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miércoles, 14 de noviembre de 2018

El Tribunal Supremo avala el enchufismo en las empresas públicas



En Auto dictado el pasado 11 de septiembre, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo vuelve a ratificarse en que en el acceso a los puestos de trabajo de las empresas del sector público – estatal, autonómico y local – no rigen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Dicho de otro, para  el máximo Órgano Judicial del Estado las empresas públicas pueden contratar a su personal como si se tratara de empresarios privados.

El Auto de 11 de septiembre, que desestima un recurso de casación por unificación de doctrina presentado por la empresa pública SERPA (Sociedad de Servicios del Principado de Asturias SA),  contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,  de fecha 14 de noviembre de 2017, que declaraba como trabajadora fija a una trabajadora contratada fraudulentamente por obra o servicio, repite lo ya dicho en un Auto anterior dictado el pasado 24 de abril, con esta argumentación lapidaria:
Tanto el art. 23.2 como el 103.3 de la Constitución se refieren al acceso a la función pública, inaplicables aquí pues se trata de trabajadores que mantienen una relación laboral común con una entidad empresarial con forma societaria. La Constitución solo contempla el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad con respecto a las funciones y cargos públicos. Solo el acceso a las funciones públicas debe regirse igualmente por los principios constitucionales en cuestión. En definitiva, a las sociedades mercantiles públicas -sector público empresarial- independientemente de que su ámbito sea estatal, autonómico o municipal, no le son aplicables los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución, ni tampoco el EBEP, por lo que ninguna razón existe para que el fraude en la contratación implique la declaración de la existencia de una relación laboral indefinida no fija, en lugar de indefinida”

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies volvemos a reiterar lo que ya dijimos con ocasión del anterior Auto de 24 de abril. Se trata de una resolución judicial de una enorme gravedad, pues santifica la actuación de los partidos políticos como agencias de colocación en los “chiringuitos”, que son un foco incuestionable de corrupción; y despoja a los ciudadanos y ciudadanas – entre ellos, a miles de jóvenes en paro -  del derecho fundamental a participar en procesos selectivos públicos, objetivos y transparentes para acceder a esos puestos del sector público.

Además, el Auto del Supremo omite toda referencia a la disposición adicional primera del Estatuto Básico del Empleado Público, en la que se dispone que los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad son de aplicación obligatoria a todas las entidades del sector público - estatal, autonómico y local -, y se aparta de lo que el propio Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de octubre de 2015, había afirmado: que "la impregnación pública que es propia de una sociedad mercantil estatal comporta que en la selección de los trabajadores hallan de tenerse en cuenta aquellos principios - igualdad, mérito y capacidad-".

Esta jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo comporta unas consecuencias sociales y políticas de tanta gravedad,  con una incidencia tan devastadora para la higiene democrática, que exige una movilización  enérgica en defensa de la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos de trabajo del sector público. Ahora más que nunca, se precisan iniciativas legislativas urgentes que frenen el clientelismo laboral en el sector público.


Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies


martes, 13 de noviembre de 2018

Lejos de la corte


 

El tren político abusa de la locomotora judicial para obtener sus fines

13 NOV 2018, El País

Muy simple hay que ser para pretender que el poder Judicial pueda despolitizarse. Pero sí nos basta atender al modelo de televisión pública, siempre pendiente de los vaivenes electorales, para comprender que la política es un pulpo que entinta todo. En todas las democracias, la elección de jueces en tribunales superiores se hace con arreglo a los equilibrios electorales. La diferencia estriba en que los debates son públicos y la independencia de los elegidos es sagrada. Desde hace tiempo venimos reclamando que el Tribunal Constitucional español adopte un pequeño detalle diferencial del que disfruta en Alemania, por ejemplo. Allí, ese alto tribunal se encuentra situado en Karlsruhe, una ciudad más cercana a la frontera francesa que a los centros de poder políticos de la República a la que representa y defiende. Basta escuchar algunas grabaciones filtradas de manera interesada y delincuencial para entender que uno de los problemas judiciales españoles tiene que ver con la concentración del poder en apenas dos manzanas de la capital. A tiro de café, es difícil lograr la independencia. Lo mismo sirve para el periodismo. Hacerlo bien requiere un sacrificio de separación, casi automarginación.

La llegada del otoño trae una desnudez inesperada. También a las instituciones del Estado podría llegarles una temporada de pérdida de hoja arrobadora. Aunque, para muchos, estos temblores de las estructuras de la nación son causa de enorme preocupación, la realidad es que merece la pena pasar por estas crisis si el resultado es una transformación eficaz. La regeneración necesaria precisa de valor y no de miedos. Pónganse a sumar y les faltarán dedos para contar episodios que delatan el mal funcionamiento de instituciones imprescindibles. El mayor peligro de la democracia es que quien obtiene el poder de modo legítimo en las urnas trate de acaparar su representación en cada una de las altas instancias que precisamente velan por limitar sus tentaciones absolutistas.

Los mayores reparos contra el poder Judicial no vienen planteados por la ciudadanía, sino por los propios jueces. Hay tribunales que discrepan con contundencia del proceder de otros tribunales. Por no hablar del varapalo reciente de Estrasburgo al proceder erróneo en España en la causa contra Otegui. Varapalo, por cierto, recibido con enorme cinismo. En lugar de deprimirnos podríamos entusiasmarnos con la posibilidad de que de todo esto salga una discusión ciudadana por conseguir liberar en cierta medida a las carreras judiciales del designio político. Detrás de la sentencia corregida del Tribunal Supremo hay demasiados nombramientos obtusos y ejercicios de poder políticos en filigrana fea.

Aquí, lo que vamos contemplando en cada uno de estos episodios malsanos es que el tren político abusa de la locomotora judicial para obtener sus fines. Eso le obliga a dominaciones groseras de las instituciones. Que no se admite el debate, que no se quiere razonar cuando tienes la fuerza. En un ambiente viciado, lo mejor que puede pasar es abrir las ventanas. Los ojos que no ven, mucho me temo que acaban por destrozar los corazones que no sienten, aunque sea en plazos de pago más cómodos. Es cierto que vemos y escuchamos cosas espantosas. ¿Pero sería mejor no oírlo? ¿Sería mejor quedarse sin saber nada de lo que ocurre? ¿Sería mejor seguir pensando que todo está bien porque nada se agita? El otoño institucional consiste en poder ver tanto parche, tanta suciedad empujada debajo de las alfombras. A lo mejor no hace falta irse a Karlsruhe, pero sí alejarse de la corte.

 

lunes, 12 de noviembre de 2018

El triunfo de papá Marchena



Tenemos un chanchullo que arroja una sombra de duda sobre el magistrado Marchena, el que presidirá el juicio del procès, el que acaba de firmar el auto que impide que se investigue el máster de Casado, el que se postulaba candidato para presidir el nuevo CGPJ



eldiario.es 29/09/2018




El escándalo sobre el trato de favor dado a la hija del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que denuncié el pasado mes de julio, no ha sido aún aclarado. Este lunes, Sofía Marchena se incorporó en efecto a la escuela de nuevos fiscales con el orgullo de ser la primera persona de la historia que ha conseguido empezar curso en la Escuela Judicial de Barcelona un año y en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid al otro sin haberse vuelto a examinar. Un trasvase entre la carrera judicial y la fiscal inédito y prohibido, con una plaza creada para ella expresamente y con una alteración presupuestaria para conseguirlo. Algunos debieron suspirar pensando: "¡ya está hecho y nada ha pasado!".



A los que llegan tarde porque estaban de vacaciones, antes de iniciarse en esta segunda temporada les aconsejo que repasen los episodios previos de La hija de Marchena, los demás pueden seguir conmigo avanzando en la descripción del muro de silencio y de complicidad que se ha tejido para tapar lo que tiene todos los visos de ser un caso de nepotismo flagrante, actual y comprobable con datos objetivos. Un caso que afectaría, entre otros, a Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial y esposa del magistrado Llarena, al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a todos los que les han acompañado para beneficiar a Manuel Marchena en la persona de su hija. Algo que parece interesar bastante menos que chascarrillos del pasado procedentes de fuentes sucias y averiadas.


A pesar de que, según mis fuentes, tan feo asunto ha puesto nerviosos y en estado de alerta a muchos de los implicados; no lo es menos que estaban muy convencidos de que el polvo del estío, los intentos de desprestigio profesional hacia mí en diversos círculos y la ayuda de los múltiples escándalos reales o inventados que nos agitan cada día, harían que todo se diluyera y que plácidamente la vida siguiera... tal y como ellos la habían diseñado.

Lo cierto es que a pesar de que haya quien mire a otro lado diciendo que es un escándalo complejo y “difícil de explicar a la audiencia” (sic) sucede que para miles de jueces, magistrados y opositores la irregularidad es tan clara y meridiana como lo es la obligación de dar explicaciones para poder comprobar la licitud de lo sucedido y en su caso proceder a la depuración de responsabilidades. Así que varias asociaciones de jueces y de fiscales se dirigieron inmediatamente al Consejo General de Poder Judicial para exigir que se hiciera pública esa documentación que pormenorizaban. El CGPJ se los pasó por el arco del triunfo. La callada por respuesta y a otra cosa mariposa. Esta semana, sin embargo, a la par que Sofía empezaba el curso, se han producido varios movimientos más para pedir esa transparencia que el propio Marchena debería exigir si quiere evitar cualquier sombra de duda sobre la carrera profesional de su hija, pero también sobre su propia situación de honorabilidad como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y todo ello antes de empezar a presidir el que será el juicio del siglo en el Caso Procès.

Aunque inexplicablemente él mismo no instigue esa claridad sino que siga dando explicaciones vacuas, no va a ser tan fácil enterrar el caso porque no puede serlo tapar y silenciar lo que tiene visos de constituir una clamorosa corruptela. Los fiscales y jueces presentaron en julio también esa misma demanda de información y documentación a la Comisión de Selección, el organismo mixto encargado de organizar y tutelar todo el proceso de ingreso de jueces y fiscales, y éste sí les ha respondido. En el escrito de respuesta queda palmariamente claro que todos los pasos jurídico-administrativos que se han dado para ayudar a la hija de Marchena son tal y como se los conté en julio aunque, al final, tampoco aportan documento alguno que permita comprobar si las “excepcionalísimas circunstancias” que se daban en esta persona y que exigían iniciar para ella todo este trajín inédito, con cambio de partida presupuestaria incluida, son tales. La respuesta contiene otra perla sobre la tumultuosa sesión mantenida por esta Comisión en julio y es que el objetivo de la misma fue “solventar la situación generada por el acuerdo de la Permanente del CGPJ” relativo a Sofía Marchena. Al menos dejan claro que el problema lo generó el propio Lesmes y su Comisión Permanente para responder a una propuesta de Gema Espinosa y que a ellos les tocó salvarles la cara. Todo tal y como les conté.

La Unión Progresista de Fiscales no se conforma con la tomadura de pelo de un escrito vacío de contenido y apelando formalmente a los artículos 1 y 2.1 de la Ley de Transparencia acaba de dirigirse de nuevo directamente a Carlos Lesmes para exigirle que libere el expediente completo que permita aclarar si hubo una actuación irregular en torno a Sofía Marchena. Además, esta misma semana en el Congreso de los Diputados, Unidos Podemos volvió a exigir aclarar “el trato de favor dado a la hija del presidente de la Sala de lo Penal Sr. Marchena, con la colaboración de la Sra. Espinosa, a la que ahora se promociona al CGPJ y que ya está eligiendo un buen despacho, para otorgarle una plaza de fiscal que no existía” y una frase que resonó en la misma cámara en la que en julio el PSOE unió sus votos a los del PP y Ciudadanos para impedir que Lesmes tuviera que comparecer y explicarlo.

Aquí tenemos un chanchullo que arroja una sombra de duda sobre el magistrado Manuel Marchena, el que presidirá el juicio del procès, el que acaba de firmar el auto que impide que se investigue el máster de Casado, el que se postulaba candidato para presidir el nuevo CGPJ. Una posible corrupción institucional que se sustenta sobre un ocultado escrito de Gema Espinosa, la directora de la Escuela Judicial, la esposa del juez Llarena, la que es candidata a sentarse en el próximo CGPJ. Aquí tenemos muchas instancias políticas, judiciales y periodísticas dispuestas a evitar que nadie controle las actuaciones de los que controlan a todos. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo algunas togas tienen tendencia a enrocarse en sí mismas sin que exista medio de obligarles a dar explicaciones sobre sus actos que ellos mismos han blindado en apariencia con su propia ingeniería jurídica.

Si quieren seguimos mirando qué ropones tomaban copas hace una década en el Caribe, pero me parece democráticamente más necesario comprobar si aquí y ahora hay togas que tienen el poder de utilizar el sistema para beneficiarse y salir impunes. 

domingo, 11 de noviembre de 2018

Villarejo


Lo que sus filtraciones dejan al descubierto es un submundo de inmoralidad que afecta a todos los españoles y no sólo a quienes las protagonizan


La versión española de legendarios espías como Kim Philby o el alemán Markus Wolf, que inspiraron novelas como El topo o El espía que surgió del frío, más tarde llevadas al cine, es un tipo cuyo aspecto recuerda a Torrente, el casposo y repulsivo policía que ha hecho de oro a su creador, quien encarna también al personaje como actor. Va a ser cierto que la realidad copia al arte y que España sigue siendo diferente, para bien y para mal.
Con innegable estupefacción, los españoles vivimos desde hace tiempo una historia policial que seguramente a Santiago Segura, el creador de Torrente, le debe de producir una gran envidia, pero a que a otros nos causa una gran alarma no tanto por las revelaciones que gotean de ella, que al fin y al cabo podíamos imaginar, como por la ordinariez y la zafiedad que desprende todo, desde la forma de producirse el goteo de informaciones —a través de cintas grabadas (¡en plena era de la tecnología!) que difunde un periódico digital que lleva el nombre del palacio de la Presidencia del Gobierno— hasta el tono de las conversaciones que el autor de las grabaciones mantiene con todo tipo de personajes de la vida pública nacional. Vale que en la intimidad todos nos manifestemos con una espontaneidad que en público nos negamos, pero de ahí a la zafiedad con la que se expresan tanto el autor de las grabaciones como sus traicionados interlocutores media un abismo, el que separa la educación más elemental del lenguaje tabernario y cuartelero. Por eso, en algunas de las conversaciones de las que ahora tenemos conocimiento los españoles a causa de su interesada filtración, lo que más nos sobrecoge a algunos no es el contenido de ellas, por más que en muchos de los casos delaten una inmoralidad obscena, incluso dejen de manifiesto la comisión de algunos delitos, sino el tono torrentiano con el que se expresan los conversadores. 
Que se hable con naturalidad en la mesa de “información vaginal” y de comisiones remite a lo peor de este país y a personajes de nuestra historia reciente más vergonzosa, como el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán o el fallecido presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil, a los que muchos reían las gracias en aquel momento. Hay una tradición en este país que confunde lo obsceno con lo natural y la inmoralidad con la picardía y que goza de cierto predicamento en algunos ámbitos, no necesariamente los menos cultivados, como se demuestra.
Que un personaje como Villarejo haya llegado a donde llegó en su carrera profesional, con condecoraciones por parte de todos los Gobiernos a los que sirvió, es preocupante y digno de analizarse, como preocupante es que toda la clase política de un país esté en sus manos desde que entró en la cárcel, pero lo que más debería preocuparnos de toda esta historia es lo que tiene de representativa de una inmoralidad subyacente que no solo afecta a ciertos políticos y personajes conocidos, sino a la sociedad entera, esa que aplaude las filtraciones de Villarejo (al fin y al cabo otra inmoralidad) y se divierte apostando a ver quién será el siguiente en quedar retratado por ellas. Lo siniestro, escribió Schelling, es aquello que, debiendo quedar oculto, nos ha sido revelado, y lo que las filtraciones de Villarejo dejan al descubierto es un submundo de inmoralidad que afecta a todos los españoles y no solo a quienes las protagonizan. Sobre todo a esos que se ríen al escucharlas como si fueran un capítulo más de Torrente.

jueves, 8 de noviembre de 2018

Jueces insaculados

 
 
 
 
 
 
Cuando los vocales del CGPJ no han seguido a pies juntillas las indicaciones partidistas para el nombramiento de altos cargos judiciales, se han decantado en muchos casos por el nepotismo interno, los favores debidos, los amiguismos y las redes clientelares de las propias asociaciones y personales
“¿Por qué esta insistencia en que es necesario para cualquier A.A. haber tocado fondo? (...) porque implica la adopción de acciones y actitudes que, si no, no podría ni soñar en aceptar”
Doce Pasos, Doce Tradiciones

Sacar de las crisis propuestas y soluciones es un aserto que han vendido todos los gurús del desarrollo personal que han sido y serán. No obstante tiene un poso de verdad íntima y filosófica. Los espabilados que se forran con estas cosas, no han hecho otra cosa que traducir enseñanzas milenarias. El gran yerro del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo -me salía la gran cagada, pero ya saben que no somos de mal hablar- además de desatar la indignación y la ira de la sociedad ha tenido, sin duda, una vertiente positiva que no debemos desestimar. La constatación de la falta de capacidad de Díez-Picazo - otro de los amigos de Lesmes- para manejar una sala tan grande, compleja y relevante como la Sala Tercera ha constituido para gran parte de la carrera judicial el equivalente al “tocar fondo” que reclaman los programas de rehabilitación de adictos. Ha llevado tan abajo y de forma tan clara el prestigio y la credibilidad del Tribunal Supremo que ya no permite mantener los ojos cerrados por más tiempo: la situación de descrédito es insostenible.

La constatación del desastre a que el nepotismo, la politización y la avaricia de poder ha arrastrado a la cúpula del Poder Judicial y a los grandes tribunales ha forzado a voces de la judicatura a hacerse oír exigiendo tanto la dimisión del presidente fallido como la limpieza en la elección de los altos cargos judiciales. Esta necesidad última, en la que no creo que haya más voces disidentes que las de aquellos que se benefician de un sistema podrido, se concreta mayoritariamente en la vuelta a la elección de los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial por parte de los propios jueces. Este casi mantra, que varios partidos y ministros han compartido en la oposición y han olvidado en el poder, está recogido también en las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). La corrupción toma diversas formas y no es honesto obviar que el Poder Judicial está siendo corrompido desde hace años de forma indirecta pero eficaz.

Es honesto y necesario pues quebrar esa tendencia y evitar que la credibilidad de la Justicia, y por ende de nuestro Estado de Derecho, se vaya por un precipicio, pero no está tan claro, al menos yo no lo tengo, que esa solución aparentemente sencilla de volver a la interpretación literal del precepto constitucional, previa al primer manoseo socialista, sea la panacea que buscamos. Precisamente si algo nos ha dejado claro el episodio de la tragicomedia de la Sala Tercera al que asistimos estos días es que el mamoneo entre jueces, el nepotismo, el amiguismo, las redes clientelares de togados que están aupando a las plazas relevantes no a los más válidos sino a los más próximos a quien manda tampoco funcionan nada bien. En estas condiciones no sé yo si proponer que los jueces elijan a quienes han de gobernarles y a la vez a quienes han de nombrarles solucionaría el problema o nos lo volvería a complicar. Porque lo que está en el Tribunal Supremo, desengáñense, no se explica simplemente repitiendo el lema de la politización y devoción partidista de unos u otros magistrados. No, no es un tema simplificable en conservadores o progresistas, nombrados por estos o por los otros, que también. El problema intrínseco va más allá y tiene que ver con las redes de poder y de amiguismo montadas dentro de la propia carrera judicial. Quizá esto explicaría también por qué hay muchas menos mujeres en ciertos puestos, pero este es otro tema.

La línea decadente de la independencia de las cúpulas judiciales tuvo un punto de inflexión en el CGPJ anterior. Ya venía precedido por otro, el de Hernando, en el que dos bloques de la APM y JpD estaban férreamente comandados y respondían con bastante éxito a las expectativas de Génova y de Ferraz. Me refiero al momento en el que Margarita Robles y Manuel Almenar -cada uno representando a su grupo- comenzaron a pactar nombramientos sin tener en consideración las preferencias de los partidos que los habían aupado. Esa situación sacó de sus casillas al ministro Gallardón que, ni corto ni perezoso, cortó por lo sano y se sacó de la manga una reforma que dejó en jaque al CGPJ y lo redujo a un presidente, elegido eso sí a gusto del PP, y a una camarilla de dóciles que, no en vano, eran los únicos en cobrar el gran sueldo íntegro y en enterarse algo de lo que sucedía allí. Y en esas estamos.

El resumen es que cuando los vocales del CGPJ no han seguido a pies juntillas las indicaciones partidistas para el nombramiento de altos cargos judiciales, se han decantado en muchos casos por el nepotismo interno, los favores debidos, los amiguismos y las redes clientelares de las propias asociaciones y personales. 

Los jueces cuando tratan sobre asuntos que les atañen tampoco son especialmente independientes de ellos mismos. Así tenemos cómo la Asociación Profesional de la Magistratura no ha dicho ni mu sobre el tenebroso caso de la plaza de fiscal para la hija de Marchena -que implica a varios de sus asociados- o cómo Jueces y Juezas para la Democracia ha tenido el cuajo de salir a defender al juez de Violencia de Género que llama bichas y japutas a las justiciables. Indecente. No, hay mucha gente que cree que la solución para limpiar el Poder Judicial no es tan simple como que los jueces se voten entre ellos. Luego surge el Clan de Segovia o el Clan de San Sebastián o el Grupo de Amigos de Lesmes (GAL), en una broma interna, o el del otro... y así hasta varias familias de jueces de diferente sensibilidad pero unidos por unos lazos de lealtad que son muy difíciles de seguir si no se está muy dentro.

Por eso es imprescindible recuperar la limpieza y la dignidad del Poder Judicial y asegurarnos de que las personas más válidas están en su cúpula y no, como pasa en muchos casos, huidas a la abogacía a ganar dinero después de haberse formado con el nuestro, ante la constatación de que si no eres del bando adecuado no te van a dar ni agua. Como me decía un catedrático ayer: “me preocupan más los muy buenos que se quedan fuera sin ninguna posibilidad de entrar que los mediocres que sí lo consiguen”. A mí, en concreto, como ciudadana me duelen ambos casos.

Hay pues que avanzar algo más en la búsqueda de soluciones. Se han escrito interesantes estudios sobre el establecimiento de baremos objetivos e, incluso, se ha apuntado a la insaculación de los que los superen para introducir el elemento del azar en la última fase y evitar así la posibilidad de los canjes de cromos o de los candidatos de unos u otros. Es cierto que algunos buenos se quedarían fuera pero, al menos, sabríamos que nadie tiene en su mano exclusiva meter a los que desea. La reivindicación machacona de las asociaciones judiciales para que sean los propios jueces los electores, al menos en mi opinión, se ha quedado pequeña y obsoleta. No queremos tampoco jueces eligiendo entre los suyos. Es un sistema que también parece harto peligroso. Cambiar la politización por el amiguismo o los clanes no parecer solución.

La necesidad es evidente e inmediata pero la salida es compleja y precisa de propuestas conjuntas, novedosas y eficaces más allá de creencias ingenuas o no tanto. La ventaja de Díaz-Picazo es que ha dejado al desnudo lo que muchos llevamos tiempo denunciando. Esperemos que ahora no le echen encima cualquier trapito para tapar las vergüenzas y poder seguir como si tal cosa porque dudo que nuestra democracia se lo pueda permitir.

viernes, 2 de noviembre de 2018

Ultimátum del TSJA al Gobierno del Principado para que convoque concurso de méritos en el plazo de tres meses




El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en sentencia dictada el pasado 29 de octubre, condena a la Administración del Principado de Asturias a la convocatoria pública por concurso de méritos en el plazo de tres meses de, al menos, 79 puestos de trabajo de jefatura ocupados actualmente de forma provisional.

De esta forma, el TSJA confirma la sentencia dictada el pasado 2 de marzo de 2018 por el Juzgado de lo contencioso – administrativo nº 1 de Oviedo, en la que se estimaba el recurso interpuesto por el presidente del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, rechazando el recurso interpuesto por el Gobierno del Principado de Asturias, al que condena en costas al pago de 500 euros.

La sentencia del TSJA frena la estrategia iniciada por el Gobierno de Javier Fernández en el año 2013 para intentar evitar la convocatoria pública por concurso de méritos de los puestos ocupados por libre designación – a dedo – y en comisiones de servicio irregulares de más de dos años de duración.

Recordamos que el TSJA dictó un Auto el 8 de enero del 2013 suspendiendo cautelarmente los nombramientos por libre designación, tras numerosas sentencias que condenaban al Gobierno del Principado por esta práctica abusiva.

Ante la situación insostenible creada por esa suspensión cautelar, la Junta General del Principado tuvo que aprobar la Ley 7/2014, de 17 de julio, que obliga a sacar a concurso de méritos los puestos ocupados por libre designación.

Pero, lejos de cumplir de forma cabal y honesta la ley del Parlamento asturiano, el Gobierno del Principado ha ido enrocándose con diferentes excusas, utilizadas como  coartada para retrasar todo lo posible las convocatorias.

En el mes de abril del año 2016 el Director General de la Función Pública se comprometía a que el concurso estaría convocado en el segundo semestre de ese año. Pero esta promesa, como otras tantas realizadas incluso en sede parlamentaria, no eran más que tomaduras de pelo con las que se iba ganando tiempo para mantener el entramado clientelar de nombramientos precarios que define la carrera profesional de los funcionarios públicos en la Administración de Javier Fernández.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies quiere dejar constancia de que esta estrategia de vulneración sistemática de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, no hubiera sido posible sin la actitud condescendiente y cómplice  de todas las organizaciones sindicales representadas en la Junta de Personal – CSI, Usipa, CCOO, UGT y Csif -. En lugar de exigir, con la contundencia necesaria, el cumplimiento de la legalidad en defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del Principado, los sindicatos han colaborado con el juego evasivo de la Dirección General de Función Pública, haciéndose corresponsables de las ilegalidades de aquella. Por algo será.

Todo apunta a que las sucesivas maniobras del Gobierno para trasladar a la próxima legislatura la convocatoria de los concursos de méritos, han terminado fracasando. Veremos.


lunes, 29 de octubre de 2018

Hipotecas, impuestos, cláusulas, Banca y Derecho


Va a hacer falta mucho esfuerzo para impedir que los ciudadanos piensen que los bancos no son sólo entidades sistémicas, sino que incluso son ‘fuente del derecho’



La sentencia del jueves generó a unos la sensación de que iban a recibir una paga extra; a otros, que iban a tener que ajustar tipos de interés, comisiones y fondos de liquidez; a las Haciendas autonómicas, que menudo lío para los funcionarios; a los jueces, que vendría otra oleada de asuntos a inundar los juzgados; a algunos despachos de abogados, que habría que cambiar las cuñas de publicidad de la radio para incluir una nueva reclamación; y a la inmensa mayoría, que de una manera u otra acabarían pagando con una subidilla de algún impuesto.

La nota del viernes causó desconcierto, porque parecía que el Tribunal Supremo había decidido dar marcha atrás y “paralizar” su propia sentencia, lo que inmediatamente suscitó la impresión de que “los bancos” habían presionado al Tribunal Supremo dándole “órdenes” de rectificar. En realidad, la decisión fue paralizar los otros recursos que había pendientes sobre la mesa de esa Sala referidos al mismo reglamento, y que uno de ellos sería llevado al Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (integrada por 31 magistrados) para decidir si se confirma o no este “giro jurisprudencial”, que es cosa distinta a algo tan extraño como “paralizar la sentencia”. De todas formas, no ha podido disimularse un claro desarreglo en el funcionamiento de un tribunal del que se espera y se pide que suministre certeza jurídica. Más allá de regodearse en el revuelo, conviene ponerse a pensar qué puede pasar a partir de ahora, y qué margen de acción tiene el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

¿Qué es lo que está en cuestión?

“Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario” (y por tanto tendrá la condición de sujeto pasivo del impuesto). Esto es lo que decía el artículo 68.2 del Reglamento sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, desde 1995. Pero la Ley reguladora del impuesto no decía eso, aunque tampoco lo contrario. Simplemente decía, en su artículo 29, que “será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”, sin aclarar quién era “el adquirente” en una escritura de préstamo hipotecario, porque en realidad las dos partes de ese contrato son adquirentes: el prestatario adquiere dinero, pero el acreedor adquiere un derecho de hipoteca que le permite cobrarse en condiciones privilegiadas su crédito con el bien inmueble hipotecado. El Reglamento zanjó esa duda atribuyendo la condición de sujeto pasivo del impuesto al prestatario, pero la determinación del sujeto pasivo no es competencia del Gobierno (dictando un reglamento) sino de las Cortes (aprobando una Ley), por lo que la clave no está en lo que diga el reglamento, sino en cómo se interpreta la Ley; y la sentencia dictada el jueves afirmó (en resumen), contra lo que el TS ya había dicho anteriormente, que a los efectos de este impuesto lo importante no es el préstamo (el dinero), sino la hipoteca, porque es la hipoteca la que exige su formalización en escritura notarial (para su posterior inscripción en el Registro), y por tanto el sujeto pasivo del impuesto es el prestamista, es decir el banco y no el prestatario. En consecuencia, el Tribunal Supremo anula el artículo 68.2 del Reglamento e interpreta el artículo 29 de la Ley en el sentido de que quien debe pagar el impuesto es el prestamista.

Con arreglo a este criterio, está claro al menos que en adelante los bancos saben que han de pagar el impuesto y que no pueden repercutirlo mediante cláusulas al prestatario (si este es consumidor), porque el artículo 89.3.c) de la Ley de protección de los consumidores establece que son nulas las estipulaciones en las que se imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario.

Esta consecuencia es perfectamente asumible por los bancos. Les bastará con recalcular las operaciones a fin de obtener la rentabilidad que consideren suficiente para conceder los préstamos: probablemente subirán alguna décima el tipo de interés. El efecto “económico” de este cambio, mirando al futuro, será neutro, porque lo que el prestatario se ahorrará al no tener que pagar el impuesto, lo compensará pagando más intereses. Hasta aquí, pues, no hay ningún “dramatismo económico”, sino sólo algo saludable para la transparencia del mercado, puesto que permitirá que el prestatario conozca mejor el coste total del préstamo (en términos de tipo de interés y plazo de amortización, que es en lo que normalmente se fija). 

Lo que ocurre es que también puede producir efectos “hacia atrás”, es decir, sobre los préstamos hipotecarios cuyo impuesto ya haya sido pagado por el prestatario.

Las consecuencias de la sentencia sobre los impuestos ya pagados por el prestatario.

Son muchas las interrogantes sobre las que en estos días se discute por los juristas en un debate que no puede describirse con el debido rigor en un artículo de esta clase. Lo cierto es que las respuestas a esas interrogantes pueden comportar consecuencias económicas de cuatro cifras para muchos y de muchísimas cifras para los bancos.

De entrada, el prestatario puede solicitar a la hacienda autonómica la rectificación de la autoliquidación por la que pagó el impuesto si no ha pasado el plazo de prescripción de cuatro años (desde el pago) para exigir la devolución. Acto seguido, la hacienda autonómica podrá dirigirse al banco exigiéndole el pago de ese impuesto, siempre que, igualmente, no haya pasado el plazo de prescripción de las deudas tributarias, que es también de cuatro años. Es verdad que pagar de pronto, en un ejercicio fiscal, el importe total de los impuestos correspondientes a todas las escrituras de préstamo hipotecaria suscritas por un banco en los últimos cuatro años, sí puede desequilibrar a la entidad, y eso no es una buena noticia: entre otras cosas porque el culpable esta vez no sería el banco, sino el Gobierno, al haber dictado, según ha dicho el TS, una norma reglamentaria contraria a la ley y haber inducido así a unos comportamientos que ahora habría de rectificar.

Podría plantearse si la anulación del artículo 68.2 del Reglamento tiene o no “efecto retroactivo”, es decir, si puede afectar a los impuestos pagados con antelación a la sentencia. En pura teoría así es, porque una “anulación” no es una “derogación”. La derogación refleja un “cambio” normativo, y opera en adelante, salvo que se establezca lo contrario en sus disposiciones transitorias: lo hecho conforme a la norma derogada, estuvo bien hecho, y a partir de la derogación habría que estar al nuevo criterio. Pero la nulidad decidida por un tribunal es algo distinto: se debe siempre a un defecto “de origen”; cuando se declara la nulidad de algo se dice que nunca debió existir, porque desde el principio era contrario al ordenamiento jurídico. Esto significa que es como si desde 1995 (fecha de aprobación del Reglamento) el artículo 68.2 no hubiera existido, lo que abre la puerta de la retroactividad: todos los pagos del impuesto efectuados por los prestatarios podrían considerarse indebidos. Con todo, hay un límite a la retroactividad: el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece algo importante: que “Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales”. En vista de este precepto, los bancos intentarán defender que las autoliquidaciones presentadas por los prestatarios, y cobradas por la hacienda autonómica sin rectificación ni protesta, son “actos administrativos firmes”, y por tanto no revisables, lo cual desde luego es muy discutible.

Pero hay más. 

Respecto de los impuestos liquidados hace más de cuatro años, en los que el prestatario ya no podrá dirigirse contra la hacienda autonómica por haber prescrito el plazo para la devolución, podrán intentar exigir al banco una compensación por haber pagado el impuesto, y haberlo hecho como consecuencia de una cláusula que les obligaba a ello en el contrato. En efecto, en casi todas las hipotecas se incluía una cláusula que establecía que el prestatario asumía el pago de “todos los gastos e impuestos generados como consecuencia del préstamo hipotecario”. Dicha cláusula es en sí misma abusiva (al no distinguir entre los impuestos que la ley carga a una y a otra parte). El consumidor podrá pedir la nulidad de la cláusula, y si lo consigue podrá exigir al banco (por “enriquecimiento injusto” de éste) el reembolso de lo que pagó indebidamente a Hacienda como consecuencia de la obligación asumida en la cláusula declarada abusiva. No es tampoco éste el lugar para analizar las dificultades que entrañarían estas reclamaciones de los consumidores, pero lo cierto es que tal posibilidad hace razonable que los bancos teman verse obligados al reembolso de los impuestos pagados en los últimos quince años (pues quince años era el plazo de prescripción de esa acción de reembolso, antes de que en 2015 se redujera a cinco). Imagínense de qué cantidades podríamos estar hablando. Se trata de miles de millones de euros. Esto sí que tendría un importante “impacto económico”, y seguramente es lo que explica la nota del presidente de la Sala.


La nota del viernes del presidente de la Sala III del TS, y lo que cabe esperar del Pleno anunciado.

En atención al enorme impacto “económico y social” de la sentencia del jueves, el presidente de la Sala III del TS comunicó a la opinión pública el viernes, a través de una nota de prensa, que iba a reunirse el Pleno para pronunciarse sobre el asunto, aprovechando otros recursos pendientes de resolver. Esta nota ha causado una indisimulada perplejidad, puesto que no es en absoluto frecuente que el Tribunal Supremo anuncie al día siguiente del dictado de una sentencia que tiene previsto reestudiar la cuestión por si llega a otra conclusión. No puede reprocharse nada a quien haya concluido que esa nota de prensaes el resultado de llamadas telefónicas, conversaciones e incluso presiones sobre el mismo tribunal, aunque esa conclusión no es la única posible: también cabe pensar que magistrados de otras secciones de la misma Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo hayan dicho que una sentencia con tanta trascendencia habría de ser dictada por el Pleno, habida cuenta de que hasta ahora el TS venia siguiendo otro criterio.

En todo caso, es importante decir que el margen de maniobra del Pleno es estrecho. En concreto, el TS no va a poder “resucitar” el artículo 68.2 del Reglamento que ha sido anulado por una sentencia que es definitiva y firme, sin posibilidad de recurso. Y ello porque en muchísimas sentencias bien conocidas por la comunidad jurídica, el TS ha dicho y reiterado que “las sentencias firmes, cuando anulan una disposición general tienen efectos generales ( artículo 72.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción ), de manera que carece de interés abundar o insistir en una nulidad ya declarada”, que ha “expulsado del ordenamiento jurídico la disposición anulada”; y que, “desde luego, resultaría nocivo para la seguridad jurídica contradecir o alterar lo ya declarado por sentencia firme”.

¿Qué puede esperarse, entonces, del Pleno que vaya a celebrarse en los próximos días? Apuesto a que no va a ir contra la doctrina que acabo de exponer, entre otras cosas porque no le va a hacer falta. Apuesto a que el Pleno va a decir que, en efecto, el artículo 68.2 ya está anulado y expulsado del ordenamiento jurídico, y que eso es inmodificable. Pero, anulado dicho precepto, todavía sigue viva la cuestión de cómo debe interpretarse el artículo 29 de la Ley (que, recuerdo, dice que “será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”), y el Pleno tiene plena competencia para, ante la discrepancia de pareceres entre las diferentes secciones, entrar a decidir cuál es la interpretación correcta de tal precepto. No será de extrañar que acuerde finalmente mantener su doctrina anterior sobre la interpretación del artículo 29 de la ley, y concluir que, sobre la base de artículo 29, y no del anulado 68.2 del reglamento, el sujeto pasivo del impuesto es… ¡El prestatario!

También podrá el Pleno mantener lo decidido por la sentencia del jueves, incluida su nueva interpretación del artículo 29 de la Ley, pero precisando que dicho cambio jurisprudencial no tiene alcance retroactivo, y que por tanto sólo será aplicable a las hipotecas que se firmen a partir de la publicación en el BOE de dicha sentencia, lo cual neutralizará el impacto económico de la decisión, pero a costa de causar otro descosido en el sistema jurídico.

La decisión que finalmente se tome seguramente no va a ser escandalosa desde el punto de vista de su contenido. Pero el “itinerario” no ha dejado en buen lugar a la Sala III del TS, porque va a hacer falta mucho esfuerzo para impedir que muchos ciudadanos queden convencidos de que en nuestro país los bancos no son sólo entidades sistémicas cuyos intereses son “de orden público”, sino que incluso son “fuente del derecho”.


AUTOR

Miguel Pasquau Liaño (Úbeda, 1959) es magistrado, profesor de Derecho y novelista. Jurista de oficio y escritor por afición, ha firmado más de un centenar de artículos de prensa y es autor del blog "Es peligroso asomarse". http://www.migueldeesponera.blogspot.com/

sábado, 27 de octubre de 2018

TODA LA VERDAD SOBRE LAS IRREGULARIDADES EN TORNO AL “ELOGIO DEL HORIZONTE”



Hasta cuatro años después no fue iniciado el preceptivo expediente oficial, en el que no hay informe alguno de los técnicos municipales

El Ayuntamiento pagó más hormigón del que realmente se echó, tal como denunció un arquitecto municipal represaliado

Manuel de Cimadevilla. Periodista
La Nueva España, 22/10/2018

En la exposición que está abierta al público en el Centro de Cultura “Instituto Jovellanos” sobre la realización del “Elogio del Horizonte” y que ha sido inaugurada a bombo y platillo –sin saber muy bien realmente a causa de qué, ya que estas fechas no son el aniversario de nada- anunciándose hasta la participación de expertos internacionales para su análisis, nadie ha querido reflejar las graves irregularidades administrativas acaecidas en todo el proceso sobre el que siempre se cubrió con un manto de silencio total. De ahí que me parezca oportuno recordarlo para que nadie se llame a engaño y el tiempo ponga a cada uno en su sitio.

La inauguración de la escultura de Eduardo Chillida, “Elogio del Horizonte” –el acto oficial fue el 9 de junio de 1990- se llevó a cabo sin que previamente fuese tomado acuerdo alguno por parte de la Corporación Municipal. Así como también llama la atención el hecho debidamente documentado de que ningún técnico municipal haya controlado los trabajos realizados en el cerro de Santa Catalina, ya que tanto el encargo escultórico a Eduardo Chillida, como las obras para su construcción fueron adjudicadas directamente, lo que constituye toda una grave anomalía administrativa y política. Ni pasaron por comisión informativa alguna, ni fueron aprobadas ni por la Comisión Municipal Permanente, ni tampoco por el Ayuntamiento Pleno. Alguien sabrá las razones de tanto oscurantismo y también alguien debería algún día dar las pertinentes explicaciones a la ciudadanía.

Las obras no fueron certificadas por ningún técnico municipal
Las obras para la instalación de la escultura “Elogio del Horizonte” de Eduardo Chillida, en el cerro de Santa Catalina no fueron revisadas, ni certificadas por técnico municipal alguno. El entonces arquitecto municipal José Luis Carballo González se negó en el despacho de la Alcaldía a firmar la certificación final de las obras realizadas sin control municipal alguno que le presentó Vicente Alberto Álvarez Areces, al considerar que las toneladas de hormigón que se presentaban en la factura al cobro eran desproporcionadas y no podían haber sido echadas para construir la escultura.
De estas anomalías realizó un informe por escrito el entonces arquitecto municipal José Luis Carballo -por lo que fue represaliado y tuvo que irse a trabajar al Ayuntamiento de Villaviciosa- y, sin embargo, sorprendentemente, tampoco figura en el expediente municipal.

El expediente fue iniciado cuatro años después de la inauguración
Además tal como se demuestra en el expediente que se puede consultar en el Archivo Municipal de Gijón está lleno de irregularidades, ya que aunque cueste creerlo fue iniciado cuatro años después de haber sido inaugurada oficialmente la escultura de Chillida. El expediente –al que tuve acceso hace años, después de que lo autorizase el secretario general letrado, Mariano López Santiago, al haber transcurrido el tiempo preceptivo para su libre acceso al público- se inicia con un informe sin fecha del arquitecto Francisco Pol -en la que hace memoria de lo ocurrido en todo el proceso desde que él fuese responsabilizado de la recuperación del cerro de Santa Catalina y del barrio de Cimadevilla, con propuestas que fueron desechadas como consecuencia de la oposición del vecindario del antiguo barrio de pesquerías- recordando que el encargo a Eduardo Chillida se hizo en el año 1987 para que la obra fuese “una de las señas de identidad” de Gijón, con un presupuesto de cuarenta y cinco millones de pesetas –cinco de los cuales, calificado entonces como precio simbólico, los cobró Eduardo Chillida-; sin embargo, a la hora de la verdad, el costo del “Elogio del Horizonte” aumentó en más de veinte millones de pesetas –que tuvieron que ser sufragados con aportaciones especiales financiadas a fondo perdido por la Caja de Ahorros de Asturias y El Corte Inglés- como consecuencia, entre otras cosas, de la necesidad de efectuar una cimentación especial por pilotaje, que aunque resulte muy extraño para todos, no había sido prevista por la empresa Entrecanales y Tavora SA, a quien se le adjudicaron directamente las obras, sin el preceptivo concurso público previo, lo que también supuso una flagrante vulneración de los procedimientos legales de contratación. La empresa Entrecanales y Tavora presentó una factura sin fecha, por importe de 63.339.592 pesetas, sin que hubiese constancia alguna de la intervención de los técnicos municipales en su aceptación, tal como es preceptivo en todo expediente administrativo. En dicha factura se contemplan: los estudios geológicos, la ejecución de la cimentación con dieciséis pilotes de veintiún metros y el cuerpo de la escultura, además del alquiler de la nave para el encofrado de madera de la obra escultórica.

Nada se sabe del encofrado de madera que tendría que ser propiedad del Ayuntamiento
Aunque, inicialmente, Eduardo Chillida había pensado desarrollar su obra escultórica en un encofrado de chapa de acero, con posterioridad decidió que fuese realizada en piezas de madera, lo que supuso un encarecimiento del treinta por ciento -16.755.512 pesetas- del presupuesto inicial. Se justificó aquel cambio de encofrado para que éste pudiese ser exhibido posteriormente en exposiciones que permitiesen la promoción turística de la ciudad, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, del valioso encofrado de madera nunca más se supo y no consta en el patrimonio municipal.
El irregular expediente finaliza con un breve informe de Francisco Pol -con fecha 14 de abril de 1994- en el que como arquitecto director de las obras de urbanización del recuperado cerro de Santa Catalina asegura que Entrecanales y Tavora cumplió con sus obligaciones contractuales, a efectos de devolución de la fianza. Esto ocurría, curiosamente, cuatro años después de la inauguración oficial. Y nunca pasó nada.
En dicho expediente municipal tampoco figura ninguna obligación con Eduardo Chillida para que su obra –que con la socarronería habitual de los vecinos de Cimavilla fue calificada como “el wáter de King Kong”- no pudiese ser iluminada por la noche para darle un mayor realce y pudiese ser contemplada desde toda la bahía de Gijón. Tal vez haya llegado el momento de que por parte de la Corporación Municipal se proceda a adoptar los acuerdos pertinentes para su iluminación nocturna, ya que ello daría una mayor visibilidad a lo que se considera el símbolo de la ciudad.

Que ningún técnico municipal haya controlado las obras adjudicadas a dedo, sin concurso previo, que se hayan aceptado revisiones del proyecto sin más ni más y que, al final, haya sido preciso inventarse un expediente cuatro años después de su inauguración oficial es algo que resulta increíble. Y que en ese expediente no figure ni el informe del entonces arquitecto municipal en el que denunciaba las graves anomalías que se habían producido, ni tampoco haya en él informes del Interventor Municipal de Fondos, ni de Comisión Municipal alguna, deja bien a las claras el caos que imperó en el urbanismo gijonés en la “era Areces”. También resulta muy extraño que la responsable de la oposición municipal, Mercedes Fernández, portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento no se preocupase por denunciar todas estas graves irregularidades en la contratación y control de esta importante obra. Eso, desde luego, no hubiese pasado siendo edil Francisco Álvarez-Cascos.

De esto, claro, en los medios de comunicación nadie dijo nada, por si acaso. Ya lo advirtió hacía muchas décadas “La Codorniz”: donde no hay publicidad resplandece la verdad.
Eso sí se hicieron la foto el día de la inauguración oficial mirando hacia otro lado y tapándose las narices.

jueves, 25 de octubre de 2018

Anulado el nombramiento del Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Área Sanitaria VIII de Asturias



En sentencia del Juzgado de lo contencioso – administrativo nº 2 de Oviedo dictada el pasado 26 de septiembre, a la que ha tenido acceso el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, se anula el nombramiento del Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Área Sanitaria VIII por vulnerar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Las bases de la convocatoria, a la que se presentaron dos candidatos, establecían dos fases en el proceso de evaluación:
-         La primera, consistente en la evaluación del currículum profesional, currículum formativo y antigüedad de acuerdo con el baremo señalado en dichas bases
-         La segunda, en la valoración del proyecto de gestión y organización del Servicio de Otorrinolaringología

Los dos aspirantes admitidos fueron evaluados y valorados en la primera fase con 34,20 y 30,20 puntos respectivamente, mientras que en la fase de valoración del proyecto al primer candidato se le atribuyeron 19,75 puntos y 31,5 puntos al segundo.

La suma de ambas puntuaciones dio como resultado final que el candidato que había sacado menos puntos en la fase primera y la más objetiva, pues en la misma se evaluaba el currículo profesional y formativo conforme a un baremo preestablecido de méritos, sin embargo fuera el adjudicatario final de la plaza como consecuencia de la muy superior puntuación que se otorgó a su proyecto de gestión y organización del servicio en la fase discrecional de valoración del mismo.

Recurrida la adjudicación del puesto por el otro candidato, el Juzgado de lo contencioso – administrativo nº 2 de Oviedo comprueba que el Acta de la Comisión de Valoración no contiene más que la asignación de puntuación por parte de los miembros de la misma, sin motivación alguna, ni explicación de los pasos dados para establecerla.

El Juzgado, después de recordar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la discrecionalidad técnica de los tribunales y órganos de selección del empleo público, acaba concluyendo que el nombramiento vulneró los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y el de interdicción de la arbitrariedad.

El válido ejercicio de la discrecionalidad técnica exige (sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2018):
-         expresar el material o las fuentes de información sobre las que se va a operar el juicio técnico
-         consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico
-         expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás.

En el procedimiento tramitado para el nombramiento del Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Área Sanitaria VIII, nada de eso se hizo. En palabras del Juzgado de lo contencioso – administrativo nº 2 de Oviedo:
“…en el caso aquí examinado fue la valoración del proyecto de organización y gestión la que consiguió despegar al segundo aspirante, más de 11 puntos respecto al hoy demandante, determinando, en definitiva, la adjudicación de la plaza. No se motivó en absoluto la razón de la puntuación asignada ni menos aún los criterios que fueron utilizados para que la Comisión llegara a tan distantes puntuaciones. Por respeto al derecho a la igualdad de condiciones que asiste a los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de méritos y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad, lo procedente es la anulación de la resolución con las consecuencias solicitadas por el demandante”

Un contundente varapalo judicial - y ya son unos cuantos - a la arbitrariedad del SESPA en el nombramiento de Jefes de Servicio.

miércoles, 24 de octubre de 2018

Capitalismo de méritos

La Nueva España, 23 de Octubre del 2018 ,- Jaime González Gómez (Gijón)


Una de las consecuencias del actual sistema de titulaciones universitarias de la "era Bolonia" es lo que me atrevo a llamar el "capitalismo de méritos". Cualquier recién licenciado que quiera optar a un empleo público a través de un concurso-oposición o bien apuntarse a una bolsa de empleo público se habrá encontrado ante esta situación.

El actual sistema de valoración de méritos, pese a pequeñas modificaciones, sigue basado en un formato más clásico en el que eran muy pocos aquellos que a sus licenciaturas o diplomaturas sumaban un máster o una carrera investigadora. Y esa labor se premiaba en justicia en forma de puntos que se añadían a los obtenidos por la experiencia profesional.

En la actualidad hay un enorme mercado, promovido por las universidades privadas y la posibilidad de formación online, que provoca por ejemplo que muchos programas de "títulos propios de máster" de baja calidad se puedan realizar con muy escaso esfuerzo, pudiendo incluso compaginarse varios en un mismo año lectivo. Este tipo de titulación puede llegar a puntuar dos tercios de lo que lo hace un máster universitario oficial presencial.

A esto se suma el mercado negro de creación de los denominados "póster" para congresos de dudosa profesionalidad, varias revistas digitales que publican cualquier tipo de trabajo "académico" por muy breve, plagiado o de baja calidad que sea, y un sinfín de cursos profesionales -muchos a distancia- que son promovidos por centros académicos privados o por los propios sindicatos con la única finalidad de "sumar puntos".

En definitiva, lo que antes era una valoración justa de la trayectoria académica ahora se convierte en una carrera contra reloj para aumentar los méritos a toda costa. Un sistema que crea ansiedad y frustración en los aspirantes y que es profundamente desigual, pues sólo aquellos que puedan permitirse el coste económico de este "capitalismo de méritos" podrán competir, independientemente de su valía profesional, en igualdad de condiciones.

lunes, 22 de octubre de 2018

Comunicado de JJpD exigiendo la dimisión inmediata del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

El pasado jueves 18 de octubre se dio a conocer la Sentencia 1505/2018, de 16 de octubre (R. 5350/2017), de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que, estimando un recurso contencioso-administrativo, anulaba una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid que imputaba el pago, como sujeto pasivo, del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al prestatario con garantía hipotecaria, y, correlativamente, declaraba nulo el precepto reglamentario que cargaba dichos tributos al prestatario, por ser contrario a Ley.
Esta es una de las funciones que tiene encomendada la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo especializada en Derecho Tributario, y le corresponde, conforme al art. 123 de la Constitución, unificar doctrina legal y criterios jurisprudenciales válidos para toda la población, incluidas las entidades financieras y bancarias.
Somos conscientes que las resoluciones de juezas y jueces tienen impacto, no sólo en la vida y economía de la ciudadanía en particular, sino en la sociedad en su conjunto; algunas de nuestras resoluciones pueden tener un gran impacto, pero esta es la labor que nos encomienda la Constitución.
Lo que sí sorprende es la actuación del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, D. Luis María Díez-Picazo Giménez, que, en una actuación sin precedentes, al día siguiente de conocerse la Sentencia, ante “su enorme repercusión económica y social”, acordó, “con carácter urgente”, “dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar”, y “avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.
El Sr. Díez-Picazo Giménez tiene que recordar que él mismo, como presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, firmó el Auto de 15 de enero de 2018 que admitía a trámite dicho Recurso 5357/2017. En él ya se recordaba, con la firma del Sr. Díez-Picazo Giménez, que “(…) el reciente criterio contrario sentando por la Sala Primera ha abierto un debate doctrinal que requiere una nueva respuesta por parte de este Tribunal Supremo, máxime cuando (…) es una materia que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social, más allá del caso objeto del proceso”.
No existen precedentes de esta insólita actuación del Sr. Díez-Picazo Giménez: si quería hacer uso de los arts. 197 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas facultades deben de ejercitarse antes del dictado de la Sentencia. De lo contrario se enfrenta el Sr. Díaz-Picazo a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de Justicia que ha generado, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente discutida, razonada y razonable.
Consideramos que el Sr. Díez-Picazo Giménez ha realizado una nefasta gestión de este asunto del que es único y exclusivo responsable, ha generado él solo alarma social, ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un Tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces.
Por todo ello, desde Juezas y Jueces para la Democracia, pedimos y exigimos la inmediata dimisión de D. Luis María Díez-Picazo Giménez como Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
22 de octubre de 2018
EL SECRETARIADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA