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miércoles, 27 de octubre de 2010

Anulado el sistema de nombramiento a dedo en otros 30 puestos


Una nueva sentencia de la Sala de lo contencioso - administrativo del TSJ de Asturias, de 21 de octubre, acaba de anular el sistema de nombramiento a dedo de 30 puestos más (jefes de servicio, coordinadores, asesores) adscritos a los grupos A1/A2 (B) de la relación de puestos de trabajo de la Administración asturiana.

Desde esta asociación nos congratulamos de las iniciativas de otras organizaciones y compañeros que, actuando con valentía y en defensa de la dignidad de la función pública asturiana, culminan con decisiones judiciales como la comentada, que desvelan la utilización abusiva y manifiestamente ilegal de la "libre designación"

Estamos convencidos de que esta no será la última sentencia que declare la ilegalidad de los procesos de reclutamiento a dedo de la élite funcionarial en el Principado de Asturias. En todo caso, constituye un paso más en el proceso de derribo de la "dedocracia asturiana"









martes, 26 de octubre de 2010

Piden a la FSA que aclare si apoyará un sistema de empleo público transparente

La Voz de Asturias

FUNCIÓN PÚBLICA: El Conceyu por otra función pública en Asturies considera "imprescindible" conocer el parecer del nuevo candidato socialista, y le emplazan a pronunciarse sobre si se opondría a un posible intento del Gobierno para "legalizar la dedocracia" en los próximos presupuestos

25/10/2010 14:08 / / OVIEDO

El Conceyu por otra función pública en Asturies ha emplazado hoy al candidato socialista a la Presidencia del Principado, Javier Fernández, a aclarar si defenderá en su programa electoral un sistema de empleo público "transparente, democrático y no clientelista".

Este colectivo recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el sistema de nombramientos de jefes de servicio en el Principado que fue estimado parcialmente por lo que se anuló la fórmula empleada en el designación de 241 cargos en la administración autonómica.

En un comunicado, el Conceyu recuerda que el Partido Socialista de Galicia ha exigido a la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, que abandone su intención de "blindar" en los próximos presupuestos el nombramiento a dedo de los jefes de servicio, "vinculando dicha exigencia a la regeneración de la función pública gallega".

A su juicio, los socialistas gallegos aciertan al afirman que de las jefaturas de servicio depende el desarrollo de las funciones administrativas ordinarias "por lo que su designación no puede efectuarse en base a la confianza política, sino por concurso de méritos".

Para el Conceyu, este planteamiento contrasta con la política del Gobierno asturiano en la última década en la que, aseguran, se han creado nuevas categorías de personal de nombramiento digital (coordinadores, asesores etc.) que se mantienen "a pesar de las repetidas y sucesivas anulaciones judiciales" y se incumplía la obligación de cubrir las vacantes por concurso de méritos.

Así, consideran "imprescindible" conocer el parecer del nuevo candidato socialista a la Presidencia del Principado y le emplazan además a pronunciarse sobre si se opondría a un posible intento del Gobierno para "legalizar la dedocracia" en los próximos presupuestos.

Ver noticia en:

El Comercio

Asturbulla


lunes, 25 de octubre de 2010

EL PARTIDO SOCIALISTA DE GALICIA EXIGE A FEIJOO LA SUPRESIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS A DEDO DE LOS JEFES DE SERVICIO . ¿ QUÉ OPINA D. JAVIER FERNÁNDEZ?

El Partido Socialista de Galicia acaba de exigir enérgicamente al gobierno popular de Feijoo que abandone su intención de blindar mediante la próxima ley de presupuestos el nombramiento a dedo de los Jefes de Servicio, vinculando dicha exigencia a la regeneración de la Función Pública gallega. El portavoz socialista da en el clavo cuando afirma que de las Jefaturas de Servicio depende el desarrollo de las funciones administrativas ordinarias, por lo que su designación no puede efectuarse en base a la confianza política, sino por concurso de méritos.


Este planteamiento contrasta con la política desplegada por el Gobierno del Sr. Areces en la última década, en la que se han creado nuevas categorías de personal de nombramiento digital (coordinadores, asesores etc.), que se mantienen a pesar de las repetidas y sucesivas anulaciones judiciales, a la vez que se incumplía sistemáticamente la obligación legal de cubrir los puestos vacantes por concurso de méritos.

Por ello, desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies consideramos imprescindible conocer el parecer del nuevo candidato socialista a la Presidencia del Principado y, en concreto, si en sintonía con su partido en Galicia, defenderá en su programa electoral un sistema de empleo público transparente, democrático y no clientelista y si, llegado el caso, se opondrá a un posible intento del gobierno Areces dirigido a legalizar la “dedocracia” a través de la próxima ley de presupuestos.

La importancia y el calado de la cuestión y la proximidad de la campaña electoral exigen una respuesta expresa e inequívoca por parte de D. Javier Fernández. La higiene democrática del sistema político asturiano está en juego.

Oviedo, 25 de octubre de 2010

La Xunta Directiva del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies


EL PARTÍU SOCIALISTA DE GALICIA ESIXE A FEIJOO LA SUPRESIÓN DE LOS NOMAMIENTOS A DEU DE LOS XEFES DE SERVICIU . ¿ QUÉ OPINA D. JAVIER FERNÁNDEZ?

El Partíu Socialista de Galicia acaba d'esixir enérxicamente al gobiernu popular de Feijoo qu'abandone la so intención de blindar pente medies de la próxima llei de presupuestos el nomamientu a deu de los Xefes de Serviciu, venceyando dicha esixencia a la rexeneración de la Función Pública gallega. El voceru socialista da nel clavu cuando afirma que de les Xefatures de Serviciu depende'l desenvolvimientu de les funciones alministratives ordinaries, polo que la so designación nun puede efectuase en base al enfotu políticu, sinón por concursu de méritos.


Esti planteamientu choca cola política esplegada pol Gobiernu del Sr. Areces na última década, na que se crearon nueves categoríes de personal de nomamientu dixital (coordinadores, asesores etc.), que se caltienen a pesar de les repitíes y socesives anulaciones xudiciales, al empar que s'incumplía sistemáticamente la obligación llegal de cubrir los puestos vacantes por concursu de méritos.

Por ello, dende'l Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies consideramos imprescindible conocer el paecer del nuevu candidatu socialista a la Presidencia del Principáu y, en concretu, si en sintonía col so partíu en Galicia, va defender nel so programa electoral un sistema d'empléu públicu tresparente, democráticu y non clientelista y si, llegáu'l casu, va oponese a un posible intentu del gobiernu Areces dirixíu a llegalizar la “dedocracia” al traviés de la próxima llei de presupuestos.

La importancia y el caláu de la cuestión y la proximidá de la campaña electoral esixen una respuesta espresa ya inequívoca per parte de D. Javier Fernández. La hixene democrática del sistema políticu asturianu ta en xuegu.

Uviéu, 25 d'ochobre de 2010

La Xunta Directiva del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies


jueves, 21 de octubre de 2010

El PS de Galicia propone a la Xunta un pacto para reformar la Administración pública si no "designa a dedo" a jefes de servicio


El Faro de Vigo
El CorreoGallego.es
17/10/10

Ve necesario "parar la sangría de irregularidades" en las oposiciones de la Xunta, que califican de "constantes" en el gobierno de Feijóo

El portavoz del Área Institucional el Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia, José Manuel Lage Tuñas, ha propuesto al Gobierno gallego un pacto para reformar Administración pública gallega con la condición de que la Xunta retire la propuesta de modificar la Ley de Función Pública que "designa a dedo" a los jefes de servicio y no por criterios de "mérito y capacidad".

Así lo ha manifestado Lage Tuñas en un comunicado, en el que, además, le ha pedido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "rectifique y retire la propuesta de forzar la ley de presupuestos" para "imponer la movilidad forzosa" en la función pública.

En esta línea, el socialista ha apostado por "profesionalizar la administración en base a criterios objetivos de mérito y capacidad", ya que, según ha expresado, "cualquier decisión en sentido contrario es una vuelta atrás en el tiempo" que tendrá consecuencias "nefastas" para el funcionamiento de la institución.

El portavoz del Área Institucional del PSdeG ha aseverado que los jefes de servicio de la Xunta "son el motor" que garantiza el funcionamiento ordinario de la Administración, y deben ser seleccionados "a través de un concurso".

Además, Lage Tuñas también se ha referido a la "imposición de la movilidad forzosa" de los funcionarios y ha apuntado que es necesaria una rectificación por parte del Gobierno gallego, "ya que no se puede tratar a los funcionarios como ganado".

SINDICATOS

Por otra parte, los socialistas gallegos han valorado la reacción de los sindicatos de la función pública ante el intento de "imponer a las bravas una reforma express", sin debate ni tramitación parlamentaria.

De esta manera, el diputado socialista ha considerado que "los pasos atrás y las rectificaciones" del Gobierno gallego "tienen mucho que ver" con el papel jugado por los sindicatos de la función pública que "se plantaron" delante de la propuesta del gobierno popular.

Tal y como ha reiterado, "ahora sólo queda" que retiren de la ley de presupuestos las propuestas en materia de función pública y que se abra un "nuevo escenario de diálogo" para afrontar "los grandes retos" que tiene pendientes la Xunta antes de "abordar" la Administración pública gallega.

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martes, 12 de octubre de 2010

La semilla del mal



LNE, 12/10/10

La falta de mecanismos rigurosos de control de las adjudicaciones se encuentra en el origen de casos de corrupción como «Gürtel» y «Brugal»

Los trucos que utilizan las administraciones para decidir los concursos públicos que convocan constituyen una ilegalidad que ni a la sociedad ni a los damnificados les resulta fácil corregir por las razones que los juristas vienen explicando desde hace algún tiempo en este periódico. Los concursos amañados forman parte de la corrupción política, de la que ningún partido gobernante está exento. Esa corrupción política conduce a veces a otro tipo de corrupción aún más grave, la corrupción penal. Lo estamos viendo en Valencia con casos escandalosos que están pendientes de las sentencias de los tribunales de justicia. En Asturias hay evidencias de prácticas administrativas arbitrarias y de utilización indebida de funcionarios de libre designación por parte de los políticos para el logro de los objetivos que se pretenden. Es un mal camino. Juan Ramón Gil, director del periódico «Información» de Alicante, del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, explica en el siguiente informe cómo la comunidad valenciana, gobernada por el PP, ha pasado por la arbitrariedad hasta llegar a la presunta corrupción.

JUAN RAMÓN GIL DIRECTOR DE «INFORMACIÓN» DE ALICANTE, PERIÓDICO DEL MISMO GRUPO EDITORIAL QUE LA NUEVA ESPAÑA
En los últimos días, LA NUEVA ESPAÑA ha puesto sobre la mesa las deficiencias del sistema de contratación del Principado, evidenciando la facilidad con la que las adjudicaciones públicas pueden ser manipuladas por el Gobierno a través del personal de libre designación y de técnicos influenciables que ocupan cargos de relevancia en las distintas consejerías y, a la vez, tienen un peso decisivo en las mesas y comisiones que otorgan las contratas. El asunto no es menor, puesto que la ausencia de mecanismos de control efectivos y la discrecionalidad con que en la práctica pueden actuar las administraciones son, frecuentemente, el caldo de cultivo en el que crece y se hace fuerte la corrupción.

El ejemplo más evidente de ello son los dos casos que han saltado de la prensa local valenciana a las portadas de todos los periódicos e informativos de España: los conocidos como «caso Gürtel», en el que aparece como principal implicado el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el «caso Brugal», en el que está imputado, entre otros, el también dirigente del PP José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante. En ambos casos, empresas a las que la Unidad Contra los Delitos Económicos y el Blanqueo de Capitales de la Policía acusa de financiar fraudulentamente al PP y ganarse la voluntad de los políticos mediante regalos e incluso sobornos, lograron contratas públicas que nunca hubieran podido adjudicarse de aplicarse la letra y el espíritu de la ley.

Orange Market, la empresa filial en Valencia de Francisco Correa, en prisión por supuesto cohecho, y que dirigía Álvaro Pérez, archiconocido ya como «El Bigotes», logró quedarse con una de las contratas más importantes de la Generalitat valenciana, la del montaje del pabellón de la Feria de Turismo de Madrid, por 1,7 millones de euros, a pesar de que su oferta no sólo era la más cara, sino que la sociedad carecía de cualquier experiencia en eventos de este tipo. A partir de ahí, y en un tiempo récord, consiguió, según el sumario que ha pasado por dos tribunales superiores -la Audiencia Nacional y el Supremo-, contratas de todos los departamentos del Gobierno autonómico valenciano excepto la vicepresidencia económica, por valor de más de siete millones de euros. La Unidad de Auxilio Judicial, que analizó a requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 85 de estos contratos celebrados en Valencia, concluyó que se burló sistemáticamente la ley en estas contrataciones. Este informe judicial fue rechazado por la Generalitat con un contrainforme elaborado por Isabel Villalonga, jefa de los servicios jurídicos del Consell, que negaba cualquier irregularidad. Villalonga, sin embargo, ni siquiera pudo firmar el contrainforme, al ser un cargo de confianza y no un funcionario del cuerpo jurídico de la Generalitat. Además, era subsecretaria de Turismo cuando ésta conselleria fue la primera en contratar con Orange Market, contratación en la que participó. Es, como puede comprobarse, un caso calcado, en cuanto al mecanismo, al que LA NUEVA ESPAÑA viene advirtiendo en sus informaciones que podría producirse en cualquier momento, dada la forma de adjudicar obras o servicios que aplica el Principado, donde personal de libre designación de los dirigentes políticos forma parte de las mesas que deciden las adjudicaciones.

En el «caso Brugal», las grabaciones del sumario han puesto de relieve cómo los empresarios que aspiraban a una multimillonaria contrata de basuras manejaban información confidencial que obtenían de los políticos y, de acuerdo con ésta, preparaban sus propuestas e incluso presionaban a los técnicos que se oponían a ellas, dado que conocían la postura que mantenían en las reuniones supuestamente reservadas gracias a esta información privilegiada, así como las ofertas del resto de aspirantes.

Otras investigaciones en el pasado han puesto de relieve que ni siquiera esto último, la presión sobre los técnicos por parte de los contratistas, es necesaria. Son ya muchas las administraciones que no cuentan con secretario o interventor -los encargados de velar por que la ley se cumpla estrictamente- de carrera y oposición, sino que cubren esas plazas con personal eventual cuya permanencia en el cargo depende del político de turno. O cuyos técnicos superiores obtienen compatibilidad para ejercer otros trabajos, o cobran pluses por participar en reuniones o comisiones dentro de su jornada laboral, que pueden ser revocados por decisión de los cargos políticos, quienes encuentran así una vía, en el caso de que estén dispuestos a corromperse, para influir en las concesiones. Pero hay otras formas: España ha modificado varias veces sus leyes de contratación para ajustarlas a la rigurosa normativa europea. Pero una cosa son las leyes y otra la práctica administrativa: a pesar de las protestas de la Unión Europea, siguen siendo moneda común el fraccionamiento de los contratos para que puedan ser adjudicados directamente sin concurso, o para convertir una gran contrata en una serie de contratos menores que no requieren de procedimiento alguno para su concesión; los concursos sin publicidad, en los que es la propia Administración la que se dirige a tres empresas para que presenten sus ofertas y elegir de entre ellas, siendo cada vez más las denuncias que demuestran que en este tipo de operaciones las tres empresas sólo son independientes entre sí sobre el papel, porque en la práctica pertenecen a la misma matriz; o los famosos «modificados», contra cuya proliferación se ha hartado de protestar la UE, sistema por el que una obra o servicio adjudicada por un precio pequeño acaba costando el doble y hasta el triple en la facturación final alegando los imprevistos más peregrinos para justificar estos aumentos. En el caso de Orange Market, sólo 9 de los 85 contratos examinados por el Tribunal Superior fueron adjudicados mediante concurso y muchos de ellos sufrieron, además, «modificados» al alza.

Los distintos tribunales de cuentas, tanto los que operan en las autonomías como el estatal, han denunciado reiteradamente todos estos abusos. Pero sus alegatos resultan inoperantes. Primero, porque la falta de medios y la resistencia de las administraciones a la fiscalización hacen que las auditorías se realicen con mucho retraso; y segundo, porque, en la práctica, esos tribunales carecen de capacidad sancionadora. Los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA han coincidido en abogar por mayores controles judiciales en esta materia. Pero tampoco es ésta una solución fácil ni definitiva, dada la sobrecarga que de por sí padece ya la mayoría de los tribunales de lo contencioso, multiplicada en tiempos de crisis. En realidad, además del perfeccionamiento de los sistemas legales de control y de selección de los participantes en las contrataciones, sería necesario un profundo cambio de mentalidad en la sociedad española para poner coto a estos abusos. Un cambio que pasara por la toma de conciencia, por parte de los ciudadanos, de que todas estas irregularidades afectan directamente a su bolsillo, porque encarecen las contratas, que se pagan con los presupuestos que salen de los impuestos, y empeoran los servicios; pero también por parte de los empresarios, muchos de los cuales se han mostrado hasta aquí resignados a un sistema que va contra su propia esencia, puesto que pervierte las reglas del mercado, la competencia y la libre concurrencia. Un cambio que se antoja difícil a la luz de las encuestas, que, a pesar de señalar que la corrupción es ya una de las principales preocupaciones de los españoles, indican al mismo tiempo que esa preocupación no se convierte en castigo a la hora de votar a los políticos denunciados por venales.

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viernes, 8 de octubre de 2010

El Supremo 'despolitiza' la Policía: no al 'dedazo' ministerial



Diariocrítico
Anulado el catálogo de puestos de Rubalcaba: deberán nombrase por concurso de méritos


El Tribunal Supremo ha anulado el Catálogo de Puestos en la Policía que había sido establecido por el Ministerio del Interior y le ha dicho al ministro Pérez Rubalcaba que en niveles inferiores al 29 y 30 no puede asignarlos a dedo, sino por concurso de méritos. En un Auto del pasado 15 de julio, pero hecho público este lunes, el Supremo confirma la sentencia que a tal respecto dictó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es un varapalo en toda regla a la política de Interior.

La sentencia es consecuencia de un recurso interpuesto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), ampliando otro del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), contra el método de nombramiento para cubrir el Catálogo de la Policía; es decir, la libre designación de determinados cargos por el Ministerio del Interior. Lo que, en resumen, se llama 'nombrar a dedo'.

El SPP ganó ya en el TSJ de Madrid un recurso interpuesto por este sindicato que afectaba a la designación de puestos hasta el nivel 26. El SUP interpuso otro recurso metiendo en ese saco los puestos con niveles 27 y 28, y que afectan desde la Casa Real hasta Presidencia del Gobierno, pasando por Congreso, Senado y la propia Audiencia Nacional. Este recurso fue ganado también en el TSJ de Madrid.

Contra esa última sentencia recurrió la Abogacía del Estado, pero en un Auto del pasado 15 de julio, aunque hecho público este lunes, el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso del Abogado del Estado y ha confirmado todos los puntos de la sentencia del TSJM, anulando así el Catálogo en lo atinente a la asignación por el sistema de libre designación de los puestos de trabajo inferiores a los niveles 29 y 30, declarándola firme. En consecuencia, todos los puestos de trabajo de nivel 28 e inferiores deberán ser provistos por el sistema de concurso de méritos y no por el sistema 'dedocrático', también conocido con el eufemismo de 'libre designación'.

Afirma el Supremo al respecto: "No existe en el Catálogo de Puestos de Trabajo remitido memoria técnica justificativa de porqué se sigue el sistema de libre designación y no el de concurso para la provisión de determinados puestos de trabajo, ni dicha justificación cabe extraerla de la fundamentación del acuerdo aprobando dicha modificación, que no contiene alusión alguna a dicha cuestión, ni tampoco se contiene a lo largo del Catálogo, por lo que son desconocidas las razones de que se ha servido la Administración demandada para emplear aquél sistema de cobertura, que como ya hemos, dicho, tiene un carácter excepcional, por lo que habrá que afirmar que el ejercicio de las potestades de autoorganización es arbitrario e infringe los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución, por lo que procede su anulación, dado que en todo caso es preciso acreditar fehacientemente en la relación de puestos de trabajo las circunstancias especiales, según exige la normativa expuesta, que justifican en su caso, la provisión por el sistema de libre designación en lugar del concurso de méritos, lo que no ocurre en el supuesto enjuiciado, que se caracteriza por la falta de motivación de la concurrencia de dichas circunstancias".

"El objetivo del recurso del SUP, en el que ahora nos dan la razón, era que primara más la trayectoria profesional y no el amiguismo, consiguiendo así una policía más profesional y menos politizada", afirman desde el SUP.

Vea también:

Pueden ver la sentencia del TSJ de Madrid pinchando aquí.

Pueden ver el Auto del Supremo pinchando aquí.

miércoles, 6 de octubre de 2010

El Ayuntamiento de Castrillón (alcaldía de IU) privatiza la gestión de obras y licencias urbanísticas



Ayuntamiento de Castrillón
LNE

PIEDRAS BLANCAS I. MONTES
El gobierno municipal (IU-PSOE) de Castrillón ha subcontratado la asistencia técnica para la gestión de las obras municipales y para la tramitación de licencias, según una resolución de la alcaldesa de Castrillón y concejala de Urbanismo, Ángela Vallina.

El plazo de ejecución del contrato será de un año a partir de la firma del contrato y el precio del mismo asciende a 33.365 euros. Las tareas de la empresa adjudicataria serán supervisadas diariamente por el director de la oficina técnica y área de Urbanismo del Ayuntamiento. «El objetivo de la contratación del servicio es agilizar la gestión de las obras municipales y la tramitación de licencias urbanísticas», según explicó un portavoz municipal.

Las licencias de obra solicitadas en el Ayuntamiento en lo que va de año ya superan al total de las tramitadas en 2007 y en 2008. En los ocho primeros meses del año, los servicios técnicos municipales tramitaron 560 licencias de obra, mientras que el año pasado se tramitaron 487 y en 2007 un total de 393.

El gobierno local achaca el incremento de las licencias de obras a varios factores. Uno de ellos es la agilización en la tramitación que entró en vigor hace unos meses y otro la crisis económica «que puede obligar a los vecinos a acometer obras de reforma en vez de optar por nuevas construcciones», indicó el portavoz municipal.