A 4.624 euros el dictamen: urge cerrar el Consejo Consultivo

Los datos que obran en la Memoria publicada por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias correspondiente al año 2017, reflejan con toda crudeza la realidad de un Órgano cuya existencia solo se justifica como cementerio de elefantes políticos a los que las asturianas y asturianos pagamos un veraneo permanente a cuerpo rey en la  Casa de Nava, sita en el barrio gijonés de Cimavilla.

En el año 2017 el Consejo Consultivo tuvo un Presupuesto de 1.493.715 euros y emitió un total 323 dictámenes, por lo que cada dictamen sale a la friolera de 4.624, 50 euros.

De esos 323 un 84 por 100 -  298 - se refieren a expedientes de responsabilidad patrimonial contra la Administración (por caídas, en muchos casos), en los que los fundamentos jurídicos suelen repetirse mediante el procedimiento de "corta y pega".

En el pasado año en el Consejo Consultivo trabajaban 16 empleados públicos, entre ellos, un Letrado adjunto a la Secretaría (nivel 30), una letrada jefa (nivel 28) y tres letrados (nivel 26). Por tanto, a cada letrado le tocaría elaborar 65 dictámenes al año (poco más de un dictamen a la semana)

Pero lo que resulta particularmente grave e insostenible, se mire por donde se mire, es la situación laboral y retributiva del Presidente (64.343 €/año), de los cuatro vocales ( 64.343 €/año) y del Secretario General (55.185 €/año). ¿Qué hacen estos seis altos cargos para merecer estas golosas retribuciones?

El artículo 11.4 del Decreto 75/2005, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, atribuye a los vocales las siguientes funciones:

 El desarrollo de las ponencias y tareas necesarias para el buen cumplimiento de las funciones del Consejo Consultivo.

Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno del Consejo siempre que hubieran sido citados reglamentariamente.

En las sesiones podrán discutir los dictámenes, impugnarlos o defenderlos, proponiendo su modificación, aceptación o desestimación, que sean retirados o bien que queden sobre la mesa o que se amplíen sus antecedentes. En el caso de discrepar del parecer de la mayoría, podrán formular, en tiempo y forma, un voto particular, razonado, conforme al artículo 33 de este Reglamento.

Formar parte de las ponencias y grupos de trabajo que se creen de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.

Aquellas otras funciones que le sean delegadas por el Consejo en Pleno o por la Presidencia del Consejo.

Como los 323 dictámenes emitidos en el año 2017 fueron elaborados por los letrados del Consejo, a las señoras y señores  vocales les queda la cómoda tarea de “discutirlos, impugnarlos o defenderlos”. Al presidente y a cada uno de los cuatro vocales las asturianas y asturianos les pagamos 64.343 euros brutos en el año 2017, por una tarea tan ardua. 

Porque, aparte de estas labores deliberativas, ¿cuántos votos particulares formularon separándose del criterio de la mayoría? La Memoria del año 2017 ofrece un dato sonrojante: entre los años 2005 a 2017 solo se emitieron 10 votos particulares sobre 3.591 dictámenes emitidos, lo que da buena cuenta de la placentera unanimidad que domina las sesiones de este Consejo.

No nos extraña, por tanto, que los beneficiarios de este botín defiendan con uñas y dientes su continuidad. Pero para el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies no es posible seguir engañando a la ciudadanía asturiana manteniendo un Órgano cuya única virtualidad es dar premios de “fin de carrera” a representantes desahuciados de la casta política asturiana, colonizando las Instituciones públicas mediante un inmoral reparto por cuotas de partido para retribuir servicios prestados.

Hay que suprimir el Consejo Consultivo del Principado de Asturias por ser un Organismo totalmente prescindible, como han hecho las Comunidades Autónomas de Madrid (con el apoyo de PP y Ciudadanos) y de Extremadura (con el apoyo del PSOE y Podemos), encomendando la función consultiva a los servicios jurídicos de la Comunidad mediante la creación de una Comisión Jurídica Asesora integrada exclusivamente por funcionarios propios, con lo que se suprimen las canonjías instauradas por los partidos políticos ( todo ello, con el aval del Tribunal Supremo)

O encargando la emisión de los informes que resulten preceptivos al Consejo de Estado, como hace, por ejemplo la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin que ello suponga merma alguna para la celeridad y eficacia de los procedimientos correspondientes.

Si PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, han aprobado ya con sus votos la eliminación del Consejo Consultivo en las Comunidades de Madrid y de Extremadura, por ineficiente e innecesario, ¿qué motivos diferenciales concurren en Asturias para mantenerlo?

LEY DE SUPRESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MADRID, APROBADA POR PP Y CIUDADANOS

LEY DE SUPRESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA, APROBADA POR PSOE Y PODEMOS