación de la organización de la Oficina" al reestructurar el
reparto de competencias entre sus vocalías.
Los
destinatarios de los cuatro puestos que acaban de convocarse deberán
ser, como establece la Ley de Contratos, funcionarios de carrera con
nivel A1 y al menos, diez años de experiencia profesional en materias
relacionadas con la contratación pública. A partir de ahí, y teniendo en
cuenta una serie de méritos, el Gobierno podrá elegir libremente a los
elegidos. Estos tendrán un nivel 30 (el más alto de la Administración) y
un complemento específico de 32.799,69 euros anuales. El plazo para la
recepción de candidaturas expira el próximo 23 de octubre.
En el proceso se adjudicarán cuatro puestos para los vocales titulares
de otras tantas divisiones. La primera es la de Evaluación de los
Contratos de Concesión, que formará parte de la Oficina Nacional de
Evaluación integrada en la OIRSC y cuya finalidad será analizar la
sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y servicios. Entre
los méritos que se valorarán estará la experiencia "en materia de
evaluación de proyectos desde la perspectiva económico financiera en el
ámbito de la contratación pública" y una licenciatura en Económicas,
Empresariales y Derecho.
Para el responsable de la
División de Regulación y Ordenación de la Contratación, que impulsará la
Estrategia Nacional de Contratación que debe presentar la oficina, se
valorará la "experiencia en asesoramiento y redacción de informes en
expedientes de contratación" y "en actuaciones de análisis, seguimiento y
propuestas de mejora de los procesos de contratación pública".
El tercer puesto a adjudicar es el de vocal responsable de la División
de Supervisión de la Contratación y Relaciones Institucionales, que
elaborará los informes que se remitirán anualmente a las Cortes y al
Tribunal de Cuentas. Se valorará la "experiencia sobre supervisión y
control y seguimiento de expedientes de contratación pública", en la
elaboración de informes de control relacionados con los procedimientos
de contratación pública y en el análisis de los informes de control
realizados por los distintos órganos de control de la contratación
pública.
El último puesto a adjudicar será el de
vocal titular de la División de Asuntos Generales, responsable de la
gestión económica de la oficina. Se valorará, entre otros aspectos, la
experiencia en la elaboración de informes jurídicos y en la tramitación
electrónica de procedimientos de contratación pública.
La oficina está adscrita al Ministerio de Hacienda "a efectos puramente
organizativos y presupuestarios", pero tiene "plena independencia
orgánica y funcional" en el cumplimiento de sus fines, según la norma
que preveía su creación (la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público). Entre otras funciones está "coordinar la supervisión en
materia de contratación de los poderes adjudicadores del conjunto del
sector público" y "velar por la correcta aplicación de la legislación de
la contratación pública a los efectos de detectar incumplimientos
específicos o problemas sistémicos".
La OIRSC también
deberá "velar por el estricto cumplimiento de la legislación de
contratos del sector público y, de modo especial, por el respeto a los
principios de publicidad y concurrencia y de las prerrogativas de la
Administración en la contratación", y "verificar que se apliquen con la
máxima amplitud las obligaciones y buenas prácticas de transparencia, en
particular las relativas a los conflictos de interés, y detectar las
irregularidades que se produzcan en materia de contratación".
En caso de que tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito o
infracción a nivel estatal, autonómico o local, "dará traslado
inmediato, en función de su naturaleza, a la fiscalía u órganos
judiciales competentes, o a las entidades u órganos administrativos
competentes, incluidos el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia".
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