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lunes, 19 de agosto de 2019

EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: ¿DÓNDE ESTÁ EN EL EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA?

Jorge Fondevila Antolín 
ALetheia CUADERNOS CRÍTICOS DEL DERECHO
Págs. 157‐192 

"Difícilmente vamos a poder salir de este cenagal de corrupción si además de las necesarias actuaciones judiciales no se regenera y profesionaliza la función pública, es decir, en los puestos de trabajo de media y alta responsabilidad en las Administraciones Públicas, su ocupación no puede estar dependiendo de la decisión caprichosa o interesada del órgano político de turno, pues la realidad de estos más de treinta años de experiencia, nos confirma que el criterio esencial para muchos de los nombramientos no ha sido ni el mérito ni la capacidad, sino simplemente la actitud del funcionario para ser “dócil y flexible” ante las pretensiones del órgano político y, además, a esto podemos añadir que, para conseguir la cuadratura del círculo, nada mejor que el candidato fuera miembro o simpatizante del partido gobernante, lo que por sí mismo, no es malo, pero el problema es el uso de esas situaciones. No podrá regenerarse y limpiar la corrupción en nuestras Administraciones Públicas sin una reforma profunda tanto de la selección para el acceso al empleo público como de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo; resulta escandaloso que a estas alturas, tras ocho años desde la aprobación de la Ley 7/2007 EBEP, todavía no se haya dado un paso real y efectivo para la profesionalización del personal directivo en las AA.PP.4 , solo “humo controlado”, como por ejemplo la reciente reforma de la Ley 27/2013 LRSAL a la Ley 7/1985 LRBRL, donde se anuncia una profesionalización de los directivos, pero para el acceso a los puestos no hay criterios objetivos y profesionales sino mero “placet discrecional” de carácter político, además de manifestaciones de cinismo, como, por ejemplo, anunciar que se refuerza el papel de los habilitados nacionales y a continuación ampliar el número de Ayuntamientos donde la provisión del puestos será por libre designación."

miércoles, 14 de agosto de 2019

Los bajos fondos del poder

Gusta mucho al personal enseñorearse con la casta política salida de la Transición mientras la universidad, la judicatura o el periodismo siguen siendo temas intocables
Aguda, muy aguda, ha sido la utilización de la expresión “cloacas del Estado” para cubrir las demás inmundicias del poder. La inventó mi antiguo amigo Jaume Roures, ahora convertido en el muñidor de los “medios” del independentismo. Con ello ha conseguido ocultar, gracias al manto de las simplificaciones, todo el manejo de los bajos fondos de las instituciones. Lo suyo ha sido una hábil operación de corrupción de mayores.
Cuando alguien alude a la segunda gran cueva de mafiosos políticos -la primera la ocupa por derecho propio el PP-, la que conformaron los gobiernos de la Convergencia de Jordi Pujol y aledaños, ¿tendría algún sentido referirnos a las cloacas del Estado? Ninguno, porque trataban no solo de sustituir al existente sino de ir creando uno nuevo. La “policía política”, si es que hay alguna policía que no sea política salvo en el salvífico candor de Pablo Iglesias, ha existido en Cataluña desde 1980, y si no que se lo pregunten a Miquel Sellarés o a Antoni Batista, que pergeñaron los primeros proyectos en los que quedaba muy claro el gremio periodístico como vital para un control paralelo al del Estado. En Cataluña desde entonces siempre han coexistido dos cloacas, pero no precisamente del Estado.
Lo de Francisco González en el BBVA, como los ya tan olvidados chantajes de Mario Conde y el excoronel Perote que pusieron en un brete a las más importantes instituciones, no tienen apenas que ver con las “cloacas del Estado”. Otra cosa es que aspiren al gobierno, o al monopolio de su ejercicio. Por eso me parece más exacto, aunque menos espectacular, referirse a “los bajos fondos”, porque en esas operaciones de mentiras e intoxicaciones informativas no son las ratas las que se mueven a su antojo, sino que se asientan en el poder omnímodo, gansteril, de los capos. Igual que ocurre en los bajos fondos; unos mandan y otros ejecutan.
El mundo del deporte es un semillero de corrupción y mordidas que deja chico al que se practica en la política. Es lógico, mueve más millones y está construido sobre una fe especialmente adaptada para cándidos y descerebrados. Como la gente no puede vivir sin dioses, y pasamos por tiempos de creencias líquidas, de baja calidad y espirituosas como la cazalla, los partidos de fútbol han venido a sustituir a los partidos políticos, haciendo verdad aquella salida para zotes repetida hasta la saciedad por el franquismosociológico: yo no creo en la política, solo me preocupo por mi equipo.
No es extraño que Eduardo Inda, “el bienpagao” de los bajos fondos, haya hecho casi toda su carrera como periodista deportivo, en Marca, nuestro New York Times de la clase política impuesto por Florentino Pérez, político fracasado en las urnas, y por Mariano Rajoy. Tampoco es extraño que Antonio García Ferreras, factótum de “La Secta” y veterano cronista de fútbol, también de la cantera de Florentino, haya demandado ante la víctima, Pablo Iglesias, que a su calumniador profesional, el tal Inda, le sea concedida “la presunción de inocencia”.
Diálogo histórico en vivo y en directo el de Ferreras e Iglesias, que en un país normal y no dominado por los bajos fondos habría provocado páginas y comentarios. La Sexta, pillada en la inconsistencia de su parcialidad, echa mano de su hemeroteca y reproduce la supuesta inclinación hacia Pablo y “Nosotras”. Ya el gesto es como para inquietarse. O sea, que somos parciales a vuestro favor, pero ya sea porque no saben ni pueden reproducen imágenes equívocas de la preferencia del calumniador sobre el calumniado, quizá porque la mejor noticia es una mentira fabricada. Pero añade algo que aún hoy me asusta sobre el peso de los bajos fondos. Ferreras dice con voz entrecortada: “Yo solo vi a Villarejo tres veces”, pero lo hace con la misma consistencia con que hubiera dicho treinta y tres. Ahora bien, lo que nadie le ha preguntado a Ferreras, y sí lo hubiera hecho con cualquier líder político, es para qué te has entrevistado tres veces o treinta y tres con un veterano de los bajos fondos. Para darle tú información o para que te la diera él. Nadie toma café con un delincuente para preguntarle cómo anda de salud y qué tal le va con su mujer, Gemma Alcalá, si no tiene en la mente otras intenciones.
Nunca, o casi nunca, para evitar las malandanzas de la memoria, los bajos fondos de los medios de comunicación han salido a la luz pública
Nuestro mayor problema no está en que no sepamos sino en que no queremos saberlo. Ha caído como del cielo, que no otra cosa es ser alto cargo en Moncloa, Alberto Pozas. Otro vieux routier de los bajos fondos. Ya tienen que ser evidentes las pruebas para que un tipo como Pozas reconozca que le dio un pendrive de información a Villarejo. Un director de información de Moncloa pasando material sensible a un capo de los bajos fondos.  Este antiguo director del semanario Interviú, único dato con el que se conformaron todos los medios de comunicación, ya estaba trabajando para el Gobierno socialista en la época de los GAL. Pero ¡silencio!, entre bomberos no se pisan las mangueras. Nadie pregunta nada porque nadie quiere saber nada de uno de los nuestros. ¿No les recuerda una antigua película sobre la mafia norteamericana? Pues arruinaditos y todo, con salarios de subsistencia y precariedad, competimos en bajos fondos con los grandes.
Gusta mucho al personal enseñorearse con la casta política salida de la Transición, y no sin motivo. Pero la universidad, la judicatura o el periodismo son temas intocables y con tanto o mayor motivo que el de la casta que en apenas unos años ha quedado obsoleta de tanto ensancharse. Nunca, o casi nunca, para evitar las malandanzas de la memoria, los bajos fondos de los medios de comunicación han salido a la luz pública. De vez en cuando te vienen ramalazos de recuerdos y cuando los dices escuchas hasta el silencio del interlocutor que hubiera preferido no oírlos.  
Nadie pidió nunca al ministro de Educación, el socialista Maravall, los nombres de los seis, digo bien, seis, periodistas que cobraban del erario público en la época de UCD al tiempo que ejercían de columnistas seráficos. Entonces no atisbábamos las razones y es que vendrían otros seis de su propia mano. La primera gran operación de los bajos fondos que recuerdo la perpetraron la SER y El País en mayo de 1991, dirigido el periódico entonces por Juan Luis Cebrián. Se trataba de una cinta pirata de diálogos sobre el ministro Solchaga y Felipe González tomada desde el coche de Txiki Benegas. Dijeron que les había llegado por casualidad.

martes, 6 de agosto de 2019

IBEX 35 Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IBEX 35 Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN

  • Por  (Ex presidente de CEPES y ex miembro de Mondragón Corporación Cooperativa)
     
    19 Julio, 2018
    El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (www.obserctoriorsc.org) es un órgano compuesto por entidades de la sociedad civil que tiene por objeto ser la voz de ésta en los temas de la empresa que le afectan. O, lo que es lo mismo, analizar la acción de las empresas desde la óptica de sus responsabilidades en los impactos que su acción provoca en la sociedad. Así se entiende la Responsabilidad Social Corporativa.
    Todos los años el Observatorio realiza una investigación sobre los informes de las empresas del Ibex-35. Este año lo ha hecho sobre “La gestión de los riesgos de corrupción”[1]. Para ello se apoya en diversas variables cuantificadas y verificables desde las que analiza los informes de estas empresas. Los resultados los intenta comparar con otros informes de entidades europeas. Por ejemplo, Transparencia Internacional que, en su reciente “Informe Global de la corrupción 2007”[2], demanda la necesidad de que las empresas sean independientes, transparentes y rindan cuentas, entre otras exigencias. No se analiza la corrupción sino los instrumentos que tienen (o deberían tener) las empresas del Ibex-35 para impedirla o para prevenirla. Lo que es importante, pues si no existen frenos que realicen el papel de parar esta forma opaca y perversa de la acción empresarial la tentación de caer en sus métodos será fácil y frecuente si, con ello, se consiguen posicionamientos en el mercado que no se adquirirían desde el comportamiento normal[3].
    Estos frenos se identifican con cinco variables (coherencia institucional, fiscalidad y blanqueo de capitales, debida diligencia, rendición de cuentas) que son puntuadas de 0 a 4 (siendo 0 la no realización y 4 su aplicación óptima). Cuantificadas, pues, estas variables y analizada su media, la empresa que más puntuación media obtiene llega a 1,18 y la que menos se queda en 0,12. Lo que apunta a una debilidad orgánica respecto a la gestión de riesgos de corrupción. Ninguna “aprueba”. Si a ello se une que estas empresas están normalmente en países con riesgo extremo, o alto, de corrupción (que el estudio cita e identifica perfectamente) se puede concluir que la tentación está servida. Alguna de estas empresas actúa en diversos países y bajo múltiples empresas participadas.
    La normativa platea la necesidad de tener consejeros independientes, que no se deban a intereses distintos de la buena gestión empresarial. Evidentemente, estos consejeros no deberían generar relaciones internas en la empresa que les descalifique como independientes. El 85% de estas empresas aporta algún tipo de información sobre la Independencia de este tipo de consejeros, pero, de éstas, solo el 24% afirma que se seleccionan sin interferencias internas. Y ninguna contempla que este tipo de consejero deba contar con el acuerdo de los accionistas minoritarios. Tan solo 5 empresas dicen generar acciones formativas para estos consejeros, pero ninguna dice en qué consisten estas acciones. La Ley de Sociedades de Capital regula que estos consejeros no deben estar más de 12 años, pero solo una empresa afirma haber establecido un periodo menor.
    Por otra parte, el informe dice que 21 de las 35 empresas cuentan con consejeros que ocuparon cargos en la Administración Pública en los últimos 10 años. Las llamadas “puertas giratorias” funcionan. De estas 21, en 17 empresas estos consejeros tienen la condición de independientes. Y de las 35, tan solo 7 aportan información sobre su inscripción en los registros de “lobbies” (registros de transparencia). Solamente 13 empresas cuentan con una política específica en materia de corrupción, aunque tan solo tres extienden este compromiso a proveedores y socios comerciales.
    Hay un aspecto, dentro de los riesgos de corrupción, que se identifica como “pagos de facilitación” (o pagos de agilización), que Transparencia Internacional entiende como los pagos realizados con el fin de asegurar, o acelerar, la ejecución de un acto habitual, o necesario, al que ya tiene derecho quien realiza el pago. Identificar este comportamiento es especialmente importante en las zonas (países) con riesgo extremo, o alto, de corrupción. Pues solo 20 empresas informan de su postura en este tipo de sobornos, de las que 8 extienden este compromiso a sus socios comerciales y reconocen las situaciones en las que no se pueden evitar este tipo de pagos. La falta de homogeneización y/o de generalización en la tipificación de los pagos de facilitación (una empresa puede actuar, a la vez, en países donde esté prohibido y en países donde estén permitidos bajo ciertas circunstancias) hace que las empresas deberían actuar con especial diligencia, por lo que la inclusión de este compromiso en sus normas de procedimientos se hace imprescindible. O se debería hacerse imprescindible si se quiere evitar el “pago de facilitación”.
    Solamente 9 empresas, de las 35, aportan información sobre sus programas anticorrupción, aunque la información que dan no es relevante y está relacionada con escaso detalle, sin especificar líneas de actuación basadas en mapas de riesgo, prioridades concretas, recursos destinados, líneas de negocio afectadas… etc. Para complementar estos programas, donde los haya, se precisaría actividades formativas o de sensibilización a empleados, directivos y/o consejeros. Pero tan solo 10 empresas dicen hacer algún tipo de acción formativa, sin especificar materia, afirmando únicamente hacer esa formación sobre códigos de conducta en general. Lo que revela bastante abstracción, al menos desde lo que las empresas cuentan en sus declaraciones. “La información no permite conocer, dice el Informe, exactamente cómo la empresa gestiona los riesgos de corrupción a lo largo de su cadena de suministro, o si efectivamente controla y verifica la inexistencia de incumplimientos por parte de terceros dentro de la cadena, o si cuenta con mecanismos para responder a eventuales casos”.
    Hay un dato significativo, que es cómo estas empresas cuentan su actividad en paraísos o nichos fiscales. El Informe afirma que hay una estrecha relación entre la operativa a través de paraísos fiscales y las actividades ilícitas derivadas de prácticas corruptas o malas prácticas mercantiles. El 75% de los casos de corrupción se produce a través de empresas registradas en paraísos fiscales, según Transparencia Internacional. Estas zonas de evasión fiscal son un elemento necesario para la acción de corrupción. Dada la importancia de este tema, solo 10 empresas de las 35 señalan expresamente su presencia en estas zonas y 2 hablan de estar en nichos fiscales. Pero la realidad dice que existen 1.380 sociedades, dependiendo de las empresas analizadas, en paraísos o nichos fiscales. Lo que supone un incremento de 96 sociedades (un 8,4%) respecto al año anterior. Por ejemplo, según el Informe, el Banco de Santander tiene 349 filiales, ACS está con 197, Arcerlor con 128, Repsol con 97, Inditex con 69… son ejemplos de esta situación de la que no se suele informar en el rendimiento de cuentas que necesariamente debe hacer la empresa cotizada. Solamente en Delaware (EE.UU.) hay 515 sociedades dependiendo de las empresas del Ibex-35. Más del doble de las identificadas en 2012. De estas 515, el 66,6% (343) comparten las mismas dos direcciones postales. El sector financiero tiene 410 empresas en estos lugares.
    Tampoco se suele informar sobre las actividades de blanqueo de capitales, salvo 10 empresas, que hablan de sus mecanismos para evitar estas prácticas. Como no informan de las subvenciones, o ayudas públicas, recibidas, salvo 12 empresas. Algunas afirman no haberlas recibido, pero la investigación ha identificado que sí las recibieron. Por ejemplo, el Banco Santander Investment, S.A. recibió 23.944.566,41 euros (web oficial infosubvenciones).
    El Informe trata un problema existente acerca de las auditorías y su supuesta independencia. La labor de las auditoras ha sido cuestionada en los últimos años tras fallos en la detección de problemas y de agujeros contables. Marcas auditoras de “reconocido prestigio” (Deloitte, Ernst &Young… etc.) fueron sancionadas por este motivo. Ninguna de las empresas analizadas prohíbe la contratación con la auditora de otros servicios diferentes de la auditoría legal, lo que crea dependencias. Dos empresas superan los estándares internacionales recomendados por los Proxys Advisors, lo que significa que su volumen de contratación de servicios distintos de la auditoría supera el 50%, y 8 empresas que superan el 40% este volumen de contratación “extra”. La Ley de auditoría exige que la relación con la auditora no sea superior a 10 años, para evitar esas otras relaciones que pueden generar familiaridad. Cantidad que se superó en casi la mitad de las empresas estudiadas. Algo parecido ocurre con la escasa aplicación de la Ley de Transparencia (solo dos cumplen con las obligaciones señaladas en la ley).  Como tampoco se suele aportar información sobre la existencia de un canal de denuncias que pueda hacer el usuario o consumidor. Solo 10 empresas informan de las denuncias recibidas.
    El Informe cuenta con nombres concretos las empresas que cumplen o incumplen en cada variable analizada. En este sentido, se puede afirmar que el Informe es concreto y valiente. Lo que el lector percibe es que el tema de corrupción no está, todavía, arraigado en la cultura de la gestión empresarial. Como no está integrada la exigencia de las leyes que se refieren a la prevención de estas prácticas, por lo que la transparencia, la debida diligencia y la rendición de cuentas dejan vacíos importantes. Queda mucho camino por recorrer a las empresas del IBEX-35 para calificarlas como empresas “ciudadanas” responsables de sus impactos en la sociedad. Aun es pronto para calificarlas como actores de la Responsabilidad Social Corporativa.

    [3] En la última década, la lucha contra la corrupción ha adquirido importancia como una de las cuestiones más relevantes en términos de responsabilidad social empresarial junto con los derechos humanos, la protección medioambiental, los derechos laborales y otros asuntos de relevancia social. Puesto que son diversos los factores que pueden ser generadores de riesgos de corrupción en el sector privado, las empresas deben contar con procedimientos específicos para gestionarlos adecuadamente e informar de manera transparente sobre los mismos.

jueves, 1 de agosto de 2019

El necesario cambio de paradigma en la aproximación a la corrupción en la contratación pública europea: propuestas para su sistematización

http://laadministracionaldia.inap.es, 18/07/2019

Javier Miranzo Díaz es Investigador postdoctoral en el área de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha

El artículo se publicó en el número 51 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, mayo 2019)

RESUMEN: La lucha contra la corrupción ha sido establecida por la UE como una de las grandes prioridades de la estrategia moderna de contratación pública. En este artículo se aborda el problema de la corrupción desde un análisis holístico, en la que se plantea la necesidad de un cambio en la aproximación al problema. Para ello, se propone, en primer lugar, una ineludible depuración conceptual de realidades jurídicas asociadas al fenómeno para adaptar el enfoque jurídico a la realidad, para posteriormente abordar la sistematización de un método de actuación multinivel que respete las particulares características del sector. Si bien no se ofrecen soluciones exhaustivas a la corrupción, lo que se propone es un cambio de paradigma en la aprehensión global al fenómeno que debe servir de base para la construcción de un entorno de contratación ético que promueva la actuación administrativa en respeto de los principios legales en juego. El presente trabajo pretende servir, en definitiva, como base para una aproximación sistemática a la corrupción en la contratación pública que permita dotar de sentido, funcionalidad y homogeneidad al sistema anticorrupción en la contratación pública europea en un futuro próximo.

I. INTRODUCCIÓN
La erradicación de la corrupción en la actividad pública dentro de la Unión Europea (UE) es, desde hace algunos años, una de las prioridades de la política pública comunitaria, tal y como se indica en la estrategia Horizonte 2020,(1) y sin embargo, ésta sigue siendo una enfermedad que lastra el funcionamiento de las instituciones públicas y el sistema económico de los países.(2)
El cálculo de los costes y los efectos de la corrupción presenta notables dificultades, debido principalmente a la naturaleza oculta y escurridiza del fenómeno, pero también a otros factores como su transversalidad y permeabilidad a todos los aspectos de las sociedades actuales o la expansión del término hasta difuminar los límites que lo separan de otras irregularidades de naturaleza económica(3). A pesar de ello, numerosos estudios han sido dedicados a la titánica labor de contabilizar las pérdidas que generan este tipo de irregularidades.
De este modo, investigaciones de la UE señalan que las pérdidas económicas ocasionadas por la corrupción oscilan entre 120.000(4) y 323.000 millones de euros anuales.(5) En contratación pública, esta pérdida se estima entre un 13%(6) y un 25%(7) del valor del contrato, lo que de acuerdo con la información disponible en relación al peso específico de la contratación pública en el PIB – entre un 14% y un 20% del PIB europeo(8) –, implica que alrededor de un 3-5% del PIB de la UE se pierde en sobrecostes ocasionados por la corrupción en la contratación pública.
Los datos dibujan una situación preocupante que, sin embargo, puede ser simplemente la punta del iceberg debido al anteriormente mencionado efecto difuso de la corrupción, que origina, entre otros: (1) desequilibrios en la eficiencia del gasto público y la redistribución de las riquezas, ya que los gastos adicionales y desviación de fondos en que incurren las empresas para asegurar el funcionamiento de la trama suponen un sobrecoste y una sustracción ilegítima del capital que repercute en la ciudadanía;(9) (2) por las mismas razones, se produce un aumento en los precios de producción de bienes y servicios o, en su defecto, una deficiente calidad en el resultado de los mismos;(10) (3) los sobrecostes mencionados actúan como un arancel que grava la participación de las empresas en las licitaciones afectadas, manifestándose una expulsión de la inversión productiva y reduciendo la tasa de crecimiento;(11) (4) la corrupción en la contratación pública favorece la aparición de otros comportamientos fraudulentos como el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, delitos contra la competencia, o la financiación ilegal de partidos políticos;(12) (5) por último, este tipo de irregularidades pueden generar distorsiones en el capital humano y en el I+D;(13) pero quizá, como afirma el profesor RODRÍGUEZ-ARANA, posiblemente “el efecto más perverso de la corrupción sea el falseamiento del mismo sistema democrático y la consolidación de una forma de vida más bien alejada de los hábitos y virtudes propias de la democracia(14).

La complejidad que alcanza el fenómeno, cuyas causas y consecuencias hunden sus raíces en los cimientos del funcionamiento de los Estados modernos, hace que el problema no pueda ser abordado desde una perspectiva lineal. No existe, en este sentido, una única solución frente a la corrupción, sino múltiples medidas sectoriales que, en su aplicación, generan sinergias positivas que contribuyen a la erradicación de la corrupción y la promoción de la probidad en la actividad pública. Todo este complejo entramado de actuaciones y relaciones en el que se desarrolla la corrupción debe ser debidamente comprendido y analizado de cara a evaluar las medidas concretas que deben tomarse en cada situación o sector específico,(15) de forma que la política anticorrupción debe permear cada sector de actividad legal, desde la educación hasta el derecho urbanístico, el derecho de subvenciones, el derecho fiscal, o la contratación pública. En imagen de lo que ha sucedido con el derecho medioambiental, que actualmente se encuentra embebido en todas las ramas legales y a todos los niveles de nuestro ordenamiento jurídico (incluida la contratación pública),(16) la política de integridad debe desarrollarse como una estrategia transversal a ser implementada en todas las actividades y regulaciones sectoriales relacionadas con la Administración Pública, con el objetivo de crear un entorno ético adecuado.(17) Pero, en todo caso, todas estas medidas deben complementarse y guardar coherencia entre ellas, es decir, se precisa de un enfoque integral y coherente, o en otras palabras, de una estrategia común.

TEXTO COMPLETO AQUÍ

lunes, 29 de julio de 2019

EMPRESA, RELACIONES LABORALES Y LENGUA EN RTPA (2012-2015)

La radiotelevisión pública asturiana en la era post-ornia: ¿cambio real o cosmético?

Ámbitos
Revista Internacional de Comunicación
21/06/2016
"5. EMPRESA, RELACIONES LABORALES Y LENGUA EN RTPA (2012-2015)
5.1. Transparencia y opacidad en la externalización de contenidos
A las televisiones públicas autonómicas se les ha atribuido la función de “contribuir a la creación del tejido industrial audiovisual en su ámbito geográfico de cobertura” (Azurmendi et al., 2011: 12) y, de hecho, sistemáticamente se cita a Cataluña y el País Vasco como modelos del potencial de crecimiento que ofrecen dichas televisiones. Desde la perspectiva de la gestión pública, la mayor ventaja que, en teoría, aporta la externalización es el ahorro de costes.
La simbiosis entre productoras privadas de contenidos de proximidad y televisiones públicas autonómicas — defendida por, entre otros, Moragas y Prado (2001) — entraña, sin embargo, dos grandes riesgos: la creación de un tejido audiovisual atomizado, dependiente por completo de la propia televisión y poco competitivo, y “la descapitalización de los servicios propios de los servicios audiovisuales públicos” (ibíd. 13). A estos dos riesgos podemos sumar que la externalización suele justificarse en una previsión de ahorro a corto plazo que, con frecuencia, no sólo no llega a producirse, sino que además enturbia las relaciones laborales en la televisión pública y compromete su futuro al deteriorar sus competencias (ibíd.). Por otra parte, no podemos olvidar que “el sistema mediático español encaja en el modelo mediterráneo […] de pluralismo polarizado, caracterizado por un alto grado de politización, clientelismo y entendimiento entre élites políticas, económicas y mediáticas” (Zallo, op. cit. 325) y, por consiguiente, los criterios de selección y condiciones económicas de la externalización no siempre son transparentes ni velan por los intereses de la empresa pública.
En los últimos tres años, RTPA no se ha alejado sustancialmente del modelo de gestión externalizado de Pérez Ornia y mantiene un porcentaje de subcontratación comprendido entre el 70% y el 80%, según el sindicato Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). Ahora bien, teniendo en cuenta el ajuste presupuestario sufrido por el Ente desde 2011 y las críticas recibidas por algunos de los contratos suscritos en el período anterior, sería ingenuo pensar que nada ha cambiado en la programación de producción externa emitida por TPA.
De hecho, el primer cambio ni siquiera esperó a las elecciones de 2012. En marzo de 2012, Antonio Virgili negocia con Mediapro la rescisión de los contratos para la emisión de Fórmula 1, la Champions League y la Liga, tres de los contenidos que, junto a los informativos, aportan en ese momento una mayor audiencia, pero que además de costosos — el ahorro estimado en 2013 por esta rescisión fue de 2,5 millones de euros — tenían un difícil encaje en la misión de servicio público exigible a RTPA.
La rescisión supuso un durísimo golpe en términos de audiencia (03) y, junto a los recortes presupuestarios, obligó a reestructurar la parrilla de TPA en torno a contenidos de proximidad, fácilmente justificables como servicio público y, lo que es más importante, mucho más económicos. Estos contenidos, que pasaron de ocupar el 51% de la parrilla en 2011 al 80% en 2014 (Ruitiña, 2015: 130-134), no pudieron detener la caída de audiencia en 2013. (04) Sin embargo, su creciente aceptación entre el público asturiano contribuyó a elevar la cuota de pantallamedia anual de TPA hasta el 6,2% en 2014 y, sobre todo, a paliar en parte los catastróficos efectos que los sucesivos recortes presupuestarios han tenido sobre un tejido audiovisual regional que, una década después de la creación de RTPA, continúa dominado por empresas minúsculas, poco competitivas y enteramente dependientes de los contratos de la radiotelevisión pública autonómica.
Aun cuando desde 2012 se han atenuado las críticas respecto a la preferencia de RTPA por grandes grupos de fuera del Principado y no ha habido escándalos de licitación comparables al de Plural, el sector audiovisual, los partidos políticos de oposición y los sindicatos han reiterado que RTPA continúa contratando de forma poco transparente u objetiva con un número reducido de empresas, lo que supone un serio lastre para el desarrollo de una industria audiovisual en Asturias.
RTPA contrata producción externa a través de dos mecanismos: los encargos de producción y las licitaciones públicas. Los primeros son negociados de forma privada — es decir, opaca — entre la cadena y el contratista, que previamente ha de presentar un proyecto en el Registro de Programas del Ente. Una vez presentado el proyecto, la cadena lo analiza en función de tres criterios: valor de servicio público de proximidad, presupuesto y potencial rentabilidad económica. Si el proyecto supera esta fase, se inicia la negociación privada.
Las licitaciones son poco más transparentes. Además de recurrir sistemáticamente al procedimiento negociado, que permite la negociación privada con cada aspirante una vez presentada la oferta inicial, RTPA suele incluir en sus pliegos de condiciones un apartado, abierto y subjetivo, de propuesta de mejoras del servicio. Las ofertas, por otra parte, no reciben puntuación numérica, sino una valoración escrita de acuerdo a una escala (excelente, muy bueno, bueno…) difícilmente recurrible. En otro orden de cosas, cabría destacar asimismo la permisividad que RTPA concede a las contratas en materia laboral, lo que ha tenido como resultado que, casi con cada nueva licitación, se haya reducido el número de trabajadores externalizados y/o se hayan deteriorado sus condiciones. (05)
Si, a la vista de estos datos, las acusaciones de falta de transparencia parecen ciertas, las cifras ofrecidas por Virgili en su comparecencia de junio de 2013 ante la Junta General del Principado apuntan a que, efectivamente, RTPA aún confía la mayor parte de su producción externalizada a unas pocas empresas. Así, sólo tres productoras, Proima-Zebrastur, Asturmedia y VAV, acapararon 5,1 de los 5,8 millones de euros que RTPA destinó a producción externa en 2013, distribuidos de la siguiente manera: Zebrastur, 3,5 millones; Asturmedia, 1 millón, y VAV, 600.000 euros (Junta General del Principado de Asturias, 2013).
Aunque el contrato con VAV terminaría por ser el más polémico del período 2012-2015, la generalizada opacidad de las contrataciones ha sido origen de nuevas sospechas de nepotismo, despilfarro y corrupción. El año 2013 destaca en particular por el número de licitaciones que fueron puestas públicamente en entredicho en los medios asturianos, la Junta General y, en el caso específico de la adjudicada a VAV, los tribunales de justicia.
En enero de 2013, la UTE formada por Proima-Zebrastur y la vasca Expressive Media Projects logra el contrato de gestión de la publicidad de RTPA. Esta adjudicación, a priori intachable, se convierte en dudosa cuando tenemos en cuenta que Proima-Zebrastur es, como hemos dicho, uno de los mayores proveedores de contenido de RTPA y, por tanto, resulta un poco extraño que se le permita gestionar también los espacios publicitarios asignados a los contenidos que produce. Por otra parte, la presencia de la televisión pública vasca EiTB en el accionariado de Expressive Media Projects podría ser contraria a la legislación europea, puesto que el objeto social de la empresa tiene muy poco que ver con la misión de servicio público que hace a EiTB acreedora de financiación pública (Vélez, 2015).
En marzo del mismo año, Secuoya, a través de una UTE participada por su filial B&S, conseguía su primer contrato en RTPA: la operación y mantenimiento técnico de continuidad, control central y enlaces móviles, así como el mantenimiento técnico general, por un precio anual de 705.000 euros más IVA. Apenas un mes después, Secuoya despedía a ocho trabajadores de estos servicios, reducía el salario al resto y, en un rápido movimiento de puerta giratoria, fichaba al director y al exdirector de informativos de RTPA, Ignacio Menéndez del Campo y Juan Carlos Fernández Cuesta, respectivamente, para los servicios informativos de Latina TV, un importante proyecto audiovisual de la empresa en Perú.
También en marzo de 2013 trascendía la adjudicación de la información meteorológica a David Arango por 81.000 euros, y la de la información local a VAV por 745.000, hasta final de año e IVA excluido. En el primer caso, sorprendía la plena coincidencia entre los precios de oferta y de licitación, y el elevado coste que se atribuye a un servicio que ocupa a sólo tres trabajadores y donde RTPA aporta los medios para la grabación y el grafismo. En el segundo, la situación es sustancialmente más compleja.
El 31 de diciembre de 2012 expira el contrato de producción de contenidos informativos locales que RTPA mantiene con tres modestas productoras asturianas — Videoimagen, Enfoque Visual e Ídola Media — y, puesto que el nuevo concurso se hace público ese mismo día, los informativos de TPA comienzan 2013 sin corresponsalías en los municipios. La dirección del Ente intenta paliar la situación con la contratación temporal de cinco cámaras de Enfoque Visual el 1 de enero, lo que resucita de inmediato la polémica de la cesión ilegal y lleva a la cadena a publicar, días después, una bolsa de empleo de técnicos de imagen, que asimismo provoca un hondo malestar entre trabajadores y sindicatos porque anula una bolsa anterior para un perfil profesional muy similar (Rodríguez, 2013).
Mientras los ERE se suceden en las contratas de los informativos, la dirección del Ente dilata la tramitación de la licitación, cuyo pliego de condiciones incluye asimismo el suministro de contenidos de interés regional desde Madrid, lo que en la práctica deja fuera a las empresas locales que venían prestando el servicio. El futuro laboral de 32 de los trabajadores de estas empresas parece, sin embargo, asegurado una vez resuelto el concurso, pues el pliego exige al adjudicatario su subrogación.
El 1 de abril, RTPA anuncia la adjudicación del servicio a VAV y justifica la decisión en base a que la empresa, con sede en Madrid, ha presentado la mejor oferta económica. La sorpresa y desagrado que causan en el sector la adjudicación a una empresa en preconcurso de acreedores — y que, además, carece de medios técnicos propios en Asturias — se traducen en la presentación de una demanda judicial por parte de otro de los aspirantes, el diario El Comercio (Vocento).
El desagrado no hace sino aumentar cuando VAV, con la connivencia de RTPA, demora un mes el inicio del contrato para eludir la subrogación a los 32 trabajadores en las condiciones que tenían a 31 de diciembre (06) y negociar con las productoras locales el alquiler del equipamiento — y, en ocasiones, el personal — necesario para prestar el servicio. Libre de la obligación de subrogar, VAV contrata sólo a algunos de los 32 trabajadores recogidos en el pliego y a otros nuevos en condiciones precarias, y reduce el número de corresponsalías. Como colofón, durante el primer mes de servicio, VAV entra en concurso de acreedores y, aunque el pliego contempla la prórroga automática del contrato hasta un máximo de tres años, la empresa abandona RTPA en diciembre de 2014, en medio de una nueva polémica por el despido de un cámara que había participado en acciones sindicales. (07)
Los contratos con Zebrastur, David Arango, Secuoya y VAV no fueron, sin embargo, las únicas controversias que rodearon las externalizaciones de RTPA en 2013. En mayo, mientras se negocia el convenio colectivo, un juzgado de Gijón admite a trámite la querella criminal presentada por CSI contra dos directivos de RTPA por prevaricación, fraude y exacciones ilegales en el contrato celebrado en 2008 con la empresa Teletemas para la producción de Amanecer, un sencillo feed vespertino con imágenes en directo de Oviedo y Gijón, y una cinta de información meteorológica. Aunque RTPA aportaba los medios técnicos, la contrata recibió 85.700 euros anuales (más IVA) por la prestación del servicio y, sobre todo, según el sindicato, evitar al Ente la contratación de cinco personas que ya habían trabajado directamente para RTPA, y que posteriormente vieron reconocida en los tribunales su cesión ilegal a la contrata.
Por último, el verano de 2013 concluyó con una nueva adjudicación polémica: la de la actualización de los contenidos del sitio web a Dos Torres Audiovisual, una pequeña empresa de reciente creación y cuyo administrador único era el coordinador de la propia web, previamente externalizada, desde 2009.
5.2. Efectos del recorte presupuestario en la estructura laboral y empresarial
La querella criminal citada guarda una estrecha relación con la particular forma de entender la externalización y las relaciones laborales de la dirección de RTPA entre 2006 y 2011, que ha motivado la presentación de decenas de demandas por cesión ilegal de trabajadores desde 2010. Como consecuencia de estas demandas, en marzo de 2015, RTPA acumulaba un total de 58 sentencias firmes en contra por cesión ilegal. Ahora bien, mediante recursos sucesivos ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el Ente consiguió que muchos de los despidos de trabajadores ilegalmente cedidos a las contratas fuesen considerados improcedentes y, por tanto, la cadena pudiese optar entre la incorporación del trabajador o el abono de una indemnización. En cifras totales, entre enero de 2012 y enero de 2014, 22 trabajadores ilegalmente cedidos se incorporaron a la plantilla de RTPA, 30 fueron despedidos de forma improcedente y la cadena abonó más de 404.000 euros en indemnizaciones y salarios de tramitación (Junta General del Principado de Asturias, 2014).
La sucesión de sentencias por cesión ilegal avivó el argumento de que la plantilla de RTPA estaba sobredimensionada y suponía un elevado coste para el erario, y obsesionó a la dirección con evitar comunicaciones directas entre empleados propios y externos que pudieran sustanciar nuevas denuncias. Asimismo, coincidiendo con el recorte presupuestario de 2013, la dirección estableció una interesada relación causal entre la incorporación e indemnización de los trabajadores cedidos ilegalmente y los planes de ERE y/o rebaja salarial que comenzó a diseñar al conocer el recorte.
En febrero de 2014, la plantilla de RTPA era de 147 personas, a las que la empresa abonó en 2013 un total de 2,5 millones de euros en concepto de salarios, con una media de unos 17.000 euros por trabajador. Como contraste, cada uno de los doce miembros activos del Consejo de Administración percibió en 2013 unos 800-850 euros brutos por reunión en concepto de dietas, con un coste total de 110.000 euros, y cada uno de los 15 del de Comunicación, 400-450 brutos por el mismo concepto, con un coste total de 18.000 euros. Asimismo, aunque no hemos tenido acceso a datos concretos acerca de las retribuciones de los siete directivos de RTPA, Antonio Virgili afirma que su salario medio fue de 54.000 euros en 2013, lo que supone un coste total anual de unos 378.000 euros (Junta General del Principado de Asturias, 2013; 2014).
Al hilo de esta cuestión, cabe reseñar que, a raíz de la creación del Registro de Contratos de Alta Dirección de Asturias en mayo de 2014, se conocía que, de los 32 contratos de esta índole existentes en la Administración regional, doce de ellos correspondían a RTPA, seis al Ente y otros seis, a TPA. Comparando estos datos con el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de 2006, se desprende que cuatro de los directivos que aún permanecen en el Ente, además de la secretaria general, no cumplen las condiciones para ese tipo de contrato y, por tanto, para percibir las cuantiosas retribuciones que lleva asociadas (Muñiz, 2014).
Ajeno a estas cuestiones, en abril de 2013, el comité de dirección, confirmando los peores temores y apoyándose en un informe encargado a la consultora PWC, anunció un plan de reestructuración con dos únicas alternativas para la plantilla: reducción de salario base o ERE. Después de varias semanas de tensa negociación entre la dirección y el comité de empresa, los representantes sindicales aceptaron reducir la masa salarial en 165.000 euros hasta diciembre y centrar la reducción en los pluses de responsabilidad, nocturnidad y fines de semana. A cambio, la dirección garantizó el empleo y las condiciones laborales para 2014, siempre y cuando el Principado no redujera aún más las transferencias. En julio, una amplia mayoría de trabajadores ratificó el acuerdo.
5.3. La lengua asturiana en TPA desde 2012: tímidos avances
TPA continúa siendo a grandes rasgos una televisión en castellano. Sin embargo, el uso de la lengua asturiana se ha incrementado notablemente desde 2012. Durante este período, se incorporaron a la parrilla contenidos de entretenimiento conducidos en asturiano — “De folixa en folixa”, “Superasturianos”, “El club musical”, “La quintana de Pola”… — y, por vez primera, se emitieron largometrajes — El rostru impenetrable / One Eyed Jacks (Marlon Brando, 1961), Greystoke / Greystoke. The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (Hugh Hudson, 1984) y Harry el suciu / Dirty Harry (Don Siegel, 1971)  y series infantiles — “Los bolechas” / “Os bolechas” (Lúa Films y RTVG, 2012­) — dobladas a la lengua regional. Los contenidos de entretenimiento, en general, no fueron relegados a franjas horarias marginales, como ocurría en la etapa anterior, sino que se emitieron en prime time y contaron con más promoción. Por otra parte, coincidiendo con el Día de les Lletres Asturianes de 2014, la llingua fue usada por primera vez en la locución de los titulares del informativo “TPA Noticias”.
A pesar de estos avances, el porcentaje de contenidos en asturiano se encuentra aún en el 4,6%, redifusiones incluidas (Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, 2014: 19, 28), TPA no emite deportes, series de ficción o informativos en asturiano y, en ausencia de un departamento de asesoramiento lingüístico o servicio de doblaje, el asturiano televisivo no siempre es conforme a las normas de la Academia de la Llingua Asturiana y “l’usu depende namás de la escoyeta del presentador” (Barreiro, 2014: 248). A ello habría que añadir que TPA es la única televisión europea de comunidad bilingüe que carece de programación infantil en lengua propia (Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, 2013: 5) y que, por otra parte, la dirección de Informativos sigue siendo reticente al uso, en las locuciones y grafismos de TPA Noticias, de asturianismos habituales en el castellano hablado en la región y topónimos en asturiano. (08)
Aun cuando la distancia entre la cuota de pantalla de la cadena y la de los contenidos en llingua es estrecha, la ligera superioridad que, en general, han logrado mantener los segundos ha alentado al asturianismo para insistir en la existencia de un clamor social a favor de una televisión autonómica íntegramente en asturiano que, además de dar sentido pleno a la misión de servicio público, posibilitaría el desarrollo de una industria de producción de contenidos y doblaje en llingua económicamente viable. Comprensiblemente, mucha menor atención ha recibido desde este sector el hecho de que la superioridad citada se limita muchas veces a unas pocas décimas en cuotas totales del 5-6%, (09) que los informativos, íntegramente en castellano, tienen un share del 20-25%, o que las industrias audiovisuales y de doblaje gallega, vasca y catalana, modelos ideales para el hipotético desarrollo de una en lengua asturiana, han atravesado serias dificultades económicas en los últimos años"

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jueves, 25 de julio de 2019

La radiotelevisión pública asturiana en la era post-ornia: ¿cambio real o cosmético?


revista-ambitos-33-articulo-02-portadaResumen 
El artículo estudia la gestión reciente de RTPA a partir de una serie de controvertidas prácticas empresariales, laborales y lingüísticas habituales en el período 2006-2011, sobre todo, la opacidad en la contratación, la alta remuneración de directivos, las cesiones de trabajadores y el desinterés por la lengua autóctona. Más específicamente, el texto relaciona la evolución de esas prácticas con la acción política en torno a RTPA desde 2012. La conclusión principal es que la prioridad del poder político en estos tres años ha sido mantener el control sobre RTPA y ofrecer una apariencia de austeridad, no resolver las disfunciones citadas.



1. INTRODUCCIÓN
La gestión reciente del sector audiovisual europeo ha girado en torno “a la reestructuración de la televisión pública, a la concentración de los operadores de servicios digitales de ondas hertzianas, de cable y satélite, y a la nueva orientación de las políticas de apoyo al cine dentro del ámbito genérico de las industrias culturales y creativas” (Campos-Freire, 2013: 90).
Los primeros síntomas de esta gestión se remontan a los años finales del siglo XX. En el Protocolo número 29, anexo al Tratado de Ámsterdam, sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros (1997), la radio y la televisión públicas se relacionan “con la democracia, las necesidades sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo en los medios de comunicación”. Su organización y financiación son potestad de los Estados, que pueden aportarles fondos siempre que se trate de medios de servicio público y las aportaciones respeten las normas del mercado. Al año siguiente, el Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Política Audiovisual ahonda en el concepto de servicio público, y lo liga a la fortaleza de la radio y televisión públicas en la competencia por las grandes audiencias. Las bases de la actual regulación europea terminan de delinearse en sendas Comunicaciones, en 2001 y 2009, que matizan y clarifican algunos aspectos de los documentos anteriores (Campos-Freire, 2012: 151).
El cambio legislativo europeo comienza a implantarse en España con la aprobación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de titularidad estatal y la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, e inicia su avance hacia el ámbito autonómico en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Este avance culmina con la redacción y aprobación, en los primeros meses de Gobierno del Partido Popular (PP), de la Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos.
Aprovechando el contexto de crisis económica, la Ley 6/2012 relaja la prohibición de externalización de informativos y la exigencia de emisión de una mayoría de producción propia que la Ley 7/2010 imponía a las televisiones públicas, y remueve los obstáculos legales que impedían satisfacer una histórica demanda conservadora: la privatización de las televisiones públicas autonómicas. Como consecuencia, la televisión de Murcia es privatizada, la externalización se incrementa en las de Aragón y Extremadura, y el debate en torno a la función social y los costes del resto, ya intenso por la crisis y la interesada presión de la televisión comercial, se intensifica aún más. Entre 2012 y 2013, el conjunto de televisiones públicas españolas sufre importantes recortes de presupuesto, reducción de canales, caída de audiencias, contracción de plantillas, aumento de la externalización y, en el caso específico de la Radiotelevisión Valenciana, el cierre. La Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) no es, obviamente, ajena a estas dinámicas.
Constituida como empresa pública en 2005, al amparo de la Ley del Principado de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social, RTPA se justifica inicialmente, como la televisión aragonesa o la balear, “en la necesidad de contar con información autonómica, contribuir a la cohesión, reforzar la identidad, impulsar el sector audiovisual y el desarrollo económico, normalizar o extender la lengua propia” (Zallo, 2015: 329). Con José Ramón Pérez Ornia como primer director general, RTPA se configura sobre un modelo de gestión externalizado, un sistema de financiación mixto, y unas cifras de personal propio y presupuesto comparativamente modestas, alcanzando en 2010, año de mayor expansión, un techo presupuestario de 37,2 millones de euros. Con estos recursos, RTPA consigue elevar el número de empresas audiovisuales del Principado hasta 114 (Menéndez Otero, 2013: 524) y alcanzar una cuota de pantalla media anual del 7,6%.
Si sólo nos centráramos en estos datos, podríamos afirmar que todos los problemas de RTPA comenzaron con la victoria electoral de Foro Asturias (FAC), la formación regionalista conservadora que fundó Francisco Álvarez Cascos tras la negativa del PP a presentarle como cabeza de lista en las elecciones autonómicas de 2011. Decidido a reformar por las bravas lo que insiste en denominar “chiringuitos socialistas”, una de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo de FAC es la suspensión unilateral de la transferencia a RTPA de 11,3 millones de euros comprometida en el presupuesto vigente para el último trimestre de 2011. Aun cuando la activación de la prórroga presupuestaria aliviaría ligeramente la situación, durante varios meses, RTPA y buena parte de sus proveedores quedan al borde de la quiebra.
Resulta innegable que la suspensión de FAC fue un serio ataque a la línea de flotación de RTPA. Ahora bien, es obligado subrayar también que la gestión de RTPA durante el período 2006-2011 tuvo muchas zonas oscuras y, sobre todo, que los recortes presupuestarios se iniciaron meses antes de que Álvarez Cascos asumiera el Gobierno regional — el presupuesto de RTPA en 2011 fue de 32,8 millones de euros, 4,4 millones inferior al de 2010 — y han continuado durante el mandato del socialista Javier Fernández, presidente de Asturias tras ganar las elecciones autonómicas anticipadas que Cascos, incapaz de conseguir una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar su proyecto presupuestario, convoca para el 25 de marzo de 2012.


jueves, 18 de julio de 2019

Nuevo golpe judicial a los nombramientos a dedo en la Xunta


Redacción 

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de fallar en contra del sistema por el que los cargos de la Xunta reparten las comisiones de servicio entre funcionarios, a veces personas afines políticamente.


La sentencia la revela la demandante, la CIG Administración. El principal sindicato en la Administración Autonómica destaca que es el segundo fallo del TSXG crítico con este sistema, después de otra sentencia similar de 2018.



La Justicia obliga  a la Xunta a explicar publicamente porqué elige a un trabajador para un puesto en lugar de otro candidato. Es decir, no acaba con las comisiones ni invalida las existentes, pero si obligará a conselleiro  y otros cargos a justificar porqué eligen a determinadas persona
"En las comisiones de servicio no basta solo con que la persona adjudicataria cumpla los requisitos de idoneidad, sino que, cuando sean varias las personas solicitantes, es necesario que se exterioricen las razones por las que se elige a una de las personas peticionarias y se les notifique a todas ellas la decisión final para darle posibilidad de impugnación", interpreta el fallo el sindicato nacionalista.

UNA PUERTA DE ATRÁS PARA EJERCER PODER POLÍTICO SOBRE EL FUNCIONARIADO
Las comisión de servicio es un sistema legal por el cual las consellerías pueden destinar a determinadas personas a ciertos puestos, a veces con asumiendo alguna responsabilidad intermedia. Pensado originalmente para cubrir vacantes de manera provisional y extraordinarias -ya que la regla general obliga a la Xunta a repartir puestos mediante concursos objetivos-, en realidad desde siempre se ha tergiversado para premiar a personas afines con puestos que se prolongan en el tiempo, lo que enturbia el principio de independencia que debe regir en la función públca.. 

 La CIG, lógicamente, aplaude el fallo porque, aunque "no va eliminar de raíz la arbitrariedad", si "va a obligar a la Administración a echarle más imaginación a la hora de motivar por qué una persona candidata es preferible sobre otra". La central avisa que ahora será más fácil recurrir en la Justicia estos nombramientos. 

"Va finalizando la época de las comisiones de servicio arbitrarias y eternas y parece mentira que en el 2019 aún estemos así", concluye la central. La Xunta, por su parte, no ha valorado la sentencia.