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viernes, 24 de enero de 2014

Anulada la expulsión de la Administración del Principado de un funcionario que había renunciado al puesto diez días antes de que se le abriese expediente sancionador




Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, fechada el 25 de noviembre de 2013 (ver aquí), anula la sanción de separación del servicio  impuesta por el Principado de Asturias a un funcionario que ocupaba un puesto de trabajo en esta Administración, al haber sido cesado, previa renuncia al puesto, antes de que se le abriera el expediente disciplinario. De este modo, el funcionario en cuestión puede ser nombrado nuevamente, sin ningún obstáculo legal que lo impida, en un puesto de trabajo del Principado de Asturias.

Se trata de uno de los casos más sorprendentes y rocambolescos de los que hemos tenido conocimiento en los últimos tiempos dentro de la particular historia de la Función Pública asturiana, con unas consecuencias que provocan, cuando menos, perplejidad.

Seguiremos el relato de los hechos contenido en la sentencia del Tribunal Supremo:
-  Dicho funcionario,  que desempeñaba el puesto de Jefe de Servicio de la Unidad Técnica de Arquitectura de la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias, y se encontraba en situación de excedencia por interés particular en su Administración de origen, la Mancomunidad del Valle del Nalón, fue cesado en su puesto por resolución de la Consejerade Cultura y Turismo de fecha 10 de octubre de 2008, previa renuncia expresa al mismo por su parte.
- Por resolución dictada diez días después de la del cese, es decir, de 20 de octubre de 2008, se incia expediente disciplinario, expediente que termina con la sanción de separación de servicio por una falta muy grave de incumplimiento de la norma sobre incompatibilidades.

La sanción es confirmada en primera instancia por la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en sentencia de fecha 30 de enero de 2012, que ahora se revoca en casación por el Tribunal Supremo, con la consiguiiente anulación de la sanción.

Los argumentos jurídicos sobre los que se apoya la sentencia del Tribunal Supremo son claros:
1º Los efectos de la resolución del cese del funcionario se producen desde la fecha de dicha resolución y no desde su publicación en el BOPA, como defendía la Administración del Principado en su oposición al recurso de casación. La interpretación sistemática del sentido de los dos apartados del artículo 57 de la Ley 30/1992 debe llevar a la consecuencia de que la demora de los efectos de una resolución, supeditándola a su notificación o publicación, sólo puede  suceder cuando una norma así lo establezca para el caso de que se trate, o cuando lo exiga el propio sentido del acto notificado, circunstancias que no concurren en la resolución de cese de un funcionario.

2º La renuncia al puesto es un acto de decisión unilateral del sujeto respecto al que la aceptación por la Administración no está supeditada a ninguna consideración de posible limitación por parte de la Administración. Al respecto debe tenerse en cuenta  lo dispuesto en el art. 63.a ) y 64 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público . En el art. 64 se establece de modo terminante:
«1.- La renuncia voluntaria de la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
 2.- No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito»
  
3º Cuando  el recurrente formuló su renuncia no se había incoado aún expediente disciplinario, por lo que no se hallaba incluido en el ámbito del apartado segundo del artículo precitado, sino en el del primero. La consecuencia de lo dispuesto en este precepto, coordinada con lo que hemos razonado respecto a los art. 57.1 y 2 de la Ley 30/1992 , no puede ofrecer duda de que el efecto del cese del recurrente en el servicio a la Administración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se produjo el 10 de octubre de 2008; esto es, antes de que el expediente disciplinario se hubiese iniciado.

4º  Al haber cesado en el servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en 10 de octubre de 2008, no podía ser objeto de un expediente disciplinario, incoado por dicha Comunidad Autónoma,  pues no era ya personal a su servicio, produciéndose así la vulneración del precitado artículo 64 Ley 7/2007, que vicia de nulidad, conforme a lo dispuesto en el art. 63 de la Ley 30/1992 , la resolución sancionadora.

La consecuencia final de este dislate es así de cruda: el funcionario en cuestión puede ser nombrado nuevamente, sin ningún obstáculo legal que lo impida, en un puesto de trabajo del Principado de Asturias.

viernes, 17 de enero de 2014

El fin de la mal llamada meritocracia




Este artículo señala que la ideología existente en nuestras sociedades, que asume que el gradiente social está basado en el mérito, está siendo cuestionada ampliamente, con la aparición de movimientos tales como el 15M y el Occupy Wall Street que cuestionan el orden establecido.

Una de las consecuencias de la enorme crisis financiera y económica que estamos experimentando es la pérdida de confianza en las élites gobernantes, sean éstas financieras, económicas, mediáticas o políticas. La confianza que un sistema político democrático requiere que exista entre el establishment –las instituciones que gobiernan las distintas actividades financieras, económicas, mediáticas y políticas del país- por un lado, y las clases populares por el otro, se está perdiendo rápidamente. La gente normal y corriente, que solía creer que “los que mandan” son mejores y tienen más información sobre la cual toman decisiones, ya no cree en ello. Más y más gente cuestiona que las élites que están arriba mandando estén allí debido a su mérito. 

Según la última encuesta de valores realizada por la Pew Foundation, la mayoría de las poblaciones de los países en recesión incluyendo los países de la Eurozona, no confían en las élites gobernantes. Y ello explica que tales élites estén perdiendo no sólo la confianza sino su legitimidad para “mandar”, sea en el sector que sea.

Hay muchas consecuencias de este hecho, fácilmente evidenciables. Pero una de las más importantes es que además del esquema político derecha-izquierda hay que incluir otra línea divisoria que separa los que están arriba de todos los demás, que constituyen la gran mayoría de la población. Esta mayoría percibe que la línea ascendente en el gradiente social no la determina  el mérito, sino las conexiones y relaciones interpersonales determinadas en gran parte por el origen social del individuo, definido este por clase social y género. En realidad, la evidente incompetencia de los que están arriba (tanto en los sectores financieros como en los políticos), que aparece claramente en su continuo y persistente intento de seguir las políticas de austeridad que han conducido a estos países al desastre, muestra que el mérito tiene poco que ver con que estén donde están. Las conexiones y redes de intereses (que los sociólogos llaman capital social y la gente normal y corriente llama las conexiones y enchufes) que les permiten trepar, explica que estén arriba. Ésta es la percepción hoy generalizada.

Es lógico, pues, que la gran mayoría de la ciudadanía cuestione el sistema que permite a las élites existir, permanecer y reproducirse, sin ninguna justificación o responsabilidad frente a los demás (lo que en inglés se llama accountability). La meritocracia aparece como la ideología que las élites promueven en los medios que controlan para justificar su poder. La pérdida de credibilidad de esta ideología es clara y enorme. La gran mayoría de la población en la citada encuesta Pew, no cree que las élites gobernantes sean “mejores” que la gente normal y corriente. En realidad, comienza a verse lo contrario. Unos porcentajes que están creciendo son los de los que piensan que  la gente de arriba es más corrupta que la gente normal y corriente. Se han enriquecido, no a base de sus méritos, sino a base de sus contactos y conexiones (repito, el llamado capital social).

Esta toma de conciencia lleva a una situación que tiene un enorme potencial explosivo, pues el mayor grado de conocimiento y mayor exigencia que ello conlleva, conduce a una situación en que la falta de credibilidad de la ideología meritocrática provoca el deseo de cambiarla o eliminarla.    Y de ahí surgen los movimientos contestatarios: de la concienciación de que los que tienen gran poder en el país defienden, no los intereses generales de la población, sino los particulares que representan, careciendo de legitimidad para estar donde están y tener el poder que tienen.
Los movimientos contestatarios

No es, pues, por casualidad, que tales movimientos hayan surgido en países como España y como EEUU, donde hay mayor concentración del poder financiero, económico, mediático y político, y donde la relación existente entre estos diferentes establishments es más acentuada. La relación y conexión, por ejemplo, entre el establishment financiero, el mediático y el político alcanza dimensiones elevadas en España y en EEUU. 

De ahí el surgimiento del 15-M y del Occupy Wall Street. Son movimientos de denuncia de la gran concentración del poder y de las enormes limitaciones que ello determina en el sistema democrático de tal país. En ambos países las limitaciones del sistema democrático son enormes y evidentes. El “no nos representan” del movimiento 15M es ampliamente entendido y compartido por la mayoría de la ciudadanía, mayor en las personas de sensibilidad progresista, pero también presente en personas de sensibilidad conservadora.

Ello conlleva una distancia cada vez mayor entre los gobernantes y los gobernados, que incluye a los gobernados de distintas sensibilidades políticas. En ambos países, tales movimientos contestatarios actúan como conciencia colectiva de la mayoría de la población. Su gran poder deriva del gran apoyo popular que reciben. De ahí el enorme temor que tales establishments han mostrado,  aumentando la represión, que ha alcanzado en España y en Catalunya un nivel no visto desde tiempos de la dictadura.

Tales movimientos, en contra de una imagen intencionada y sesgada promovida por los medios conservadores, han sido altamente exitosos, pues han puesto en el centro del debate y de la visibilidad mediática las enormes falsedades en las que se apoya el sistema. En España, hay una escasísima representatividad del sistema político (“no nos representan”), una enorme corrupción de las estructuras políticas (“no hay pan para tanto chorizo”), una exigencia del cambio (“si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir”), y una larga lista de eslóganes que reflejan gráfica y simbólicamente los enormes déficits del sistema político-económico heredado de la transición inmodélica, hecha en términos muy desiguales con gran dominio de las fuerzas conservadoras en aquel proceso de transición, determinando una democracia muy incompleta, con un bienestar muy insuficiente (todavía hoy España tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15).

Estos movimientos, con su estrategia de ridiculizar al establishment (lo cual hacen con gran creatividad y humor) están mostrando que el rey está desnudo. La manera como los “yayo flautas”, un grupo de ciudadanos de edad avanzada, ridiculizan la pomposidad del poder es digna de aplauso y apoyo. Al poder hay que mostrarlo por lo que es: la mera defensa de intereses particulares para el enriquecimiento de élites que han trepado hasta arriba a costa de todos los demás.

No es su objetivo convertirse en un partido político sino denunciar los enormes déficits democráticos, y radicalizar a los instrumentos políticos y sociales que necesitan que se les agite para que sirvan mejor a la ciudadanía. Y lo están consiguiendo.
 
Una última observación. Este distanciamiento entre gobernantes y gobernados, resultado de las enormes insuficiencias del sistema democrático español, no debe llevar a un sentimiento antipolítico que conduce a un fascismo antidemocrático (Franco era el indicador máximo de la antipolítica) sino a un mayor nivel de exigencia democrática, pidiendo con toda contundencia, que se hagan las transformaciones profundas de lo que se llama democracia en España, para conseguir una democracia real y auténtica en la que sea la ciudadanía el origen de todo poder, expresado este, tanto en forma directa como indirecta, dentro de un sistema auténticamente proporcional el que cada ciudadano tenga la misma capacidad decisoria en el país, expresada a través de referéndums vinculantes (tanto a nivel central como autonómico y municipal) así como a través de instituciones auténticamente representativas. Y exigiendo también una pluralidad en los medios, hoy prácticamente inexistente en España, que represente la existente pluralidad que hay en la ciudadanía española.

viernes, 10 de enero de 2014

Puertos: imputada la ex jefa pero no sus superiores





La ex jefa de Puertos, Carmen López Tirados, otro funcionario de la Consejería de Fomento y un empresario han sido imputados por el Juzgado de Luarca por el desvío de partidas presupuestarias en las obras de tres puertos asturianos. La decisión sobre los supuestos delitos que se les imputan no fue suya, aunque la ejecutaron, pero sus superiores no afrontan responsabilidad judicial alguna.

Por Elena Plaza / Periodista. 
La investigación judicial se inició tras una denuncia a la Fiscalía de la propia Consejería de Fomento, a raíz de de una interpelación parlamentaria del PP en la Junta General. También supuso en enero de 2013 el cese de la jefa de Puertos, Carmen López Tirados. Como ya informó ATLÁNTICA XXII (número 27, julio de 2013), lo que desveló el PP fue que en una obra en Puerto de Vega en 2008 apenas se ejecutó el presupuesto de 156.400 euros, que fue desviado a otros puertos. Las certificaciones pagadas y no ejecutadas fueron compensadas con dos obras realizadas en Viavélez y San Esteban, ajustando un desfase de 92.472,09 euros. La empresa ejecutora era la gallega Dragados y Obras del Noroeste SL, que en realidad solo ejecutó la de Viavélez, mientras que la de San Esteban corrió a cargo de Culmar, que compartía dueños y sede con la anterior. La Fiscalía observa en el caso de los puertos “hechos con posible tipicidad penal”. El asunto pasó al Juzgado de Luarca, que imputó a Carmen López Tirados (que ahora desarrolla otras labores dentro de la Consejería), al también funcionario de Fomento Eugenio Moreno Martorell (ahora en situación de jubilación) y a Antonio Regueiro López, gerente de Dragados y Obras del Noroeste, una modesta empresa gallega que trabajaba mucho para el Principado en los puertos asturianos y que acabó quebrando. Los tres afrontan cargos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. La Fiscalía alerta de otros posibles responsables, que pudiesen ser imputados “en el curso de las investigaciones”. 

La denuncia está en trámite de instrucción en el Juzgado de Luarca y el juez Julio Martínez Zahonero ya ha tomado declaración a los dos funcionarios imputados, a falta de que lo haga Antonio Regueiro. El Principado, personado en la causa, ha declarado que “no hay perjuicio” para la Administración, como se ha determinado en un informe realizado en el que se comprueban las mediciones de las obras ejecutadas y los pagos realizados. Estas compensaciones irregulares y actuaciones similares eran hasta el Caso Marea una práctica habitual en toda la Administración autonómica. Decidía Julián Bonet Julián Bonet cuando era director general del Principado. 

 López Tirados reconoce en su declaración ante la Fiscalía que la obra de Puerto de Vega fue parada por la mala climatología, que se realizó un estudio en el que se comprobaba que “el dragado de los bajos rocosos podría, en situación de temporal, facilitar la entrada de mayor agitación al puerto” y se decidió finalmente no continuar con las obras. De los 113.472,09 euros certificados, realmente se gastaron 21.000 en concepto de perforaciones. “Por agilidad administrativa se compensa la diferencia de metros cúbicos certificados con otras obras de dragado realizadas por el mismo contratista, en las que se certifica una cuantía inferior a la realmente ejecutada, siendo la suma de las cantidades restadas en ambas obras la certificada en excesos en la obra de referencia”. En su declaración en el expediente disciplinario, la ex jefa de Servicio afirma que las certificaciones “se hicieron a buena cuenta para no perder la anualidad, ya que por indicación del director general (de Carreteras, Transporte y Asuntos Marítimos, Julián Bonet, hoy jubilado) se dijo que había que agotarlas”. Esta revista contactó con Bonet, que rehusó hacer declaraciones. “Estoy jubilado y no tengo nada que decir”, se limitó a comentar. Bonet ostentó diferentes cargos con Administraciones gobernadas por el PSOE desde los años ochenta. López Tirados reconoce su firma en el acta de recepción de la obra y aclara requerida por la Justicia que “a la vista de la petición de la Cofradía y de la confirmación del estudio para no continuar con la obra, lo comenté con mi director general y, dado que se había adelantado un dinero a cuenta, las indicaciones que recibí para que la Administración no perdiera ese dinero eran compensar con otras obras de dragado realizadas por este contratista”. Aunque la obra de San Esteban, realizada por otra empresa del grupo, Culmar, resultó adjudicada doce meses después que la de Puerto de Vega. Obras en el puerto de Puerto de Vega. Obras en el puerto de Puerto de Vega. Chapuza administrativa Quienes conocen a Carmen López Tirados en la Consejería destacan que es “la persona más trabajadora y diligente”. 

En cuanto a la potestad con la que actuaron ella y Moreno Martorell para este sistema de compensaciones, fuentes cercanas a los imputados afirman que “un jefe de servicio no hace nada sin instrucciones. No tiene ese poder. Primero hay que saber qué potestad tiene, y es ninguna. Lo único de lo que es culpable es de haber firmado, pero también tiene que saberse a qué presiones está sometida, como la llegada del fin del año… Ella es la que curraba, pero no la que mandaba”. Al mismo tiempo afirman que “está mal visto entre los compañeros que se metan con ella por esto, cuando las responsabilidades vienen de arriba”. López Tirados se vio envuelta en la polémica durante los Gobiernos del socialista Vicente Álvarez Areces por adjudicar obras millonarias a Contratas Iglesias, empresa en la que su marido era apoderado (ver ATLÁNTICA XXII número 13, marzo de 2011). En este mismo punto coinciden fuentes de la investigación. “Un jefe de servicio es un puesto de confianza, y si se niega a someterse a las indicaciones de su superior sabe que pierde el cargo. Creo que estamos ante una chapuza administrativa, que es una práctica habitual dentro de la Administración, que se hacía en todas partes. Lo que pasa es que ningún director general da la orden por escrito. Es muy difícil dar con los responsables porque de esto nadie deja pruebas”. De hecho la funcionaria refiere en su declaración que ni siquiera había recibido instrucciones concretas para este caso, aunque las presiones podrían venir del director general o incluso del entonces consejero, Francisco González Buendía. Del mismo modo estas fuentes comentan que es posible que este caso “quede en nada”, teniendo en cuenta también el “pequeño” montante económico que supone para la Administración.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 29, NOVIEMBRE DE 2013