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martes, 30 de agosto de 2016

¿Por qué el perro se lame los testículos?


SLAVOJ ZIZEK


Lo único verdaderamente sorprendente de los papeles de Panamá es que en ellos no hay ninguna sorpresa. ¿No nos hemos enterado exactamente de lo que esperábamos enterarnos? Ahora bien, una cosa es saberlo, así en general, y otra, tener datos concretos. Es un poco como saber que tu pareja te la está pegando por ahí. Se puede aceptar el conocimiento abstracto de algo así. El dolor se produce cuando uno se entera de los detalles obscenos, cuando uno ve las fotos de lo que han estado haciendo... De la misma manera, con los papeles de Panamá, hemos visto algunas imágenes cochinas de pornografía financiera y ya no podemos hacer como que no nos hemos enterado.

Ya en 1843, el joven Karl Marx afirmó que al antiguo régimen alemán «simplemente le da por pensar que cree en sí mismo y exige que el mundo piense lo mismo». En una situación así, denunciar la sinvergonzonería de los que están en el poder se convierte en un arma. O, como añade Marx, «la vergüenza debe hacerse más vergonzosa, dándola a conocer». Y ésta es exactamente nuestra situación: nos encontramos ante el cinismo desvergonzado del actual orden global, a cuyos agentes les da por pensar que creen en ideas de democracia, derechos humanos, etc., y, a través de revelaciones como las de Wikileaks o los papeles de Panamá, la vergüenza se vuelve más vergonzosa por el hecho de darle publicidad.

Un rápido vistazo a los papeles de Panamá revela dos características. Una positiva es la solidaridad de los participantes. En el tenebroso mundo del capital global, todos somos hermanos. Allí está el mundo occidental desarrollado que se da la mano con Putin y el presidente de China, Xi. Irán y Corea del Norte también están ahí... Es un verdadero reino del multiculturalismo, donde todos son iguales y diferentes. La otra negativa es la contundente ausencia de EEUU, lo que le da cierta credibilidad a la afirmación de Rusia y China de que hay intereses políticos involucrados en la investigación.

Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos? Hay un chiste de un marido que vuelve a casa antes de lo esperado y encuentra a su esposa en la cama con otro hombre. La mujer sorprendida le pregunta: «¿Qué ha pasado? ¡Me dijiste que ibas a volver tres horas más tarde!». El marido explota: «¡Seamos serios! ¿Qué haces en la cama con ese tipo?». La esposa responde sin alterarse: «¡No cambies de tema, responde primero a mi pregunta!». ¿No es algo parecido lo que está sucediendo con las reacciones a los papeles de Panamá? La primera reacción es la explosión de furia moralista: «¡Horrible, cuánta codicia y cuánta deshonestidad la de esa gente! ¿Dónde están los valores fundamentales de nuestra sociedad?». Lo que deberíamos hacer es cambiar inmediatamente de tema, pasar de la moralidad a nuestro sistema económico. Políticos, banqueros y administradores siempre han sido codiciosos, de manera que ¿qué hay en nuestro sistema legal y económico que les ha permitido ser conscientes de su codicia de una forma tan escandalosa?

Desde la crisis de 2008, personajes públicos, del Papa hacia abajo, nos bombardean con exhortaciones a luchar contra la cultura de la codicia y el consumo excesivo. Este espectáculo repugnante de moralización barata es una operación ideológica, si es que alguna vez ha habido una. La compulsión (a expandirse) inscrita en el sistema mismo se traduce en pecado personal, en una propensión psicológica privada o, como expuso uno de los teólogos cercanos al Papa, «la crisis actual no es una crisis del capitalismo sino la crisis de la moral». Incluso sectores de la izquierda siguen este camino. No es que falte anti-capitalismo en la actualidad. Hace un par de años estallaron protestas de okupas e incluso estamos asistiendo a una sobreabundancia de críticas de los horrores del capitalismo. Proliferan libros e investigaciones periodísticas sobre empresas que contaminan sin piedad nuestro medio ambiente, banqueros corruptos que siguen obteniendo cuantiosas primas mientras sus bancos son rescatados con dinero público, talleres clandestinos donde trabajan niños...

Hay, sin embargo, una pega a todas estas críticas. Lo que no se cuestiona en ellas, por implacables que puedan parecer, es el marco democrático-liberal en el que luchar contra estos excesos. El objetivo es democratizar el capitalismo, ampliar el control democrático sobre la economía a través de la presión de medios, investigaciones parlamentarias, leyes más estrictas, investigaciones policiales... Ahora bien, el sistema como tal no se cuestiona y su marco democrático institucional de Estado de Derecho sigue siendo la vaca sagrada que ni siquiera tocan las formulaciones más radicales de este «anticapitalismo ético», como el movimiento okupa.

El error que hay que evitar es el ejemplificado por la anécdota, apócrifa, tal vez, del economista keynesiano de izquierdas John Galbraith. Antes de un viaje a la URSS a finales de los 50, escribió a su amigo anticomunista Sidney Hook: «¡No te preocupes, no me voy a dejar seducir por los soviéticos y volver a casa diciendo que lo suyo es socialismo!». Hook respondió: «¡Pero si eso es lo que me preocupa, que regreses proclamando que la URSS no es socialista!». Lo que preocupaba a Hook era la defensa de la pureza del concepto: si las cosas no salen como deben al construir una sociedad socialista, eso no invalida la idea en sí, sólo significa que no se ha aplicado correctamente. ¿No detectamos la misma ingenuidad en los fundamentalistas del mercado?

Cuando, durante un debate televisivo en Francia, hace un par de años, Guy Sorman afirmó que democracia y capitalismo van forzosamente de la mano, no pude resistir hacerle la pregunta obvia: «Pero, ¿qué pasa con la China de hoy?». Replicó con gran brusquedad: «¡En China no hay capitalismo!». Para un pro-capitalista fanático como Sorman, si un país no es democrático, no es verdaderamente capitalista sino que practica una versión desfigurada del capitalismo. El error subyacente no es difícil de identificar. Es el mismo del chiste: «Mi novia nunca llega tarde a una cita porque, en el momento en que llega tarde, ¡ya no es mi novia!». Así es como el apologista del mercado explica la crisis de 2008: no fue el fracaso del libre mercado lo que la provocó sino la excesiva regulación. Es decir, el hecho de que nuestra economía de mercado no lo era de verdad sino que estaba bajo las garras del Estado de Bienestar. En los papeles de Panamá éste no es el caso. La corrupción no es una desviación contingente del sistema capitalista global, es parte de su funcionamiento básico.

La realidad que se desprende de los papeles de Panamá es la de la división de clases. Demuestran que los ricos viven en un mundo aparte en el que se aplican reglas diferentes, en el que el sistema legal y la autoridad de la policía están fuertemente tergiversados y no sólo protegen a los ricos sino que están preparados para retorcer de forma sistemática el imperio de la ley para complacerles a ellos. Recuérdese el chiste cruel de la película To Be Or Not to Be, de Lubitsch. Cuando se le pregunta acerca de los campos de concentración alemanes en la Polonia ocupada, el oficial nazi responde brutalmente: «Nosotros ponemos la concentración y los polacos, la acampada». ¿No puede predicarse eso mismo de la quiebra de Enron en 2002? No cabe duda de que los miles de empleados que perdieron sus puestos de trabajo y sus ahorros estaban expuestos a un riesgo. Pero lo cierto es que no tenían otra opción. El riesgo se les presentó como un destino ineludible. Aquellos que, por el contrario, tuvieron efectivamente una idea de los riesgos, así como la posibilidad de intervenir en la situación (los altos directivos) redujeron al mínimo sus riesgos al liquidar sus acciones y opciones antes de la quiebra. Vivimos en una sociedad de alternativas de riesgo, pero unos (los directivos de Wall Street) eligen las alternativas mientras que otros (la gente corriente que paga hipotecas) corren los riesgos.

Ya hay muchas reacciones de liberales de derechas a los papeles de Panamá que echan la culpa a los excesos de nuestro Estado de Bienestar (o a lo que queda de él). Como la riqueza está tan fuertemente gravada, no es de extrañar que haya quien trate de trasladarla a lugares con menores impuestos, lo que, en última instancia, no es ilegal. Por ridícula que sea esta excusa (lo que los papeles de Panamá revelan son transacciones que quebrantan la ley) este argumento tiene algo de verdad. En primer lugar, la línea que separa las transacciones legales de las ilegales se está volviendo cada vez más borrosa y con frecuencia se reduce a una cuestión de interpretación. En segundo lugar, los dueños de riquezas que las han trasladado a cuentas sin control y a paraísos fiscales no son monstruos codiciosos sino individuos que actúan como sujetos racionales que tratan de salvaguardar su patrimonio. En el capitalismo, no se puede tirar el agua sucia de la especulación financiera y mantener al bebé sano de la economía real: las aguas sucias son consanguíneas del bebé sano. No habría que tener miedo de llegar hasta el final en este caso. El sistema jurídico capitalista global en sí mismo es, en su dimensión más fundamental, corrupción legalizada

La cuestión de en qué punto empieza el delito (en el que las operaciones financieras son ilegales) no es por tanto legal sino eminentemente política, una cuestión de lucha por el poder.
Entonces, ¿por qué miles de empresarios y políticos han hecho lo que documentan los papeles de Panamá? La respuesta es la misma que la de la adivinanza jocosa y ordinaria: ¿por qué los perros se lamen los testículos (y los varones no lo hacemos)? Porque ellos pueden.

Slavoj Zizek, filósofo y crítico cultural, es profesor en la European Graduate School, director internacional del Birkbeck Institute for the Humanities (Universidad de Londres) e investigador senior en el Instituto de Sociología de la Universidad de Liubliana. Su última obra es Contragolpe absoluto. Para una refundación del materialismo dialéctico (Akal).

sábado, 27 de agosto de 2016

El Tribunal de Cuentas condena a un alcalde por enchufar a su mujer

 

 Público, 25-08-2016

Decidió contratarla como maestra de adultos, y después hacerla fija discontinua diez meses al año, sin convocar el obligatorio concurso de selección de personal que el ayuntamiento celebraba cada temporada.

 El exalcalde de Alhama de Aragón, Joaquín Antón, deberá devolver al ayuntamiento, de su bolsillo, 3.847 euros por el perjuicio que le causó al enchufar a su esposa, sin el preceptivo proceso de selección de personal, para dar clases de adultos. Así lo ha establecido en una sentencia el Tribunal de Cuentas, que declara al acusado “responsable contable directo” de un “alcance” al que añade 387,51 euros de intereses.

La sentencia tacha de “gravemente negligente” la conducta del alcalde: “no se abstuvo de participar en su contratación”, pese a tratarse de su cónyuge, y fue él quien decidió darle el empleo sin convocar el concurso de méritos que el ayuntamiento venía celebrando cada año para seleccionar a quien daría las clases

La decisión del Tribunal de Cuentas sobre el enchufe de Alhama, similar a la que tomó hace unas semanas con los exalcaldes populares de Vitoria Alfonso Alonso y Javier Maroto y siete concejales, en este caso por cargar al consistorio con un alquiler desmesurado para un edificio, supone un precedente para los pequeños municipios, cuya gestión también es supervisaba por este órgano de fiscalización.

De hecho, la resolución rechaza que la eventual falta de medios del ayuntamiento pudiera haber tenido alguna influencia en el asunto. Por el contrario, anota que esa presunta deficiencia organizativa, “lejos de ser una causa de exoneración” a la hora de ser exigente con la gestión de fondos públicos, “refuerza el deber de diligencia”: conociéndola, añade, el alcalde “debería haber extremado su cuidado para evitar el resultado dañoso en cuanto el riesgo era previsible debido, precisamente, a esa deficiente organización”.

Un sueldo de 18.000 euros brutos por dos tercios de jornada

El asunto de Alhama se remonta a septiembre de 2011, cuando el ayuntamiento, que tuvo como alcalde a Antón (Cha) desde junio de 2007 hasta que la oposición en bloque —PSOE, PP y Par— lo censuró el 28 de noviembre de 2012, contrató a la esposa de este sin un proceso previo de selección de personal para dar clases de educación de adultos. Iba a cobrar 18.034 euros —16.686 con Seguridad Social— por dos tercios de jornada entre septiembre y junio.

Sin embargo, unos meses después, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), tras
percatarse de que el ayuntamiento se había saltado la exigencia de realizar un concurso de personal para seleccionar a la maestra, inició un procedimiento para recuperar los 3.291 euros que llegó a transferir al consistorio, para el que había aprobado una subvención de 5.439,15.

La sentencia responsabiliza de ese perjuicio para el ayuntamiento a Antón, ya que “tenía a su cargo los caudales públicos de la corporación” y “debía rendir cuentas” de su gestión. “Ha quedado probado”, añade, que el alcalde “procedió a la contratación de la profesora, al reconocimiento de las obligaciones y al pago de gastos prescindiendo de la normativa reguladora del gasto en las corporaciones locales”.

Una decisión irregular que no fue debatida en el pleno

Antón sostuvo ante el Tribunal de Cuentas que la decisión de contratar a su esposa “sin la celebración de un concurso previo no se tomó individualmente, sino que fue compartida por los demás miembros del ayuntamiento, reunidos al efecto”, narra la sentencia, que rechaza que el asunto fuera tratado en el pleno municipal.

El exalcalde también alegó que, según una serie de consultas jurídicas que realizó personalmente, su esposa no solo debía ser contratada para el curso 2011-2012 sino que tenía que pasar a fija discontinua, mientras que convocar un concurso habría obligado a despedirla.

No obstante, la mujer tardaría un año en alcanzar ese estatus laboral. En septiembre de 2012 firmó un contrato indefinido válido para todos los años de septiembre a junio, aunque con una cláusula que supeditaba su continuidad a que se mantuviera la actividad. Para entonces, la Diputación ya estaba revisando la documentación en la que, antes de acabar ese año y después de la moción de censura, detectaría la falta del proceso de selección.

“Consecuencia del incumplimiento de las normas”

Tras devolver la subvención —3.291 euros más 168 de intereses— en 2013, Alhama dejó de pedir ayudas para formación de adultos, por lo que la esposa del ya entonces exalcalde dejó de prestar servicios al consistorio. Los juzgados de lo Social calificaron como improcedente su despido.

Según el exalcalde, el consistorio “tenía la obligación de contratar” de nuevo a su esposa porque llevaba cuatro años dando las clases. La Fiscalía, para quien “no todo daño en los fondos públicos da lugar necesariamente al nacimiento de responsabilidad contable”, respalda esa tesis.

La sentencia, sin embargo, llega a la conclusión contraria. Al final, indica, la contratación de la esposa del alcalde sin concurso de selección “supuso para el ayuntamiento la pérdida de una cantidad a la que tenía derecho (…) como consecuencia del incumplimiento de las normas reguladoras de la concesión de la subvención”, a lo que se une que, por ese motivo, “tuvo que reconocer obligaciones con cargo a su propio patrimonio y pagar determinadas cantidades en concepto de nóminas y cotizaciones sociales”.

 

miércoles, 24 de agosto de 2016

¿Puede la Administración declarar desierta la convocatoria de provisión de un puesto de trabajo por el sistema de libre designación cuando los candidatos presentados cumplen los requisitos exigidos?. ¿En qué circunstancias esta declaración puede plantear una desviación de poder?

 
Un Ayuntamiento convocó la provisión de un puesto de jefatura por el sistema de libre designación. Se presentó para cubrir la plaza un funcionario de la Corporación que ocupaba otro puesto de trabajo de similares características e idéntico nivel.
 
El Ayuntamiento declaró desierto la convocatoria de provisión  por el sistema de libre designación y lo justificó en el hecho de que nombrar al candidato presentado para el puesto de trabajo convocado, exigía una reorganización en la estructura municipal y nueva convocatoria para la provisión del puesto vacante, lo que producía un perjuicio.
 
El aspirante al puesto de trabajo convocado ha presentado recurso de reposición en el que alega que la resolución adoptada es arbitraria e incurre en desviación de poder y solicita que se anule.
 
El Ayuntamiento ¿está obligado a designar al aspirante que se presenta en una convocatoria como la planteadasi cumple los requisitos exigidos?.

jueves, 11 de agosto de 2016

Evasión fiscal: corrupción y redes mafiosas

La debilidad e insuficiencia del control de las instituciones europeas sobre el tráfico de capitales favorece la actuación de las redes transnacionales ilícitas, con escenarios de mayor corrupción y vulnerabilidad institucional

Ctxt 

 
1 de Junio de 2016
Según Cressey (1), la delincuencia organizada o crimen organizado contó desde sus inicios con un código cultural tradicional y jerárquico a partir del cual se diseñó una organización criminal capaz de operar en el mundo contemporáneo (2) muy cerca del tipo ideal que Max Weber atribuía a la burocracia legal-racional (3), por eso, durante mucho tiempo, no hubo ninguna diferencia entre empresas convencionales y empresas delictivas. 

“La experiencia tiende a demostrar universalmente que el tipo de Organización administrativa puramente burocrático, es decir, la variedad monocrática de burocracia es, desde un punto de vista técnico, capaz de lograr el grado más alto de eficiencia, y en este sentido es el medio formal más racional que se conoce para lograr un control efectivo sobre los seres humanos. Es superior a cualquier otra forma en cuanto a precisión, estabilidad, disciplina y operabilidad. Por tanto, hace posible un alto grado en el cálculo de resultados para los dirigentes de la Organización y para quienes tienen relación con ella. Finalmente, es superior tanto en eficiencia como en el alcance de sus operaciones, y es formalmente capaz de realizar cualquier tipo de tareas”. 

Todos los cambios que antes se observaban cuando un negocio que era el ilegal dejaba de serlo eran solo ajustes en el modus operandio en la tecnología y la red social que se veían  involucradas (4). Pero, en los últimos años y acorde con los tiempos de la globalización, dicha organización del crimen fue sufriendo una metamorfosis en su disposición, su alcance y su estructura; y hoy por hoy, los grandes capos o cárteles de capos, capaces de controlar  el tráfico de drogas a nivel mundial, y que se presentaban ante los medios de comunicación como lo hicieron en su día personajes como Pablo Escobar, ya pasaron a la historia. Aun así, el tráfico ilegal de cocaína continúa generando dinero negro, que de manera directa o indirecta o de forma diseminada, se incorpora diariamente a los cauces financieros globales mezclándose con dineros de procedencia lícita e ilícita. 

“Hartwell documentó entre 2004 y 2011 cientos de transferencias financieras realizadas por testaferros […] En la red de lavado de activos participaron comisionistas de bolsa, asesores financieros y prestanombres […] Un entramado de empresas fantasmas, licitaciones públicas inexistentes y contratos falsos, todo con el fin de blanquear al menos 6.7 millones de dólares” (5). 

En España, la transformación del denominado  crimen “organizado” (6)  en tramas ilegales y “alegales” (7) ha derivado de una mayor actividad e intervención de las redes españolas que actúan en Europa (8), con gran capacidad de maniobra en las instituciones políticas locales, y de incidencia en la economía sumergida, que se atribuye fundamentalmente a un  incremento importante de la corrupción en las organizaciones, tanto públicas como privadas, con la utilización de sus funciones y medios en provecho de sus gestores.  Ya en agosto de 2003 un estudio del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda situaba la economía sumergida en el 21% del PIB. 

“Ningún gobierno ha querido realizar hasta ahora un estudio en profundidad sobre la economía sumergida y el fraude fiscal existente en España. De esta forma, si no se reconoce el problema, no se tiene que justificar la falta de adopción de medidas para erradicar dicha lacra social”, aseguraba la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado en Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España, un documento de 32 páginas aprobado en noviembre 2007 y remitido al Gobierno español (9). 

martes, 9 de agosto de 2016

La cuestión moral en la política española

3 de Agosto de 2016

CTXT reproduce hoy la maravillosa entrevista de Eugenio Scalfari a Enrico Berlinguer que se publicó en La Repubblica el 28 de julio de 1981*, no porque creamos que la solución a los problemas políticos de España puedan encontrar salida en el eurocomunismo de los años 70 del siglo pasado, sino porque Berlinguer fue un analista político tremendamente perspicaz que supo identificar muy pronto el principal problema con el que estaba tropezando la política italiana: Los partidos, dijo, han ocupado todas las instituciones, desde los organismos locales hasta las empresas públicas, pasando por la televisión estatal y algunos grandes periódicos. La cuestión moral no se agota en el hecho de que si hay corruptos se debe desenmascararlos y meterlos en la cárcel. La cuestión moral tiene que ver con la ocupación del Estado. Los partidos solo pueden demostrar que son fuerzas de renovación si afrontan esa cuestión. “¿No ha llegado el momento de cambiar y de construir una sociedad que no sea un basurero?”, se preguntaba Berlinguer. 

Los españoles tienen hoy el mismo problema y la misma oportunidad de afrontarlo. La pregunta que debemos hacernos no es quién va a conseguir gobernar, ni si es tan urgente, sino si, por fin, va a ser posible obligar a los partidos políticos a abandonar esas prácticas de ocupación institucional, y si se va a conseguir modificar y democratizar su funcionamiento interno, de manera que no sea posible que actúen como corporaciones de intereses. Si, por fin, sometidos a un estrecha vigilancia por sus militantes y simpatizantes, se van a ver obligados a examinar los problemas de la gente, las exigencias y las necesidades humanas emergentes, si va ser posible cambiar la estructura organizativa de esos partidos para que, en lugar de comportarse como camarillas, sean formaciones capaces de ayudar a organizarse a los ciudadanos y a promover el desarrollo, la igualdad y la participación social.

¿A qué tanto ataque de nervios entre los santones de la política tradicional exigiendo un gobierno rápido, sea el que sea y pretenda hacer lo que pretenda hacer? ¿A qué tanto gran medio de comunicación, tanto gurú periodístico incapaz de formular una sola pregunta? ¿A qué tanta defensa y tanta urgencia de colocar a Mariano Rajoy de nuevo en la presidencia de la Moncloa?

¿Nada que exigir, señor González? ¿Ningún problema que se considere fundamental, señor Cebrián? ¿Basta con que gobierne quien sea, con tal que garantice que nadie va a mover el modelo basurero, que nadie va a intentar transformar ese sistema, cambiar las anquilosadas estructuras organizativas de los partidos, de manera que ya no se comporten como oscuras corporaciones --a veces, delictivas y mafiosas-- al servicio del poder económico y financiero?

Pues no es así. Claro que exigimos un cambio. Sabemos que ese cambio profundo será la única manera de afrontar los problemas de una sociedad cada día más desigual y angustiada, cada día más manipulada y desorganizada. El cambio empieza por el funcionamiento interno de los propios partidos, por la democratización de su sistema organizativo, pero continúa con nuevas prácticas parlamentarias, con el impulso decidido al desarrollo y la participación civil. Exigimos cambio, de presidente de gobierno, de reglamento del Congreso, de la ley de partidos, de la ley mordaza y de los mecanismos que permitieron a los partidos apropiarse de las instituciones, en lugar de servirlas. Queremos el regreso de la pasión política que Berlinguer defendía, porque creemos, como él, que esa pasión mejora la vida real de las personas reales. 

Porque sabemos que es urgente y necesario conocer y atender las nuevas necesidades de nuestra sociedad (necesidades que no es posible afrontar solo a través de instituciones nacionales sino también supranacionales) y movilizar a los ciudadanos para que puedan defender y ejercer sus derechos.

No pretendan decirnos que el camino es elegir rápidamente un gobierno presidido por quien sea. El camino es impedir que ese quien sea se apropie, con sus colegas, de las instituciones, hacerlas vivir de nuevo; y para ello, hay que acabar de una vez con los modelos organizativos de los actuales partidos políticos y regular su relación con las contrataciones públicas y las empresas concertadas. ¡Fuera! O no tengan duda de que nos terminarán comiendo o idiotizando.
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Fe de errores: en la primera versión, se decía 1991. La fecha correcta es 1981. 





viernes, 5 de agosto de 2016

Qué son los medios de comunicación

Juan Pedro Masdemont — ATTAC Andalucía

En general los análisis sobre los medios de comunicación adolecen de una grave ausencia de sentido crítico. La independencia y la pluralidad del sistema mediático suelen aceptarse sin discusión. Ciertamente existen otras líneas de análisis con perspectiva crítica: éstas suelen centrarse en qué se dice en los medios, cómo se dice, o quién forma sus audiencias y los efectos que producen en ellas. Pero realmente hay pocos estudios que se centren en qué son los medios de comunicación hoy en día, lo que nos permite entender mucho mejor el por qué los medios funcionan de la manera en que lo hacen. En las ciencias sociales hay una escuela de estudio que se ocupa de esta cuestión y que es bastante desconocida: la Economía Política de la Comunicación.

Los medios son ante todo grandes empresas que se mueven en un sistema capitalista. La integración de los medios en el sistema de mercado es hoy total y absoluta, tras el impulso definitivo que recibió en los años ochenta del siglo pasado mediante la aplicación de las políticas neoliberales en el sector y la paulatina desaparición de las normas que limitaban la concentración de la propiedad y el control por parte de compañías ajenas a la comunicación. La banca, los inversores institucionales, las grandes empresas y grandes fortunas se han ido haciendo con la propiedad de los grupos de comunicación. Es más, los grandes medios, como compañías que son, también se diversifican e invierten en otros sectores económicos, participando del entramado de capital que domina la economía mundial. E igualmente ocurre a nivel personal con los miembros de sus consejos de administración, ejecutivos empresariales y bancarios que repiten en otros muchos consejos.

A través de compras, ventas, fusiones de empresas, etc., hemos llegado a un panorama en el que un puñado de conglomerados mediáticos domina el mercado mundial de la información y la comunicación. Se estima que en la actualidad seis grandes compañías controlan más de la mitad del sector a nivel mundial (Time-Warner, Viacom, News Corporation, Comcast, Disney y Bertelsmann). Un escalón más abajo se encuentran otros grandes grupos mediáticos como Pearson, Sony, o los que dominan la estructura mediática en España, algunos de ellos curiosamente sin tener su origen aquí (lo que por otra parte tampoco dice mucho, pues como multinacionales que son tienen sus propietarios y sus clientes repartidos por el mundo). La televisión española tiene en este momento, sin contar a RTVE, únicamente dos dueños: Mediaset, el grupo de Silvio Berlusconi (Telecinco, Cuatro, La Siete, Energy…), y Planeta, del marqués José Manuel Lara Bosch (Antena3, La Sexta, Neox, Nova, Nitro… también la enorme editorial homónima, en radio Onda Cero, y el periódico La Razón). En prensa, radio y demás encontramos también a Prisa (El País, Cadena Ser, la plataforma Digital+ …), que pertenece desde finales de 2010 al fondo de inversión Liberty Adquisition Holdings; Unidad Editorial (editora de El Mundo y Marca entre otros), que es propiedad del grupo italiano Rizzoli Corriere della Sera; Vocento (ABC y varios periódicos regionales y locales), participada por varias familias históricas españolas como los Ybarra y los Luca de Tena junto con, entre otros, el BBVA; o el Grupo Intereconomía (La Gaceta, IntereconomíaTV) del empresario Julio Ariza Irigoyen junto a otros grandes empresarios y financieros.

Hay que resaltar también la importancia de la publicidad. Cuando la comunicación empezó a industrializarse en la segunda mitad del siglo XIX, con el consiguiente aumento de los costes de producción, comenzó a quedar claro que los periódicos sin publicidad no eran económicamente viables. Los anunciantes son la principal y determinante (casi única en realidad) fuente de ingresos de los medios masivos. Uno de los académicos pioneros en el análisis de la comunicación desde la Economía Política, Dallas Smythe, consideró que la función de los medios es crear bloques de audiencias para venderlos a los anunciantes, asegurando de este modo la propensión al consumo. Por lo que es primordial no disgustarlos con los contenidos y las informaciones que se ofrecen, pues lo lógico es que rechacen publicitarse en medios ideológicamente enfrentados a ellos, o que consideren perjudiciales para sus intereses. ¿Y quiénes son los mayores anunciantes? Pues la banca y las grandes empresas.

Una vez enmarcadas adecuadamente dentro del contexto socioeconómico en el que operan, se puede entender cuál es el objetivo principal de las empresas mediáticas: favorecer los intereses de sus dueños y anunciantes. Por un lado, evidentemente, la principal consigna a seguir es centrarse intensivamente en la rentabilidad. En ese sentido funcionan igual que el resto de grandes empresas: obtener los mayores beneficios económicos con el menor gasto posible. Por otro lado, los medios de comunicación tienen un valor especial e incalculable: distribuyen la información entre la población, y aún más, educan, transmiten valores, creencias y códigos de comportamiento. Quien controla los medios de masas controla la distribución de mensajes e ideas. Se puede decir que tienen, además de rentabilidad económica, una rentabilidad ideológica. En manos de las grandes compañías los medios reproducen la visión del mundo que encaja con los intereses de sus amos, educan en los valores del llamado “libre mercado”, una denominación errónea a la vista de la estructura y el funcionamiento de los diferentes sectores económicos, entre ellos por supuesto el mediático: si fuera libre cada uno de los miles de periódicos, revistas, emisoras de radio y de televisión, editoriales, etc., que existen tendría un dueño, con lo que habría miles de dueños individuales y se podría abarcar todo el espectro de ideas políticas y sociales para distribuirlo entre la población, y al ser empresas más pequeñas podrían entrar nuevos empresarios en el mercado con ideas nuevas. Hablamos de los valores de un sistema capitalista cuya dinámica sólo puede favorecer el poder de las grandes empresas y fortunas, el gigantismo empresarial, el oligopolio, la concentración de la riqueza en pocas manos. Eso que autores de referencia como Ignacio Ramonet han denominado pensamiento único.

Las grandes empresas son las vacas sagradas de los medios. Sus conductas ilegales suelen ser ocultadas a la opinión pública: explotación laboral, daños medioambientales, evasión fiscal, manipulación de precios… En el clima mediático se convierten en las campeonas de la “marca España”. Las páginas de las secciones de economía consisten principalmente en propaganda de las grandes compañías en forma de boletines de prensa que se publican sin cambios importantes o bien textualmente: tal compañía ha obtenido tantos miles de millones de beneficios, superando al año anterior, gracias a su diversificación… Todos los días aparecen las cotizaciones del mercado de valores, aunque el porcentaje de hogares que juega en bolsa sea mínimo (sólo lo hacen los más adinerados). El IBEX-35 es para los medios el principal indicador de la marcha de la economía, cuando en realidad sólo lo es de la marcha de estas grandes empresas, que como mencionamos antes de españolas tienen muy poco, al igual que muy poco aportan a nuestra economía, más bien la arruinan defraudando y evadiendo capitales o destruyendo empleo.

Mención aparte merecen en estos tiempos la banca y los inversores financieros. Además de por ser accionistas y grandes anunciantes, los bancos controlan a las empresas mediáticas a través de la deuda. Éstas deben negociar con ellos para conseguir créditos, y como el resto de la sociedad suelen tener grandes deudas. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria en el Estado español los medios convirtieron la causa en consecuencia: la crisis fue la causante de que las empresas inmobiliarias y la banca quebraran, cuando fue todo lo contrario, fue causada por ellos. No se observa análisis crítico alguno en las informaciones sobre los rescates de las entidades financieras y las colosales inyecciones de dinero público, o sobre la relación de estas entidades con los paraísos fiscales, a los que mantiene y explota para beneficio de sus más adinerados clientes (mafias incluidas) y del suyo propio. Mientras se silencia la especulación financiera con la deuda pública, los alimentos, la energía, etc., apenas se publica algún breve artículo con la manipulación de los índices de referencia para créditos como el Euríbor y el Líbor, y en el asunto de las preferentes y otros productos financieros colocados con mentiras a millones de pequeños clientes y ahorradores y que les han llevado a la ruina, nunca aparecen las palabras fraude o estafa, sino que es una cuestión de productos complejos.

Así que la culpa de todo está en el excesivo gasto público. Esa es la idea que defiende la inmensa mayoría de columnistas y tertulianos de los grandes medios. Sin importar que los datos desmientan absolutamente tal afirmación, defienden como inevitables los durísimos recortes a los servicios públicos y la terrible pérdida de derechos económicos y sociales en la que estamos sumidos. La aparente amnesia sobre el origen del déficit y la deuda pública en el rescate al sistema financiero es orwelliana: sólo sin memoria se puede justificar la destrucción de la sanidad, la educación y las pensiones públicas. Y por supuesto, el empleo: parece que el concepto pleno empleo ha desaparecido de la memoria colectiva. En cambio las reformas laborales que se ceban en las condiciones y salarios de los trabajadores y facilitan su despido, y que aumentan aún más el desempleo, son necesarias para dinamizar la economía. En fin, sólo hay un grupo que se beneficia de todas estas políticas: el del capital, el de los bancos, grandes empresas y fortunas, ésos “mercados” a los que hay que calmar. Los dueños de los medios.

Habrá quien argumente que las recientes revelaciones sobre corrupción en el partido gobernante del Estado español prueban la independencia mediática. Pero recordemos que la vaca sagrada es el poder económico, no la clase política. Los medios, habitualmente, necesitan establecer buenas relaciones con los partidos de gobierno pues requieren legislaciones favorables en su sector, autorizaciones, concesiones de licencias… Pero si consideran que el gobierno va a perjudicar sus intereses no dudarán en atacarle. Y seguramente en estos momentos los grupos que poseen los dos diarios de referencia a nivel estatal consideren que la situación actual del Partido Popular y su creciente impopularidad pueden tener efectos políticos imprevisibles y muy negativos para sus intereses económicos. Además resulta muy revelador que las tintas se carguen sobre el tesorero del partido y los altos cargos implicados, mientras pasa casi desapercibido el hecho principal, es decir, que son grandes empresas las que financian ilegalmente al partido gobernante para recibir sus favores y sus contratos públicos.

También suele argumentarse que la honestidad y la profesionalidad de los periodistas sirven de barrera contra las maniobras de los propietarios. Esto es bastante ingenuo. Se cuentan por miles los casos de despidos y traslados de periodistas y directores de medios que han ido en su trabajo contra los intereses de sus propietarios. Y es muy extraño que una compañía nombre como director a alguien al que consideran contrario a sus deseos. De nuevo resultan reveladores los continuos ERES y la degradación de las condiciones laborales en las principales empresas de medios. La excusa que aparece de forma apabullante en los propios medios es su supuesta crisis debida al desarrollo de las nuevas tecnologías que están acabando con los formatos tradicionales y produciendo pérdidas enormes. Pero esta idea no se sostiene, los datos de los ingresos en los grupos mediáticos españoles desde el año 2007 hasta la actualidad muestran cierta disminución (y no en todos los casos, al Grupo Planeta le ha ido muy bien), pero hablamos de ingresos de cientos o miles de millones de euros anuales, nada tan dramático como para justificar los decenas de miles de despidos en los últimos años. Lo que está pasando tiene mucho más que ver con la dinámica normal de las grandes empresas, con ganar más gastando menos. Y además sirve para disciplinar a los periodistas, que reciben el mensaje claro de que para salvarse del despido es mejor que sigan la línea adecuada y se autocensuren si así se requiere.

Hay que reconocer que no todos y todas las periodistas se someten a este funcionamiento. Estamos viendo ejemplos de nuevos medios que, de forma modesta y utilizando fundamentalmente internet y las nuevas tecnologías, se abren paso añadiendo pluralidad ideológica, retrospectiva y análisis contextualizado al conjunto del sistema. Algunos de ellos fundados por periodistas y trabajadores despedidos hace poco por algún gran medio. Pero como diría el profesor Ben Bagdikian, es bastante difícil que la mayoría de la sociedad escuche estas voces minoritarias en el estruendo producido por los grandes medios. La lucha existe y está ahí, pero es sin duda desigual. La situación sólo podrá cambiar cuando exista la voluntad política de acabar con el carácter de negocio que tienen en estos momentos la información y la comunicación, con el dominio privado sobre un bien que es público (o común), un derecho humano.

Notas
(1) Para profundizar en ese proceso, véase Edward S. Herman y Robert W. McChesney, Los medios globales: los nuevos misioneros del capitalismo corporativo, Editorial Cátedra, Madrid, 1999.
(2) Recomendamos dos trabajos de referencia: el de Noam Chomsky y Edward S. Herman, Los guardianes de la libertad: propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas, Crítica, Barcelona, 2009; y el de Ben H. Bagdikian, El monopolio de los medios de difusión, Fondo de Cultura Económica, México, 1986.
(3) Dos estupendos trabajos recientes sobre los grupos mediáticos a nivel mundial y estatal son: Ramón Reig, Los dueños del periodismo: claves de la estructura mediática mundial y de España, Editorial Gedisa, Barcelona, 2011; y Pascual Serrano, Traficantes de información: la historia oculta de los grupos de comunicación españoles, Editorial Foca, Barcelona, 2012. En el blog La mirada del mendigo se puede encontrar una fantástica infografía que explica de manera sencilla la distribución de la propiedad mediática en el Estado español (http://esmola.wordpress.com/2012/07/09/los-duenos-de-la-informacion-ii/)
(4) La trayectoria reciente del grupo Prisa es un ejemplo perfecto. Siendo una empresa en quiebra, que llegó a alcanzar una deuda de 5.000 millones de euros, fue comprada a pesar de ello por un fondo de inversión. Y en 2014 tres importantes bancos, el Santander, Caixabank y HSBC, tendrán el 20% del capital del grupo tras canjear deuda que mantenía con ellos por acciones (Periodista Digital, 18 de julio de 2012:http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2012/07/18/mongolia-propiedad-medios-banca-capital-prisa-vocento-planeta-unidad-editorial.shtml). ¿Por qué apoyar así a una empresa en quiebra? Seguramente porque les interesa controlar al grupo con el mayor periódico del Estado y la emisora de radio con más audiencia.
(5) Ignacio Ramonet, “Pensamiento único y nuevos amos del mundo”, en Cómo nos venden la moto, Editorial Icaria, Barcelona, 2005.
(7) Varios países de América Latina con gobiernos más o menos de izquierda, como Argentina, Bolivia y Ecuador están aprobando en los últimos años leyes de comunicación que marcan un camino posible para democratizar el ámbito mediático y acabar con el dominio del sector privado sobre el mismo. En particular la ley recientemente aprobada en Ecuador avanza de manera muy importante hacia este objetivo; por supuesto los propietarios de medios y organizaciones empresariales, tanto de allí como internacionales, han atacado furiosamente esta ley asegurando que acaba con la libertad de expresión. Para conocer su contenido recomendamos este artículo de Pascual Serrano (eldiario.es, 29 de junio de 2013: http://www.eldiario.es/zonacritica/Ecuador-Ley-Organica-Comunicacion-presentaran_6_148095194.html).

miércoles, 3 de agosto de 2016

La meritocracia es un bien escaso en España


lamarea.com

La periodista Eva Belmonte desgrana en ‘Españopoly’ las estrechas relaciones de poder la clase polícia y empresarial y la importancia de haber estudiado en el Colegio del Pilar de Madrid.



¿Quién manda en España? La periodista Eva Belmonte lleva años obsesionada con esta pregunta. Para ello, a diario desgrana el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su blog elboenuestrodecadadía.com. Belmonte dirige proyectos en la Fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro que lucha por una sociedad más transparente y que ha colaborado en la edición de Españopoly (Ariel). En el libro, Belmonte hace un minucioso recuento de las relaciones de poder entre la clase política, empresarial y mediática que domina las estructuras en este país desde la Transición.
¿Quiénes y cómo son los jugadores de Españopoly?
Son hombres, son viejos, muchos han ido al mismo colegio y mantienen un entramado de asociaciones y fundaciones varias, como el Foro Puente Áreo o la Asociación Española de la Competitividad, que tiene como patrono al rey. Son en su inmensa mayoría hombres porque las empresas familiares suelen heredarlas los hijos varones.
¿Y cómo se entra en este club?
Hay varias vías. Puedes nacer en una familia con apellido ilustre, puedes ir a un colegio donde te mezclas con los hijos de estas familias como es el Pilar de Madrid, o puedes ascender a través de las filas de un partido político sin molestar a nadie. Claro que también hay gente que ha salido de la nada y ha llegado a hacer algo muy grande.
En el libro se nombra la impresionante cantidad de empresarios y políticos que estudiaron en el Colegio del Pilar en Madrid, como José María Aznar, Juan Miguel Villar Mir o Luis María Anson. ¿Sigue siendo el principal centro de formación de élites?
Sigue igual. Lo que pasa es que ahora las escuelas de negocios tienen un peso importante. Los nuevos líderes, los herederos, han estudiado fuera, en EEUU o Londres, donde han ido a escuelas de negocios. Se está creando un segundo núcleo en la educación. Hasta ahora sólo lo era el Pilar.
¿En estos centros de élite es más importante lo que te enseñan o los compañeros de clase que conoces?
Depende. Podemos pensar que en el Pilar tienen una educación estupenda y por eso de allí salen tantos ministros, pero no parece que sea un centro que destaque tanto por su calidad frente a otros. Por eso parece importante la red de contactos que se forja allí.
Como cuenta en el libro, también hay casos de gente que viene de orígenes humildes y se ha ganado una gran fortuna, como Amancio Ortega, que empezó con una pequeña tienda de textil para crear Inditex. ¿Al margen de las élites, funciona la meritocracia en España?
Muy poco. Todo el mundo cita siempre el ejemplo de Amancio Ortega porque no tenemos muchos más. Muchos grandes empresarios en este país han tenido un cargo público antes. Muchos empresarios que salieron durante la Transición habían tenido cargos públicos durante la época franquista. La meritocracia es un bien escaso en España, especialmente en lo privado pero también en lo público porque las estructuras de los partidos políticos son muy cerradas. El que crea conflicto es expulsado en seguida, incluso en los nuevos partidos. Al final triunfa el que menos molesta.
¿Para hacer negocios hace falta tener buenos contactos con la política?
Eso depende mucho del sector. En energía dependes mucho de los que hacen las leyes, también en la banca y los medios de comunicación. En construcción sin la obra pública no pasas de tener cinco empleados.
Cita ejemplos de periodistas que están vinculados a estas mismas élites, como Juan Luis Cebrián y Luis María Anson. ¿Es preocupante?
Sí. Los vínculos son preocupantes. Luis de Guindos, por ejemplo, estuvo en el consejo de administración de Unidad Editorial, que edita El Mundo, antes de ser ministro. En el de Prisa también hay expolíticos. Los medios dependen mucho de las ayudas públicas. La Junta de Andalucía paga a El País por repartir el periódico en los colegios públicos. Y luego está la publicidad institucional que no reparte siempre siguiendo criterios de audiencia. Ahora, en el debate sobre la reforma de la propiedad intelectual el Gobierno tiene un único interlocutor, que es la Asociación de Medios, donde sólo están los grandes de pago.
En el epílogo es muy crítica con la Ley de Transparencia y otras medidas que ha tomado el Gobierno en estas materia. ¿Por qué considera que son insuficientes?
Primero, porque no se considera el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental como hacen otros países. Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber qué hace el gobierno que hemos elegido con nuestro dinero. Se trata de una ley básica, ni siquiera es una ley orgánica. Luego la Ley de Transparencia tiene una lista tan larga y tan bestia de excepciones, como los “intereses comerciales”, donde entra lo que tú quieras que entre. Está en vigor desde septiembre y yo aún no he visto una buena respuesta a una solicitud de información.
¿Lo ha intentado también?
Todo el tiempo, tanto solicitudes propias como preguntas de los ciudadanos que mandamos a través de Civio. Hay algunas respuestas, pero muy pocas. Incluso sobre temas que ya han sido publicados a veces no dan respuesta. La ley es muy mala.
¿Dado que en otros países la transparencia funciona mejor, hay alguna explicación cultural a la reticencia en la clase política española?
Algo hay. En los países anglosajones, los ciudadanos tienen más claro que estos señores trabajan para mí, así que tengo derecho a saber qué están haciendo. Y los políticos allí saben que los casos de corrupción se van a penalizar y les pasan factura. En España a ningún gobierno le ha derrumbado un caso de corrupción. Aquí no te hace perder votos de forma clara. Eso tiene que ver con la división en dos bandos donde una acusación de corrupción es percibida por ambos lados como un ataque exterior. Así que hay una parte cultural y hace falta pedagogía para explicarlo. Yo creo que las leyes pueden cambiar la cultura. Lo hemos visto con la ley antitabaco. ¿Quién se hubiera imaginado que los españoles serían capaces de dejar de fumar en los bares? También el carnet de puntos ha reducido drásticamente el número de gente que bebe y conduce.
¿Qué esperanza le dan los nuevos partidos como Podemos o Ciudadanos que prometen cambiar estos defectos?
En términos de transparencia, Podemos está haciendo un ejercicio importante. Ciudadanos menos, tardan muchísimo en publicar su presupuesto. Habrá que ver qué pasa, pero yo no me fío de nadie hasta verlo. Me preocupa que en Podemos, si lleva un tiempo en el poder, veremos las mismas estructuras de relaciones previas, en su caso del ámbito de la universidad.
¿Cuáles deberían ser las primeras medidas en materia de transparencia del futuro gobierno?
Publicar las agendas de los altos cargos públicos para ver con quién se reúnen durante un proceso legislativo. Luego, hay que tomarse más en serio la Ley de Transparencia y dotarla de recursos. Y se deben abrir las instituciones y que más gente pueda participar en el proceso legislativo. Ahora, las leyes se publican una vez que está aprobado el proyecto ley.
¿Y el indulto?
Habría que eliminarlo. Yo entiendo que el indulto tiene sentido cuando las reformas penales no llegan a tiempo para determinados casos. En cualquier caso tiene que ser el poder judicial que los decida, como el Tribunal Supremo, pero no el gobierno.