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viernes, 28 de noviembre de 2014

El TSJA confirma la nulidad del concurso de méritos para cubrir 476 puestos de jefe de sección del Principado

El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) acaba de dictar en el día de hoy, 28 de noviembre, sentencia (VER AQUÍ) por la que confirma la nulidad de la convocatoria del concurso de méritos para la provisión de 476 puestos de jefe de sección del Principado de Asturias.

Dicha nulidad ya había sido declarada en primera instancia por sentencia de 10 de diciembre de 2013 del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 5 de Oviedo (VER AQUÍ), en la que se dejaba sin efecto la convocatoria al no estar amparada en una relación de puestos de trabajo (RPT) completa y suficiente, que contuviera una descripción de las funciones de cada uno de los puestos convocados. Además. en dicha sentencia se anulaban específicamente los siguientes extremos:
- la limitación a 50 de los puestos a los que podían optar los concursantes, limitación que se declara arbitraria por vulnerar el derecho de los empleados públicos a participar en el concurso en condiciones de igualdad, sin restricción alguna sobre el número de las plazas que se convocaban
- la discriminación en la que incurría al excluir de la valoración de méritos el tiempo de permanencia en un puesto de trabajo como funcionario interino por quien ya es funcionario de carrera, discriminación que vulnera el principio de igualdad y la jurisprudencia comunitaria
- la valoración indebida de la impartición de cursos de formación, al tratarse de una circunstancia no prevista expresamente en la ley como mérito computable
- la exclusión injustificada de la convocatoria de puestos vacantes que deben incluirse en el concurso de méritos, entre ellos, más de 10 puestos de letrados del Servicio Jurídico del Principado y del SESPA

La sentencia que hoy acaba de dictar el TSJA confirma todas las ilegalidades declaradas por el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 5 de Oviedo, con la única excepción de la interpretación que debe darse a la valoración del trabajo desarrollado previamente como funcionario interino (base tercera, subapartado A) 3 de la convocatoria). A este respecto, el TSJA considera que, si bien debe valorarse como mérito el tiempo de trabajo desempeñado como personal interino, tal y como propugnaba el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies y la propia sentencia recurrida y, por tanto, la base en cuestión infringe el ordenamiento jurídico en cuanto que excluía a los funcionarios interinos, sin embargo el tiempo prestado en esta situación de interinidad debe valorarse de forma diferente respecto del desempeñado como funcionario de carrera ( fundamento de derecho quinto)

Por lo demás, la  sentencia del TSJA es demoledora para el Principado de Asturias, tanto por la magnitud y número de las ilegalidades en las que incurre la convocatoria del concurso de méritos y por la contundencia con la que se pronuncia el Tribunal, como por el hecho de que la misma viene a sumarse a otras resoluciones judiciales anteriores que tumbaron este tipo de convocatorias, lo que revela una actuación administrativa continuada y constante al margen de la legalidad.

Así, la sentencia del TSJA señala que la convocatoria, al limitar a 50 el número de puesto a solicitar tiene un claro efecto discriminador , que los argumentos del Principado no dejan de ser de mera y estricta oportunidad derivados de la masiva oferta de puestos vacantes tras un largo plazo de tiempo sin ser convocados a su preceptiva provisión (fundamento de derecho cuarto, página 7 ); que se produce un claro efecto discriminador al igualar indebidamente a quien se esfuerza en adquirir los conocimientos necesarios para la mejora del desempeño en su labor funcionarial con aquel que ya cuenta con dicha formación hasta el punto de estar en condiciones de impartirla (fundamento de derecho sexto, página 11); o que la exclusión del concurso de los puestos de letrados del Servicio Jurídico y del SESPA impide, de forma arbitraria e injustificada, el ejercicio del derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución de los funcionarios públicos a acceder a esos puestos mediante convocatoria pública y conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad (fundamento de derecho séptimo, páginas 11 y 12)

 Una vez más, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies constata que el grave problema que padece el Principado de Asturias en la gestión del empleo público no es tanto una cuestión que se solucione con una reforma legal, sino que tiene que ver sobre todo con unas conductas y prácticas político - administrativas en la aplicación de la ley, de naturaleza clientelar, que tendrían que haber sido desterradas de forma urgente hace bastante años, pero que continúan practicándose hasta la fecha en la más completa impunidad.

jueves, 27 de noviembre de 2014

Explicamos claramente las irregularidades y fraudes apreciados por la Unión Europea en la ampliación del puerto de El Musel


El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha conocido a través del portal de noticias Asturbulla la Notificación dirigida por la Dirección General de Política Regional y Urbana (DR REGIO) de la Unión Europea (UE) al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno español, fechada el 24 de octubre de 2014, en la que le confirma la revocación de la subvención de 247.500.000 euros concedida con cargo al Fondo de Cohesión para las obras de ampliación del puerto de El Musel, en Gijón, así como la obligación de reintegrar a la UE la cantidad de 198.000.000 euros ya percibida por la Autoridad Portuaria de Gijón.

La Notificación se acompaña de un informe anexo (VER AQUÍ) en el que se describen, de forma detallada, una serie de irregularidades contractuales y hechos presuntamente delectivos cometidos con ocasión de la preparación del contrato de las obras de la ampliación del puerto y durante la ejecución de las mismas, así como la patente pasividad mostrada por el Estado español para esclarecer las responsabilidades y perseguir los delitos en los pudieron incurrir la adjudicataria de la obra (UTE Dique Torres) y la beneficiaria de la subvención (Autoridad Portuaria de Gijón)

Teniendo en cuenta la enorme relevancia de la obra, una de las más importantes licitadas en la historia reciente de Asturias, las graves consecuencias económicas que pueden derivarse de la comisión de dichas irregularidades y fraudes, no solo para la economía asturiana, sino también para la del conjunto del Estado, dada la importancia del puerto de El Musel dentro del sistema portuario español, así como la relevancia de los sujetos implicados (las tres Administraciones Públicas representadas en la Autoridad Portuaria de Gijón, algunas de las principales empresas constructoras de obra pública del Estado y la eléctrica Hidroeléctrica del Cantábrico SA (HC); el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera imprescindible hacer un esfuerzo de pedagogía y difusión para que la sociedad asturiana pueda conocer, de forma clara y transparente, qué ha pasado realmente con las obras de ampliación del puerto del Musel, según la UE, y cuál ha sido hasta la fecha la actuación del Estado español para contribuir al esclarecimiento completo de las irregularidades y fraudes presuntamente cometidos y exigir las correspondientes responsabilidades, en particular, las de índole penal.

1. El contrato de las obras de ampliación del puerto del Musel: elementos fundamentales
El contrato fue objeto de licitación mediante procedimiento abierto, publicado en el BOE de 26 de julio de 2004
- La obra se adjudicó a la unión temporal de empresas Dique Torres, firmándose el contrato el 9 de febrero de 2005 entre dicha UTE y la Autoridad Portuaria de Gijón por un importe total de 579.241.559 euros, IVA incluido
- La UTE Dique Torres estaba integrada por las constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas
- La DR REGIO de la UE otorgó una ayuda económica con cargo al Fondo de Cohesión a la Autoridad Portuaria de Gijón para la financiación del proyecto, por importe de 247.500.000 euros, de los cuales ya abonó efectivamente un total de 198.000.000 euros
- El pliego de cláusulas administrativas que regía la contratación - la llamada ley del contrato - establecía, entre otros extremos, que la ejecución de las obras se realizaría a riesgo y ventura del contratista, es decir, que si se producía un incremento de los gastos durante su ejecución, debían ser asumidos íntegramente por el contratista; así como que el importe del contrato sería el de adjudicación del mismo, comprendiendo la totalidad de los gastos que tuviera que realizar la empresa contratista hasta la entrega de la obra a la Autoridad Portuaria de Gijón, es decir, no se podía incrememtar el importe de la adjudicación con ningún gasto posterior que, de producirse, sería de cuenta del adjudicatario.
- El proyecto de la obra fijaba un precio en concepto de material de 7,30 euros/m3
- En el documento técnico denominado "pliego de prescripciones técnicas", cuya finalidad es desarrollar técnicamente las condiciones de la obra objeto del contrato, pero que legalmente no puede introducir condiciones o cláusulas que deban formar parte y, muchos menos, que vayan en contra del pliego de cláusulas administrativas, se incluyó un apartado sobre la utilización de canteras, en el que se señala que la Autoridad Portuaria de Gijón tenía firmado un acuerdo con HC para la explotación de la cantera de Aboño (propiedad de HC) en las obras de ampliación del puerto de El Musel, firmado el 26 de julio de 2004 y que para acogerse al mismo el futuro adjudicatario de la obra estaba obligado a firmar un contrato con HC en el que se establecería un canon a pagar por la explotación de dicha cantera fijado en euros por metro cúbico de material obtenido. Asimismo, se diponía que la Autoridad Portuaria de Gijón respondía ante HC del cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con la explotación de la cantera de Aboño, es decir, de que si se producía un aumento del coste de extracción del material, dicho incremento sería asumido por la Autoridad Portuaria de Gijón y no por el contratista.
- Con fecha 31 de julio de 2006 la UTE Dique Torres, adjudicataria de la obra, firmó el contrato con HC y la Autoridad Portuaria para la explotación de la cantera de Aboño en el que se establece un  canon de explotación de 1,65 euros/m3, así como la responsabilidad solidaria de la Autoridad Portuaria para hacer frente a las obligaciones de pago del adjudicatario.
- Con fecha 18 de diciembre de 2007 la Autoridad Portuaria de Gijón aprobó un modificado del contrato incial que suponía un  incremento del coste - sobrecoste - de 216.314.095 euros (sin IVA), debido principalmente al incremento del precio de los materiales. En este modificado el precio del material pasaba de los 7,30 euros/m3 del proyecto inicial a 18,22 euros/m3.
- La DR REGIO de la UE denegó al Estado español la finaciación solicitada para este incremento.
- Como consecuencia de la denuncia de un miembro del Parlamento Europeo formulada el 18 de marzo de 2009 la Oficina Europea Anti Fraude (OLAF) abrió una investigación sobre el proceso de contratación de las obras de ampliación del puerto de El Musel y la ejecución de dicho contrato que culminó en un Informe Final notificado al Estado español en marzo del presente año 2014, en el que se detallan una serie de irregularidades contractuales y conductas fraudulentas que serían constitutivas de delitos de malversación de fondos públicos y fraude a los intereses  financieros de la UE, castigados con  penas de entre 1 y 4 años de prisión y multas que pueden ir del 100% al 600% del importe del que se trate.
En dicho informe se resalta la negativa reiterada de la UTE Dique Torres a facilitar a los investigadores de la OLAF el acceso a su contabilidad y se insta al Estado español a trasladar el informe a los autoridades judiciales para depurar las responsabilidades penales a que hubiera lugar.

2. Irregularidades cometidas en la preparación y ejecución del contrato
- La introducción de una cláusula en el pliego de prescripciones técnicas del contrato que permite al adjudicatario de la obra acogerse a un acuerdo previo entre la Autoridad Portuaria de Gijón y HC para extraer los materiales (piedra) de la cantera de Aboño, mediante la firma de un contrato trilateral posterior a la adjudicación del contrato de obra, en el que se fija un canon de explotación y en el que la Autoridad Portuaria de Gijón asume la responsabilidad en caso de aumento del precio de los materiales, vulnera gravemente el pliego de cláusulas administrativas del contrato - ley del contrato - en dos extremos: en primer lugar, en cuanto que dicho pliego establecía que el importe de la adjudicación estaba cerrado y no podía aumentarse durante la ejecución del contrato (la fijación de este canon de explotación de la cantera en contrato con HC posterior a la adjudicación del contrato de obra supone un incremento del precio respecto del importe de la adjudicación, prohibido por el pliego); y, en segundo lugar, en cuanto que el pliego establecía que la ejecución de las obras se haría a riesgo y ventura del contratista (la Autoridad Portuaria asume ilegalmente la responsabilidad de pagar a HC el aumento de gastos por la extracción de materiales de la cantera de Aboño)
- La referida cláusula sobre la utilización de la cantera de Aboño supone un trato de favor hacia HC claramente ilegal y discriminatorio respecto de los propietarios de otras canteras. Y ello, por la razón obvia de que la redacción de esta cláusula incita al adjudicatario de la obra a contratar con HC la extracción de materiales en la cantera de Aboño, ya que tiene asegurado que si se incrementan los precios el sobrecoste lo asume la Autoridad Portuaria de Gijón, circunstancia que no sucede si se utilizan materiales de otras canteras.
- Pero, además, dicha cláusula conlleva un trato desigual claramente ilegal de las ofertas de los licitadores. En efecto, los licitadores en cuya oferta se incluye la extracción de materiales de la cantera de Aboño - caso de la UTE Dique Torres - podían descontar el importe del canon de explotación de su oferta, pues la determinación de este se hacía con posterioridad a la adjudicación del contrato, mientras que los licitadores que incorporaban en su ofertas a otras canteras debían incluir el precio íntegro del material, incluído el canon de explotación.
- Además, la celebración de un contrato con HC,sin licitación pública, con posterioridad a la adjudicación del contrato de obra, que afecta a un elemento esencial del mismo como es el precio, vulnera los principios más elementales de publicidad y concurrencia en la contratación pública.
- La modificación del contrato por importe de 216.314.095 euros (sin IVA) supone una modificación sustancial del objeto y del precio del contrato inicial que tampoco se encuentra justificada.

3. Irregularidades y fraudes con respecto al gasto declarado
El informe de la OLAF relaciona una extensa serie de irregularidades y fraudes con respecto al gasto declarado y al control del mismo, de  los que destacamos los siguientes:
- La UTE Dique Torres tenía un contrato suscrito con canteras "Tudela Veguín", firmado el 23 de junio de 2005, con el fin de extraer alrededor de 18 millones de toneladas de materiales de estas canteras (La Hoya y Peña María) sin contraprestación económica alguna directa, de lo que se derivaría que la utilización de este material supuso un sobrecoste injustificado facturado a la Autoridad Portuaria de Gijón que habría dado lugar a un aumento del beneficio de la UTE Dique Torres que no ha podido ser cuantificado dada la negativa de la empresa adjudicataria a que los investigadores de la OLAF pudieran acceder a su contabilidad.
- La ausencia sistemática de pesajes de los camiones en las canteras por el adjudicatario
- Los pesajes obligatorios que debían ser realizados en el lugar de las obras y que no fueron efectuados
- Indicios de falsas informaciones respecto al número de viajes efectuados por algunos camiones. Algunos registros de transportes efectuados están duplicados, es decir, el mismo camión en la misma fecha transporta exactamente la misma cantidad de idéntico producto, el cual ha sido cargado en el mismo lugar y por el mismo transportista. Existe un total de 88.765 viajes duplicados.
- Indicios de falsas informaciones respecto a los servicios prestados por camiones que no trabajaban para las empresas mencionadas  como subcontratistas
- Ausencia de documentos de transporte y de contratos con las empresas subcontratadas de transporte

Debe tenerse en cuenta que el pliego de prescripciones técnicas del contrato establecía como obligaciones del adjudicatario (UTE Dique Torres), entre otras, la de realizar el pesaje de todos los vehículos que accedían al lugar de las obras y que cada pesaje debía constar con un ticket que incluiría fecha y hora, los detalles del vehículo, placa de matriculación, el tipo y la categoría del material, su lugar de origen y el peso, siendo obligación de la dirección de obra el control y vigilancia "in situ de los materiales.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los materiales debían pagarse teniendo en cuente los m3 del proyecto.

4. Actuaciones llevadas a cabo por el Estado español para esclarecer las irregularidades y fraudes constatados por la OLAFl
La carta dirigida por la Dirección General de Política Regional y Urbana (DR REGIO) de la Unión Europea (UE) al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno español, fechada el 24 de octubre de 2014, es extremadamente dura con el comportamiento mostrado por éste respecto al esclarecimiento de los hechos y la exigencia de responsabilidades, especialmente las de índole penal.

En este sentido, la DR REGIO de la UE pone de manifiesto la inactividad de las autoridades españolas ante la negativa de la UTE Dique Torres para que los investigadores de la OLAF pudieran acceder a la contabilidad de la empresa con el fin de comprobar los indicios de graves irregularidades y fraudes respecto a los gastos derivados de la ejecución de la obra. Esta pasividad del Gobierno español constituye una grave violación de la normativa comunitaria que puede determinar la irregularidad de todos los pagos y, en cosecuencia, la exclusión de finaciación de la totalidad de los gatos declarados.

Se trata de una acusación muy grave dirigida al Gobierno español: ni más, ni menos, que de connivencia con la actitud obstruccionista de la investigación llevada a cabo por la UTE Dique Torres.

Esta inactividad contrasta, por ejemplo, con el despliegue policial realizado en operaciones mediáticas contra la corrupción, como la muy reciente denominada "Púnica", que afecta a políticos y empresarios de segunda y tercera fila, en la que se efectuó un espectacular despliegue para apoderarse de la documentación administrativa obrante en las dependencias públicas y privadas afectadas.

Pero más grave aún resulta la acusación que formula la UE contra el Estado español cuando le achaca pasividad en la persecución de los delitos que pudieran haberse cometido - fraude y malversación de fondos públicos según la OLAF -, con el peligro de que esa pasividad puede ocasionar la prescripción de estos delitos. A este respecto, la UE recuerda al Ministerio de Hacienda que no puede servir como excusa que se hubieran puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, pues no existe ningún impedimento para que el Estado presente denuncia o querella directamente ante los órganos judiciales competentes.
En términos más claros, la UE está poniendo directamente de manifiesto que el Gobierno español puede cometer un  delito de prevaricación por omisión del ejercicio de la acción para perseguir hechos delictivos graves de los que tiene pleno conocimiento.

La pregunta, entonces, es: ¿cuáles son las verdaderas razones de esta pasividad e inacción del Estado español?

Todas estas irregularidades y deficiencias, entre otras muchas cosas, también ponen de manifiesto el fallo en los controles administrativos que tienen que ejercer los funcionarios intervinientes en el procedimiento de preparación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos: interventores, abogados del estado, funcionarios que confeccionan los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas etc.



miércoles, 26 de noviembre de 2014

Mesa redonda sobre las Irregularidades y/o Fraudes en la Ampliación de El Puerto de Gijón



Análisis y valoración de la Carta de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea con la “Constatación” de Siete Violaciones de Tratados, Directivas y Reglamentos de la UE


Martes 2 de diciembre de 2014 a las 19:30 horas
Salón de Actos del Colegio Público Jovellanos,
calle de la Merced 38, Gijón (Al lado de la plaza del Parchís)

Participan
- Luís Alfredo Fernández, Presidente del Comité de Empresa de los trabajadores del Puerto de Gijón
- Miguel Ángel Llana Suárez, Ingeniero y Diplomado en Empresariales
- Tania González, eurodiputada de Podemos que, en su ausencia, presentará un vídeo/correo-e Mario Suárez del Fueyo, Director del Colegio Público Jovellanos
- José María Estrada, Jurista, miembro del COFPA
- Javier Álvarez Villa, Jurista, miembro del COFPA

Modera
- Leo García, portavoz del colectivo ‘Regasificadora NO’

Organizan
 Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies (COFPA)

Nota. Está previsto una hora de coloquio para que puedan participar los asistentes. Están especialmente invitados al coloquio representantes de los partidos políticos, del Ayuntamiento de Gijón, de la Autoridad Portuaria y del Gobierno Regional.

viernes, 21 de noviembre de 2014

Las leyes de transparencia tienen poco o ningún impacto sobre la calidad democrática

Luz verde a la Ley de Transparencia, llamada a cambiar las actitudes políticas


Las leyes de transparencia están de moda en nuestro país. Hace sólo unos meses el gobierno español aprobó una de estas leyes y, en Cataluña, el Parlament tramita otra. Con estas leyes, nuestros políticos responden a la mayor crisis de confianza en las instituciones que se ha vivido en nuestro país desde el inicio de la democracia. La pregunta es si estas leyes servirán para conseguir los objetivos que dicen perseguir: “restaurar la confianza en las instituciones y mejorar la calidad de la democracia”

Es decir, ¿podemos esperar que estas leyes sean un instrumento efectivo de control democrático y que contribuyan por ende a mejorar la calidad de nuestra democracia? Mi hipótesis es que no y la razón es simple: estas leyes confían el control de los políticos a los propios políticos, lo que no parece la mejor manera de controlarlos. Por ejemplo, aunque la ley obliga a hacer pública la información considerada de interés público, la decisión sobre qué información facilitar depende de los funcionarios, y aunque la ley habilita un consejo de transparencia o una comisión de resolución encargada de velar por su cumplimiento, estos órganos dependen del gobierno, concretamente, en el caso de España, del Ministerio de Hacienda. Es decir, todo queda en casa.

Pero veamos qué dicen los datos. Si utilizamos como indicador de calidad de la democracia el índice Polity IV, muy utilizado en los estudios empíricos sobre democracia, no se aprecia que la calidad de las leyes de transparencia (medida a través del índice que proporciona el Global Right to Information Rating) tenga algún efecto en la calidad de la democracia. Como se observa en la gráfica de la izquierda, una mayor calidad de las leyes de transparencia (valores altos en el eje de coordenadas) no aumenta el nivel de democracia o tiene un efecto que es imperceptible (los valores esperados de nivel de democracia para valores bajos y altos de calidad en las leyes de transparencia prácticamente no cambian).
Gráfico 1. Leyes de transparencia y calidad de la democracia medida a través de Polity IV
G1
Gráfico 2. Leyes de transparencia y la escala de libertades de Freedom House
G2
En cambio, si utilizamos como indicador de calidad de la democracia el índice de Freedom House, concretamente la escala de libertades civiles, apreciamos algo sorprendente, que la relación entre la calidad de las leyes de transparencia y la calidad de la democracia no sólo no es la esperada sino que se invierte: a mejores leyes de transparencia menor grado de libertades (el índice de Freedom House se lee al revés: 1 es el valor máximo, y 7, el valor mínimo, en la escala de libertades) o peor calidad de la democracia.
¿Debemos deducir de esto que las leyes de transparencia no sólo no mejoran el control democrático sino que – ¡oh horror! -- lo empeoran? La respuesta es no. Estas leyes no empeoran la calidad de la democracia, aunque probablemente tampoco la mejoran. Seguramente, lo que ocurre es que estas leyes tienen poco o ningún impacto sobre la calidad de la democracia, pero los países de baja calidad democrática necesitan aprobar leyes de transparencia para responder a la falta de confianza de sus ciudadanos en las instituciones. 

El gráfico 3 muestra de una manera mucho clara que los países que tienen las mejores leyes de transparencia son las democracias de baja calidad (los países que puntúan 2, 3 y 4 en la escala de libertades de Freedom House) y no, como se podría esperar, las democracias de alta calidad (los que puntúan 1 en la escala). La relación no lineal entre leyes de transparencia y calidad de la democracia que muestra esta gráfica (y que se aprecia también en las anteriores si nos fijamos bien) se podría explicar de la siguiente manera: por un lado, los países de alta calidad democrática no necesitan aprobar leyes de transparencia porque sus ciudadanos ya confían en las instituciones y éstas ya practican la transparencia; por otro, los países no democráticos tampoco necesitan aprobar leyes de transparencia porque de ellos no se espera que respondan a las demandas de los ciudadanos. Las democracias de baja calidad, en cambio, tienen muchos incentivos para aprobar estas leyes: de ellas se espera que respondan a las demandas de los ciudadanos y sus ciudadanos tienen poca confianza en las instituciones.
Gráfico 3. Libertades civiles y calidad de las leyes de transparencia
G3
Pero, además, hay otra razón que podría explicar que las democracias de baja calidad aprueben mejores leyes de transparencia: los países menos predispuestos a cumplir la ley son los que pueden permitirse hacer mejores leyes, mientras que los que tienen intención de someterse al imperio de la ley hacen las leyes que pueden cumplir. Esto explicaría que países con índices bajos de gobierno de la ley como Azerbaiyán, México, El Salvador, Liberia y Sierra Leona estén entre los diez mejores países en calidad de las leyes de transparencia, mientras que países con niveles altos de gobierno de la ley como Alemania, Austria y Bélgica estén entre los diez peores en calidad de las leyes de transparencia. Para comprobar está hipótesis utilizamos uno de los sub-componentes del índice de FH que mide específicamente el gobierno de la ley (o rule of law). El gráfico 4 muestra que existe una relación negativa entre el gobierno de la ley y la calidad de las leyes de transparencia: a menor gobierno de la ley (valores bajos en el eje de coordenadas) mejor calidad de las leyes y a mayor imperio de la ley (valores altos en el eje de coordenadas) peor calidad de las leyes de transparencia.
Gráfico 4. Gobierno de la ley y leyes de transparencia
G4
Desde este punto de vista tal vez no sea una mala noticia que la ley de transparencia aprobada por el gobierno español no esté a la altura de las expectativas o que la ley que tramita el Parlament de Cataluña no tenga el alcance que sería deseable (deja fuera por ejemplo a los partidos políticos). Estas limitaciones podrían indicar que nuestros políticos aunque igualmente incontrolables al menos hacen leyes que pueden cumplir.

lunes, 17 de noviembre de 2014

El Consejero de Sanidad nombra a dedo y sin convocatoria pública a los directivos sanitarios, incumpliendo flagrantemente la ley


"Nosotros abogamos por la profesionalización de la gestión pública. Creemos que es preciso desarrollar una estrategia de formación orientada a la profesionalización de la gestión", decía Faustino Blanco, flamante Consejero de Sanidad, el 18 de julio de 2012 a la Comisión de Sanidad de la Junta General del Principado de Asturias para exponer su programa de actuación.

Pero esa cacareada profesionalización no se corresponde con los hechos. Todo lo contrario.

Así, mediante resoluciones de 28 de octubre (BOPA de 7 de noviembre)  y de 5 de noviembre (BOPA de 14 de noviembre), el Consejero de Sanidad, actuando como  Presidente del Consejo de Administración del Servicio de Salud del Principado de Asturias, procedió al apresurado nombramiento de seis puestos directivos (dos puestos de Subdirector de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria IV-Oviedo, la Dirección y Subdirección Económica y de Recursos Humanos de dicha Área y la Dirección y Subdirección Económico y de Recursos Humanos del Área Sanitaria V-Gijón), tras los correspondientes ceses.

El procedimiento utilizado en esos nombramientos, efectuados con total discrecionalidad y sin previa convocatoria pública, imposibilita la libre concurrencia que permita efectuar la selección de candidatos de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, constitucional y legalmente reconocidos. De este modo, se vulnera flagrantemente el régimen legal de nombramiento del personal directivo regulado en la Ley 7/2014, de medidas en materia de función pública, aprobada por la Junta General del Principado el 17 de julio, en la que se dispone:
 "El nombramiento para el desempeño de puestos directivos deberá realizarse entre empleados públicos que ostenten la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo, atendiendo a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia"


En consecuencia, los nombramientos del personal directivo sanitario que acaba de realizar el Consejero de Sanidad, son nulos de pleno derecho al haber sido realizados prescindiendo total y absolutamnente del procedimiento legalmente establecido.

Esta actuación, llevada a cabo al margen de la ley, convierte al personal directivo sanitario en verdaderos cargos políticos, cuyo nombramiento no depende de la contrastación de méritos y capacidades, sino del dedazo político, toda vez que la única motivación existente que fundamenta el nombramiento de estos gestores es la previa propuesta del Director Gerente del SESPA, designado por el Consejero de Sanidad que, a su vez, motiva la resolución de nombramiento por parte de éste.

Estamos ante una descarnada politización de los nombramientos de los gestores públicos sanitarios y ante un ataque en toda regla a la profesionalización que debe regir en la selección de dichos nombramientos. A este respecto, recordamos que los puestos en cuestión se incardinan en el segundo nivel de la estructura periférica del SESPA -art. 25 del Decreto 14/2014, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias-; estructura periférica dirigida por la Gerencia del Área Sanitaria correspondiente (cuyo titular también es nombrado a dedo, sin convocatoria pública, por el titular de la Consejería de Sanidad)

viernes, 14 de noviembre de 2014

“El núcleo de los remedios contra la corrupción es la disponibilidad de una función pública objetiva, independiente y profesionalizada”



JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS
Abogado y exministro con UCD

“El núcleo de los remedios contra la corrupción es la disponibilidad de una función pública objetiva, independiente y profesionalizada

Oviedo, LNE, Marcos PALICIO

José Manuel Otero Novas (Vigo, 1940), jurista, escritor y dos veces ministro en los gobiernos de Adolfo Suárez, va a regresar al pasado siguiendo el hilo de la corrupción. Identifica en la expansión del margen de maniobra del poder político la falla esencial del sistema y en su condición de testigo directo puede explicar lo que ha pasado aquí. Fue abogado del Estado en la dictadura “y cuando el gobernador civil quería que hiciera determinadas cosas y yo me negaba, él, la autoridad política, se las tenía que tragar”. También fue diputado en los ochenta y recuerda haber asistido primero al proceso de desmontaje de algunos de aquellos controles a cargo de los gobiernos socialistas de Felipe González y después a la sucesiva negativa de sus herederos, empezando por Aznar, a reponer lo derribado.

–¿De aquellos polvos estos lodos?

–Sin duda. Es verdad que la corrupción tiene causas morales, pero además hay otras que yo llamo estructurales. El Estado empieza a incrementar muchísimo su actividad, sus funciones y sus decisiones en el siglo XIX, con la industrialización y el maquinismo. Los políticos, que antes tomaban una decisión al día, pasan a adoptar veinte, o doscientas, y la corrupción florece en ese momento de manera impresionante. Para defenderse, la humanidad inventa el derecho administrativo, las reglas que rigen en las decisiones de la Administración pública y que tratan de evitar la arbitrariedad. En la España de este siglo, eso floreció a partir de 1950 y, al morir Franco, no precisamente por obra suya, teníamos normas que prohibían la discrecionalidad en el nombramiento de funcionarios, leyes que regulaban el patrimonio del Estado o la contratación de las administraciones. Estaba la “intervención”, funcionarios de Hacienda destacados en todos los ministerios y delegaciones provinciales que examinaban todos los expedientes de gasto...

–¿Dónde se quiebra?

–En mi última legislatura en el Congreso, 1989-1993, siendo portavoz de Presupuestos del PP, fui examinando todas las leyes económicas y anotando cómo el gobierno del PSOE se cargaba en cada proyecto cinco, diez, quince controles del derecho administrativo. Lo denuncié. Y no les acusaba de querer la corrupción, lo hacían con la buena voluntad de quien creía no necesitar los controles. Decían: “Ya tenemos los del pueblo cada cuatro años”. Yo les respondía que si eliminaban esos controles acabarían en la corrupción más espantosa. Si un ministro puede dar el contrato a quien quiera, probablemente el primero lo dará a la persona mejor para el servicio, el segundo a los suyos porque considera que son los que más lo merecen, el tercero a sus amigos y el cuarto por dinero. Porque entre los seres humanos hay santos, pero no en todas las esquinas.

–González lanzó la reforma y Aznar, estando en la oposición, le solicitó un paquete de
medidas que prometió aplicar al llegar al gobierno. ¿Qué sucedió?

–Aznar nos pide un paquete de medidas contra la corrupción. Una batería de proyectos de ley que presentó en el Parlamento en una rueda de prensa en la que aseguró que si el PSOE los rechazaba impondría aquellas medidas en cuanto ganaran las elecciones. No se aplicó ni una.

–¿En qué consistían?

–Una de las fuentes típicas de corrupción son los “proyectos mejorados”. Uno presenta un contrato por un millón de euros a un concurso donde todos los demás son por dos, le adjudican el servicio y a continuación dice que el proyecto está mal hecho, que hay que hacer una mejora y acaba cobrando tres. Entonces, nosotros propusimos una fórmula: si se planteara una mejora de más del veinte por ciento se abriría un expediente para identificar al funcionario que se equivocó y la empresa podría quedar eliminada para el futuro.

–¿Qué más había?

–Un capítulo importantísimo relativo a la responsabilidad de las administraciones, porque el gobierno de González en 1989 había decidido tomar medidas muy rigurosas de responsabilidad hacia los consejeros de las sociedades privadas mientras mantenía para los administradores del Estado la obligación de responder sólo en casos de culpa grave. Nosotros proponíamos para las administraciones públicas lo mismo que para las empresas.

–¿Por qué tanta resistencia?

–Hay una explicación lógica. Llegas al gobierno y lo primero que piensas es “que no me aten a
mí”. Y lo puedes decir con toda la buena fe. “Es que soy muy bueno y no necesito estas limitaciones”. Ya se está viendo. En mi libro “Defensa de la nación española”, en 1997, escribí que estaba convencido de que el gobierno del PP quería actuar con limpieza, pero que como no había querido aplicar todas aquellas medidas, por mucho que lo intentara caería en la misma corrupción que sus antecesores.

–¿Por qué persiste la falta de voluntad?

–Hay dos tipos de políticos, el que va a robar, y los hay en la vida pública igual que en la privada, y el honrado, que llega a la política porque le gusta. ¿Y qué es lo que gusta? Yo creo que eso que se ha llamado erótica del poder existe, y consiste en la facultad de tomar decisiones a favor de los amigos o de la gente que por su capacidad uno cree que merece apoyo. ¿Pero qué pasa con los controles? Que reducen la erótica del poder de cien a diez, que ya no los quieren. Con Filesa en los noventa ya olía mal y no se ha hecho nada por aumentar el control. Seguimos con medidas parciales. Ahora vamos a procurar que los enjuiciamientos sean más rápidos o que los imputados no vayan en las listas. Eso es engañarse, escaparse del asunto.

–¿Por dónde deberían ir?

–Por ejemplo, un verano de hace unos años propuse en LA NUEVA ESPAÑA volver a los
juicios de residencia del Imperio Español. John Elliott lo cuenta. A los virreyes, cuando acababan su mandato, se les examinaba no sólo de lo hecho desde punto de vista político, sino que se analizaba qué patrimonio tenía al llegar y cuál al marcharse.

–El problema es que necesitamos a los políticos para aprobar los controles sobre los políticos.

–No es que los necesitemos. Los políticos son los que tienen que aprobar los controles que se
les aplicarán a ellos mismos, y eso es muy difícil. Buscarán mil triquiñuelas para decir que no.

–¿Qué ve en las últimas propuestas anticorrupción?

–Por lo que voy leyendo, mucho me temo que van a lo anecdótico. En los años ochenta y noventa, cada vez que se destapaba un escándalo de este tipo, el gobierno y el parlamento hablaban siempre de ampliar las incompatibilidades. No se daban cuenta de que casi todos los casos de corrupción los cometen personas que trabajan en régimen de dedicación exclusiva, de que esa no es la solución. Eso es dar la impresión de que se toman medidas.

–¿Dónde está el núcleo de los remedios?

–Hay un punto de primer orden en la disponibilidad de una función pública objetiva, independiente y profesionalizada.

–¿Acabar con la discrecionalidad del poder político?

–El margen de discrecionalidad que se ha metido en la contratación pública es tremendo. Esa es una causa evidente, probablemente la mayor. Otra, nada despreciable, la moral. El político procede de la sociedad y ésta está desmoralizada, en el sentido de que, en términos generales, carece de determinados límites morales.

–¿Falta también una sanción ejemplarizante desde la administración de justicia?

–A eso le doy menos importancia. Es verdad que una de las reformas que acometió el llamado código penal de la democracia fue rebajar los plazos de prescripción de los delitos. Y no digo que fuera con mala intención, aunque entonces hubo quien pensó que era una manera de echarle un cable al gobierno del PSOE que estaba pringado con la corrupción. Pero yo no lo digo. Lo cierto es que ese descenso de plazos dificulta mucho la persecución de estos comportamientos. No creo que haga falta tipificar más delitos. Ya tenemos la estafa, la falsedad, la administración desleal...

–Hay quien le ve al fenómeno un componente cultural.

–Discrepo. Los españoles inventamos con fines turísticos aquello de que España es diferente y no es verdad. Somos iguales que todos los países de nuestra cultura al menos desde que Roma nos invadió. Hay corrupción en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Es posible que
en determinados momentos los controles sean mayores en un sitio que en otro, pero existe. En Estados Unidos tienen, por ejemplo, la ley del lobby, que sin evitarlo tal vez lo controla un poco
mejor, quizá lo tienen mejor regulado, pero no creo que haya en esto nada español ni atávico.

jueves, 13 de noviembre de 2014

Así no se acaba con la corrupción




 Flor Fernández del Viso Torre, Salinas, Asturias13 NOV 2014, El País

Con las medidas que anuncia Rajoy para acabar con la corrupción (más fiscales, más inspectores tributarios y obligatoriedad de devolver lo robado) el mensaje que nos envía es: “Sabemos que ahí fuera hay muchos más corruptos”. Esta no es la manera de acabar con la corrupción política, sólo es una excusa para recuperar algunos votos en las próximas elecciones. Para acabar con la corrupción hay que sacar a los políticos de la gestión de los organismos públicos. 

Se necesitan políticos en el Congreso y en el Gobierno, nada más. ¿Quiénes se llevan el dinero de todos? Personas con cargos públicos que han sido colocados a dedo por un partido político. La corrupción comienza cuando se coloca como gestor a un político sin capacidades ni conocimientos para realizar la gestión de un organismo. La corrupción continúa cuando ese gestor enchufa a familiares y amigos. Y, por último, entre toda esta pandilla bien situada se llevan el dinero porque ese pedacito de Administración pública se ha convertido en su hacienda particular. 

Los que somos funcionarios de carrera somos testigos del enchufismo y vemos con claridad que las medidas preventivas no se tomarán porque eso significaría renunciar a su parte del pastel, cosa que por el momento ningún partido político está dispuesto a hacer.— Flor Fernández del Viso Torre.

domingo, 9 de noviembre de 2014

La corrupción y el mérito

El descrédito y el deterioro de la función pública favorecen el ejercicio de la arbitrariedad política y las decisiones corruptas. Construir una administración profesional, austera y eficiente es difícil, pero no imposible

Antonio Muñoz Molina 9 NOV 2014 - EL PAÍS 
El espectáculo ahora por fin visible de la corrupción no habría llegado tan lejos si no se correspondiera con otro proceso que ha permanecido y permanece invisible, del que casi nadie se queja y al que nadie parece interesado en poner remedio: el descrédito y el deterioro de la función pública; el desguace de una administración colonizada por los partidos políticos y privada de una de sus facultades fundamentales, que es el control de oficio de la solvencia técnica y la legalidad de las actuaciones. Cuando se habla de función pública se piensa de inmediato en la figura de un funcionario anticuado y ocioso, sentado detrás de una mesa, dedicado sobre todo a urdir lo que se llama, reveladoramente, “trabas burocráticas”. Esa caricatura la ha fomentado la clase política porque servía muy bien a sus intereses: frente al funcionario de carrera, atornillado en su plaza vitalicia, estaría el gestor dinámico, el político emprendedor e idealista, la pura y sagrada voluntad popular. Si se producen abusos los tribunales actuarán para corregirlos.

Está bien que por fin los jueces cumplan con su tarea, y que los culpables reciban el castigo previsto por la ley. Pero un juez es como un cirujano, que intenta remediar algo del daño ya hecho: la decencia pública no pueden garantizarla los jueces, en la misma medida en que la salud pública no depende de los cirujanos. Los ánimos están muy cargados, y la gente exige, con razón, una justicia rápida y visible, pero no se puede confundir el castigo del delito con la solución, aunque forme parte de ella. El puesto de un corrupto encarcelado lo puede ocupar otro. El daño que causa la corrupción puede no ser más grave que el desatado por la masiva incompetencia, por el capricho de los iluminados o los trastornados por el vértigo de mandar. Lo que nos hace falta es un vuelco al mismo tiempo administrativo y moral, un fortalecimiento de la función pública y un cambio de actitudes culturales muy arraigadas y muy dañinas, que empapan por igual casi todos los ámbitos de nuestra vida colectiva.

El vuelco administrativo implica poner fin al progresivo deterioro en la calidad de los servicios públicos, en los procesos de selección y en las condiciones del trabajo y en las garantías de integridad profesional de quienes los ejercen. Contra los manejos de un político corrupto o los desastres de uno incompetente la mejor defensa no son los jueces: son los empleados públicos que están capacitados para hacer bien su trabajo y disponen de los medios para llevarlo a cabo, que tienen garantizada su independencia y por lo tanto no han de someterse por conveniencia o por obligación a los designios del que manda. Desde el principio mismo de la democracia, los partidos políticos hicieron todo lo posible por eliminar los controles administrativos que ya existían y dejar el máximo espacio al arbitrio de las decisiones políticas. Ni siquiera hace falta el robo para que suceda el desastre. Que se construya un teatro de ópera para tres mil personas en una pequeña capital o un aeropuerto sin viajeros en mitad de un desierto no implica solo la tontería o la vanidad de un gobernante alucinado: requiere también que no hayan funcionado los controles técnicos que aseguran la solvencia y la racionalidad de cualquier proyecto público, y que sobre los criterios profesionales hayan prevalecido las consignas políticas.

 El cambio, el vuelco principal, es la exigencia y el reconocimiento de la capacidad personal

En cada ámbito de la administración se han instalado vagos gestores mucho mejor pagados siempre que los funcionarios de carrera. Obtienen sus puestos gracias al favor clientelar y ejercen, labores más o menos explícitas de comisariado político. Pedagogos con mucha más autoridad que los profesores; gerentes que no saben nada de música o de medicina pero que dirigen lo mismo una sala de conciertos que un gran hospital; directivos de confusas agencias o empresas de titularidad públicas, a veces con nombres fantasiosos, que usurpan y privatizan sin garantías legales las funciones propias de la administración. En un sistema así la corrupción y la incompetencia, casi siempre aliadas, no son excepciones: forman parte del orden natural de las cosas. Lo asombroso es que en semejantes condiciones haya tantos servidores públicos en España que siguen cumpliendo con dedicación y eficacia admirables las tareas vitales que les corresponden: enfermeros, médicos, profesores, policías, inspectores de Hacienda, jueces, científicos, interventores, administradores escrupulosos del dinero de todos.

Que toda esa gente, contra viento y marea, haga bien su trabajo, es una prueba de que las cosas pueden ir a mejor. Construir una administración profesional, austera y eficiente es una tarea difícil, pero no imposible. Requiere cambios en las leyes y en los hábitos de la política y también otros más sutiles, que tienen que ver con profundas inercias de nuestra vida pública, con esas corruptelas o corrupciones veniales que casi todos, en grado variable, hemos aceptado o tolerado.

El cambio, el vuelco principal, es la exigencia y el reconocimiento del mérito. Una función pública de calidad es la que atrae a las personas más capacitadas con incentivos que nunca van a ser sobre todo económicos, pero que incluyen la certeza de una remuneración digna y de un espacio profesional favorable al desarrollo de las capacidades individuales y a su rendimiento social. En España cualquier mérito, salvo el deportivo, despierta recelo y desdén, igual que cualquier idea de servicio público o de bien común provoca una mueca de cinismo. La derecha no admite más mérito que el del privilegio. La izquierda no sabe o no quiere distinguir el mérito del privilegio y cree que la ignorancia y la falta de exigencia son garantías de la igualdad, cuando lo único que hacen es agravar las desventajas de los pobres y asegurar que los privilegiados de nacimiento no sufren la competencia de quienes, por falta de medios, solo pueden desarrollar sus capacidades y ascender profesional y socialmente gracias a la palanca más igualitaria de todas, que es una buena educación pública.


Una cultura civil muy degradada ha fomentado en España el ejercicio del poder sin responsablidad
Nadie se ha beneficiado más del rechazo del mérito y de la falta de una administración basada en él que esa morralla innumerable que compone la parte más mediocre y parasitaria de la clase política, el esperpento infame de los grandes corruptos y el hormiguero de los arrimados, los colocados, los asesores, los asistentes, los chivatos, los expertos en nada, los titulares de cargos con denominaciones gaseosas, los emboscados en gabinetes superfluos o directamente imaginarios. Unos serán cómplices de la corrupción y otros no, pero todos contribuyen a la atmósfera que la hace posible y debilitan con su parasitismo el vigor de una administración cada vez más pobre en recursos materiales y legales y por lo tanto más incapaz de cumplir con sus obligaciones y de prevenir y atajar los abusos. Una cultura civil muy degradada ha fomentado durante demasiado tiempo en España el ejercicio del poder político sin responsabilidad y la reverencia ante el brillo sin mérito. Caudillos demagogos y corruptos han seguido gobernando con mayorías absolutas; gente zafia y gritona que cobra por exhibir sus miserias privadas disfruta del estrellato de la televisión; ladrones notorios se convierten en héroes o mártires con solo agitar una bandera.

Esta es una época muy propicia a la búsqueda de chivos expiatorios y soluciones inmediatas, espectaculares y tajantes —es decir, milagrosas—, pero lo muy arraigado y lo muy extendido solo puede arreglarse con una ardua determinación, con racionalidad y constancia, con las herramientas que menos se han usado hasta ahora en nuestra vida pública: un gran acuerdo político para despolitizar la administración y hacerla de verdad profesional y eficiente, garantizando el acceso a ella por criterios objetivos de mérito; y otro acuerdo más general y más difuso, pero igual de necesario, para alentar el mérito en vez de entorpecerlo, para apreciarlo y celebrarlo allá donde se produzca, en cualquiera de sus formas variadas, el mérito que sostiene la plenitud vital de quien lo posee y lo ejerce y al mismo tiempo mejora modestamente el mundo, el espacio público y común de la ciudadanía democrática.

Antonio Muñoz Molina es escritor.

Plataforma NoGracias (PNG)

 

 La Plataforma NoGracias (PNG) es una asociación civil, sin ánimo de lucro, cuyo fin último es el de promover y fomentar un sistema de salud democrático y al servicio de la sociedad, esto es, público, sostenible, basado en el mejor conocimiento científico y en el que la transparencia presida la actuación de todos su agentes.

La actividad de PNG se fundamenta en el trabajo cooperativo y participativo de sus socios y simpatizantes así como en la articulación de una red formal e informal de personas y organizaciones con fines compartidos con los objetivos últimos de movilizar ciudadanos, profesionales e instituciones, generar opinión informada (basada en el mejor conocimiento científico cuantitativo y cualitativo) e influir en los decisores y legisladores para obtener cambios significativos en el funcionamiento democrático del entramado ciencia-sociedad-empresa del sector sanitario.

Los valores que guían y en que se sustentan todas las actividades de PNG son:
  • El compromiso con la sociedad democrática, la equidad y la solidaridad que representa el Sistema Nacional de Salud.
  • El compromiso con las personas como valor esencial de PNG, respetando su autonomía, implicándolas en su autocuidado y asegurando su derecho a una atención sanitaria basada en el mejor conocimiento científico
  • La independencia respecto a las instituciones públicas y privadas que participan en el Sistema Nacional de Salud.
  • Los valores éticos del altruismo (los intereses de la sociedad y los ciudadanos por encima de cualquier otro), la integridad, la objetividad, la responsabilidad, la transparencia, la honestidad, la eficiencia, la cooperación y el liderazgo
Nogracias se presentó públicamente en Madrid, en el mes de Mayo de 2008. Entre sus impulsores cabe mencionar a la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública (FADSP). La plataforma, denominada “nogracias.eu”  está integrada en el movimiento internacional “Healthy Skepticism” y “Nofreelunch”, con filiales en  USA, Reino Unido, Italia (“No Grazie, Pago Io”), Holanda (“Gezonde Scepsis”),  Francia (Prescrire, Formindep), etc. La plataforma se reconoce en la iniciativa de la OMS del “Buen Gobierno de los Medicamentos”: un nuevo marco ético para poner en valor el ejercicio profesional, el uso racional de los medicamentos y el buen gobierno de las instituciones públicas.

Como objetivos concretos, entre otros,  se encuentran: 
  1. Fomentar la independencia y ética profesional con regulación socialmente responsable de las relaciones con los proveedores de los servicios públicos, cuya influencia y costes son determinantes en el funcionamiento del sistema sanitario.
  2. Fortalecer la transparencia como norma de conducta profesional e institucinal
  3. Impulsar el acceso a una información veraz, contraria al predominio de la promoción sobre la información.
  4. Promover la formación y la investigación independientes
  5. Colaborar con la viabilidad del Sistema de Salud
  6. Aportar argumentos al debate público, proponer alternativas, difundir buenas prácticas e iniciativas así como opinar acerca de las iniciativas de los diferentes actores

jueves, 6 de noviembre de 2014

Ciudadanos por Asturias denuncia en el juzgado las supuestas irregularidades de la ampliación de El Musel



La denuncia se centra en el acuerdo de modificación de los precios para las obras de extracción y acarreo de material de cantera

LNE

06.11.2014 | 14:34

La Asociación Ciudadanos por Asturias, que preside el expresidente del puerto de Avilés, Raimundo Abando, ha presentado denuncia en el juzgado contra el ex presidente de El Musel Fernando Menéndez Rexach; el exdirector José Luis Díaz Rato; el consejo de administración de la Autoridad Portuaria y los representantes de las empresas que realizaron la polémica obra de ampliación del puerto, Dragados, Drace, Fomento de Construcciones y Contratas, Avargonzález Contratas y Sato, por las presuntas irregularidades cometidas durante el desarrollo de esos trabajo "ya que en las mismas puede deducirse claramente la existencia de infracciones penales", según especifica el texto de la denuncia.

El eje de la denuncia se centra en el acuerdo de modificación de los precios para las obras de extracción y acarreo de material de cantera, que provocó unos cuantiosos sobrecostes a la actuación. Se refieren los denunciantes a la corrección de precios con la cantera de Aboño, de la que era propietaria HC, con posterioridad a la adjudicación de la obra. A juicio de Ciudadanos por Asturias, "contraviniéndose todas las normas sobre contratación pública, se variaron sustancialmente las condiciones de contratación, vulnerando los derechos de los demás licitadores en beneficio de la empresa adjudicataria". Conductas que a juicio de la entidad demandante podrían constituir ilícitos penales tales como corrupción entre particulares, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

NOTICIA EN EL DIARIO EL COMERCIO

miércoles, 5 de noviembre de 2014

El informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre la ampliación de El Musel revela delitos sin que, hasta ahora, nadie se haya querellado


 

Así lo ha reconocido la Abogacía del Estado quien admite que «los hechos descritos en el Informe de la OLAF, de ser ciertos, deberían ser calificados como delito».

Ello es la constatación de la absoluta inoperancia del Gobierno estatal en la lucha contra la corrupción.

Esta desidia, que pone incluso en riesgo la capacidad judicial de perseguir los delitos relacionados con la corrupción al poder declararlos prescritos,  es de tal magnitud que la Comisión Europea ha enviado escritos en los que de forma directa acusa a España de dificultar la persecución de prácticas delictivas relacionadas con la corrupción.

Esto es lo que se recoge en uno de ellos:

«ante indicios de graves irregularidades y/o fraude, demora la acción penal a la espera de la eventual presentación de una querella criminal o denuncia ante la jurisdicción penal por la Fiscalía Anticorrupción. Los servicios de la Comisión no advierten razones que expliquen dicha demora, que podría dificultar la prueba del presunto delito y facilitar su eventual prescripción» 

La Comisión Europea, también recuerda al España lo siguiente:

«ninguna norma de procedimiento parece impedir a la Autoridad de gestión la presentación de una querella criminal o denuncia en este momento, sin necesidad de esperar al pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción. Dicha inactividad del Estado miembro impide que se pueda realizar de manera eficaz el control financiero»

Hoy el diario El Comercio publica, como titular en su primera página, que   “88.765 transportes fueron registrados con «doble contabilidad» en la obra de El Musel”  sin que la Fiscalía Especial para los Delitos Económicos Relacionados con la Anticorrupción se decida a interponer una denuncia ante los tribunales.

Esta intolerable situación no debe ser soportada ni un minuto más.

El Gobierno español debe actuar instando a la Abogacía del Estado a que cumpla su función ejerciendo las correspondientes acciones judiciales.

Lo mismo cabe decir del resto de instituciones (Fiscalía, Ayuntamiento de Gijón, Principado de Asturias o la Autoridad Portuaria de Gijón) que no se cansan de proclamar una actitud beligerante contra actos que puedan suponer la existencia de corrupción y, sin embargo, no han movido ficha denunciando judicialmente este asunto, en el que parece traslucir un fraude multimillonario a las arcas públicas.

La postura de enroque institucional en concreto la del Gobierno estatal o, lo que es más impresentable, la de la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón que se atreve incluso a declarar públicamente que el informe de la OLAF “es un ataque en toda regla a las autoridades españolas” no es de recibo.

Debe exigirse de forma inmediata que, en sede judicial,  se efectúe una investigación a fondo que aclare si se han cometido los delitos que denuncia la OLAF y, en su caso, que se depuren las responsabilidades penales correspondientes.


Noticias relacionadas:

“La CE censura a España por no llevar ya la gestión de la ampliación a los tribunales”

“88.765 transportes fueron registrados con «doble contabilidad» en la obra de El Musel”

“Irregularidades y fraude: delitos en la Ampliación del Puerto de Gijón”



martes, 4 de noviembre de 2014

Vándalos institucionales





 
Severino Espina Fernández
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias

Imaginemos que unos gobernantes cualesquiera se pusieran a construir y, posteriormente, a demoler estaciones de tren o edificios universitarios o destinados a Juzgados. Que ampliasen puertos, alargando y construyendo inmensos e innecesarios diques en el mar,  a costa de destruir bonitas y emblemáticas playas. En fin; imaginemos, ya en el colmo de los dislates, que dedicasen a excavar enormes y costosísimos túneles y agujeros por debajo de las ciudades sin darles utilidad alguna ¿No pensaríamos que estamos ante presuntos delincuentes o verdaderos psicópatas? ¿Puede tener alguien un mínimo de conciencia y permitir esto? En teoría no. Todos nos indignaríamos si, en abstracto, nos presentasen estas crudas situaciones.

Sin embargo lo tenemos a la vista. En nuestras propias narices. En Gijón. El Juzgado de Prendes Pando, en medio de la ciudad y por tanto en una localización privilegiada, cerrado a cal y canto, sin que se sepa que destino vaya a darse. Con anterioridad se construyó el Edificio de los Juzgados de Poniente. Apenas duró unos años en funcionamiento y sigue sin tener claro su destino y dedicación. Mientras tanto, los Juzgados actuales se encuentran ya no tan céntricos y en unas dependencias que distan de ser cómodas  tanto para los ciudadanos como para los trabajadores. Aún las sedes judiciales son un problema en Gijón ¡Con dos enormes edificios de Juzgados cerrados!

Sobre el fiasco de la ampliación del Musel, 600 millones de euros ha costado la construcción de un dique vacío, la guinda la ha puesto el informe elaborado por la  Oficina Europea Contra el Fraude (OLAF) y la exigencia de la Comisión Europea para que se devuelvan los 198 millones de euros malgastados con los que la Unión Europea subvencionó esta obra, a través de los Fondos de Cohesión.

En lo que respecta a las Estaciones de Tren en la ciudad, el comportamiento de los gobernantes ha sido vandálico.

Se han comportado como unos verdaderos salvajes. Nadie hasta la fecha ha dado una explicación coherente de cómo se llegó a construir la denominada “Estación Jovellanos”, estación al lado del Barrio de Moreda,  y porqué -tras su etapa como edificio de Correos y dormitorio de transeúntes- se dejó pudrir, demoliéndose posteriormente y esfumándose así muchos cientos de millones del contribuyente en una infraestructura ferroviaria inútil y absurda pero en cuyo edificio podrían tener cabida otros usos.

Tampoco se ha dado explicación alguna sobre el apresurado traslado del servicio ferroviario de viajeros desde la céntrica Estación del Humedal a la más distante Estación “provisional” de Laviada-Moreda-Sanz Crespo ¿Tanta prisa había? ¿Qué intereses existían para someter a los viajeros a este duro peregrinaje? Desde luego, si la causa de esa improvisada mudanza hubiese sido la construcción de una Estación Multimodal ese mismo argumento podría servir ahora para devolver la funcionalidad a la Estación del Humedal puesto que está claro que los gijoneses ¡con mucha suerte!  tendremos que esperar varios lustros para ver funcionando algo que, de verdad, se parezca a una Estación de Tren o de Autobuses digna de una ciudad con más de un cuarto de millón de habitantes.

Ahora lo que se trata es de validar los hechos consumados y, en una carrera loca de desatinos, lo que tratan es de hacer una política de tierra quemada; esto es, de no poder rectificar decisiones erróneas y, lo que es más grave, de que nadie lo pueda hacer. Sólo así me explico la celeridad de demoler la antigua Estación del Humedal, edificio que no está afectado por ningún vicio estructural y que puede ser recuperado para el uso que tenía o ser compatible con otros usos ¿Acaso comenzarán de modo inminente las obras de una nueva Estación justamente en el espacio del edificio? ¿Quizá les falta suelo para construir en el enorme solar que hay al lado? Más bien, lo que se tiene es mala conciencia y una necesidad apremiante de destruir una joya que teníamos los gijoneses: una estación de tren que llegaba al corazón de la ciudad. Son unos vándalos.