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domingo, 28 de febrero de 2016

Así se amaña un concurso de méritos



Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha (TSJCM), fechada el pasado 14 de enero, constituye todo un tratado sobre cómo desvelar las trampas de un concurso de méritos amañado para cubrir puestos singularizados reservados a funcionarios públicos de esa Comunidad Autónoma.

La convocatoria que se juzga en esta sentencia es un concurso de méritos específico con dos fases:
-          la primera, con un 55% de la puntuación máxima de 100 puntos, se refería a los méritos generales, y su puntuación era coincidente con lo que establece el Decreto autonómico sobre provisión de puestos de trabajo
-      la segunda, relativa a los méritos específicos, consistía en la valoración de la experiencia adquirida en el desempeño de puestos de trabajo con funciones iguales o similares a las del puesto de trabajo que se solicita, hasta un máximo de 30 puntos, y también se ajustaba a la regulación contenida en dicho Decreto, en el que se dispone que la experiencia en funciones iguales o similares a las que se relacionen como inherentes al puesto se valorarán desde un 5 hasta un 30 por 100 del total, debiendo individualizarse en la convocatoria los puntos que correspondan a cada una de las funciones

Hasta aquí la convocatoria del concurso  aparentaba una gran pulcritud formal. Pero bajo este ropaje superficialmente ajustado a la legalidad el escalpelo del TSJCM empieza a destapar elementos que revelan una configuración arbitraria del sistema de provisión por concurso singularizado, contraria a los principios de igualdad, mérito y capacidad, con la consiguiente desviación de poder de la Administración convocante.

Así, la convocatoria otorgaba una prioridad absoluta a quienes venían ocupando provisionalmente los puestos convocados, los cuales venían siendo cubiertos mediante comisión de servicios entre 10 y 12 años, al valorar los méritos obtenidos en los puestos provistos por dicho sistema en los últimos cuatro años. Y ello, pese a que el nombramiento en comisión de servicios no puede prolongarse más allá del plazo máximo de dos años

Por tanto, el mecanismo de valoración infringe el límite temporal previsto en la normativa de aplicación para la provisión de puestos por el sistema excepcional de la comisión de servicios, lo que implica una clara situación de ventaja a favor de los funcionarios que en su día accedieron a los puestos por ese sistema y que han continuado ocupándolos pese a agotarse el límite máximo de permanencia en dicha situación.

Pero, además, los méritos a valorar iban referidos a los cuatro años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria, lo que hacía aún más difícil que un funcionario que no hubiera ocupado uno de los puestos convocados en ese período temporal, pueda obtenerlo en el  concurso objeto de impugnación.

Todo ello implica, según razona con sentido común la sentencia del TSJCM, que la Administración actuó en la convocatoria, no solo de forma arbitraria al restringir, sin justificación aparente, el período temporal del cómputo de determinados méritos, tanto generales como específicos, sino con desviación de poder, en la medida en que se utiliza una fórmula aparentemente legal para tratar de consolidar la situación en que se encuentran los funcionarios que desempeñan los puestos ofertados en comisión de servicios. Ello se pone de manifiesto principalmente por el hecho de que el mérito que tiene un mayor valor específico es el de la experiencia adquirida en el desempeño de puestos de trabajo con funciones iguales o similares a las del puesto que se solicita, pues dicho mérito es valorado con un máximo de 30 puntos.

Pero esta desviación de poder también se evidencia en otros apartados de las Bases impugnadas, como en la valoración específica de la experiencia en la utilización de útiles de herramientas informáticas o de otro tipo que únicamente son utilizadas en los puestos convocados; o en los 5 puntos que se otorgan en el apartado de formación específica, cuando el Decreto de provisión de puestos establece que la formación, en conjunto, no puede superar el 20 por 100 del total, lo que implica que se está valorando con el máximo de puntuación la experiencia en los últimos cuatro años en funciones iguales o similares a las del puesto que se solicita, es decir, la puntuación máxima posible según el mencionado precepto, mientras que se otorga una puntuación muy distante de la máxima posible al mérito de formación, que no necesariamente lo tendrían todos los funcionarios que ocupaban los puestos en comisión de servicios.

En definitiva, la sentencia del TSJCM concluye que, si bien los méritos respetan formalmente los límites previstos por el Decreto sobre provisión de puestos de trabajo, la valoración de las funciones desempeñadas en comisión de servicios más allá del límite máximo de duración de dicha situación, junto a la limitación de la valoración de los méritos a los últimos cuatro años anteriores a la publicación de la convocatoria, hacían prácticamente imposible que otros funcionarios que no ocupaban los puestos convocados puedieran acceder a ellos mediante la convocatoria impugnada, lo que nos sitúa ante un supuesto de desviación de poder.

Una sentencia la del TSJCM que es un ejemplo notable de lo que debe ser la labor de la Justicia levantando el velo de la legalidad aparente y destapando las maniobras de amaño y manipulación, en este caso, de un concurso de méritos, que se esconden debajo.

Y también un aviso para los concursos de méritos que, supuestamente, deberían convocarse en el Principado de Asturias en los próximos meses, después de más de una década plagada de ilegalidades.




viernes, 26 de febrero de 2016

Urbanismo participativo real: por un cambio de modelo



Manuel Carrero de Roa, doctor arquitecto urbanista
LNE, 2016/02/14

Una enorme distancia separa las ciudades en las que vivimos casi 880.000 personas en Asturias de los entornos acogedores y amables donde nos gustaría vivir, trabajar, relacionarnos y crecer como individuos e integrantes de la sociedad. Las áreas urbanas asturianas no favorecen la creación de nueva actividad económica y de empleo, persisten y se incrementan las desigualdades entre los barrios que las componen, consumen una cantidad desproporcionada de energía y recursos, y generan contaminación y residuos que perjudican nuestra salud y amenazan su propia viabilidad futura en el medio plazo.

Solemos aceptar esta situación como algo inevitable, similar a una carencia congénita o un retraso histórico contra el que poco cabe hacer, sino resignarse e ir resistiendo como mejor se pueda. Sin embargo, nada en esa obra colectiva que llamamos ciudad está determinado irrevocablemente por fuerzas naturales, ni es fortuito o resultado del azar. Nuestras ciudades son el resultado de un conflicto entre dos intereses contrapuestos: el particular, concentrado principalmente en los grandes propietarios de suelo y el sector inmobiliario, frente al interés general de la sociedad. Y va ganando el primero. Las barreras arquitectónicas y urbanísticas, las diferencias en el acceso al empleo, a los equipamientos y los servicios de un barrio a otro, el predominio de los vehículos motorizados privados y otras múltiples carencias y disfunciones que dejan en evidencia los bonitos principios recogidos en las leyes, así lo demuestran.

Los planes urbanísticos son las principales armas a disposición de estas dos fuerzas encontradas en la batalla por la ciudad, y quien los controla establece las reglas del juego: dónde y con qué intensidad se puede edificar; cómo se distribuyen las dotaciones públicas y privadas y con qué superficies; o cuál es el diseño de la red viaria de comunicación y transporte. Al final, esos documentos oscuros, incomprensibles para la gente corriente, cuyo conocimiento está reservado exclusivamente a expertos, regulan cuestiones tan importantes para nuestra vida como si dispondremos de una vivienda digna o si estamos condenados a la precariedad y la inseguridad actuales; si las zonas verdes y equipamientos son amplios y están bien situados, o insuficientes y segregados como ahora; y si el derecho a desplazarse libre y autónomamente está garantizado a todas las personas, o reservado únicamente a aquellas que dispongan de un vehículo privado.

Las ciudades y villas asturianas no responden a las necesidades de quienes las habitamos porque los marcos normativos y los procedimientos propios de la democracia representativa, tanto a nivel local como autonómico, han resultado insuficientes para resistir la presión de los poderes económicos que, o bien diseñan los planes urbanísticos en función de sus propios intereses -aprovechando la opacidad de los procesos de toma de decisión, el caldo de cultivo perfecto para la corrupción-, o con la excusa de su rigidez o el pretexto del enorme número de puestos de trabajo que su actuación contraria al planeamiento urbanístico crearía, directamente los ignoran. Como pruebas, las grandes implantaciones comerciales o industriales fuera de toda racionalidad territorial, o las nuevas áreas residenciales en la periferia de nuestras ciudades, paraíso de la especulación que el estallido de la burbuja inmobiliaria ha convertido en paisajes fantasmales de solares vacantes.

El reconocimiento de la intervención ejecutiva de los vecinos y vecinas en el diseño del entorno en el que vivimos como un verdadero derecho ciudadano, ejercitado a través de su participación directa y activa en la elaboración de los planes urbanísticos municipales, resulta inexcusable si se trata de invertir la actual situación y favorecer un modelo de ciudad alternativo y atento a los intereses de la colectividad. El marco normativo actual se ha quedado obsoleto y tiene los días contados, por la profunda crisis de credibilidad del sistema representativo y el interés creciente de la ciudadanía por tomar parte en los asuntos públicos. No se trata, como pretende el Gobierno de Asturias, de mejorar y profundizar los mecanismos actuales, inspirados y continuadores de los previstos en la legislación franquista del suelo de 1956. No vale con utilizar la participación como coartada para legitimar políticas y decisiones tomadas de antemano, ni para adormecer o apaciguar conflictos, como hizo el anterior gobierno autonómico en los antiguos terrenos del Hospital Universitario Central de Asturias; tampoco con hacer consultas no vinculantes y reservarse después la decisión final, como pretendió hacer el anterior gobierno municipal de Oviedo en la entrada a la ciudad por la antigua autopista Y. No resulta admisible, después de treinta y cinco años de autogobierno, que en el órgano que aprueba o deniega los planes urbanísticos en este país, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, estén representadas las empresas constructoras y promotoras y los colectivos profesionales, pero no las asociaciones de consumidores o las organizaciones ecologistas, como es habitual en otras comunidades autónomas. Participar en el planeamiento urbano no consiste en publicar más anuncios de información pública de planes en el Boletín Oficial, se necesita un cambio de modelo. Es urgente abordar una reforma de la legislación urbanística asturiana que garantice, al igual que en otros países de nuestro entorno, la intervención de los vecinos y vecinas del proceso de redacción de los planes, no a toro pasado y cuando las decisiones ya están tomadas, sino desde el minuto cero, con transparencia y acceso a la información, sobre la base de acciones formativas y de fomento de la cultura urbanística entre la población, sin improvisaciones y con los medios humanos y materiales adecuados, y sustituir los procesos actuales de mero trámite con consultas vinculantes y otros métodos de participación activa. En definitiva, herramientas para el traspaso de poder de la oligarquía urbanística hacia la ciudadanía, imprescindible para construir colectivamente un nuevo modelo de ciudad.

jueves, 25 de febrero de 2016

Blesa-Pérez S.A., el sueño capitalista de los Aznar

Los grandes titiriteros de la corrupción (II)

En las dos legislaturas aznaristas, Florentino pasó de ser empleado de los March a principal accionista individual de ACS y presidente del Real Madrid


<p>Florentino Pérez</p>
Florentino Pérez
Luis Grañena
24 de Febrero de 2016

Esta semana Rus y Barberá; la semana anterior Rodrigo Rato, y todos nos preguntamos ¿quién vendrá a continuación? Atrás quedan los años en que España era una fiesta: Valencia era Fórmula1, Rita y Camps conduciendo un flamante Ferrari; era Madrid en manos de Gallardón, convertida en capital mundial del hormigón, túneles y edificios de altura para recibir a los JJOO; eran las fastas celebraciones en el mercado de Valencia, Demi Moore y Rita Barberá mezcladas, gambas e hidrógenos de El Bulli para despedir a veloces fragatas que partían rumbo a la Copa América; y, como último destello, Rato tocando la campana del éxito en la salida a Bolsa de Bankia. Dinero y política bailaban al ritmo de rock and roll. Hoy, la música ha cesado y la oscuridad ha sumido a los hijos del milagro económico, con una cantidad ingente de cargos –que entonces tenían la máxima responsabilidad en ayuntamientos, diputaciones o gobiernos– desfilando por los tribunales.
Hay un elemento concomitante en la mayoría de casos de corrupción recientes: una orden de arriba basada en alimentar y desarrollar una clase capitalista afín. Para ello, existía una estructura, una jerarquía y un aparato subordinado a la causa. En Alicante o Valencia se dio alas a Ortiz y Correa, en Madrid a Marjaliza. El PP se ponía así a disposición (por un módico precio, del 3% al 10%) de la noble causa de crear nuevos ricos, flamantes riquezas con yate que fueran la envidia de Europa, del mundo.
Se puede diferenciar entre dos tipos de ricos: aquellos en que la lealtad del grupo que lo conforma recae finalmente en el parentesco (como sucede con los Villar-Mir, los Calvo-Sotelo, los March y los Entrecanales, entre otros) y en menor medida en la afinidad personal (con el Rey, Aznar, Rajoy), y otros cuya unidad recae en pertenecer a una casa (en el sentido de Levi-Strauss), en la cual la sangre, el parentesco no actúa como elemento determinante de alianza entre los integrantes (como sí ocurre en el clan), sino que otros elementos cobran mayor importancia: la casa, una arquitectura “simbólica” que proyecta el fetiche de una alianza amplia, en este caso, un conjunto de personas aunadas por consejos de administración, conseguidores, medianas empresas y empresas del Ibex35 que quedan centralizadas por la estructura del partido y, simbólicamente, por Génova, 13.
La estrategia de erigir una casa capitalista con Génova como epicentro se remonta al proyecto quijotesco de un joven madrileño que soñaba con una España verdaderamente capitalista, con grandes empresarios capitalistas afines que desplazaran a la endogámica burguesía industrial y financiera vasca y catalana y evitara la existencia de un Estado fuerte (potencialmente socialista). Como dijera Aznar en 1979 en un artículo sobre las amenazas del nuevo régimen constitucional del 78 (publicado en el periódico La nueva Rioja): “No sabemos si nuestra economía va a ser de libre mercado o, por el contrario, va a deslizarse por peligrosas pendientes estatificadoras y socializantes“.
Eran tiempos en los que Reagan y Thatcher preconizaban el fin del comunismo, la URSS invadía Afganistán y, mientras tanto, en España, el régimen que murió en la cama se movía ligeramente para dar paso a nuevos actores, para temor de sus protegidos.
El PP se puso a disposición de la noble causa de crear nuevos ricos, flamantes riquezas con yate que fueran la envidia de Europa, del mundo.
En aquellos momentos, algo similar –aunque antagónico en la forma– se gestaba en aguas del PSOE. En 1981, en el congreso XXIX, el ideólogo de la nueva política económica, Carlos Solchaga (hoy en Zeltia), presentó las líneas maestras de su política económica en una ponencia que causó revuelo generalizado. Años después, ya en el gobierno como ministro plenipotenciario –junto a acólitos como Guillermo de la Dehesa (hoy, en el Santander)–, pudo desarrollar su proyecto: la apertura al capital privado de las grandes empresas españolas tras una paulatina privatización que permitiría entrar en la partida del capitalismo global (en la fase de concentración global), pero con el capital y control del Estado (gracias a la “acción de oro”) y sus tecnócratas.
Era la llamada “cogestión” o “codeterminación paritaria”, y pretendía importar el modelo de François Mitterrand de privatizaciones y nacionalizaciones parciales (en 1982 nacionalizó SMH-Alcatel, cuyo presidente y director general fue su hermano Robert Mitterrand). Las empresas de capital estatal actuarán bajo la dirección de los “hombres de Solchaga”, primero desde Industria y luego desde Economía y Hacienda. Era la ‘casa Solchaga’, que no dependía de un partido, sino de un ministerio, y del liderazgo del entonces ministro.
Pero el proyecto de grandes empresarios y tecnócratas duró hasta 1996. Tras la victoria de Aznar en las elecciones de ese año, el proyecto del hombre que se fotografió disfrazado del Cid Campeador echó a andar.  Tras la conquista del Estado, se constituye la “casa Aznar”: con Miguel Blesa, su fiel escudero, y Rodrigo Rato como su mano derecha en el partido, más sus aliados en el Consejo de Ministros, y Francisco González, Juan Villalonga, Florentino Pérez  y otros en el sector privado. 
El favor de los comunicadores del franquismo
La primera conquista tenía como objetivo superar las glorias de la saga Aznar, grandes figuras de la España victoriosa en 1936, en la que destacaron como juristas, diplomáticos, pero ante todo, como periodistas y directores de grupos de comunicación durante el franquismo (La Vanguardia, SER y RNE). Se trataba entonces de modernizar esa gloria, construyendo un imperio privado de medios de comunicación, al estilo de la cadena FOX de Rupert Murdoch (de cuya empresa matriz será consejero tras su salida del gobierno), que pudiera rivalizar con los ideologizados RTVE y El País.
Un primer indicador que apunta a esta tesis es el destino de Blesa, quien pasa de ser inspector de Hacienda a ser nombrado consejero en Antena 3 en 1996. Fue la primera incursión del clan en su intento de conseguir su propio holding afín: primero lo conseguiría, vía BOE, con RTVE y Telemadrid; después, pensando en el largo plazo, con el nombramiento de varios amigos en sectores estratégicos.
Un paso esencial para los objetivos de la ‘casa Aznar’ fue colocar al amigo de Aznar y Rato, a “Paco” González, como presidente de Argentaria antes de su privatización y convertirlo, tras la fusión con el BBV, en presidente de la resultante BBVA (desplazando un año después del cargo de copresidente a la saga de banqueros vascos, los Ybarra), la mayor entidad financiera española del momento. Con este movimiento, ya sólo le quedaba posicionar al que fuera compañero de aula en el colegio de El Pilar, Juan Villalonga, en la joya de la corona del Estado, Telefónica, la empresa española de mayor capitalización bursátil entonces. Con él compartía amistad y afición desde la época de colegio en El Pilar: “Los dos vivíamos para jugar al fútbol”, cuenta Aznar en sus memorias. 
Ya totalmente privatizados, BBVA y Telefónica serán desde entonces compañeros inseparables (BBVA es, hasta ahora, accionista de referencia de Telefónica), de proyectos tan deficitarios como Terra. En 1997, la Telefónica de Villalonga cumplirá el objetivo de Aznar fundando Vía Digital, introduciéndose así en el mercado de la televisión para enfrentarse cuerpo a cuerpo al denostado capitalista socialista, Jesús de Polanco. Daños colaterales del “proyecto Villalonga” son las stock options (opciones sobre acciones) que se embolsó por varias operaciones: por la compra de Lycos, la salida de Terra a Bolsa, la utilización de información privilegiada previa a la alianza con MCI-WorldCOM,  o en la compra por 5.500 millones de Endemol, que llevó al juez Baltasar Garzón a abrir una investigación, casos que hoy siguen sin esclarecerse.
Para cumplir los sueños de Aznar fue crucial Florentino Pérez: concejal de Madrid por UCD, alto cargo en Transporte, Turismo y Telecomunicaciones, y luego integrado en Alianza Popular
Aznar no sólo soñaba, cual Quijote, con conquistar los terrenos y riquezas de moros y herejes para repartirlos con su fiel escudero y sus acólitos. Era un proyecto de una nueva España, con un holding que pudiera sostener una cosmovisión a largo plazo, más allá de su presencia “física” en el gobierno (pues renunció tempranamente a una segunda reelección): fútbol y construcción, obras, vacaciones en la playa, la segunda casa. Era la ampliación del sueño franquista de Fraga. Una nueva sociedad sin política, que viera en el cemento y los triunfos nacionales de la selección a una nueva España, sin fisuras, superadora de la guerra civil y la dictadura.
Para ello fue crucial la figura de Florentino Pérez, el que fuera concejal en el Ayuntamiento de Madrid por UCD, alto cargo en el Ministerio de Transporte, Turismo y Telecomunicaciones, y promotor del PRD junto Miquel Roca i Junyent (hoy defensor de la infanta Cristina en el caso Noos y consejero de ACS), posteriormente integrado en Alianza Popular. Su imperio en la construcción comienza en 1983, con la compra por 5 millones de pesetas de Padrós S.A. reconvertido a partir de 1996 en el brazo industrial de la ‘casa Aznar’. Un recetario que recuerda mucho al de Villar Mir, con una empresa de construcción en quiebra, una lista de contactos y un padrino, en un caso el rey o Rajoy, en el otro Aznar (y Esperanza Aguirre como lugarteniente).
El imperio ACS es fruto, además, de la unión de Pérez con tres familias capitalistas, los Urquijo, los March y los Albertos. Los primeros cedieron OCISA por 1 peseta la acción a Padrós S.A, formando así OCP. Los segundos llegaron cuando Aznar estaba en la presidencia del Gobierno y Florentino Pérez era presidente de OCP. Los últimos aportaron los activos de su empresa Imex en 1997, entrando en su accionariado.
Florentino le debe mucho a Aznar, a Blesa y a Madrid. En las dos legislaturas de Aznar pasó de ser empleado de los March a principal accionista individual de ACS y presidente del Real Madrid.  Su dependencia de la “casa Aznar” viene por tres vías: Caja Madrid, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, Gobierno nacional. A la rescatada entidad madrileña le tiene que agradecer ser su principal mecenas en su política de compras, desde la financiación de la compra de Dragados (450 millones) que catapultó a ACS a la cima, a la compra de un paquete accionarial de Iberdrola (1.100 millones) en 2003, ampliado en 2006 (2.058 millones), o para financiar la compra de jugadores del Real Madrid como Cristiano Ronaldo (76,5 millones).
Como contraparte, para sellar la alianza con Caja Madrid, Blesa entra en 2003 en el consejo de administración de ACS. Posteriormente, tras su salida de Caja Madrid a finales de 2009 --sustituido por Rato--, se renueva la alianza con la entrada de quien aprobaba los créditos y préstamos a ACS, el director de finanzas de Caja Madrid, José Carlos Contreras, en el consejo de ACS en 2011. Bankia, además, es una de las entidades que han financiado a Florentino Pérez las compras personales de acciones de ACS que le han convertido en el accionista principal. El constructor adeuda a varias entidades financieras 420 millones de euros (a través de su sociedad Inversiones Vesán).
El Estado en obras y el imperio de compras: la alianza Blesa-Pérez
En cuanto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, Pérez les tiene que estar agradecido por la adjudicación de un sinfín de obras de grandes infraestructuras, con sobrecostes incluidos: el mayor, el soterramiento de la M30 de Gallardón, adjudicado por 2.500 millones, y un coste final de 6.500 millones, más del doble, y  con un coste de mantenimiento anual de 125 millones de euros, abonados por el ayuntamiento a ACS y Ferrovial. La T4 del aeropuerto de Barajas, que finalmente costó 6.200 millones frente a los 541 por los que se adjudicó (estaría destinada a una aerolínea Iberia, participada por Caja Madrid, luego privatizada).
De la obra de Barajas diría Aznar que era “el plan más ambicioso puesto nunca en marcha en España”. A Esperanza Aguirre, lugarteniente de Aznar, Pérez le debe la adjudicación (bajo la fórmula público-privada) de las obras de los intercambiadores de Plaza de Castilla y Príncipe Pío (y la explotación del de Avenida de América), que supusieron una inversión de 199 millones, o la construcción del hospital de Majadahonda por 245 millones (al que se sumó, por orden de Madrid, el hospital de Son Dureta en Mallorca, una concesión de 31 años con una inversión de 778 millones).
El amor por el hormigón y el cemento unió a Esperanza y Florentino también en el terreno de la concesión de carreteras en Madrid, quedándose ACS con el dulce más preciado, la construcción de las carreteras radiales R3/R5 y M50 y la explotación de la R2, por lo que cobraría en total 1.073 millones. Hoy todas las autopistas radiales están en quiebra y pendientes del rescate por parte del gobierno.
La pugna entre Esperanza y Gallardón en el Ayuntamiento llevó a la casa Aznar a optar por un valor seguro para continuar con el imperio: colocar a Ana Botella como alcaldesa. Aunque no pudo entregar a Florentino el primer contrato integral de servicios de 1.700 millones, Botella dejó firmados en 2014 varios contratos: un segundo contrato integral por valor de 645 millones para el alumbrado público de la zona centro y oeste de la ciudad; y la recogida de basuras en la zona periférica de Madrid (72,6 millones). Con la entrada de Carmena y el PP en la oposición, quedó en vilo el contrato que pretendía unificar la recogida de basura en la zona centro y periferia, que se elevaría a 1.000 millones de euros. La jugada contemplaba que Florentino arrebataría a FCC la recogida en el centro. Hasta ahora, está pendiente de salida a concurso.
El de Blesa fue el consejo de las preferentes, de la salida a Bolsa y del maquillaje de cuentas y folletos, hechos por los cuales Bankia tendrá que devolver 1.400 millones al Estado
Equiparable fue el ascenso de Blesa; en su caso, hacia la cúspide financiera. El amigo de correrías universitarias de Aznar, compañero de oposiciones y vecino en Logroño, consiguió desarrollar una carrera como oligarca. Antes, le había suplido por momentos Francisco González, pero pronto cedió el cetro a Blesa. Gracias al control de éste sobre el total del capital de Caja Madrid, entró en el capital de Iberia, luego en Mapfre, en Indra, en SOS. En total, en su punto álgido, en 2010, antes de su conversión en Bankia, Caja Madrid participaba como accionista en cinco sociedades del Ibex35 (Indra, BME, Mapfre, Iberia y Ebrofoods).
El imperio financiero de Blesa tuvo sus altibajos con su salida, pero finalmente se convirtió, en 2011, tras su conversión en Rato-Bankia, en refugio de la casa Aznar: en su consejo estaban Mercedes de la Merced (Concejal del PP de Madrid), José Manuel Fernández Nornella (Secretario Estado Hacienda con el PP), José Rafael García Foster (senador del PP), Ricardo Romero de Tejada (Alcalde del PP en Majadahonda), Estanislao Rodríguez-Ponga (secretario de Estado de Hacienda con el PP), Ángel Acebes (todopoderoso ministro del Interior, de Administraciones Públicas, de Justicia y secretario general del PP entre 2004 y 2008), José Luis Olivas (Presidente de la Generalitat Valenciana por el PP), Jesús Pedroche (presidente de la asamblea de Madrid y consejero de presidencia de la comunidad) y Rodrigo Rato (Ministro de Economía y Vicepresidente del gobierno).
Era el consejo de las preferentes, de la salida a Bolsa y del maquillaje de cuentas y folletos, hechos por los cuales Bankia, hoy en manos del Estado (FROB), tendrá que devolver 1.400 millones. Y fue el consejo que firmó unas cuentas que daban unos beneficios en 2010 de 195 millones, revisadas en 2011 y convertidas en pérdidas por valor de 2.979 millones.
Posteriormente, en 2012, el consejo de Aznar firmó las cuentas que revelaban las mayores pérdidas de una empresa española en la historia: 21.545 millones de euros, pérdidas que superaban las de AIG en 2007, la segunda entidad con mayores pérdidas de la crisis subprime, en un país con un PIB catorce veces mayor al de España. Otros daños colaterales del proyecto fueron las 1.700 personas prejubiladas en 2012, y un rescate que costó un ERE a 539 personas.  Detrás de estos números, está la mayor ofensiva de la casa Aznar para desafiar el statu quo de la banca española. Pero todo valía en su intento de ser los nuevos Rockefeller, y sustituir así a los tradicionales banqueros vascos y catalanes. El Estado estaba para respaldar ese plan.
Disyuntivas de un clan ya asentado
Aznar pudo cumplir su cometido, construir una clase capitalista propia, que sobreviviera más allá de su partida física del gobierno. Ni Zapatero ni Rajoy han podido modificar totalmente ese statu quo. El primero le abrió las puertas a Rato, permitiendo que escalara a la cúspide del sector bancario como banquero de una entidad privatizada, y el segundo los desbancó, cediendo la custodia del brazo financiero de los Aznar a sus grandes colaboradores, el clan de Rajoy, formado por fondos de inversión internacionales que antes representara Luis de Guindos (ex Lehman Brothers). Rajoy ha molestado al clan de Aznar, levantando la mano para darle parte de ese imperio a sus socios coyunturales, al BBVA, Santander y los bancos-custodio que los poseen, tan habituados hoy a la geografía española.
Hoy la aznarización de España siente el aliento de los nuevos ayuntamientos y del próximo gobierno. No obstante, unos contratos muy bien atados y la posición monopólica de estas empresas son la garantía de supervivencia. Uno no puede enfrentarse a la empresa de infraestructuras más grande del mundo. De ahí que Manuela Carmena no haya tenido otra que adjudicar el servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes a Florentino Pérez. Son sólo cinco millones de euros, pero también una muestra de la continuidad del poder alcanzado en el paisaje político y económico español por la casa (blanca) de Aznar, Blesa y Pérez.

martes, 23 de febrero de 2016

La banalización del periodismo

El acontecer en clave de espectáculo

Bernardo Díaz Nosty


Ilustración: Maravillas Delgado
Ilustración: Maravillas Delgado
El periodismo se adultera cuando se ponen en el mismo plano, y con los mismos enmarcados y lenguajes argumentales, el espectáculo, el entretenimiento y el discurso de lo público. El perro guardián de la democracia se convierte aquí en el chucho malabarista del mercado.
Existe la percepción de que los noticiarios de la televisión han degradado su agenda, en la que predominan los sucesos y los deportes, mientras que la información general se aborda de forma descontextualizada, mediante una secuencia de imágenes y titulares hilvanados en unidades muy breves. Esa pérdida de calidad, relacionada con la prevalencia del espectáculo, se extiende también al resto de los medios. Paradójicamente, cuando los usos tecnológicos permiten integrar mayor cantidad de información y el acceso a las fuentes es mucho más fluido, se produce el oscurecimiento del periodismo.
El atentado terrorista del 14 de noviembre de 2015 en París puso de manifiesto el divorcio de las televisiones españolas con la información[1].Las cadenas no interrumpieron sus emisiones y, cuando finalmente abordaron el suceso, rompieron la estructura habitual de sus noticiarios y centraron su atención en un acontecimiento de indudable interés general. Sin embargo, este hecho extraordinario dejó al descubierto las debilidades de los informativos en el tratamiento que dieron a la noticia. Se asistió a una narración repetitiva, dominada por la cara espectacular del suceso. El contexto causal, es decir, el trabajo periodístico que debiera haber explicado el acontecimiento, quedó prácticamente ausente. Ni siquiera se aprovechó el momento para situar a la opinión pública ante la realidad del autodenominado Estado Islámico. Además, los conductores de distintos programas de entretenimiento tomaron el drama como objeto de sus manipulados sensacionalistas.
En este caso, como en otros, la información de lo que sucede apela a respuestas emotivas, a tomas de posición marcadas por la dureza de las imágenes, pero contribuye poco o nada a conocer las causas, a armar el pensamiento en los valores éticos de la cultura democrática (Camps, 2006). La información aparece aquí como una extensión de un espectáculo contado en claves más propias del entretenimiento o de la ficción.
Esta preocupación por la degradación del periodismo ocupó reflexiones pasadas[2], que partían de la hipótesis que afirmaba que las naciones del sur de Europa ofrecían, especialmente en sus televisiones, unos nutrientes de escasa calidad que no contribuían al progreso cívico y al refuerzo de la cultura democrática, al tiempo que marcaban fuertes contrastes con las naciones del centro y del norte.

Proceso extensivo de ‘tabloidización’La estructura clásica de los informativos europeos, que seguía las pautas canónicas del periodismo de referencia, establecía una jerarquización de lo noticiable de acuerdo con un criterio de servicio público. Sin los alardes retóricos que hoy se emplean, los noticiarios del Reino Unido, Alemania o Francia trataban de atender el derecho a la información de las audiencias. El concepto de información periodística estaba regido por los valores de la actualidad política, social, económica y cultural, considerados nutrientes básicos de la sociedad, mientras que los sucesos, la farándula y los deportes tenían una posición menos relevante o complementaria.
Existía en la prensa un modelo que invertía el esquema anterior, y daba primacía a los aspectos considerados más ligeros, en el ámbito específico de los medios populares y sensacionalistas (Cashmore, 2006), cuya fórmula se basaba en la traducción anglosajona de nuestro pan y toros: sex,scandal, sport –la triple “s”–, o, en otros casos, la triple “c”: crimen, celebridades, corazón…
Los noticiarios y los periódicos españoles sufren un proceso de “tabloidización”
Sería exagerado decir que los noticiarios de la televisión y los periódicos españoles responden exclusivamente a esos criterios, pero no cabe duda de que han sufrido y sufren un proceso de “tabloidización”, un término tomado de la prensa británica de más bajo perfil –los tabloides–, que hoy se ha generalizado para describir un fenómeno de degradación de contenidos en los diferentes medios y soluciones informativas (Biressi y Nunn, 2008).
En la televisión existe una lógica interna que puede explicar la “tabloidización”. Los informativos se integran mejor en la narración decididamente orientada al espectáculo y al entretenimiento que caracteriza al medio. Se produce ahí el fenómeno que se ha dado en llamar la hibridación de contenidos entre el periodismo y el espectáculo. Sin embargo, la credibilidad de los informativos es importante en la creación del target de audiencia y en la reputación de la cadena, aunque no determinante.
En España, el debilitamiento progresivo de la televisión pública se manifiesta especialmente en la baja calidad de los informativos, ya que, en buena lógica, estos debieran constituir su eje de referencia. Con una duración que suele duplicar el tiempo de estos espacios en las televisiones de otras naciones del entorno, resultan, sin embargo, más alejados de la información de referencia. El despliegue periodístico moviliza mayores recursos en la información de servicios, que adquiere una forzada relevancia y ocupa minutos para explicar lo obvio y lo que puede contarse de una manera mucho más simple. Ruedas de corresponsales para conocer los accidentes de tráfico durante el fin de semana en las distintas comunidades autónomas, o para comprobar el ambiente en las playas en días cálidos del otoño, o recorrer las pistas de esquí para saber cuál es el estado de la nieve… Empleo de recursos que no se asignan a otras narraciones periodísticas, excepción hecha del deporte, habitualmente centrado en el fútbol.
La ausencia de un referente público, por las debilidades crónicas de los informativos de TVE, traslada al resto del sistema audiovisual formas de hacer que desatienden el deber de informar y la necesidad informativa de una sociedad culturalmente evolucionada. Un país que ha avanzado de manera especial en la formación de las nuevas generaciones es desatendido en una vertiente básica para el desarrollo de la conciencia ciudadana:la información de interés general.
Hay un problema añadido. Tan solo hace dos décadas, aún se sostenía que la prensa escrita marcaba la agenda de las televisiones. Hoy, no es así, o solo lo es de forma parcial mediante noticias breves descontextualizadas, insertas en un esquema que reinventa el orden de lo noticiable. Y no solo eso, sino que los medios de referencia, especialmente en sus versiones online, se orientan cada vez más hacia el espectáculo y lo banal. En las ediciones digitales es fácil conocer el consumo de los contenidos, “lo que vende”, y por ello, aun a riesgo de perder el carácter de referencia, se advierte un repliegue de la filosofía del rating [nivel de audiencia] que mueve a los medios audiovisuales.

Sobrepasadas las líneas rojasLos tabloides, mediante construcciones orientadas a lo popular ya lo sensacionalista, no solo no han disminuido a medida que la sociedad iba adquiriendo nuevas herramientas mediático-culturales, sino que han progresado y han contaminado las expresiones de otros medios. En el Reino Unido, después de los escándalos de la prensa amarilla a raíz de la muerte de la princesa Diana de Gales (Sharkey, 1997) o de las escuchas telefónicas ilegales de News of the World (Johnson, 2012; Patching y Hirst, 2013), no hay un cambio significativo en las pautas de estas cabeceras. Ni el debate público ni el posicionamiento de intelectuales y académicos han mitigado el salto adelante hacia la propagación de un periodismo banal. Mientras la prensa sensacionalista se mantiene en sus coordenadas, donde encontró audiencias millonarias, la prensa de referencia se ha movido hacia los espacios soft e, incluso, pugna por destruir la referencia central de la BBC en el sistema de medios británico, como lo vienen haciendo los Murdoch, quienes, repuestos del escándalo de News of the World, califican a la corporación pública de “monopolio mediático” y de atentar contra la libre competencia y la libertad de expresión…
Los tabloides británicos, es más, han cambiado sus contenidos y han activado nuevas soluciones digitales. Quienes defendían la función social de estos medios como un nutriente válido de las clases populares, porque en sus páginas dominaba la información, constatan que han dado paso al espectáculo. Los diarios, en su difícil competencia con los canales populares de televisión, se unen ala fiesta con su producción continua de historias y participan en la tormenta perfecta de la gossip communication [comunicación de cotilleos], donde las redes sociales añaden ruido al cotilleo coral. Nunca como ahora se había dado, con una gama de medios muy amplia, una convergencia polifónica hacia el “gran público”.
En un momento de degradación generalizada del periodismo en los medios, las tendencias privatizadoras de la televisión pública en Europa no están argumentadas por el deseo de ampliar la libertad de expresión, sino que reflejan la voracidad de las corporaciones privadas en su avance hacia el control de nuevos espacios de audiencia. Esta tendencia, muy contenida en las naciones del centro y del norte, se ve acentuada en España por las políticas desafortunadas de los Gobiernos estatales y autonómicos.

Degradación de la esfera públicaEl gran zoco del espectáculo mediático, que integra la información como una suerte de miscelánea de hechos dramáticos, curiosos o protagonizados por las celebridades, abandona su ámbito natural y contagia espacios antes resguardados por la calidad periodística. Dos años antes de fallecer, el profesor Vidal-Beneyto, uno de los fundadores de El País, manifestó su preocupación por el progresivo vaciado de opinión en la prensa de referencia, especialmente de aquellas reflexiones que cuestionaban el discurso dominante. Un fenómeno que Vidal-Beneyto constataba en la prensa británica y francesa, y también en la española, donde seguía escribiendo. Era lo que llamaba la “esterilización de la crítica” y la “fumigación de la inteligencia”[3].
El trasvase del periodismo a formatos de entretenimiento está relacionado con la indiferencia de los políticos. Hay en ello un abandono de responsabilidad en la garantía de las libertades públicas (Scheuer, 2012). Hoy, reivindicar el rescate de la libertad de prensa frente a los implantes del mercado es visto como una injerencia del Estado en materia de libertad de expresión, como si el mercado se hubiese convertido en el garante de las libertades públicas. Esa idea privatizadora de la libertad de prensa se ha instalado en el discurso dominante. La reivindicación del ejercicio libre del periodismo por parte de los profesionales es vista como una especie de reinvención de la censura… En ese marco de contradicciones resulta reconfortante releer a los académicos liberales de Estados Unidos, que, después de la Segunda Guerra Mundial, integraron la Comisión Hutchins (Pickard, 2015) y describieron con claridad el alcance democrático de la libertad de prensa, de una free and responsible press [prensa libre y responsable].
El mercado ha ocupado la escena pública y ha oscurecido el discurso crítico, la reflexión académica (Brottman, 2005), la lectura del periodismo que reivindica sus raíces democráticas, su valor central como nutriente de la opinión pública informada. Otras modalidades narrativas, otras expresiones mediáticas, dejan de ser periodismo cuando pierden su identidad fundacional y su condición crítica de contrapoder. Son soluciones intervenidas, contaminadas. Simulaciones que, al desprenderse de la matriz ética, desdibujan su identidad. El ejercicio del periodismo se inscribe en la órbita de las libertades públicas –libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la información…–; por ello,cuando se rompe esa vinculación, cuando se hibrida con expresiones mediáticas como el entretenimiento, pierde su naturaleza original. El “infoentretenimiento” no es necesariamente periodismo.

Imperativos comerciales del guionEn los medios españoles hay numerosos ejemplos con soluciones que, bajo una pretendida pátina periodística, desinforman y reducen la narración de la actualidad a debates polarizados por imperativo del guion… Periodistas de los medios de referencia pierden su crédito en debates devaluados por los formatos festivos del espectáculo. En estos espacios, la llamada prensa de calidad, a través de sus periodistas, se entrega con frecuencia al tabloide, a lo amarillo, a la adulteración de los nutrientes de la opinión pública. La strategy of distraction [estrategia de la distracción] es para Chomsky la primera clave de la manipulación.
Pérdida de crédito en debates devaluados por los formatos festivos del espectáculo
Con ser grave la evanescencia de la frontera que separa el periodismo de referencia de los manipulados sensacionalistas, lo peor, al menos desde las bases cívicas del Estado de derecho, es que la deriva se corresponde con una crisis de la democracia. Se puede hablar, con propiedad, de una corrupción del periodismo que se realimenta en la crisis de la política. No debe confundirse la estrategia de la distracción con la división clásica de las noticias en duras y blandas –hard news y soft news–, siendo las primeras las relativas a los asuntos políticos, la economía, las relaciones internacionales, la cultura, la salud y la ciencia, mientras que las segundas incluirían los sucesos, los deportes y otros aspectos de interés humano. Ambos grupos forman parte del periodismo, al menos desde la concepción que integracódigos éticos reglados en la construcción y jerarquización de la actualidad narrada. La alteración del procedimiento, bien para satisfacer las necesidades de los anunciantes o de los requerimientos del poder, significa adulteración. Y lógicamente, hay adulteración cuando se ponen en el mismo plano, y con los mismos enmarcados y lenguajes argumentales, el espectáculo, el entretenimiento y el discurso de lo público, esto es, cuando se acorta la diferencia entre el Parlamento y la cancha deportiva. El perro guardián de la democracia se convierte aquí en el chucho malabarista del mercado.

Inversión en la escala de referenciasLa banalización del contenido de los medios incide en las libertades individuales y debilita la respuesta ciudadana, es decir, su capacidad propositiva. El empobrecimiento del lenguaje periodístico y su frecuente práctica polarizada ha impregnado al conjunto de la sociedad y se manifiesta, de forma excepcional, en el ámbito de la clase política, en su discurso, cada vez más reducido en la interacción en clave mediática. La corrupción ha contribuido, asimismo, a trasladar el protagonismo de los políticos desde el ámbito institucional al escenario de los sucesos. Un plano poco estimulante en un momento histórico que apela a la regeneración política del país.
Sorprende la limitada reflexión crítica acerca de la degradación del periodismo
Sorprende la limitada reflexión crítica acerca de la degradación del periodismo y, en consecuencia, del empobrecimiento democrático. Aun cuando la vertiente académica especializada es sorprendentemente amplia en España, genera escasas respuestas acerca de las causas y los efectos sobre la democracia y la cultura del país derivadas de la degradación de la matriz ética del periodismo en los medios.El ámbito académico de las ciencias de la comunicación, tributarias del conjunto de las ciencias sociales y de las humanidades, muestra también carencias que contrastan fuertemente con el tiempo histórico que conoce el máximo desarrollo científico-técnico. Y en eso, el gran espacio escolar ocupado por el periodismo y la comunicación tiene un papel poco relevante en la denuncia de la degradación del pensamiento y de los riesgos que ello entraña para la cultura democrática[4].
La que se ha definido como crisis sistémica, que afecta al conjunto de las instituciones y a los actores de la representación política, inscribe las debilidades del periodismo en una envolvente mucho más amplia. Alcanza a las expresiones de la representación política, pero también a las instancias generadoras de respuestas y nuevos paradigmas.
El descompromiso, la reducción de la agenda a “lo que vende”, a la mera satisfacción de las audiencias, hace dejación de los mitos fundacionales del periodismo, pero también de su responsabilidad social. Los estudios acerca de la posición de los medios ante un fenómeno como el cambio climático, por ejemplo,descubren las contradicciones de un modelo que, para algunos autores (Stanton, 2007), no puede explicar toda la realidad, como ocurrió con el silencio que precedió a la crisis financiera de 2008. Ante un fenómeno de tanta gravedad, que suscita un gran consenso científico, los medios rompen simbólicamente el acuerdo de los expertos y, más allá de sus posiciones acerca de un problema universal, lejos de formar conciencia cívica ante la necesidad de afrontar la crisis del planeta, simplifican, en muchos casos, la información o la conducen a una visión sensacionalista del problema. Otra mirada “no vende”, o puede afectar a un cambio en las pautas de consumo que alteraría las relaciones del medio con el entorno de los grandes anunciantes.
Al buscar las razones que han conducido a esta situación, no todo debe atribuirse al mercado, voraz por naturaleza, sino a la dejación de quienes han abandonado el papel de garantes de la primacía de la esfera pública en las sociedades democráticas. Además, la propia industria del sector ha acentuado la ya existente precarización del empleo en los medios en los años de crisis económica. La drástica reducción de las plantillas de periodistas y la bajada generalizada de los salarios han creado unas condiciones en las que el periodismo de referencia, que comprueba las fuentes, investiga y construye historias contextualizadas, es poco viable. Se ha dado paso a las narraciones efímeras, escasamente argumentadas y urgidas por los requerimientos constructivos del soporte digital. Las empresas editoras, apremiadas por la caída de los ingresos publicitarios y la reducción de la difusión en soporte papel, han forzado soluciones de supervivencia a costa de la calidad del medio y, lo que es peor, con la pérdida de credibilidad entre las audiencias. España aparece en 2015 como el país europeo con más baja confianza de las audiencias en los medios (Newman, Levy y Nielsen, 2015: 12)[5].

Rescate del periodismoLa crisis del periodismo se inserta dentro de una crisis sistémica que afecta al conjunto de las instituciones de la democracia. Por ello, es difícil concebir un rescate de sus valores esenciales en una democracia empobrecida, pero sí cabe entender que cualquier solución futura, sea en el soporte que sea, deberá pasar por una disociación entre la información de interés público y el espectáculo (Scheuer, 2012). Diferenciación que entronca con el mismo rescate de la democracia, en la medida que la libertad de prensa no puede desvincularse de las libertades públicas, con independencia de que su producción corresponda a corporaciones privadas. Solo así, mediante la excepción democrática de la información, como nutriente de la opinión pública en una sociedad libre, la libertad de prensa recuperará la credibilidad perdida, dejando para el espectáculo las soluciones propias del entretenimiento y del ocio.
Las soluciones pasan por disociar información de interés público y espectáculo
Una primera consideración propositiva para el rescate del periodismo, en un nuevo marco tecnológico, en el que se insertan nuevas prácticas sociales de comunicación, parece pasar por la necesaria separación entre información y espectáculo, al tratarse de aspectos de muy distinta naturaleza. Esto es, rescatar los enmarcados propios del periodismo, con independencia de los soportes, de modo que sea reconocido como una fuente potable para su consumo por parte de la opinión pública. Aislar,como formas propias del espectáculo, ciertas narraciones que se presentan como periodísticas,mediante el forzamiento de la agenda de la actualidad hacia valores ajenos al interés general y a los criterios más básicos de la ética profesional.
Cabe asignar a todas las instancias que promueven y favorecen la transparencia, entre las que están los medios, un estatuto democrático, de forma que se distingan las relacionadas con el marco de las libertades públicas, sujetas a estándares de calidad y códigos éticos, de aquellas que recrean espectáculo u otras que están guiadas por objetivos tóxicos, de desinformación, propaganda o simple inducción comercial.

lunes, 22 de febrero de 2016

El Supremo le niega a Calatrava el cierre de calatravanonoscalla.com

El arquitecto demandó en 2014 a EU por la web en la que se hablaba de sus "pifias"


La cubierta del Palau de Les Arts de Valencia luce nuevo 'trencadís'.
  

El Tribunal Supremo le ha negado al arquitecto Santiago Calatrava el derecho a que se cierre la web "calatravanonoscalla.com" y se le pague una indemnización por el contenido de este dominio, en el que se le acusa de "proyectos ruinosos y facturas sin IVA" firmados en la Comunidad Valenciana. El tribunal considera que el contenido de la página "está amparado por la libertad de expresión del partido político demandado", recoge la sentencia.

El arquitecto Santiago Calatrava demandó en 2014 a Esquerra Unida (EU) por la web www.calatravatelaclava.com que promovió la coalición de izquierda y en la que se informa de los contratos con el Consell y de sus "pifias". El también ingeniero pidió el cierre cautelar de la "denigrante" página, así como el pago de 600.000 euros por daños a su honor.
La web muestra en su página de inicio una imagen del arquitecto con el expresidente Francisco Camps y el condenado por distintos delitos fiscales Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón. Calatrava los denunció por atentar contra su honor.

La Sala de lo Civil del Alto tribunal ha rechazado en una sentencia divulgada hoy que la web auspiciada por EUPV, vulnere el honor del arquitecto y ha desestimado su recurso, ya que considera que las duras críticas contra él que se vierten en el citado dominio están protegidas por la libertad de expresión e información.

Es aceptable el modo elegido por EU para denunciar "el despilfarro de las administraciones públicas, lo elevado de los honorarios cobrados por el demandante con cargo al erario público, la existencia de favoritismo, de irregularidades en la contratación, de obras defectuosas, retrasadas, de proyectos pagados que ni siquiera habían empezado a ejecutarse, la localización de las empresas de demandante de forma que los impuestos no se pagaran en España... etc".


Pero Calatrava pedía 600.000 euros y el cierre de la web, y por eso recurrió contra aquella sentencia ante el alto tribunal, a pesar de que EU había cambiado -por el ya citado- el título del dominio.
"No concurren las razones que motivaron el pronunciamiento condenatorio, puesto que "no nos calla" es una expresión claramente diferente de "te la clava", dice el Supremo.
"La libertad de expresión comprende la crítica de la conducta de otro aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo,la tolerancia y el espíritu de apertura", dice el tribunal.

El procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública

Leonor Rams Ramos

El procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública

 18/02/2016
laadministracionaldia.inap.es

 

Este artículo analiza los principales problemas que plantea la regulación del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso por la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, recién cumplido el plazo para su aplicación en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, así como las distintas soluciones por las que han optado las distintas entidades que han aprobado sus propias regulaciones sobre acceso a la información pública. Todo ello, a la luz de las primeras interpretaciones que de dicha normativa está haciendo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, después de un año de aplicación de la Ley. Tras identificar los principales problemas que surgen en la aplicación de la normativa de acceso a la información, se intentan presentar opciones interpretativas que respeten, en la medida de lo posible, la efectiva realización del principio de transparencia.

Leonor Rams Ramos es Profesora Contratada-Doctora de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos

El artículo se publicó en el número 41 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, 2016)

 VER ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ

jueves, 18 de febrero de 2016

El Gobierno del Principado paga salarios de titulado universitario a personal de confianza con bachiller superior y formación profesional

La reciente publicación de los currículos profesionales del personal de confianza de los gabinetes de Presidencia y de las Consejerías del Principado de Asturias revela sorpresas salariales escandalosas que, además, pueden incurrir en fraudes del régimen retributivo de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

El contraste de los currículos publicados con la relación de puestos de trabajo del personal eventual (ver aquí) que  aparece también en la página web del Principado, ofrece la siguiente información:

Consejería de Presidencia:

Angelina García García, título de bachiller superior. Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo B, correspondiente a titulados universitarios medios, nivel 26 (propio de Jefaturas de Servicio), con un salario anual de 43.737,60 euros

Consejería de Derechos Sociales

María Pantiga Rodríguez, título de bachiller superior. Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo A, correspondiente a titulados universitarios superiores, nivel 24 (propio de Jefaturas de Sección), con un salario anual de 38.197,88  euros

Greta Cortina Zapico, título de Formación Profesional. Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo B, correspondiente a titulados universitarios medios, nivel 22 (propio de puestos base), con un salario anual de 33.084, 30 euros

Josefa Capa Texeira, título de Trabajadora Social (universitario medio). Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo A, correspondiente a titulados universitarios superiores, nivel 28 (propio de Jefaturas de Servicio), con un salario anual de 54.909, 26 euros

Consejería de Sanidad

Javier de la Puente Pérez, título de bachiller superior. Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo A, correspondiente a titulados universitarios superiores, nivel 24 (propio de Jefe de Sección), con un salario anual de 38.197,88 euros.

Consejería de Infraestructuras

Silvia Brugos Rodríguez, título de formación profesional. Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo B, correspondiente a titulados universitarios medios, nivel 22 (propio de puestos base), con  un salario anual de 33.084, 30 euros

Consejería de Desarrollo Rural


José Gonzalo Asenjo Palmerola, título de bachiller superior. Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo A, correspondiente a titulados universitarios superiores, nivel 28 (propio de Jefaturas de Servicio), con un salario anual de 50.041, 46  euros

Vanesa González Díaz, título de Formación Profesional. Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo B, correspondiente a titulados universitarios medios, nivel 22 (propio de puestos base), con un salario anual de 33.084, 30 euros

Presidencia del Gobierno

Flor Melón Martino, Estudios de Protocolo. Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo A, correspondiente a titulados universitarios superiores, nivel 28 (propio de Jefaturas de Servicio), con un salario anual de 50.041, 46  euros


Rosa María López Espina, Profesora de EGB (título universitario medio). Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo A, correspondiente a titulados universitarios superiores, nivel 24 (propio de Jefaturas de Sección), por un importe anual de 38.197,88 euros.

Ana María Alonso Prado, título de Formación Profesional. Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo B, correspondiente a titulados universitarios medios, nivel 22 (propio de puestos base), por un salario anual de 33.084, 30 euros

La atribución al personal eventual de confianza que se acaba de relacionar de un régimen retributivo superior al que le corresponde en razón de su titulación académica, además de suponer un evidente privilegio respecto al régimen retributivo de los funcionarios de carrera y del personal laboral fijo del Principado de Asturias; constituye también, a juicio de esta asociación, un claro fraude de ley.

En efecto, el artículo 25 de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias dispone que el personal eventual percibirá las retribuciones básicas y complementarias fijadas en su nombramiento, de acuerdo con las asignadas al personal funcionario del grupo o subgrupo al que resulte asimilado, excluida antigüedad.

Ahora bien, resulta evidente que un empleado eventual de confianza con título de bachiller superior o de formación profesional no puede asimilarse a un funcionario de carrera de un grupo para que el que la legislación de Función Pública exige una titulación universitaria, como es el caso de los Grupos A y B, sin incurrir en fraude de ley.

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies exigimos una corrección inmediata de este agravio comparativo y el cese de  los cargos políticos que avalaron este fraude.

Porque la Función Pública, en un Estado que se dice Democrático y de Derecho, no puede ser un botín de guerra del partido gobernante.





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miércoles, 17 de febrero de 2016

No me resigno





 Isabel Carrio Montes, médico internista (Hospital San Agustín), Gijón
LNE 16/02/2016

Estoy indignada, enfadada, cabreada y hastiada. Siento ira, desencanto y frustración. Una vez más la principal ciencia y meritaje de nuestros días, el dedismo, ha vuelto a marcar su destacado papel en nuestra simple y llana cotidianidad. Y es que no, no sólo es atributo de las grandes cabezas pensantes y corruptas de nuestros representantes públicos en Madrid, no, claro que no, faltaría más.

Desde hace muchos meses, incluso años, a los socialistas se les llena la boca, aquí, en Madrid y en cualquier parte, vociferando contra la corrupción y la prevaricación, pero al final terminan defendiendo la misma actitud que aquellos a los que justamente se la recriminan.

Este viernes me he enterado del enésimo caso que demuestra, una vez más, que el enchufismo es la lotería de la mediocridad y/o la inutilidad. La verdad es que no entiendo cómo podemos consentirlo y precisamente porque no me resigno a ello hago público mi rechazo y deseo que mis pacientes se enteren del porqué de mi desmotivación.

A ningún director, a ningún gestor, a ningún alto cargo de nuestra administración sanitaria parece importarle ni un pimiento la calidad ni la seguridad de la atención médica, en mi Servicio vivimos desde tiempo inmemorable en la más absoluta precariedad, siempre con la soga al cuello, siempre corriendo, siempre a destajo y al final ni agradecidos ni pagados. Los principales afectados son los propios pacientes, que encima nos ven a los médicos como responsables de todo sin reparar, entre otras cosas porque nadie se lo ha dicho, que sólo somos meros peones sometidos a la presión de la incertidumbre de una ciencia inexacta, bonita y agradecida cuando las cosas van bien, pero ¡ay! estresante e insatisfactoria cuando los resultados no son los esperados tanto para los pacientes como para los gestores.

Además de una sobrecarga perpetuada y siempre minusvalorada por nuestros mandos, se añade una vez más el desencanto de ver cómo los más inútiles son premiados con carguinos a dedo que lo único que requieren de preparación son unas buenas almorranas para apoyarse en ellas e incubar en un gran sillón de su despacho de coordinador sus enormes huevos, inflamados por estar toda una vida tocándoselos. Ah, eso sí, cobrando sueldos que podrían ser utilizados para mejorar de verdad la asistencia sanitaria.

Estoy harta de directores, gestores, coordinadores, caciques, mamporreros, capataces y demás vagos ineptos de nuestros entorno, y no, no me da la gana recurrir a Madrid o a las altas esferas para ver ejemplos. El que se dé por aludido es que debe estarlo. Estoy HARTA de que las comisiones de servicio sean el billete en business del que tiene amiguitos para que le coloquen en cargos o plazas inmerecidas cuando fue un recurso dispuesto en la ley para cubrir necesidades reales y no una moneda de cambio entre politicastros y amiguismos.

He de confesar que ya a los 13 años deseaba fervientemente y con gran vocación ser médico y hoy veo lamentablemente que todo aquello por lo que luché se ha esfumado, y sólo pienso en sobrevivir en un mundo hostil donde a cada minuto tienes que mirarte la espalda por si alguien te ha apuñalado, eso sí a traición, jamás a la cara. Por eso me rebelo, por eso no me callo, por eso digo a mis pacientes que si a veces me ven cansada y abatida no se extrañen, ellos van a ser los mayores perjudicados, porque desde luego mi motivación y mi interés se han desinflado y aquella ilusión de la adolescencia ya no existe.

Como tampoco quiero ser totalmente tremendista, voy a dejar un resquicio para la esperanza. Ahora mismo el Servicio de Urgencias del Hospital San Agustín está libre de ataduras, libre para comenzar una nueva etapa, libre para volver a ilusionarse y a ilusionarnos, con personas que lo conocen desde hace muchos años, más que válidas para llevar a cabo proyectos esperanzadores y que nos beneficien a todos. Proyectos que su recién huido coordinador, ahora ascendido por enchufismo reiterado, ni siquiera comenzó ni en los sueños que tenía mientras roncaba en el sillón. Ahora es un buen momento para tomar las riendas y desde el conocimiento del Hospital, desde la valía y el esfuerzo, espero que alguno de mis compañeros urgenciólogos pueda no sólo renovar la asistencia urgente sino que pueda hacernos olvidar una época de miseria y de ostracismo, fomentando la colaboración con los servicios y en lo que a mí respecta con Medicina Interna.

Espero que ahora se haga valer la capacidad y el mérito, y no volvamos al pozo del redicho si, es muy válido pero no es de los nuestros, no es del partido, o peor todavía ese pero si ese del SIMPA, ¡por Dios! Como sea así, compañeros, ahí me tendréis frente a las barrricadas, dispuesta a luchar en nuestro hospitalín, codo con codo por evitar que nos lo conviertan en un coto privado de paracaidistas enchufados o en un territorio comanche.

lunes, 15 de febrero de 2016

El Gran Teatro de Títeres del Mundu

Milio Rodríguez Cueto, LNE

La posible responsabilidá de los inculpaos en Madrid hai que la estender a los muñecos que manipulaben

Abulta centimétrica  y kilográmicamente desproporcionao encerrar  un paisanu de (vamos poner) metro ochenta d'altura y ochenta  kilos poi delitu  (si lo ye) cometíu por un títere anorésicu de trenta centímetros y dos­ cientos gramos.

Los que tenemos edá y sexu pa ello, acordámonos de cuando cumplíen arrestu sine die, nos cuarteles, armes involucraes en sucesos luctuosos: un suicidiu nocturnu n´una garita o un disparu fatal durante la !limpieza del fusil. L'exérci- tu, un puntín animista nesti casu, nun disculpaba la responsabilidá de la máquina cola torpeza o la mala intención de la mano que con ella trataba. Mutatis mutandis, ¿por qué'l xuez de l'Audiencia  Nacional manda pal cuartón al titiriteru y, en cambiu, dexa sueltu al fantoche don Cristóbal, auténticu portador del famosu cartel apoloxéticu?

Entre usté en Youtube o Vimeo, escriba  «La  bruja y don Cristóbal»  y va poder comprobar (nun  dexe que-y  lo espliquemos otros) cómo fue'1 pérfidu muñecu ñarigón el que l'otru día, en Madrid, usó'1 ya famosu «Gora  Alka-Eta>>  pa comprometer a la bruxa inconsciente. Si ve'1 clip, igual coincide comigo en que lo más peligroso de la representación de Madrid yera ganar el tétanos colos fierros de detrás del escenariu y en quelos cómicos manipuladores merecen la detención  pero por ser zurdos de les dos manes.

Vuelvo a la idea central: que cobren  títeres les deudes de los títeres nesti Gran Teatru de Títeres del Mundu postmodemu. La reciprocidá ente falta y pena, pa bien ser, obliga a qu'un indignáu denunciante títere llame a la policía títere pa suspender la representación;  la responsabilidá del arrestu recái nun xuez títere y unos medios de comunicación títeres difunden 1'escándalu.

Contertulios radiotelevisivos títeres piden responsabilidaes de munícipes títeres y políticos títeres de la oposición  acusen  a una conceyala titeresa d'incapacidá pal cargu.

Reacionen los títeres defensores de les llibertaes artístiques, apelen  a la Constitución del país de los títeres y don Cristóbal sal de prisión, anque-y retiren el pasaporte de Titerelandia y queda obligáu  a presentase regularmente nuna comisaría de títeres.

Siendo asina, ta too bien.

Pero España  y Titerelandia  son dos países distintos.. . digo yo.