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martes, 29 de noviembre de 2016

La Sindicatura de Cuentas incurre en un fraude de ley para incumplir la sentencia que anuló el concurso de méritos de Técnicos Auditores de ese Organismo



El BOPA de hoy publica una resolución dictada por el Síndico Mayor el pasado 28 de noviembre, que incurre en un manifiesto y patente fraude de ley o desviación de poder  con el fin de eludir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dictada el pasado 7 de marzo, en la que se anula el concurso de méritos convocado por la Sindicatura de Cuentas para la provisión de cinco puestos de trabajo de Técnico de Auditoría, así como el cese de los funcionarios interinos realizado por esa Sindicatura como consecuencia de la resolución del concurso declarado ilegal.

La sentencia en cuestión anula la convocatoria del referido concurso por cuanto que la Sindicatura de Cuentas había utilizado injustificadamente una modalidad excepcional del concurso de méritos, denominada “concurso específico”, que comporta  una segunda fase de valoración a través de la presentación de una memoria y la realización de una entrevista a los candidatos. El TSJA recuerda en su sentencia, siguiendo una asentada jurisprudencia del Tribunal Supremo (por ejemplo, en sentencias de 11 de junio de 2012 y 30 de mayo de 2013), que la opción por el sistema extraordinario del concurso específico requiere una motivación expresa en la convocatoria, en la relación de puestos de trabajo o en la creación de los correspondientes puestos, justificando las razones por las que se opta por dicho sistema de provisión.

Resulta evidente, por tanto, que el cumplimiento cabal y ajustado a Derecho de dicha sentencia obliga a efectuar una nueva convocatoria del concurso, en la que sólo podría utilizarse la modalidad excepcional del concurso específico – en la práctica, una especie de libre designación encubierta -  justificando en las propias bases de la nueva convocatoria, o en la relación de puestos de trabajo, las razones objetivas por las que se opta por ese sistema excepcional. Asimismo, el cumplimiento de la sentencia obliga a reintegrar a los funcionarios interinos en los puestos de los que fueron cesados en tanto se resuelve esa nueva convocatoria.

Lejos de dar cumplimiento a la sentencia en los términos lógicos que se derivan de la misma, la resolución del Síndico Mayor que hoy publica el BOPA toma un atajo fraudulento para no hacer una nueva convocatoria del concurso de méritos anulado, limitándose a añadir  ahora una delirante justificación  para resucitar un acto anulado, en la que se dice que “el perfil del puesto de Técnico de Auditoría, exige que la persona que lo ocupa tenga conocimientos y experiencia en fiscalización y/o auditoría de administraciones, organismos públicos, empresas y fundaciones públicas, en contratación administrativa, en contabilidad pública y privada y en manejo de aplicaciones ofimáticas a nivel de usuario” y que “el concurso específico va a permitir valorar el grado de conocimiento que los aspirantes tienen en estas materias, asegurando la elección de aquellos cuyo perfil profesional sea el más adecuado para el desempeño del puesto.”

De este modo, la Sindicatura de Cuentas pretende toscamente eludir el cumplimiento de la sentencia y las consecuencias que se derivan de la misma, por lo que la resolución del Síndico Mayor deberá ser declarada nula en aplicación del artículo 103.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el que se dispone que "serán nulos de pleno Derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento"

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies quiere destacar que la Sindicatura de Cuentas ha sobrepasado con esta actuación el límite de lo tolerable a un Organismo Público con las funciones de fiscalización que legalmente tiene encomendadas, por lo que el Síndico Mayor, como máximo responsable del mismo, debe presentar su dimisión de forma inmediata.

lunes, 28 de noviembre de 2016

CONFLICTO LABORAL DE AUXILIARES EDUCADORES/AS, FISIOTERAPEUTAS Y OPERARIOS/AS DE SERVICIO Y COCINEROS/AS



 Publicamos el documento elaborado por el colectivo de Auxiliares Educadores y Fisioterapeutas, de la Consejería de Educación, afectados actualmente por el recorte decidido en acuerdo del Consejo de gobierno de 10/10./2016


El trabajo con salario de miseria se instala de la mano del Partido Socialista.

    Desde hace tiempo todos los trabajadores/as de las administraciones públicas vienen sufriendo continuos recortes de sus derechos laborales. Esto parece no ser suficiente para nuestros dirigentes de la Consejería de Educación que aún pretenden intensificar la precarización de las condiciones laborales del colectivo de auxiliares educadores/as, fisioterapeutas, cocineos/as y operarios/as de la Consejería de Educación. 

    En el caso de  estos colectivos  los recortes de sus derechos laborales ya vienen de largo. Los AEs en las trasferencias autonómicas fueron reclasificados de un  grupo C que provenían al D. Desde 2005 AEs y fisios pierden el destino único,  pasando a estar destinados en un  Sector, es decir a ocupar una zona que comprenden varios concejo, siendo obligado a coger sus vacaciones en el mes de agosto, con el consiguiente perjuicio económico. A esto se une la supresión del concurso interno que todos los años venía realizándose al inicio de curso, con el fin de escoger destino en la zona correspondiente, una vez analizadas las necesidades de matrícula escolar.
    Los operarios han sufrido la mayor supresión de plazas hasta el momento con una amortización de 25 plazas de las cuales 23 se produjeron en la consejería de Educación. En cuatro años ya se han cargado más de 50 plazas. Esto un privatización cada vez menos encubierta  de los puestos de operarios/as y limpiadores/as 

    En este momento, y tras las distintas sentencias judiciales que tumbaron la contratación por “cúmulos de tareas” de  Aes y fisios, situación por la cual eran contratados de forma trimestral para ahorrarse el pago de vacaciones, la Consejería de Educación ha presentado, aprovechando el período vacacional de agosto, una modificación del catálogo de puestos de trabajo. En esta modificación, por una parte se suprimen 28 plazas de operarios/as de servicios y limpiadoras/es, y las plazas que se venían contratando con cúmulos de tareas de Aes,  ahora se crean a tiempo parcial con una proporcionalidad sobre la jornada completa. Es decir, que a estos trabajadores/as se les calcula una  jornada total  anual, contabilizando únicamente los días lectivos del curso escolar, y se les obliga a coger vacaciones en agosto, quedando el mes de Julio a disposición de la administración para realización de cursos, atención a menores en otros programas, etc.  De esta forma se pretende que permanezcan contratados todo el año, trabajando a jornada completa, pero con el salario reducido hasta en un 70%, resultado de prorratear en forma de descuento en el porcentaje mensual a cobrar el salario correspondiente a  los días no lectivos totales anuales . Por tanto, de este modo se puede producir unas rebajas salariales de hasta el 30% de sueldo, realizando el mismo trabajo que hasta ahora.. 

    Pero estos cálculos de jornada parcial no son fijos, sino que cambiarán por cursos e incluso durante el transcurso del mismo curso escolar. Como ejemplo podemos poner a  un AE contratado para un centro con alumnado que es usuario de comedor, puede ver reducida su parcialidad si el alumno abandona el servicio de comedor con la consiguiente disminución en su  remuneración.  

    Esta modalidad de contratación se iniciará  con estas nuevas plazas creadas que previsiblemente  serán adjudicadas a personal interino, pero en un futuro aquellas plazas que queden vacantes temporalmente, como consecuencia de excedencia, jubilación, traslado, etc, pasarán a jornada parcial, con estas mismas condicioneslaborales. 

    Y todos estos recortes se realizan con la excusa de un ínfimo ahorro  dentro de los presupuestos que maneja  la Consejería de Educación. Estaríamos hablando de poco más de 5.000 euros al mes lo que se ahorrarían con esta nueva modalidad de contratación. Con todo esto un auxiliar educador puede llegar a cobrar unos 680 euros al mes realizando las mismas tareas que sus compañeros/as en el mismo centro de trabajo. Según La Carta Social Europea, una especie convenio internacional regulador de todos los derechos laborales y sociales de los países europeos, establece que todos los empleados con salarios que estén por debajo de los 856 euros brutos se consideraran trabajadores pobres. Es decir que la Consejería de Educación está condenando a sus trabajadores/as a una situación de pobreza y exclusión social.
    Por otro lado cabe recordar que estos trabajadores prestan servicios en colegios ordinarios, o de escolarización específica, atendiendo especialmente a niños/as con dictamen de escolarización con necesidades educativas especiales (n.e.e.), derivada de algún tipo de diversidad funcional,  y abarcando ésta cualquiera de sus posibles manifestaciones: ceguera, sordera, retraso madurativo, síndrome de down,  autismo, asperger, problemas motóricos, etc, etc. Por ello están permanentemente realizando funciones de carácter educativo correspondientes a categorías superiores, recibiendo para ello formación específica anualmente impartida por el IAAP, sin que ninguna de estas funciones sean  reconocidas como educativas por parte de la Consejería de Educación,  impidiendo además sistemáticamente que este trabajo figure recogido en ningún documento oficial, con la finalidad de que se siga prestando el mismo, sin tener que pagar por  ello. Una situación esperpéntica, ya que se pretende hacer creer que a pesar de tratarse siempre de tareas de atención directa con el alumnado,  esta atención sería educativa o no, no sabemos si en  función de las personas que la presten en cada momento o simplemente se pretende presuponer que por tratarse de niños/as con n.e.e.  no existe tal posibilidad de prestar atención educativa. De esta manera,  únicamente se nos reconocen labores asistenciales ( desplazamientos, cambios de ropa y pañales y vigilancia ). Sin embargo es conocido por padres, alumnos y profesores la realidad silenciosa del trabajo que se está realizando este colectivo y que consiste además de labores asistenciales, en  elaboración y puesta en práctica de programas  de autonomías, apoyo en la integración social, control  funciones fisiológicas, y de autonomía personal y social, puesta en práctica de pautas de control de conductas disruptivas y agresivas, coordinación con los demás profesionales del centro, etc, así como apoyo en general con todo el alumnado escolarizado, ya que resulta imposible seleccionar la atención que se presta al alumnado en función de si cada alumno tiene o no algún tipo de necesidad educativa especial.

Consecuencias de estas medidas
Además de la ya reseñada reducción salarial,  la reconversión de las plazas de Aes y fisios de tiempo completo a tiempo parcial supone:
1º- Una clara discriminación entre el personal con antigüedad y el personal de nuevo ingreso o interino, ya que realizarán el mismo trabajo con una gran diferencia salarial.  2º.- Significa asimismo el fin de la movilidad laboral y promoción profesional de los trabajadores a esta categoría laboral, pues ningún trabajador podrá promocionar internamente ni trasladarse mediante a concurso a  la Consejería de Educación ya que percibiría un sueldo igual o inferior.
3º.- Supone  también la precarización del servicio de atención a la diversidad, ya que  por estar  vinculados contractualmente con la administración durante todo el año, estos trabajadores  no podrán buscar otro trabajo en los períodos no lectivos. De esta manera se puede prever fácilmente que habrá una alta movilidad en estos puestos, con el consiguiente perjuicio para estas niñas y niños  que siempre necesitan una referencia personal estable en el centro educativo, tal y como por otra parte recogen siempre los informes de evaluación.
4º.-Además de todo ello, las plazas de estructura que se vayan quedando vacantes por traslados, jubilaciones, etc, serán automáticamente reconfiguradas a tiempo parcial, con lo que en un futuro bien cercano, TODAS las plazas de Auxiliares Educadores y Fisioterapeutas SERÁN A JORNADA PARCIAL, pero a tiempo de trabajo total como hasta ahora.

Por tanto en este momento no se está demandando subida de salarios, ni mejoras en las condiciones de trabajo. Se pretende únicamente que  se conserve la mantenga la situación  actual en el régimen de contratación laboral igual para los trabajadores fijos,  interinos, o de nuevo ingreso, así como que se ponga fin de la privatización encubierta de las plazas de operarios deservicio y se reconozca la labor que estos trabajadores están realizando dentro del sistema educativo.
Comparando el presupuesto de la Consejería de Educación (730 muillones de Euros anuales), con el coste que supondría no aplicar esta medida (unos 50.000€ al año) obtenemos un porcentaje del 0,007% del mismo, lo cuál viene a desmontar cualquier intento de justificación en el sentido economicista.




domingo, 27 de noviembre de 2016

Externalización del empleo público y degradación de los principios de mérito y capacidad



 La actualidad del debate sobre las consecuencias de la  privatización de los servicios públicos,  los procesos de recuperación de la gestión directa de los mismos (remunicipalizaciones etc.) y sus efectos sobre el empleo público, nos lleva reproducir aquí  un artículo especialmente revelador que ya publicamos en este blog el 1 de marzo del 2015

Externalización del empleo público y degración de los principios de mérito y capacidad
Susana Rodríguez Escanciano
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (acreditada a Cátedra de Universidad)
Universidad de León 

VER ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ 

lunes, 21 de noviembre de 2016

El IVAP incluye nuestro blog en su Servicio de Documentación y Biblioteca

La página web del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) incluye un enlace al blog del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies dentro de su Servicio de Biblioteca y Publicaciones. En el apartado de "Enlaces de interés" sobre Administración Pública se integran un total de catorce enlaces a blogs de Derecho Administrativo y Gestión Pública, entre ellos el de nuestra asociación.

Para el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies la referencia que el Organismo público de selección y formación de recursos humanos del Gobierno Vasco hace a este blog como fuente de conocimiento e información, supone un indudable estímulo y el reconocimiento de que la labor divulgativa que venimos haciendo en los ochos años de existencia ha encontrado interés en ámbitos e instituciones de indudable relevancia y prestigio.

Agradecemos, por tanto, al IVAP el reconocimiento que nos dispensa y confiamos en que la información que ofrezcamos a partir de ahora pueda mantener el nivel de calidad y rigor necesarios para seguir siendo un blog de referencia en su página web.

Aunque los reconocimientos en la tierra propia resulten bastante más complicados, no descartamos que, en algún momento, el blog del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies deje de ser una referencia informativa clandestina para el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada e incorpore un enlace en su página oficial. 

domingo, 20 de noviembre de 2016

NECESIDAD DE UN PROCEDIMIENTO REGLADO PARA DESIGNAR LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DE OPOSICIÓN.

Reproducimos aquí la entrada del blog de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa sobre la necesidad de regular un procedimiento reglado para designar los miembros de los tribunales de selección de personal. Se trata de una exigencia absolutamente básica para evitar los fraudes y adulteraciones en los procedimientos selectivos del acceso al empleo público, que el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies viene defendiendo desde su constitución en el año 2008


La realización adecuada de los procesos selectivos para el ingreso en la función pública, además de la necesaria aprobación de la Oferta de Empleo Público, en condiciones que permitan la realización efectiva del derecho de acceso a la función pública –además de atender las necesidades de efectivos de la Administración para el correcto desempeño de sus funciones-, ha de contar con un conjunto de pautas de actuación que garanticen la transparencia y la seguridad jurídica del conjunto de pruebas y demás actuaciones que conforman el proceso selectivo.
Un elemento central y decisivo para el correcto desarrollo de los procesos selectivos es el establecimiento de un procedimiento reglado para designar los miembros de los Tribunales Calificadores que hayan de efectuar los procesos selectivos, reforzando la independencia y solvencia de sus miembros, de manera que su actuación se acomode plenamente a las bases de la respectiva convocatoria, con total garantía de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Esa necesidad ya fue señalada al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por parte del Justicia de Aragón, en sugerencia de fecha 6 de noviembre de 2008, a raíz de una queja planteada por esta Asociación. No obstante el tiempo transcurrido, nada se ha hecho por avanzar en el establecimiento de dicho procedimiento reglado. Más bien al contrario, como se ha podido ver en el reciente proceso selectivo para la Escala Auxiliar Administrativa, hemos llegado a contemplar cómo el Director General de la Función Pública sustituye a la totalidad de los miembros de un Tribunal Calificador, por discrepancias con los acuerdos adoptados, logrando que el nuevo Tribunal revoque lo acordado por el Tribunal precedente.
Creemos que lo sucedido hace totalmente necesario recordar la necesidad de establecer un procedimiento objetivo y reglado para designar a los miembros de los Tribunales Calificadores, corrigiendo la situación actual de absoluta discrecionalidad en dicho nombramiento, y la consiguiente capacidad de influencia sobre el desarrollo de los procesos que de tal designación puede derivarse.
Por todo ello, nos hemos dirigido a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para solicitarles la adopción de iniciativas de control e impulso de la acción del Gobierno dirigidas al establecimiento de dicho procedimiento reglado para la formación de los Tribunales Calificadores de los procesos selectivos.
Se reproduce, a continuación, el contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón:
Grupo Parlamentario Socialista
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 17 de noviembre de 2016.
Estimados señores:
Como Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, deseo expresarles nuestra preocupación por una de las principales carencias que padece la Administración de la Comunidad Autónoma a la hora de desarrollar los procesos selectivos de personal derivados de las ofertas anuales de empleo público, como es la  falta de un procedimiento reglado que permita designar a los miembros de los tribunales calificadores de las pruebas de acceso mediante criterios objetivos, que venga a corregir la total discrecionalidad con la que se vienen designando en la actualidad.
Con fecha 6 de noviembre de 2008, el Justicia de Aragón dirigió una sugerencia al entonces Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, al objeto de que se valorase la oportunidad de aprobar un procedimiento reglado para la designación de los miembros de los tribunales calificadores de las pruebas de acceso a los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se acompaña una copia de dicha sugerencia.
A pesar de los años transcurridos y de los reiterados problemas padecidos en el desarrollo de los procesos selectivos –de los que es un claro ejemplo lo sucedido en las actuales pruebas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa, en las que el Director General de la Función Pública ha sustituido a los miembros del Tribunal Calificador inicial por otros, con absoluta discrecionalidad en su modo de designación-, la citada sugerencia sigue sin ser atendida por el Departamento responsable en materia de función pública.
Creemos que la transparencia, la imparcialidad y la seguridad jurídica que han de presidir el desarrollo de todo proceso selectivo ha de tener su principal manifestación en el modo de designar los componentes de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas de acceso. Consideramos que debe asegurarse la objetividad en la designación de sus componentes por parte de los responsables políticos de función pública, e impedir así un indebido control sobre el posterior desarrollo de los procesos selectivos, evitando además posibles conflictos de intereses por quienes determinan la composición de los respectivos Tribunales.
Entendemos que la Administración no puede descuidar un aspecto tan relevante en la ordenación de los procesos selectivos para el ingreso en la función pública autonómica, razón por la cual nos dirigimos a ese Grupo Parlamentario al objeto de que puedan valorar la oportunidad de impulsar algún tipo de iniciativa de control e impulso de la acción de gobierno sobre la cuestión planteada.
Agradeciendo de antemano su atención, reciban un atento y respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa

jueves, 17 de noviembre de 2016

Porqué los medios están perdiendo credibilidad, tanto en EEUU como en España


17 Nov 2016
Este artículo fue enviado a ‘El País’ en respuesta al artículo de su periodista Milagros Pérez Oliva titulado “La verdad y el periodismo”. Lamento que no respondieran o publicaran el artículo adjunto, y agradezco a Público que sí lo publique ahora aquí en Dominio Público

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Pompeu Fabra, y Director del JHU-UPF Public Policy Center

Milagros Pérez Oliva, periodista de El País en Catalunya y en su día defensora del lector de este periódico, escribió recientemente un interesante artículo, “La verdad y el periodismo” (13.11.16), en el que señala que “el triunfo de Donald Trump puede considerarse un fracaso del periodismo”, indicando que los medios llamados de información no han mostrado sistemáticamente las mentiras y falsedades provistas por tal señor durante la campaña que le ha conducido a la presidencia de los Estados Unidos. Pero el problema, según Pérez Oliva, es que en las ocasiones en que los medios así lo hicieron, no tuvieron el impacto que hubiera sido deseable que hubieran tenido debido a su falta de credibilidad, al ser percibidos estos medios por la población en general como instrumentos del establishment político-mediático, el mismo establishment que quería eliminar a Trump, y cuyos votantes aborrecían dichos medios. Encuentro tal observación muy acertada, y coincide con mi lectura de lo que ha estado ocurriendo en EEUU antes y durante la campaña electoral. Existe hoy un amplio sector entre las clases populares estadounidenses (y muy en particular entre la mayoría de la clase trabajadora, que es de raza blanca) que percibe a la mayoría de los medios como parte del establishment al cual rechazan, por considerarlo responsable del deterioro de su calidad de vida y bienestar. La autora podría añadir otra crítica a los medios, y es la de frivolizar la información periodística intentando presentar al candidato Trump como un payaso, sin entender que el problema era mucho más amplio y más grande que la atípica personalidad política del candidato. Los medios apenas tocaron la principal causa del éxito de este “supuesto” payaso, que era ni más ni menos que el enorme enfado de grandes sectores de las clases populares debido al gran deterioro de su bienestar y calidad de vida, resultado de las políticas públicas impuestas a la población por aquel mismo establishment político-mediático.

¿Están los medios mezclando opinión e información?

Pérez Oliva acentúa que la percepción sobre las causas de la pérdida de credibilidad de los periodistas se debe, en gran parte, a la mezcla en los escritos de dichos periodistas de opinión con información, utilizando la segunda para promover la primera, práctica realizada por los periodistas que está dañando la credibilidad de los medios. Supongo que la mayoría de la población (e incluso de la profesión periodística) estaría de acuerdo en que gran parte de la falta de credibilidad de los medios (y por lo tanto de la profesión) se debe a que los periodistas utilizan estos medios para promover su punto de vista particular, sesgando las noticias para promover (consciente o inconscientemente) su ideario personal. Y cuando no es su ideario personal, lo es el de su empresario, propietarios de los medios, situación que adquiere especial importancia en la situación actual que, como bien señala Milagros Pérez Oliva, se caracteriza por una falta de estabilidad y elevada precariedad entre los profesionales de los medios. La autocensura, después de todo, es la forma más extensa de censura. Ahora bien, fuera la causa que fuera, el hecho es que el sesgo de la información periodística provista por la gran mayoría de los medios en las últimas elecciones apareció claramente en sus reportajes de los candidatos. Y este sesgo apareció incluso con mayor intensidad en las últimas elecciones de 2015 y 2016 en España, cuando la mayoría de los medios de información, incluyendo El País, se transformaron más en medios de persuasión que de información. El sesgo anti-Podemos, por ejemplo, tanto en los editoriales como en la mayoría de las informaciones y en las páginas de opinión, fue claro.

La violación de un derecho constitucional
Este sesgo viola el derecho a la información que retóricamente aparece en la Constitución Española, y que es sistemáticamente ignorado por la gran mayoría de los medios. Hay que subrayar que la violación de tal derecho debilita la propia razón de ser de dichos medios, pues reciben toda una serie de privilegios (incluidos fiscales) por parte del Estado (sea a nivel central, autonómico o local) como contrapartida al compromiso de garantizar tal derecho, compromiso que no respetan.
Pérez Oliva subraya, con razón, la obligación que tienen los periodistas de encontrar “la verdad de los hechos y datos comprobables”, declaración hecha a periodistas en un congreso de tales profesionales. Pero es difícil que ello ocurra a no ser que haya una mayor diversidad dentro del periodismo, de manera que el que falte a la verdad pueda ser cuestionado por otro periodista con otra versión de la verdad, lo cual es de difícil realización cuando (incluso en las páginas de opinión El País, por ejemplo) sistemáticamente se excluye a ciertos autores y puntos de vista, a costa de promover a otros. En El País, las páginas de Opinión han tenido muchos más artículos críticos con Podemos (antes los tuvo con Izquierda Unida), con la visión plurinacional de España, con el derecho a decidir en Catalunya, con los méritos y deméritos del independentismo, con las políticas económicas y sociales de las izquierdas (a la izquierda del PSOE), que favorables a ellos (que han sido limitadísimos, y me consta que no es por falta de artículos que hayan recibido con visiones distintas).
Y ahí está el problema, que el buen artículo de Pérez Oliva no toca y que es de gran importancia en una sociedad como la de España, donde la diversidad de los medios es enormemente limitada. También lo es, pero en menor grado, en EEUU. Hoy España es uno de los países de la OCDE (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español) con menor diversidad y mayor sesgo en sus medios, siendo también uno de los países donde la población desconfía más de la información provista por los mayores medios de información, que son percibidos mayoritariamente como medios de persuasión (ver mi artículo “El ‘New York Times’ lleva razón: no existe pluralidad en los medios”, Público, 19.11.15). Espero que Pérez Oliva esté de acuerdo.

martes, 15 de noviembre de 2016

Crean una Asturleaks para atacar a los funcionarios que destaparon el caso GITPA



Las estrategias de manipulación de la realidad sociopolítica asturiana han  estrenado una vía, a medio camino entre lo delirante y lo mafioso: hace algunos días se creó una página web con el nombre de Asturleaks, que se anuncia como un remedo a la asturiana de la famosa Wikileaks de Julian Assange, ubicada en Singapur y que nacería “con el propósito de ofrecer información independiente, rigurosa y basada en pruebas y documentos que ofreceremos a todo aquel que quiera leerlos”

Su supuesta labor de filtración de casos de corrupción o para desvelar comportamientos políticos no éticos, ni ortodoxos, se inició con el llamado caso GITPA, también conocido como “trama del cable”, un posible desfase entre la obra facturada y la ejecutada por la empresa pública de telecomunicaciones del Principado, GITPA, en el tendido de la red de banda ancha en el occidente, que actualmente investiga el Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo, a instancia del Ministerio Fiscal, y sobre la que también se desarrolla en paralelo una comisión de investigación en la Junta General del Principado.

La Fiscalía, tras el informe previo emitido por dos funcionarios del Servicio de Telecomunicaciones del Principado de Asturias,  denunció a los dos anteriores directores generales de GITPA y a dos empresas que participaron en el proyecto para extender la red Asturcón, al apreciar indicios de delitos de malversación y falsedad documental al "facturarse mayor cantidad de obra de la realmente ejecutada" mediante la alteración o elaboración de certificaciones de obra, y de prevaricación "al alterarse sustancialmente el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, vulnerando el contenido de la encomienda de gestión al introducir la limitación de 15 años de duración de uso de la infraestructura construida".

Pues bien, la supuesta actividad de filtración de datos y documentos realizada hasta la fecha por esta página web denominada Asturleaks, travestida de canal de denuncia de la corrupción pública, va dirigida hasta ahora justamente en sentido contrario al que cabría esperar de la misma, a saber, a desacreditar a los funcionarios autores del informe que sirvió de base para la denuncia de la Fiscalía, atribuyéndoles supuestos errores y manipulaciones con una clara y evidente finalidad amenazadora.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies aprovecha esta operación claramente planificada de ataque y descrédito hacia funcionarios públicos que sacaron a la luz un caso de posible corrupción, para poner de manifiesto la necesidad de articular, con urgencia, un sistema completo de protección a funcionarios y personas denunciantes de hechos delictivos de corrupción, garantizando su indemnidad y la ausencia de represalias, como acaba de proponer la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en un documento de 25 propuestas contra la corrupción.

lunes, 14 de noviembre de 2016

La sociedad del miedo

Artículo publicado en este mismo blog el 5 de mayo del 2013



Javier Álvarez Villa

El Caso Tuláyev, la estremecedora y emotiva  novela  del disidente soviético Víctor Serge, relata las implacables purgas del estalinismo, particularmente crueles con muchos de los viejos bolcheviques de la primera hora, aquellos que habían entregado lo mejor de su energía y entusiasmo para el triunfo de la Revolución de Octubre.

La lectura de algunos de los síntomas que anunciaban la inmediata caída en desgracia de los veteranos militantes del Partido, provoca una mezcla de asombro y congoja, tanto por la miseria moral de aquella sociedad enajenada por el miedo, como por la rutilante vigencia de muchos de ellos en la democracia de la que disfrutamos: los compañeros de trabajo bajaban la mirada y trataban fríamente al que había sido señalado por el aparato opresor como próxima víctima, los vecinos ya no se paraban a hablar con él en la escalera, los conocidos cambiaban de acera para no encontrárselo de frente.

Porque el vacío social que deparaba la sociedad estalinista a los purgados por el sistema suele ser, también hoy, en la sociedad democrática de consumo, la respuesta que los ciudadanos libres ofrecen a aquellos conciudadanos que disienten públicamente de las órdenes del poder.

Si la bestial burocracia estalinista inoculaba un miedo espeso del que parecía imposible evadirse por la amenaza cierta de una represión física implacable, la democracia de consumo ha sabido desarrollar técnicas más sofisticadas, difusas y ligeras de  temor  masivo: ahora el desgraciado no desaparece en una cárcel impenetrable como la Lubianka, pero puede ser obsequiado con la pérdida del empleo o la casa, o la de algunos pequeños privilegios concedidos o tolerados siempre a cambio del silencio (ascensos profesionales, escaqueos en la jornada laboral, trabajos clandestinos complementarios etc.)

Los voceros e ideólogos de esta democracia tan perfecta – todos, por supuesto, de pago – no paran de hablarnos de la gran maravilla de la libertad: todo el mundo puede decir hoy lo que quiera sin miedo a represalia alguna (siempre que no les insulten, ni se metan en serio con ellos, naturalmente), pero cuanto más se repite esta cantinela menos se oye protestar – hablamos de protestar cuestionando realmente el sistema, es evidente, y no de los manifestaciones de salón-

Nunca como ahora se oyó gritar tanto en los campos de fútbol. Nunca como ahora se protestó tanto contra entes abstractos e impersonales – los mercados, los corruptos etc. – y tan poco contra especuladores y corruptos concretos, con nombres y apellidos.

Porque el capitalismo de consumo ha creado su específica mercancía de la protesta inocua, aquella en la que participan los falsos izquierdistas dando voces y haciendo aspavientos, como lo hacían los beatones en misa los domingos y fiestas de guardar.

Llamamos falsos izquierdistas a aquellos individuos que se dicen solidarios con todas las luchas, eso sí, con la condición de que no les salpiquen personalmente. Por ello, cuanto más generales, abstractas y lejanas mucho mejor. Gritan y se enojan con los especuladores, los banqueros y los corruptos, pero siempre que no tengan relación directa con ellos, porque no conviene asumir riesgos personales.

Cuándo se les pide que se mojen, que den la cara contra un corrupto concreto al que conocen bien, contra algunos canallas con nombres y apellidos  que tienen muy cerca, por ejemplo en su centro de trabajo,  – sólo sea un poco, no se trata de exigir heroicidades – entonces enmudecen, tartajean, o les sale una risa nerviosa y te dicen que están muy ocupados conspirando en no se sabe que, eso sí, muy importante y clandestino, ya se verá (entonces pasa el tiempo y uno se da cuenta que de que todo era una escusa) 

Vivimos en la sociedad del miedo. Por esa razón, el cotilleo ha silenciado a la crítica, el que quisiera hablar no se atreve a hacerlo, el que habla procura no molestar, el que quiere molestar procura esconderse para que no le vean y el que dice lo que piensa encuentra las caras de cemento de los interlocutores que, por miedo, no quieren serlo.

viernes, 11 de noviembre de 2016

Intervención de COFPA en la Junta General del Principado de Asturias




Intervención hoy de Javier Álvarez Villa ante la Junta General del Principado, en nombre del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies,  en relación con la Proposición de Ley de Unidad Anticorrupción

Hace poco más de un mes pudimos ver en Asturias, por segunda vez en dos años, el documental 'Corrupción, el organismo nocivo', en el que se recogen testimonios, entre otros, de funcionarios que han revelado casos de corrupción pública en diferentes Administraciones. De sus declaraciones lo que resulta verdaderamente perturbador, a mi juicio, no es tanto la descripción de los tejemanejes de las tramas corruptas político – empresariales, si no la espantosa soledad a la que el sistema, también llamado Estado de Derecho, condenó a estos denunciantes.
"Generan mucho miedo, tienen una mafia detrás, no te puedes imaginar cómo te complican la vida, te quitan el trabajo, te persiguen...", dice una de estas heroicas empleadas públicas. Ninguno de ellos recibió una de esas medallas honoríficas que el Estado concede con tanto ceremonial a políticos y altos burócratas. Por el contrario su recompensa fue el acoso laboral, el traslado forzoso o la enfermedad.

¿Cómo es posible que sea este el precio que se haga pagar a los servidores públicos que denuncian la corrupción dentro de la Administración?

Decía Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que comparecerá también aquí la próxima semana, que “la política ha hincado la rodilla ante el poder económico, y los tecnócratas criados en los bancos se convierten con su acceso al Gobierno en criados políticos de los mercados”. Y es que, efectivamente, se habla mucho del giro hacia fuera de las puertas giratorias, desde los cargos políticos hacia los consejos de administración de las  empresas privadas, pero muy poco del giro hacia adentro, de la invasión de la Administración Pública por los capataces del poder económico y de la captura de los poderes públicos por poderos grupos de presión, que obtienen desde leyes a la carta hasta la adjudicación de multimillonarios contratos de obras públicas totalmente superfluas que solo benefician a los intereses económicos de determinados y concretos grupos oligárquicos (en Asturias podíamos poner varios ejemplos, desde la autovía minera hasta la ampliación del puerto de El Musel)

Este entramado de intereses político – económicos perfectamente fusionados es seguramente la peor de las corrupciones: una corrupción legal, legalizada, o institucionalizada, que supone la transferencia millonaria de rentas públicas que se detraen de las políticas sociales a favor de las élites económicas, provocando desigualdad, pobreza, desempleo, emigración etc.

El virus de la corrupción se inoculó en la Administración Pública mediante ese trasunto del neoliberalismo económico que se ha dado en llamar Nueva Gestión Pública, aplicada con idéntica devoción por gobiernos conservadores y socialdemócratas, cuyas técnicas son bien conocidas: privatización de servicios públicos, desregulación de la actividad económica, desmantelamiento de los controles administrativos, creación de un entramado de empresas públicas a nivel estatal, autonómico y local que no sólo ha servido para la adjudicación delictiva de contratos y mordidas, sino también como oficina de empleo para los afines; precarización masiva del empleo público, colonización de la Administración Pública y de los Organismo teóricamente independientes con la multiplicación de los puestos de confianza.

¿Qué se puede esperar de la independencia e imparcialidad de un Tribunal de Cuentas con casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales en una plantilla de poco más de 700 trabajadores?

¿Qué ejemplaridad pública puede dar la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias cuando la Justicia ha anulado su relación de puestos de trabajo por  el uso ilícito de la libre designación, pero también la oposición para los puestos de auditores y el concurso de méritos de técnicos de auditoría por utilizar fraudulentamente la modalidad del concurso específico?

¿ Que legitimidad ética puede tener la Administración del Principado para exigir el cumplimiento de la legalidad a los ciudadanos y ciudadanas cuando ha sido condenada en más de 30 sentencias firmes en apenas cinco años por abusar de los nombramientos a dedo?

Señala el politólogo Lapuente Giné en un artículo significativamente titulado ¿Por qué hay tanta corrupción en España? que “la principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones”, “Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político”

El mismo autor, en otro artículo titulado “Corruptos de confianza” advierte de que “Nuestras Administraciones, muy jerarquizadas, encumbran en sus vértices a padrinos con un gran poder sobre la vida de sus subordinados. Los salarios, condiciones laborales y perspectivas de carrera profesional de demasiados empleados públicos dependen de sus superiores políticos. Muchos funcionarios —incluyendo a los teóricamente más independientes, como secretarios, interventores y tesoreros— viven atrapados entre sus obligaciones de iure y las presiones de facto de sus mandos”

Ya tenemos entonces la respuesta a la pregunta que formulaba al principio de mi intervención: los servidores públicos que denuncian a cara descubierta la corrupción dentro de la Administración pagan un alto precio porque traicionan las relaciones de confianza personal sobre las que se construye la cadena de mando, rompen la ley del silencio, la omertá que les exige discreción y mirar hacia otro lado.

Mi experiencia como funcionario de carrera durante 25 años me dice que el funcionario público que se mueve no sale en la foto, y aquel que denuncia a cara descubierta se convierte en un apestado dentro de la organización o, en el mejor de los casos, un individuo invisible al que se le hace el vacío.

La Propuesta de Ley que nos trae hoy aquí no es, indudablemente la panacea que vaya solventar la corrupción pública en Asturias, pues serían necesarias reformas estructuras mucho más amplias. Pero tiene una virtualidad importante, que es la de establecer mecanismos legales para proteger eficazmente a los empleados públicos que conozcan casos de corrupción administrativa y quieran denunciarlos sin padecer penosas consecuencias personales y profesionales, mediante la creación de una Oficina Virtual Anticorrupción independiente del Gobierno y vinculada exclusivamente a la Junta General, no dependiente de las instrucciones políticas, ni con funcionarios de confianza personal del Gobierno al frente, como sucede con la actual Inspección General de Servicios del Principado de Asturias.

El 25 de noviembre del 2012 la OCDE hizo publicó un Plan de Acción contra la Corrupción uno de cuyos puntos era la Protection of Whistleblowers. En inglés, en sentido estricto, el whistleblower es un denunciante dentro de la propia organización.

El documento de la OCDE formula varias propuestas entre ellas, que la legislación definirá claramente los procedimientos y establecerá los canales para facilitar la información de actos sospechosos de corrupción , propiciando el uso protegido de canales accesibles de denuncia.
Aunque sólo sea por proteger a los empleados públicos frente al matonismo institucional, y ya concluyo, creo que esta Proposición de Ley merece ser admitida a trámite y, con las mejoras que resulten pertinentes, aprobada por la Junta General.

martes, 8 de noviembre de 2016

El servicio de recaudación del Ayuntamiento de Oviedo debe prestarse con empleados públicos

Ante el recrudecimiento del conflicto laboral como consecuencia de la remunicipalización del servicio de recaudación de tributos del Ayuntamiento de Oviedo, y sin perjuicio del respeto al ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores de la empresa privada que actualmente gestiona dicho servicio, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies reitera lo siguiente:
1. La oleada de privatizaciones de la gestión de servicios públicos de las dos últimas décadas ha generado, en una buena parte de los casos, un incremento de los precios,  un mayor coste para las arcas públicas, el deterioro de las garantías jurídicas de los ciudadanos y de la calidad de las prestaciones, deficiencias en el control de la gestión, escandalosos márgenes de ganancias para las empresas adjudicatarias, clientelismo laboral y no pocos escándalos de corrupción asociados al proceso de adjudicación del servicio.
Por ello, los procesos de “remunicipalización”, consistentes en la recuperación de la gestión directa de los servicios públicos de titularidad municipal (agua, recogida de residuos, transporte público etc.), son ya una tendencia en muchos Ayuntamientos de España, fundada tanto en razones de eficiencia económica (la gestión pública puede ser más eficiente que la privada), como de rentabilidad social.
En este sentido, la decisión del Ayuntamiento de Oviedo de gestionar directamente las actividades relacionadas con el servicio de recaudación de tributos que fueron privatizadas sin ningún estudio económico que avalara una mayor eficiencia de la gestión privada, nos parece una decisión acertada desde el punto de vista de la defensa del interés general de los ciudadanos y ciudadanas del concejo. Ni el pliego de cláusulas administrativas que rigió la contratación, ni el de prescripciones técnicas, incluyen cláusula alguna que justifique el por qué de la necesidad de la colaboración de una empresa privada, por lo que debemos preguntarnos por los verdaderos motivos que llevaron a precisar de la colaboración de un empresario privado cuándo el servicio venía prestándose directamente por el Ayuntamiento con sus propios medios.
2. La gestión directa del servicio de recaudación de tributos debe llevarse a cabo con empleados públicos que accedan a sus puestos mediante procedimientos que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad, por imperativo de lo dispuesto en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución. 
En este caso, el Ayuntamiento de Oviedo ha optado por la convocatoria de un concurso - oposición, en lugar de una oposición, procedimiento que supone una clara ventaja para  los  trabajadores de la empresa privada que gestiona el servicio en la medida en la que se valora la experiencia previamente adquirida por los mismos.
Pero es que, además, el Ayuntamiento de Oviedo no era libre para decidir si se subrogaba o no en los contratos de los trabajadores de esa empresa privada , si no que dicha subrogación sólo podía realizarse si fuera legalmente  procedente y, en este caso, no lo era. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, puede consultarse la sentencia de la Sala de lo Social de 26 de julio de 2012) señala que no hay subrogación laboral si no se trasmiten los elementos patrimoniales que configuran la infraestructura u organización empresarial básica de la explotación, transmisión que – como resulta evidente – no se da si el Ayuntamiento de Oviedo decide poner fin a la gestión privatizada y prestar directamente el servicio auxiliar de recaudación con sus propios medios materiales y personales.
Si el Ayuntamiento de Oviedo hubiera acordado prestar directamente el servicio con el personal contratado por la empresa adjudicataria, no sólo estaría tomando una decisión sin amparo legal. Además, la consecuencia de la misma sería que esos trabajadores ingresarían en la administración municipal  como indefinidos no fijos, con la obligación del Ayuntamiento de crear de manera inmediata las plazas necesarias y cubrirlas mediante procedimientos públicos que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, los trabajadores subrogados no tendrían garantía alguna de permanencia en el Ayuntamiento.
La privatización de la gestión de servicios públicos tiene unas reglas de juego que deben respetarse: es la empresa beneficiaria del contrato la que debe responsabilizarse de sus trabajadores y no lanzarlos contra el Ayuntamiento cuando se le acaba el negocio, pues hay que recordar que ninguna empresa puede pretender que los contratos que celebre con la Administración sean para siempre.
Quien despedirá a los trabajadores será La Auxiliar de Recaudación SL y no el Ayuntamiento de Oviedo

lunes, 7 de noviembre de 2016

Los poderes invisibles

La opacidad del poder es la negación de la democracia. Por eso, la democracia es luz, es un poder visible, transparente, ante el público, sometido a su escrutinio, a  controles y equilibrios. Lo contrario es la oscuridad

eldiario.es 

 
La entrevista concedida por Pedro Sánchez a Jordi Évole en La Sexta ha provocado una gran conmoción entre propios y ajenos, sin que se sepa, de momento, aunque se sospeche, quiénes son los propios y quiénes los ajenos. Independientemente de las derivadas orgánicas o del oportunismo, la situación descrita por el defenestrado secretario general es un asunto preocupante. No le resta gravedad la ofensiva de sus  compañeros de filas ni la de los nuevos amigos de los socialistas, sumados con entusiasmo a la causa, tras la asonada palaciega. Uno y otros están empeñados en descalificar a Sánchez, señalando, desde su imprudencia a su ligereza, como en reprocharle su escasa valentía en el momento en el que se produjeron los hechos denunciados.
 
Las acusaciones de Pedro Sánchez de presiones ilegítimas desde una empresa de comunicación, si ciertas, son graves, muy graves. La conducta, al parecer continuada en el tiempo, fue denunciada con más sutileza, en directo, por el ajusticiado en su día, Josep Borrell, víctima de presiones semejantes. Luego, con desatino, en mi opinión, ha vuelto a plantearse por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con ocasión de la conducta inmobiliaria de Espinar, dañando las posiciones mejores en la legítima aspiración al debate sobre el papel de los medios en la política en democracia.

Lo que escribo a continuación son palabras robadas y reflexiones de Norberto Bobbio, un maestro para mí, un referente ético para la democracia. El poder invisible es una enfermedad mortal y moral de nuestra democracia. Se trata de un sistema de prácticas ilegales, a menudo criminales, de relaciones ocultas e inconfesables, de interferencias, intrusiones que, como un río subterráneo, afloran periódicamente. Para Bobbio, los poderes invisibles socavan los fundamentos ideales de la democracia.

La opacidad del poder es la negación de la democracia. Por eso, la democracia es luz, es un poder visible, transparente, ante el público, sometido a su escrutinio, a  controles y equilibrios. Lo contrario es la oscuridad, reservada a unos pocos, a los dictadores y déspotas, un arcano sin control democrático. Esos que ponen y quitan dirigentes, hunden o arruinan carreras políticas, desactivan partidos políticos, la voluntad popular, tuercen el río natural y democrático de un país, en beneficio de su propio interés o el de sus descendientes y afines, sin más control que la competencia entre ellos mismos, su voraz darwinismo, en pro de sus talegas insaciables.

Tras el velo de la invisibilidad de estas conductas, con huevos fritos por delante, a  veces, o en despachos ultramarinos, maduran y se difunden vicios grandes y pequeños que arruinan las raíces del sistema. Es un verdadero peligro porque, como advirtió Maurice Joly, "las instituciones democráticas no duran mucho si no actúan a la luz pública". No valen los dossieres, y menos de las agencias estatales, con promesa de intimidación y extorsión, las conspiraciones ocultas en nombre de la razón de estado, los afinados o relajaciones, los periodistas oblatos, la suplantación del poder y de los gobiernos por subgobiernos a la sombra, compuestos por "ministros" ilegítimos, a los que nadie  ha elegido y que no se someten a control alguno.

Por debajo, aún más en profundidad, operan los criptogobiernos, la parte más corrosiva de la corrupción de la democracia. Poderosos banqueros, empresarios, financieros, intermediarios cortesanos o empresarios mediáticos, que han sobrevivido a todos los regímenes y se han enriquecido de manera ilícita y dinástica, con monarquía, república, dictadura y transiciones a la democracia sin acabar - las que consideran su negocio particular-, consiguiendo en la oscuridad, unos beneficios ilegítimos que a la luz pública no serían capaces de lograr, so pena de dar con sus huesos en la cárcel, en la transparencia de una democracia ideal, por supuesto.

No tienen escrúpulos, no dudan en desestabilizar y arruinar la reputación de personas e instituciones, sea la libertad de expresión, la Justicia, la Hacienda o la Seguridad Pública,  si hace falta; el miedo y la manipulación son sus armas, la compra de voluntades, una de las más refinadas; para ello, necesitan siempre cazar brujas, depurar opiniones disidentes. El complot, o el golpe, si necesario, es la más letal de sus armas. Donde hay un tirano, hay un complot y, si no, se lo inventa.

A sus leales les prometen y conceden posesiones, privilegios y generosas regalías muy por encima de sus valías personales y posibilidades; les seducen con sus oropeles pero, eso si, les exigen incondicionalidad, responsabilidad y prudencia. La prudencia de la serpiente que decía Baltasar Gracián, es decir, la de saber callar. Pero, en hablar, en hacer la luz en la oscuridad que esconde  la intimidación y la corrosión de los valores democráticos, reside un acto de gran patriotismo, aunque éste te condene a la retirada y te ciegue la vía de las puertas giratorias. Callar, aun solo por el hecho de no haber tenido antes la valentía de haber hablado, puede constituirse en  un acto reincidente de una profunda y mayor cobardía y, desde luego, una traición a la democracia. Amén y muy agradecido, don Norberto.

sábado, 5 de noviembre de 2016

Varapalo de los jueces al Consejo General del Poder Judicial por nombrar a “familiares”

Echan en falta una explicación que disipe cualquier duda de nepotismo y arbitrariedad

 

elplural.com

 

 Las cuatro asociaciones judiciales que aúnan a la mayoría de jueces han firmado un comunicado conjunto, tras la primera voz de alarma este martes de la Unión Progresista de Fiscales contra los nombramientos “familiares” para órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial. Jueces y fiscales reclaman que se respeten los criterios de mérito y capacidad frente a candidatos con menos desempeño profesional en tiempo y funciones pero con más vínculos familiares conocidos dentro de la judicatura.

Fueron los fiscales de la UPF quienes advirtieron de esta posible “anomalía” en determinados nombramientos técnicos del CGPJ. El periódico digital ElDiario.es lo recogía ayer en una información que señalaba una serie de nombramientos como poco afortunados. En concreto indicaba como para el puesto de jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial habían optado 24 personas entre jueces, fiscales, secretarios judiciales y académicos.
 
Hijos y demás familia
En la votación del pleno celebrada el 27 de octubre se abstuvo el magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde según dicha información ya que su hijo, Rafael Fernández, fiscal en Sabadell, se postulaba para el puesto entre otros 23 candidatos en varios casos en apariencia con mayor experiencia profesional o tiempo en el ejercicio de la profesión. Finalmente fue el elegido. El propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, votó a su favor.Aquí fue donde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) exigió que los nombramientos en la Administración de Justicia se atengan a los principios de mérito y capacidad. Llovía sobre mojado dado que también indicaba el mismo artículo el hijo de la actual pareja de Eduardo Torres Dulce, anterior Fiscal General del Estado, había sido promocionado como letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
 
Todas las asociaciones como una piña
Estas situaciones han motivado que la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente hayan hecho público en común un comunicado mostrando su preocupación y rechazo a tales situaciones.Dicen así: “Recientemente por el Consejo General del Poder Judicial se ha procedido al nombramiento para órganos técnicos de personas que tienen vínculos familiares con vocales del Órgano de Gobierno de los jueces o con cargos de la cúpula de la Fiscalía General del Estado, coincidiendo en los mismos un período de desempeño de sus funciones en la carrera profesional respectiva muy inferior al de otros candidatos concurrentes”.
 
“No se respetan los criterios de competencia”
“Tales nombramientos, que han generado críticas procedentes de algunos sectores del ámbito judicial, no han contado con una explicación plausible que justifique la adecuada valoración de los méritos concurrentes en los diversos candidatos y, por supuesto, en los finalmente designados”, dicen.En este sentido señalan que el Cuarto Ciclo de Evaluación del Grupo de Expertos contra la Corrupción del Consejo de Europa recuerda en informe de fecha 1 de julio de 2016 referido a España, que “…los criterios de mérito y competencia no están siendo respetados en las decisiones de nombramiento tomadas por el Consejo General del Poder Judicial”, recomendando en todo caso una especial cautela para evitar conflictos de intereses y para respetar el principio de integridad.
 
Exigen un proceso transparente
“Del mismo modo, el Plan de Acción para el fortalecimiento de la independencia e imparcialidad judicial adoptado por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa el día 13 de abril de 2015 establece, entre las acciones correctivas de los Estados Miembros, la implantación de procedimientos de designación transparentes, basados en criterios objetivos y enfocados, en primer lugar, hacia la capacidad y la experiencia, y libres de abusivas interferencias políticas”, apuntan.Opinan las asociaciones de jueces que estas consideraciones, “deben conducir a rechazar cualquier nombramiento que no cumpla con criterios objetivos de mérito y capacidad, dentro de un proceso transparente y motivado, libre de todo tipo de interferencias, no podemos obviar una intensa preocupación por la imagen que se transmite a la opinión pública”“Cualquier decisión del Órgano de Gobierno del Poder Judicial (particularmente los nombramientos para cargos de designación discrecional) debe ser explicada de modo que un espectador razonable y de buena fe la pueda comprender”, aseveran.
 
“Disipar dudas sobre nepotismo”
Los jueces aseguran carecer “de elementos suficientes para referirnos a la experiencia, mérito y capacidad de los designados en tales nombramientos, pero entendemos que la ausencia de una explicación razonada y convincente que, desde la transparencia, disipe cualquier duda de nepotismo y arbitrariedad, pone en tela de juicio la idoneidad de tales nombramientos, y afecta gravemente a la imagen pública del Poder Judicial español tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”.Concluyen así: “Por tal motivo, las Asociaciones Judiciales firmantes de este comunicado expresamos nuestra irrenunciable exigencia de unos procesos de nombramiento de cargos por el Consejo General del Poder Judicial que, con absoluta transparencia y exhaustiva motivación, dispongan la provisión de los cargos de nombramiento discrecional en base a estrictas consideraciones de capacidad, idoneidad y méritos, y que alejen cualquier duda sobre la concurrencia de motivos espurios en la adopción de tales decisiones”.

jueves, 3 de noviembre de 2016

El Gobierno en la sombra del Ibex35

Una minoría selecta de los 417 consejeros de las principales corporaciones conforma el poder real: sus empresas empiezan a pesar más que el Estado, y a asumir paulatinamente sus competencias









Joaquín Costa escribió en 1903 que “lo que las mayorías hacen con el voto, las minorías lo hacen con la obstrucción”. Antes de las elecciones de junio de 2016, Juan Miguel Villar Mir -- el empresario y ex político que triplicó su fortuna durante la crisis– advirtió de forma apocalíptica: “Lo importante de verdad es que no se nos dé la presencia de Podemos, porque eso desajustaría la economía”. A continuación concretó los pormenores de su propuesta: “Hace falta que los dos grandes partidos estén para aprobar los acuerdos fundamentales que hay que hacer”. En aquellas mismas fechas, un manifiesto de expolíticos e intelectuales vinculados al PSOE, PP y Ciudadanos pedía evitar las terceras elecciones y urgía a formar “un Ejecutivo que cuente con el respaldo parlamentario suficiente para impulsar la estabilidad económica en el marco de nuestros compromisos europeos; para adoptar medidas sociales correctoras de las crecientes desigualdades; y para emprender una reforma constitucional que aborde, entre otras cuestiones, la mejora de la articulación territorial”.

En septiembre, tras la fallida investidura de Mariano Rajoy, se sucedieron semanas muy tensas. El PP chantajeó al PSOE con elecciones en Navidad, y el golpe palaciego que comenzó con los quejidos de Felipe González y acabó con Pedro Sánchez muerto antes de intentar formar una mayoría alternativa provocó un efecto dominó de consecuencias aún desconocidas. La formación de una gestora en el PSOE impuso, por imperativo, la abstención del Grupo Parlamentario Socialista en la investidura de Rajoy. Poco después, la Gestora comunicaba las sanciones contra los diputados que votaron no al candidato popular.

El 26 de octubre, durante la primera sesión de investidura, Rajoy prometió estar dispuesto a afrontar los retos de la nueva legislatura: “Si hemos de aceptar sacrificios, lo haremos con orgullo por el bien de España”. Eran las palabras del nuevo presidente del Gobierno, arropado por Ciudadanos y bendecido, en segunda ronda, por la abstención de un PSOE desgarrado. Sin embargo, ese ‘por el bien de España’ echó a temblar solo un día después de la reelección. Pedro Sánchez, en la entrevista que concedió a Jordi Évole en Salvados, confirmó las presiones económicas y mediáticas que había recibido para no formar un gobierno de cambio, y señaló directamente al diario El País, a Telefónica y su expresidente, César Alierta, entre los impulsores del movimiento contra Sánchez y su pretensión --nunca explicitada-- de formar una coalición de izquierdas.

miércoles, 2 de noviembre de 2016

La RTPA convocó un puesto de secretario/a de dirección con una única aspirante


La Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) realizó el pasado mes de abril una convocatoria pública para la contratación de un secretario/a de dirección con una única aspirante admitida.

La convocatoria tenía por objeto la provisión, en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido y a jornada completa del puesto de secretario/a de dirección adscrito a la dirección de los servicios jurídicos de RTPA.

Entre los requisitos a cumplir por los posibles aspirantes al puesto se establecían los siguientes:
- Mantener una relación laboral de carácter fija e indefinida en el sector público autonómico
- Pertenecer al cuerpo o escala de administrativo/a grupo C subgrupo C1 de la Administración del Principado de Asturias como funcionario/a de carrera o ser personal laboral con categoría de administrativo/a en el resto del sector público autonómico y tener una antigüedad mínima de 2 años en dicho cuerpo o categoría profesional

La convocatoria establecía una serie de méritos (experiencia, cursos de formación, titulaciones e idiomas) que se valoraban con un máximo de 10 puntos, y la presentación de una Memoria que se valoraba también con un máximo de 10 puntos.

Se trata de una convocatoria a la carta de un puesto de trabajo, con un sistema de valoración de méritos que desincentiva la concurrencia  al otorgar un peso determinante a la presentación de una Memoria. La obligación de presentar una Memoria otorga una ventaja decisiva a quien dispone de la información adecuada para ello, bien sea por propio conocimiento -por trabajar o haber trabajado en la  entidad convocante -, o  por la información que se le facilite desde la propia entidad convocante.

La prueba inequívoca de que se trataba de una convocatoria sin una verdadera concurrencia es que se admitió a una sola candidata, justamente la que obtuvo el puesto.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturias quiere denunciar públicamente este tipo de  pantomimas selectivas, que constituyen un fraude descarado de los procedimientos de acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.