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miércoles, 14 de noviembre de 2018

El Tribunal Supremo avala el enchufismo en las empresas públicas



En Auto dictado el pasado 11 de septiembre, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo vuelve a ratificarse en que en el acceso a los puestos de trabajo de las empresas del sector público – estatal, autonómico y local – no rigen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Dicho de otro, para  el máximo Órgano Judicial del Estado las empresas públicas pueden contratar a su personal como si se tratara de empresarios privados.

El Auto de 11 de septiembre, que desestima un recurso de casación por unificación de doctrina presentado por la empresa pública SERPA (Sociedad de Servicios del Principado de Asturias SA),  contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,  de fecha 14 de noviembre de 2017, que declaraba como trabajadora fija a una trabajadora contratada fraudulentamente por obra o servicio, repite lo ya dicho en un Auto anterior dictado el pasado 24 de abril, con esta argumentación lapidaria:
Tanto el art. 23.2 como el 103.3 de la Constitución se refieren al acceso a la función pública, inaplicables aquí pues se trata de trabajadores que mantienen una relación laboral común con una entidad empresarial con forma societaria. La Constitución solo contempla el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad con respecto a las funciones y cargos públicos. Solo el acceso a las funciones públicas debe regirse igualmente por los principios constitucionales en cuestión. En definitiva, a las sociedades mercantiles públicas -sector público empresarial- independientemente de que su ámbito sea estatal, autonómico o municipal, no le son aplicables los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución, ni tampoco el EBEP, por lo que ninguna razón existe para que el fraude en la contratación implique la declaración de la existencia de una relación laboral indefinida no fija, en lugar de indefinida”

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies volvemos a reiterar lo que ya dijimos con ocasión del anterior Auto de 24 de abril. Se trata de una resolución judicial de una enorme gravedad, pues santifica la actuación de los partidos políticos como agencias de colocación en los “chiringuitos”, que son un foco incuestionable de corrupción; y despoja a los ciudadanos y ciudadanas – entre ellos, a miles de jóvenes en paro -  del derecho fundamental a participar en procesos selectivos públicos, objetivos y transparentes para acceder a esos puestos del sector público.

Además, el Auto del Supremo omite toda referencia a la disposición adicional primera del Estatuto Básico del Empleado Público, en la que se dispone que los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad son de aplicación obligatoria a todas las entidades del sector público - estatal, autonómico y local -, y se aparta de lo que el propio Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de octubre de 2015, había afirmado: que "la impregnación pública que es propia de una sociedad mercantil estatal comporta que en la selección de los trabajadores hallan de tenerse en cuenta aquellos principios - igualdad, mérito y capacidad-".

Esta jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo comporta unas consecuencias sociales y políticas de tanta gravedad,  con una incidencia tan devastadora para la higiene democrática, que exige una movilización  enérgica en defensa de la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos de trabajo del sector público. Ahora más que nunca, se precisan iniciativas legislativas urgentes que frenen el clientelismo laboral en el sector público.


Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies


martes, 13 de noviembre de 2018

Lejos de la corte


 

El tren político abusa de la locomotora judicial para obtener sus fines

13 NOV 2018, El País

Muy simple hay que ser para pretender que el poder Judicial pueda despolitizarse. Pero sí nos basta atender al modelo de televisión pública, siempre pendiente de los vaivenes electorales, para comprender que la política es un pulpo que entinta todo. En todas las democracias, la elección de jueces en tribunales superiores se hace con arreglo a los equilibrios electorales. La diferencia estriba en que los debates son públicos y la independencia de los elegidos es sagrada. Desde hace tiempo venimos reclamando que el Tribunal Constitucional español adopte un pequeño detalle diferencial del que disfruta en Alemania, por ejemplo. Allí, ese alto tribunal se encuentra situado en Karlsruhe, una ciudad más cercana a la frontera francesa que a los centros de poder políticos de la República a la que representa y defiende. Basta escuchar algunas grabaciones filtradas de manera interesada y delincuencial para entender que uno de los problemas judiciales españoles tiene que ver con la concentración del poder en apenas dos manzanas de la capital. A tiro de café, es difícil lograr la independencia. Lo mismo sirve para el periodismo. Hacerlo bien requiere un sacrificio de separación, casi automarginación.

La llegada del otoño trae una desnudez inesperada. También a las instituciones del Estado podría llegarles una temporada de pérdida de hoja arrobadora. Aunque, para muchos, estos temblores de las estructuras de la nación son causa de enorme preocupación, la realidad es que merece la pena pasar por estas crisis si el resultado es una transformación eficaz. La regeneración necesaria precisa de valor y no de miedos. Pónganse a sumar y les faltarán dedos para contar episodios que delatan el mal funcionamiento de instituciones imprescindibles. El mayor peligro de la democracia es que quien obtiene el poder de modo legítimo en las urnas trate de acaparar su representación en cada una de las altas instancias que precisamente velan por limitar sus tentaciones absolutistas.

Los mayores reparos contra el poder Judicial no vienen planteados por la ciudadanía, sino por los propios jueces. Hay tribunales que discrepan con contundencia del proceder de otros tribunales. Por no hablar del varapalo reciente de Estrasburgo al proceder erróneo en España en la causa contra Otegui. Varapalo, por cierto, recibido con enorme cinismo. En lugar de deprimirnos podríamos entusiasmarnos con la posibilidad de que de todo esto salga una discusión ciudadana por conseguir liberar en cierta medida a las carreras judiciales del designio político. Detrás de la sentencia corregida del Tribunal Supremo hay demasiados nombramientos obtusos y ejercicios de poder políticos en filigrana fea.

Aquí, lo que vamos contemplando en cada uno de estos episodios malsanos es que el tren político abusa de la locomotora judicial para obtener sus fines. Eso le obliga a dominaciones groseras de las instituciones. Que no se admite el debate, que no se quiere razonar cuando tienes la fuerza. En un ambiente viciado, lo mejor que puede pasar es abrir las ventanas. Los ojos que no ven, mucho me temo que acaban por destrozar los corazones que no sienten, aunque sea en plazos de pago más cómodos. Es cierto que vemos y escuchamos cosas espantosas. ¿Pero sería mejor no oírlo? ¿Sería mejor quedarse sin saber nada de lo que ocurre? ¿Sería mejor seguir pensando que todo está bien porque nada se agita? El otoño institucional consiste en poder ver tanto parche, tanta suciedad empujada debajo de las alfombras. A lo mejor no hace falta irse a Karlsruhe, pero sí alejarse de la corte.

 

lunes, 12 de noviembre de 2018

El triunfo de papá Marchena



Tenemos un chanchullo que arroja una sombra de duda sobre el magistrado Marchena, el que presidirá el juicio del procès, el que acaba de firmar el auto que impide que se investigue el máster de Casado, el que se postulaba candidato para presidir el nuevo CGPJ



eldiario.es 29/09/2018




El escándalo sobre el trato de favor dado a la hija del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que denuncié el pasado mes de julio, no ha sido aún aclarado. Este lunes, Sofía Marchena se incorporó en efecto a la escuela de nuevos fiscales con el orgullo de ser la primera persona de la historia que ha conseguido empezar curso en la Escuela Judicial de Barcelona un año y en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid al otro sin haberse vuelto a examinar. Un trasvase entre la carrera judicial y la fiscal inédito y prohibido, con una plaza creada para ella expresamente y con una alteración presupuestaria para conseguirlo. Algunos debieron suspirar pensando: "¡ya está hecho y nada ha pasado!".



A los que llegan tarde porque estaban de vacaciones, antes de iniciarse en esta segunda temporada les aconsejo que repasen los episodios previos de La hija de Marchena, los demás pueden seguir conmigo avanzando en la descripción del muro de silencio y de complicidad que se ha tejido para tapar lo que tiene todos los visos de ser un caso de nepotismo flagrante, actual y comprobable con datos objetivos. Un caso que afectaría, entre otros, a Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial y esposa del magistrado Llarena, al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a todos los que les han acompañado para beneficiar a Manuel Marchena en la persona de su hija. Algo que parece interesar bastante menos que chascarrillos del pasado procedentes de fuentes sucias y averiadas.


A pesar de que, según mis fuentes, tan feo asunto ha puesto nerviosos y en estado de alerta a muchos de los implicados; no lo es menos que estaban muy convencidos de que el polvo del estío, los intentos de desprestigio profesional hacia mí en diversos círculos y la ayuda de los múltiples escándalos reales o inventados que nos agitan cada día, harían que todo se diluyera y que plácidamente la vida siguiera... tal y como ellos la habían diseñado.

Lo cierto es que a pesar de que haya quien mire a otro lado diciendo que es un escándalo complejo y “difícil de explicar a la audiencia” (sic) sucede que para miles de jueces, magistrados y opositores la irregularidad es tan clara y meridiana como lo es la obligación de dar explicaciones para poder comprobar la licitud de lo sucedido y en su caso proceder a la depuración de responsabilidades. Así que varias asociaciones de jueces y de fiscales se dirigieron inmediatamente al Consejo General de Poder Judicial para exigir que se hiciera pública esa documentación que pormenorizaban. El CGPJ se los pasó por el arco del triunfo. La callada por respuesta y a otra cosa mariposa. Esta semana, sin embargo, a la par que Sofía empezaba el curso, se han producido varios movimientos más para pedir esa transparencia que el propio Marchena debería exigir si quiere evitar cualquier sombra de duda sobre la carrera profesional de su hija, pero también sobre su propia situación de honorabilidad como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y todo ello antes de empezar a presidir el que será el juicio del siglo en el Caso Procès.

Aunque inexplicablemente él mismo no instigue esa claridad sino que siga dando explicaciones vacuas, no va a ser tan fácil enterrar el caso porque no puede serlo tapar y silenciar lo que tiene visos de constituir una clamorosa corruptela. Los fiscales y jueces presentaron en julio también esa misma demanda de información y documentación a la Comisión de Selección, el organismo mixto encargado de organizar y tutelar todo el proceso de ingreso de jueces y fiscales, y éste sí les ha respondido. En el escrito de respuesta queda palmariamente claro que todos los pasos jurídico-administrativos que se han dado para ayudar a la hija de Marchena son tal y como se los conté en julio aunque, al final, tampoco aportan documento alguno que permita comprobar si las “excepcionalísimas circunstancias” que se daban en esta persona y que exigían iniciar para ella todo este trajín inédito, con cambio de partida presupuestaria incluida, son tales. La respuesta contiene otra perla sobre la tumultuosa sesión mantenida por esta Comisión en julio y es que el objetivo de la misma fue “solventar la situación generada por el acuerdo de la Permanente del CGPJ” relativo a Sofía Marchena. Al menos dejan claro que el problema lo generó el propio Lesmes y su Comisión Permanente para responder a una propuesta de Gema Espinosa y que a ellos les tocó salvarles la cara. Todo tal y como les conté.

La Unión Progresista de Fiscales no se conforma con la tomadura de pelo de un escrito vacío de contenido y apelando formalmente a los artículos 1 y 2.1 de la Ley de Transparencia acaba de dirigirse de nuevo directamente a Carlos Lesmes para exigirle que libere el expediente completo que permita aclarar si hubo una actuación irregular en torno a Sofía Marchena. Además, esta misma semana en el Congreso de los Diputados, Unidos Podemos volvió a exigir aclarar “el trato de favor dado a la hija del presidente de la Sala de lo Penal Sr. Marchena, con la colaboración de la Sra. Espinosa, a la que ahora se promociona al CGPJ y que ya está eligiendo un buen despacho, para otorgarle una plaza de fiscal que no existía” y una frase que resonó en la misma cámara en la que en julio el PSOE unió sus votos a los del PP y Ciudadanos para impedir que Lesmes tuviera que comparecer y explicarlo.

Aquí tenemos un chanchullo que arroja una sombra de duda sobre el magistrado Manuel Marchena, el que presidirá el juicio del procès, el que acaba de firmar el auto que impide que se investigue el máster de Casado, el que se postulaba candidato para presidir el nuevo CGPJ. Una posible corrupción institucional que se sustenta sobre un ocultado escrito de Gema Espinosa, la directora de la Escuela Judicial, la esposa del juez Llarena, la que es candidata a sentarse en el próximo CGPJ. Aquí tenemos muchas instancias políticas, judiciales y periodísticas dispuestas a evitar que nadie controle las actuaciones de los que controlan a todos. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo algunas togas tienen tendencia a enrocarse en sí mismas sin que exista medio de obligarles a dar explicaciones sobre sus actos que ellos mismos han blindado en apariencia con su propia ingeniería jurídica.

Si quieren seguimos mirando qué ropones tomaban copas hace una década en el Caribe, pero me parece democráticamente más necesario comprobar si aquí y ahora hay togas que tienen el poder de utilizar el sistema para beneficiarse y salir impunes. 

domingo, 11 de noviembre de 2018

Villarejo


Lo que sus filtraciones dejan al descubierto es un submundo de inmoralidad que afecta a todos los españoles y no sólo a quienes las protagonizan


La versión española de legendarios espías como Kim Philby o el alemán Markus Wolf, que inspiraron novelas como El topo o El espía que surgió del frío, más tarde llevadas al cine, es un tipo cuyo aspecto recuerda a Torrente, el casposo y repulsivo policía que ha hecho de oro a su creador, quien encarna también al personaje como actor. Va a ser cierto que la realidad copia al arte y que España sigue siendo diferente, para bien y para mal.
Con innegable estupefacción, los españoles vivimos desde hace tiempo una historia policial que seguramente a Santiago Segura, el creador de Torrente, le debe de producir una gran envidia, pero a que a otros nos causa una gran alarma no tanto por las revelaciones que gotean de ella, que al fin y al cabo podíamos imaginar, como por la ordinariez y la zafiedad que desprende todo, desde la forma de producirse el goteo de informaciones —a través de cintas grabadas (¡en plena era de la tecnología!) que difunde un periódico digital que lleva el nombre del palacio de la Presidencia del Gobierno— hasta el tono de las conversaciones que el autor de las grabaciones mantiene con todo tipo de personajes de la vida pública nacional. Vale que en la intimidad todos nos manifestemos con una espontaneidad que en público nos negamos, pero de ahí a la zafiedad con la que se expresan tanto el autor de las grabaciones como sus traicionados interlocutores media un abismo, el que separa la educación más elemental del lenguaje tabernario y cuartelero. Por eso, en algunas de las conversaciones de las que ahora tenemos conocimiento los españoles a causa de su interesada filtración, lo que más nos sobrecoge a algunos no es el contenido de ellas, por más que en muchos de los casos delaten una inmoralidad obscena, incluso dejen de manifiesto la comisión de algunos delitos, sino el tono torrentiano con el que se expresan los conversadores. 
Que se hable con naturalidad en la mesa de “información vaginal” y de comisiones remite a lo peor de este país y a personajes de nuestra historia reciente más vergonzosa, como el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán o el fallecido presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil, a los que muchos reían las gracias en aquel momento. Hay una tradición en este país que confunde lo obsceno con lo natural y la inmoralidad con la picardía y que goza de cierto predicamento en algunos ámbitos, no necesariamente los menos cultivados, como se demuestra.
Que un personaje como Villarejo haya llegado a donde llegó en su carrera profesional, con condecoraciones por parte de todos los Gobiernos a los que sirvió, es preocupante y digno de analizarse, como preocupante es que toda la clase política de un país esté en sus manos desde que entró en la cárcel, pero lo que más debería preocuparnos de toda esta historia es lo que tiene de representativa de una inmoralidad subyacente que no solo afecta a ciertos políticos y personajes conocidos, sino a la sociedad entera, esa que aplaude las filtraciones de Villarejo (al fin y al cabo otra inmoralidad) y se divierte apostando a ver quién será el siguiente en quedar retratado por ellas. Lo siniestro, escribió Schelling, es aquello que, debiendo quedar oculto, nos ha sido revelado, y lo que las filtraciones de Villarejo dejan al descubierto es un submundo de inmoralidad que afecta a todos los españoles y no solo a quienes las protagonizan. Sobre todo a esos que se ríen al escucharlas como si fueran un capítulo más de Torrente.

jueves, 8 de noviembre de 2018

Jueces insaculados

 
 
 
 
 
 
Cuando los vocales del CGPJ no han seguido a pies juntillas las indicaciones partidistas para el nombramiento de altos cargos judiciales, se han decantado en muchos casos por el nepotismo interno, los favores debidos, los amiguismos y las redes clientelares de las propias asociaciones y personales
“¿Por qué esta insistencia en que es necesario para cualquier A.A. haber tocado fondo? (...) porque implica la adopción de acciones y actitudes que, si no, no podría ni soñar en aceptar”
Doce Pasos, Doce Tradiciones

Sacar de las crisis propuestas y soluciones es un aserto que han vendido todos los gurús del desarrollo personal que han sido y serán. No obstante tiene un poso de verdad íntima y filosófica. Los espabilados que se forran con estas cosas, no han hecho otra cosa que traducir enseñanzas milenarias. El gran yerro del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo -me salía la gran cagada, pero ya saben que no somos de mal hablar- además de desatar la indignación y la ira de la sociedad ha tenido, sin duda, una vertiente positiva que no debemos desestimar. La constatación de la falta de capacidad de Díez-Picazo - otro de los amigos de Lesmes- para manejar una sala tan grande, compleja y relevante como la Sala Tercera ha constituido para gran parte de la carrera judicial el equivalente al “tocar fondo” que reclaman los programas de rehabilitación de adictos. Ha llevado tan abajo y de forma tan clara el prestigio y la credibilidad del Tribunal Supremo que ya no permite mantener los ojos cerrados por más tiempo: la situación de descrédito es insostenible.

La constatación del desastre a que el nepotismo, la politización y la avaricia de poder ha arrastrado a la cúpula del Poder Judicial y a los grandes tribunales ha forzado a voces de la judicatura a hacerse oír exigiendo tanto la dimisión del presidente fallido como la limpieza en la elección de los altos cargos judiciales. Esta necesidad última, en la que no creo que haya más voces disidentes que las de aquellos que se benefician de un sistema podrido, se concreta mayoritariamente en la vuelta a la elección de los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial por parte de los propios jueces. Este casi mantra, que varios partidos y ministros han compartido en la oposición y han olvidado en el poder, está recogido también en las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). La corrupción toma diversas formas y no es honesto obviar que el Poder Judicial está siendo corrompido desde hace años de forma indirecta pero eficaz.

Es honesto y necesario pues quebrar esa tendencia y evitar que la credibilidad de la Justicia, y por ende de nuestro Estado de Derecho, se vaya por un precipicio, pero no está tan claro, al menos yo no lo tengo, que esa solución aparentemente sencilla de volver a la interpretación literal del precepto constitucional, previa al primer manoseo socialista, sea la panacea que buscamos. Precisamente si algo nos ha dejado claro el episodio de la tragicomedia de la Sala Tercera al que asistimos estos días es que el mamoneo entre jueces, el nepotismo, el amiguismo, las redes clientelares de togados que están aupando a las plazas relevantes no a los más válidos sino a los más próximos a quien manda tampoco funcionan nada bien. En estas condiciones no sé yo si proponer que los jueces elijan a quienes han de gobernarles y a la vez a quienes han de nombrarles solucionaría el problema o nos lo volvería a complicar. Porque lo que está en el Tribunal Supremo, desengáñense, no se explica simplemente repitiendo el lema de la politización y devoción partidista de unos u otros magistrados. No, no es un tema simplificable en conservadores o progresistas, nombrados por estos o por los otros, que también. El problema intrínseco va más allá y tiene que ver con las redes de poder y de amiguismo montadas dentro de la propia carrera judicial. Quizá esto explicaría también por qué hay muchas menos mujeres en ciertos puestos, pero este es otro tema.

La línea decadente de la independencia de las cúpulas judiciales tuvo un punto de inflexión en el CGPJ anterior. Ya venía precedido por otro, el de Hernando, en el que dos bloques de la APM y JpD estaban férreamente comandados y respondían con bastante éxito a las expectativas de Génova y de Ferraz. Me refiero al momento en el que Margarita Robles y Manuel Almenar -cada uno representando a su grupo- comenzaron a pactar nombramientos sin tener en consideración las preferencias de los partidos que los habían aupado. Esa situación sacó de sus casillas al ministro Gallardón que, ni corto ni perezoso, cortó por lo sano y se sacó de la manga una reforma que dejó en jaque al CGPJ y lo redujo a un presidente, elegido eso sí a gusto del PP, y a una camarilla de dóciles que, no en vano, eran los únicos en cobrar el gran sueldo íntegro y en enterarse algo de lo que sucedía allí. Y en esas estamos.

El resumen es que cuando los vocales del CGPJ no han seguido a pies juntillas las indicaciones partidistas para el nombramiento de altos cargos judiciales, se han decantado en muchos casos por el nepotismo interno, los favores debidos, los amiguismos y las redes clientelares de las propias asociaciones y personales. 

Los jueces cuando tratan sobre asuntos que les atañen tampoco son especialmente independientes de ellos mismos. Así tenemos cómo la Asociación Profesional de la Magistratura no ha dicho ni mu sobre el tenebroso caso de la plaza de fiscal para la hija de Marchena -que implica a varios de sus asociados- o cómo Jueces y Juezas para la Democracia ha tenido el cuajo de salir a defender al juez de Violencia de Género que llama bichas y japutas a las justiciables. Indecente. No, hay mucha gente que cree que la solución para limpiar el Poder Judicial no es tan simple como que los jueces se voten entre ellos. Luego surge el Clan de Segovia o el Clan de San Sebastián o el Grupo de Amigos de Lesmes (GAL), en una broma interna, o el del otro... y así hasta varias familias de jueces de diferente sensibilidad pero unidos por unos lazos de lealtad que son muy difíciles de seguir si no se está muy dentro.

Por eso es imprescindible recuperar la limpieza y la dignidad del Poder Judicial y asegurarnos de que las personas más válidas están en su cúpula y no, como pasa en muchos casos, huidas a la abogacía a ganar dinero después de haberse formado con el nuestro, ante la constatación de que si no eres del bando adecuado no te van a dar ni agua. Como me decía un catedrático ayer: “me preocupan más los muy buenos que se quedan fuera sin ninguna posibilidad de entrar que los mediocres que sí lo consiguen”. A mí, en concreto, como ciudadana me duelen ambos casos.

Hay pues que avanzar algo más en la búsqueda de soluciones. Se han escrito interesantes estudios sobre el establecimiento de baremos objetivos e, incluso, se ha apuntado a la insaculación de los que los superen para introducir el elemento del azar en la última fase y evitar así la posibilidad de los canjes de cromos o de los candidatos de unos u otros. Es cierto que algunos buenos se quedarían fuera pero, al menos, sabríamos que nadie tiene en su mano exclusiva meter a los que desea. La reivindicación machacona de las asociaciones judiciales para que sean los propios jueces los electores, al menos en mi opinión, se ha quedado pequeña y obsoleta. No queremos tampoco jueces eligiendo entre los suyos. Es un sistema que también parece harto peligroso. Cambiar la politización por el amiguismo o los clanes no parecer solución.

La necesidad es evidente e inmediata pero la salida es compleja y precisa de propuestas conjuntas, novedosas y eficaces más allá de creencias ingenuas o no tanto. La ventaja de Díaz-Picazo es que ha dejado al desnudo lo que muchos llevamos tiempo denunciando. Esperemos que ahora no le echen encima cualquier trapito para tapar las vergüenzas y poder seguir como si tal cosa porque dudo que nuestra democracia se lo pueda permitir.

viernes, 2 de noviembre de 2018

Ultimátum del TSJA al Gobierno del Principado para que convoque concurso de méritos en el plazo de tres meses




El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en sentencia dictada el pasado 29 de octubre, condena a la Administración del Principado de Asturias a la convocatoria pública por concurso de méritos en el plazo de tres meses de, al menos, 79 puestos de trabajo de jefatura ocupados actualmente de forma provisional.

De esta forma, el TSJA confirma la sentencia dictada el pasado 2 de marzo de 2018 por el Juzgado de lo contencioso – administrativo nº 1 de Oviedo, en la que se estimaba el recurso interpuesto por el presidente del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, rechazando el recurso interpuesto por el Gobierno del Principado de Asturias, al que condena en costas al pago de 500 euros.

La sentencia del TSJA frena la estrategia iniciada por el Gobierno de Javier Fernández en el año 2013 para intentar evitar la convocatoria pública por concurso de méritos de los puestos ocupados por libre designación – a dedo – y en comisiones de servicio irregulares de más de dos años de duración.

Recordamos que el TSJA dictó un Auto el 8 de enero del 2013 suspendiendo cautelarmente los nombramientos por libre designación, tras numerosas sentencias que condenaban al Gobierno del Principado por esta práctica abusiva.

Ante la situación insostenible creada por esa suspensión cautelar, la Junta General del Principado tuvo que aprobar la Ley 7/2014, de 17 de julio, que obliga a sacar a concurso de méritos los puestos ocupados por libre designación.

Pero, lejos de cumplir de forma cabal y honesta la ley del Parlamento asturiano, el Gobierno del Principado ha ido enrocándose con diferentes excusas, utilizadas como  coartada para retrasar todo lo posible las convocatorias.

En el mes de abril del año 2016 el Director General de la Función Pública se comprometía a que el concurso estaría convocado en el segundo semestre de ese año. Pero esta promesa, como otras tantas realizadas incluso en sede parlamentaria, no eran más que tomaduras de pelo con las que se iba ganando tiempo para mantener el entramado clientelar de nombramientos precarios que define la carrera profesional de los funcionarios públicos en la Administración de Javier Fernández.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies quiere dejar constancia de que esta estrategia de vulneración sistemática de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, no hubiera sido posible sin la actitud condescendiente y cómplice  de todas las organizaciones sindicales representadas en la Junta de Personal – CSI, Usipa, CCOO, UGT y Csif -. En lugar de exigir, con la contundencia necesaria, el cumplimiento de la legalidad en defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del Principado, los sindicatos han colaborado con el juego evasivo de la Dirección General de Función Pública, haciéndose corresponsables de las ilegalidades de aquella. Por algo será.

Todo apunta a que las sucesivas maniobras del Gobierno para trasladar a la próxima legislatura la convocatoria de los concursos de méritos, han terminado fracasando. Veremos.