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lunes, 29 de julio de 2019

EMPRESA, RELACIONES LABORALES Y LENGUA EN RTPA (2012-2015)

La radiotelevisión pública asturiana en la era post-ornia: ¿cambio real o cosmético?

Ámbitos
Revista Internacional de Comunicación
21/06/2016
"5. EMPRESA, RELACIONES LABORALES Y LENGUA EN RTPA (2012-2015)
5.1. Transparencia y opacidad en la externalización de contenidos
A las televisiones públicas autonómicas se les ha atribuido la función de “contribuir a la creación del tejido industrial audiovisual en su ámbito geográfico de cobertura” (Azurmendi et al., 2011: 12) y, de hecho, sistemáticamente se cita a Cataluña y el País Vasco como modelos del potencial de crecimiento que ofrecen dichas televisiones. Desde la perspectiva de la gestión pública, la mayor ventaja que, en teoría, aporta la externalización es el ahorro de costes.
La simbiosis entre productoras privadas de contenidos de proximidad y televisiones públicas autonómicas — defendida por, entre otros, Moragas y Prado (2001) — entraña, sin embargo, dos grandes riesgos: la creación de un tejido audiovisual atomizado, dependiente por completo de la propia televisión y poco competitivo, y “la descapitalización de los servicios propios de los servicios audiovisuales públicos” (ibíd. 13). A estos dos riesgos podemos sumar que la externalización suele justificarse en una previsión de ahorro a corto plazo que, con frecuencia, no sólo no llega a producirse, sino que además enturbia las relaciones laborales en la televisión pública y compromete su futuro al deteriorar sus competencias (ibíd.). Por otra parte, no podemos olvidar que “el sistema mediático español encaja en el modelo mediterráneo […] de pluralismo polarizado, caracterizado por un alto grado de politización, clientelismo y entendimiento entre élites políticas, económicas y mediáticas” (Zallo, op. cit. 325) y, por consiguiente, los criterios de selección y condiciones económicas de la externalización no siempre son transparentes ni velan por los intereses de la empresa pública.
En los últimos tres años, RTPA no se ha alejado sustancialmente del modelo de gestión externalizado de Pérez Ornia y mantiene un porcentaje de subcontratación comprendido entre el 70% y el 80%, según el sindicato Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). Ahora bien, teniendo en cuenta el ajuste presupuestario sufrido por el Ente desde 2011 y las críticas recibidas por algunos de los contratos suscritos en el período anterior, sería ingenuo pensar que nada ha cambiado en la programación de producción externa emitida por TPA.
De hecho, el primer cambio ni siquiera esperó a las elecciones de 2012. En marzo de 2012, Antonio Virgili negocia con Mediapro la rescisión de los contratos para la emisión de Fórmula 1, la Champions League y la Liga, tres de los contenidos que, junto a los informativos, aportan en ese momento una mayor audiencia, pero que además de costosos — el ahorro estimado en 2013 por esta rescisión fue de 2,5 millones de euros — tenían un difícil encaje en la misión de servicio público exigible a RTPA.
La rescisión supuso un durísimo golpe en términos de audiencia (03) y, junto a los recortes presupuestarios, obligó a reestructurar la parrilla de TPA en torno a contenidos de proximidad, fácilmente justificables como servicio público y, lo que es más importante, mucho más económicos. Estos contenidos, que pasaron de ocupar el 51% de la parrilla en 2011 al 80% en 2014 (Ruitiña, 2015: 130-134), no pudieron detener la caída de audiencia en 2013. (04) Sin embargo, su creciente aceptación entre el público asturiano contribuyó a elevar la cuota de pantallamedia anual de TPA hasta el 6,2% en 2014 y, sobre todo, a paliar en parte los catastróficos efectos que los sucesivos recortes presupuestarios han tenido sobre un tejido audiovisual regional que, una década después de la creación de RTPA, continúa dominado por empresas minúsculas, poco competitivas y enteramente dependientes de los contratos de la radiotelevisión pública autonómica.
Aun cuando desde 2012 se han atenuado las críticas respecto a la preferencia de RTPA por grandes grupos de fuera del Principado y no ha habido escándalos de licitación comparables al de Plural, el sector audiovisual, los partidos políticos de oposición y los sindicatos han reiterado que RTPA continúa contratando de forma poco transparente u objetiva con un número reducido de empresas, lo que supone un serio lastre para el desarrollo de una industria audiovisual en Asturias.
RTPA contrata producción externa a través de dos mecanismos: los encargos de producción y las licitaciones públicas. Los primeros son negociados de forma privada — es decir, opaca — entre la cadena y el contratista, que previamente ha de presentar un proyecto en el Registro de Programas del Ente. Una vez presentado el proyecto, la cadena lo analiza en función de tres criterios: valor de servicio público de proximidad, presupuesto y potencial rentabilidad económica. Si el proyecto supera esta fase, se inicia la negociación privada.
Las licitaciones son poco más transparentes. Además de recurrir sistemáticamente al procedimiento negociado, que permite la negociación privada con cada aspirante una vez presentada la oferta inicial, RTPA suele incluir en sus pliegos de condiciones un apartado, abierto y subjetivo, de propuesta de mejoras del servicio. Las ofertas, por otra parte, no reciben puntuación numérica, sino una valoración escrita de acuerdo a una escala (excelente, muy bueno, bueno…) difícilmente recurrible. En otro orden de cosas, cabría destacar asimismo la permisividad que RTPA concede a las contratas en materia laboral, lo que ha tenido como resultado que, casi con cada nueva licitación, se haya reducido el número de trabajadores externalizados y/o se hayan deteriorado sus condiciones. (05)
Si, a la vista de estos datos, las acusaciones de falta de transparencia parecen ciertas, las cifras ofrecidas por Virgili en su comparecencia de junio de 2013 ante la Junta General del Principado apuntan a que, efectivamente, RTPA aún confía la mayor parte de su producción externalizada a unas pocas empresas. Así, sólo tres productoras, Proima-Zebrastur, Asturmedia y VAV, acapararon 5,1 de los 5,8 millones de euros que RTPA destinó a producción externa en 2013, distribuidos de la siguiente manera: Zebrastur, 3,5 millones; Asturmedia, 1 millón, y VAV, 600.000 euros (Junta General del Principado de Asturias, 2013).
Aunque el contrato con VAV terminaría por ser el más polémico del período 2012-2015, la generalizada opacidad de las contrataciones ha sido origen de nuevas sospechas de nepotismo, despilfarro y corrupción. El año 2013 destaca en particular por el número de licitaciones que fueron puestas públicamente en entredicho en los medios asturianos, la Junta General y, en el caso específico de la adjudicada a VAV, los tribunales de justicia.
En enero de 2013, la UTE formada por Proima-Zebrastur y la vasca Expressive Media Projects logra el contrato de gestión de la publicidad de RTPA. Esta adjudicación, a priori intachable, se convierte en dudosa cuando tenemos en cuenta que Proima-Zebrastur es, como hemos dicho, uno de los mayores proveedores de contenido de RTPA y, por tanto, resulta un poco extraño que se le permita gestionar también los espacios publicitarios asignados a los contenidos que produce. Por otra parte, la presencia de la televisión pública vasca EiTB en el accionariado de Expressive Media Projects podría ser contraria a la legislación europea, puesto que el objeto social de la empresa tiene muy poco que ver con la misión de servicio público que hace a EiTB acreedora de financiación pública (Vélez, 2015).
En marzo del mismo año, Secuoya, a través de una UTE participada por su filial B&S, conseguía su primer contrato en RTPA: la operación y mantenimiento técnico de continuidad, control central y enlaces móviles, así como el mantenimiento técnico general, por un precio anual de 705.000 euros más IVA. Apenas un mes después, Secuoya despedía a ocho trabajadores de estos servicios, reducía el salario al resto y, en un rápido movimiento de puerta giratoria, fichaba al director y al exdirector de informativos de RTPA, Ignacio Menéndez del Campo y Juan Carlos Fernández Cuesta, respectivamente, para los servicios informativos de Latina TV, un importante proyecto audiovisual de la empresa en Perú.
También en marzo de 2013 trascendía la adjudicación de la información meteorológica a David Arango por 81.000 euros, y la de la información local a VAV por 745.000, hasta final de año e IVA excluido. En el primer caso, sorprendía la plena coincidencia entre los precios de oferta y de licitación, y el elevado coste que se atribuye a un servicio que ocupa a sólo tres trabajadores y donde RTPA aporta los medios para la grabación y el grafismo. En el segundo, la situación es sustancialmente más compleja.
El 31 de diciembre de 2012 expira el contrato de producción de contenidos informativos locales que RTPA mantiene con tres modestas productoras asturianas — Videoimagen, Enfoque Visual e Ídola Media — y, puesto que el nuevo concurso se hace público ese mismo día, los informativos de TPA comienzan 2013 sin corresponsalías en los municipios. La dirección del Ente intenta paliar la situación con la contratación temporal de cinco cámaras de Enfoque Visual el 1 de enero, lo que resucita de inmediato la polémica de la cesión ilegal y lleva a la cadena a publicar, días después, una bolsa de empleo de técnicos de imagen, que asimismo provoca un hondo malestar entre trabajadores y sindicatos porque anula una bolsa anterior para un perfil profesional muy similar (Rodríguez, 2013).
Mientras los ERE se suceden en las contratas de los informativos, la dirección del Ente dilata la tramitación de la licitación, cuyo pliego de condiciones incluye asimismo el suministro de contenidos de interés regional desde Madrid, lo que en la práctica deja fuera a las empresas locales que venían prestando el servicio. El futuro laboral de 32 de los trabajadores de estas empresas parece, sin embargo, asegurado una vez resuelto el concurso, pues el pliego exige al adjudicatario su subrogación.
El 1 de abril, RTPA anuncia la adjudicación del servicio a VAV y justifica la decisión en base a que la empresa, con sede en Madrid, ha presentado la mejor oferta económica. La sorpresa y desagrado que causan en el sector la adjudicación a una empresa en preconcurso de acreedores — y que, además, carece de medios técnicos propios en Asturias — se traducen en la presentación de una demanda judicial por parte de otro de los aspirantes, el diario El Comercio (Vocento).
El desagrado no hace sino aumentar cuando VAV, con la connivencia de RTPA, demora un mes el inicio del contrato para eludir la subrogación a los 32 trabajadores en las condiciones que tenían a 31 de diciembre (06) y negociar con las productoras locales el alquiler del equipamiento — y, en ocasiones, el personal — necesario para prestar el servicio. Libre de la obligación de subrogar, VAV contrata sólo a algunos de los 32 trabajadores recogidos en el pliego y a otros nuevos en condiciones precarias, y reduce el número de corresponsalías. Como colofón, durante el primer mes de servicio, VAV entra en concurso de acreedores y, aunque el pliego contempla la prórroga automática del contrato hasta un máximo de tres años, la empresa abandona RTPA en diciembre de 2014, en medio de una nueva polémica por el despido de un cámara que había participado en acciones sindicales. (07)
Los contratos con Zebrastur, David Arango, Secuoya y VAV no fueron, sin embargo, las únicas controversias que rodearon las externalizaciones de RTPA en 2013. En mayo, mientras se negocia el convenio colectivo, un juzgado de Gijón admite a trámite la querella criminal presentada por CSI contra dos directivos de RTPA por prevaricación, fraude y exacciones ilegales en el contrato celebrado en 2008 con la empresa Teletemas para la producción de Amanecer, un sencillo feed vespertino con imágenes en directo de Oviedo y Gijón, y una cinta de información meteorológica. Aunque RTPA aportaba los medios técnicos, la contrata recibió 85.700 euros anuales (más IVA) por la prestación del servicio y, sobre todo, según el sindicato, evitar al Ente la contratación de cinco personas que ya habían trabajado directamente para RTPA, y que posteriormente vieron reconocida en los tribunales su cesión ilegal a la contrata.
Por último, el verano de 2013 concluyó con una nueva adjudicación polémica: la de la actualización de los contenidos del sitio web a Dos Torres Audiovisual, una pequeña empresa de reciente creación y cuyo administrador único era el coordinador de la propia web, previamente externalizada, desde 2009.
5.2. Efectos del recorte presupuestario en la estructura laboral y empresarial
La querella criminal citada guarda una estrecha relación con la particular forma de entender la externalización y las relaciones laborales de la dirección de RTPA entre 2006 y 2011, que ha motivado la presentación de decenas de demandas por cesión ilegal de trabajadores desde 2010. Como consecuencia de estas demandas, en marzo de 2015, RTPA acumulaba un total de 58 sentencias firmes en contra por cesión ilegal. Ahora bien, mediante recursos sucesivos ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el Ente consiguió que muchos de los despidos de trabajadores ilegalmente cedidos a las contratas fuesen considerados improcedentes y, por tanto, la cadena pudiese optar entre la incorporación del trabajador o el abono de una indemnización. En cifras totales, entre enero de 2012 y enero de 2014, 22 trabajadores ilegalmente cedidos se incorporaron a la plantilla de RTPA, 30 fueron despedidos de forma improcedente y la cadena abonó más de 404.000 euros en indemnizaciones y salarios de tramitación (Junta General del Principado de Asturias, 2014).
La sucesión de sentencias por cesión ilegal avivó el argumento de que la plantilla de RTPA estaba sobredimensionada y suponía un elevado coste para el erario, y obsesionó a la dirección con evitar comunicaciones directas entre empleados propios y externos que pudieran sustanciar nuevas denuncias. Asimismo, coincidiendo con el recorte presupuestario de 2013, la dirección estableció una interesada relación causal entre la incorporación e indemnización de los trabajadores cedidos ilegalmente y los planes de ERE y/o rebaja salarial que comenzó a diseñar al conocer el recorte.
En febrero de 2014, la plantilla de RTPA era de 147 personas, a las que la empresa abonó en 2013 un total de 2,5 millones de euros en concepto de salarios, con una media de unos 17.000 euros por trabajador. Como contraste, cada uno de los doce miembros activos del Consejo de Administración percibió en 2013 unos 800-850 euros brutos por reunión en concepto de dietas, con un coste total de 110.000 euros, y cada uno de los 15 del de Comunicación, 400-450 brutos por el mismo concepto, con un coste total de 18.000 euros. Asimismo, aunque no hemos tenido acceso a datos concretos acerca de las retribuciones de los siete directivos de RTPA, Antonio Virgili afirma que su salario medio fue de 54.000 euros en 2013, lo que supone un coste total anual de unos 378.000 euros (Junta General del Principado de Asturias, 2013; 2014).
Al hilo de esta cuestión, cabe reseñar que, a raíz de la creación del Registro de Contratos de Alta Dirección de Asturias en mayo de 2014, se conocía que, de los 32 contratos de esta índole existentes en la Administración regional, doce de ellos correspondían a RTPA, seis al Ente y otros seis, a TPA. Comparando estos datos con el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de 2006, se desprende que cuatro de los directivos que aún permanecen en el Ente, además de la secretaria general, no cumplen las condiciones para ese tipo de contrato y, por tanto, para percibir las cuantiosas retribuciones que lleva asociadas (Muñiz, 2014).
Ajeno a estas cuestiones, en abril de 2013, el comité de dirección, confirmando los peores temores y apoyándose en un informe encargado a la consultora PWC, anunció un plan de reestructuración con dos únicas alternativas para la plantilla: reducción de salario base o ERE. Después de varias semanas de tensa negociación entre la dirección y el comité de empresa, los representantes sindicales aceptaron reducir la masa salarial en 165.000 euros hasta diciembre y centrar la reducción en los pluses de responsabilidad, nocturnidad y fines de semana. A cambio, la dirección garantizó el empleo y las condiciones laborales para 2014, siempre y cuando el Principado no redujera aún más las transferencias. En julio, una amplia mayoría de trabajadores ratificó el acuerdo.
5.3. La lengua asturiana en TPA desde 2012: tímidos avances
TPA continúa siendo a grandes rasgos una televisión en castellano. Sin embargo, el uso de la lengua asturiana se ha incrementado notablemente desde 2012. Durante este período, se incorporaron a la parrilla contenidos de entretenimiento conducidos en asturiano — “De folixa en folixa”, “Superasturianos”, “El club musical”, “La quintana de Pola”… — y, por vez primera, se emitieron largometrajes — El rostru impenetrable / One Eyed Jacks (Marlon Brando, 1961), Greystoke / Greystoke. The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (Hugh Hudson, 1984) y Harry el suciu / Dirty Harry (Don Siegel, 1971)  y series infantiles — “Los bolechas” / “Os bolechas” (Lúa Films y RTVG, 2012­) — dobladas a la lengua regional. Los contenidos de entretenimiento, en general, no fueron relegados a franjas horarias marginales, como ocurría en la etapa anterior, sino que se emitieron en prime time y contaron con más promoción. Por otra parte, coincidiendo con el Día de les Lletres Asturianes de 2014, la llingua fue usada por primera vez en la locución de los titulares del informativo “TPA Noticias”.
A pesar de estos avances, el porcentaje de contenidos en asturiano se encuentra aún en el 4,6%, redifusiones incluidas (Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, 2014: 19, 28), TPA no emite deportes, series de ficción o informativos en asturiano y, en ausencia de un departamento de asesoramiento lingüístico o servicio de doblaje, el asturiano televisivo no siempre es conforme a las normas de la Academia de la Llingua Asturiana y “l’usu depende namás de la escoyeta del presentador” (Barreiro, 2014: 248). A ello habría que añadir que TPA es la única televisión europea de comunidad bilingüe que carece de programación infantil en lengua propia (Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, 2013: 5) y que, por otra parte, la dirección de Informativos sigue siendo reticente al uso, en las locuciones y grafismos de TPA Noticias, de asturianismos habituales en el castellano hablado en la región y topónimos en asturiano. (08)
Aun cuando la distancia entre la cuota de pantalla de la cadena y la de los contenidos en llingua es estrecha, la ligera superioridad que, en general, han logrado mantener los segundos ha alentado al asturianismo para insistir en la existencia de un clamor social a favor de una televisión autonómica íntegramente en asturiano que, además de dar sentido pleno a la misión de servicio público, posibilitaría el desarrollo de una industria de producción de contenidos y doblaje en llingua económicamente viable. Comprensiblemente, mucha menor atención ha recibido desde este sector el hecho de que la superioridad citada se limita muchas veces a unas pocas décimas en cuotas totales del 5-6%, (09) que los informativos, íntegramente en castellano, tienen un share del 20-25%, o que las industrias audiovisuales y de doblaje gallega, vasca y catalana, modelos ideales para el hipotético desarrollo de una en lengua asturiana, han atravesado serias dificultades económicas en los últimos años"

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jueves, 25 de julio de 2019

La radiotelevisión pública asturiana en la era post-ornia: ¿cambio real o cosmético?


revista-ambitos-33-articulo-02-portadaResumen 
El artículo estudia la gestión reciente de RTPA a partir de una serie de controvertidas prácticas empresariales, laborales y lingüísticas habituales en el período 2006-2011, sobre todo, la opacidad en la contratación, la alta remuneración de directivos, las cesiones de trabajadores y el desinterés por la lengua autóctona. Más específicamente, el texto relaciona la evolución de esas prácticas con la acción política en torno a RTPA desde 2012. La conclusión principal es que la prioridad del poder político en estos tres años ha sido mantener el control sobre RTPA y ofrecer una apariencia de austeridad, no resolver las disfunciones citadas.



1. INTRODUCCIÓN
La gestión reciente del sector audiovisual europeo ha girado en torno “a la reestructuración de la televisión pública, a la concentración de los operadores de servicios digitales de ondas hertzianas, de cable y satélite, y a la nueva orientación de las políticas de apoyo al cine dentro del ámbito genérico de las industrias culturales y creativas” (Campos-Freire, 2013: 90).
Los primeros síntomas de esta gestión se remontan a los años finales del siglo XX. En el Protocolo número 29, anexo al Tratado de Ámsterdam, sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros (1997), la radio y la televisión públicas se relacionan “con la democracia, las necesidades sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo en los medios de comunicación”. Su organización y financiación son potestad de los Estados, que pueden aportarles fondos siempre que se trate de medios de servicio público y las aportaciones respeten las normas del mercado. Al año siguiente, el Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Política Audiovisual ahonda en el concepto de servicio público, y lo liga a la fortaleza de la radio y televisión públicas en la competencia por las grandes audiencias. Las bases de la actual regulación europea terminan de delinearse en sendas Comunicaciones, en 2001 y 2009, que matizan y clarifican algunos aspectos de los documentos anteriores (Campos-Freire, 2012: 151).
El cambio legislativo europeo comienza a implantarse en España con la aprobación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de titularidad estatal y la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, e inicia su avance hacia el ámbito autonómico en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Este avance culmina con la redacción y aprobación, en los primeros meses de Gobierno del Partido Popular (PP), de la Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos.
Aprovechando el contexto de crisis económica, la Ley 6/2012 relaja la prohibición de externalización de informativos y la exigencia de emisión de una mayoría de producción propia que la Ley 7/2010 imponía a las televisiones públicas, y remueve los obstáculos legales que impedían satisfacer una histórica demanda conservadora: la privatización de las televisiones públicas autonómicas. Como consecuencia, la televisión de Murcia es privatizada, la externalización se incrementa en las de Aragón y Extremadura, y el debate en torno a la función social y los costes del resto, ya intenso por la crisis y la interesada presión de la televisión comercial, se intensifica aún más. Entre 2012 y 2013, el conjunto de televisiones públicas españolas sufre importantes recortes de presupuesto, reducción de canales, caída de audiencias, contracción de plantillas, aumento de la externalización y, en el caso específico de la Radiotelevisión Valenciana, el cierre. La Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) no es, obviamente, ajena a estas dinámicas.
Constituida como empresa pública en 2005, al amparo de la Ley del Principado de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social, RTPA se justifica inicialmente, como la televisión aragonesa o la balear, “en la necesidad de contar con información autonómica, contribuir a la cohesión, reforzar la identidad, impulsar el sector audiovisual y el desarrollo económico, normalizar o extender la lengua propia” (Zallo, 2015: 329). Con José Ramón Pérez Ornia como primer director general, RTPA se configura sobre un modelo de gestión externalizado, un sistema de financiación mixto, y unas cifras de personal propio y presupuesto comparativamente modestas, alcanzando en 2010, año de mayor expansión, un techo presupuestario de 37,2 millones de euros. Con estos recursos, RTPA consigue elevar el número de empresas audiovisuales del Principado hasta 114 (Menéndez Otero, 2013: 524) y alcanzar una cuota de pantalla media anual del 7,6%.
Si sólo nos centráramos en estos datos, podríamos afirmar que todos los problemas de RTPA comenzaron con la victoria electoral de Foro Asturias (FAC), la formación regionalista conservadora que fundó Francisco Álvarez Cascos tras la negativa del PP a presentarle como cabeza de lista en las elecciones autonómicas de 2011. Decidido a reformar por las bravas lo que insiste en denominar “chiringuitos socialistas”, una de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo de FAC es la suspensión unilateral de la transferencia a RTPA de 11,3 millones de euros comprometida en el presupuesto vigente para el último trimestre de 2011. Aun cuando la activación de la prórroga presupuestaria aliviaría ligeramente la situación, durante varios meses, RTPA y buena parte de sus proveedores quedan al borde de la quiebra.
Resulta innegable que la suspensión de FAC fue un serio ataque a la línea de flotación de RTPA. Ahora bien, es obligado subrayar también que la gestión de RTPA durante el período 2006-2011 tuvo muchas zonas oscuras y, sobre todo, que los recortes presupuestarios se iniciaron meses antes de que Álvarez Cascos asumiera el Gobierno regional — el presupuesto de RTPA en 2011 fue de 32,8 millones de euros, 4,4 millones inferior al de 2010 — y han continuado durante el mandato del socialista Javier Fernández, presidente de Asturias tras ganar las elecciones autonómicas anticipadas que Cascos, incapaz de conseguir una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar su proyecto presupuestario, convoca para el 25 de marzo de 2012.


jueves, 18 de julio de 2019

Nuevo golpe judicial a los nombramientos a dedo en la Xunta


Redacción 

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de fallar en contra del sistema por el que los cargos de la Xunta reparten las comisiones de servicio entre funcionarios, a veces personas afines políticamente.


La sentencia la revela la demandante, la CIG Administración. El principal sindicato en la Administración Autonómica destaca que es el segundo fallo del TSXG crítico con este sistema, después de otra sentencia similar de 2018.



La Justicia obliga  a la Xunta a explicar publicamente porqué elige a un trabajador para un puesto en lugar de otro candidato. Es decir, no acaba con las comisiones ni invalida las existentes, pero si obligará a conselleiro  y otros cargos a justificar porqué eligen a determinadas persona
"En las comisiones de servicio no basta solo con que la persona adjudicataria cumpla los requisitos de idoneidad, sino que, cuando sean varias las personas solicitantes, es necesario que se exterioricen las razones por las que se elige a una de las personas peticionarias y se les notifique a todas ellas la decisión final para darle posibilidad de impugnación", interpreta el fallo el sindicato nacionalista.

UNA PUERTA DE ATRÁS PARA EJERCER PODER POLÍTICO SOBRE EL FUNCIONARIADO
Las comisión de servicio es un sistema legal por el cual las consellerías pueden destinar a determinadas personas a ciertos puestos, a veces con asumiendo alguna responsabilidad intermedia. Pensado originalmente para cubrir vacantes de manera provisional y extraordinarias -ya que la regla general obliga a la Xunta a repartir puestos mediante concursos objetivos-, en realidad desde siempre se ha tergiversado para premiar a personas afines con puestos que se prolongan en el tiempo, lo que enturbia el principio de independencia que debe regir en la función públca.. 

 La CIG, lógicamente, aplaude el fallo porque, aunque "no va eliminar de raíz la arbitrariedad", si "va a obligar a la Administración a echarle más imaginación a la hora de motivar por qué una persona candidata es preferible sobre otra". La central avisa que ahora será más fácil recurrir en la Justicia estos nombramientos. 

"Va finalizando la época de las comisiones de servicio arbitrarias y eternas y parece mentira que en el 2019 aún estemos así", concluye la central. La Xunta, por su parte, no ha valorado la sentencia.

lunes, 15 de julio de 2019

INFORMES SOBRE NOMBRAMIENTOS JUDICIALES DEL CGPJ: TEXTO ÍNTEGRO DESDE 2014.

Plataforma Cívica Independencia Judicial




A continuación se incluyen los enlaces al texto íntegro de todos y cada uno de los informes que la Plataforma viene elaborando desde el año 2014 sobre los nombramientos a altos cargos juidicales efectuados por el Consejo General del Poder Judicial. El prestigo alcanzado por tales estudios se explica por haber mostrado, exclusivamente desde la técnica jurídica, como la falta de rigor en su motivación constituye indicio de discriminación por motivos ideológicos y de la práctica viciosa conocida como “intercambio de cromos”,

lunes, 8 de julio de 2019

El Gobierno saliente incumplió el plazo legal para poner en funcionamiento el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias.


El Gobierno  que ahora abandona las sedes oficiales de la Comunidad Autónoma se despide con un incumplimiento legal clamoroso: no ha sido capaz de poner en marcha el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias dentro del plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, tal y como exige la disposición adicional segunda de dicha  ley.

En efecto, el texto de esta disposición legal es claro e inequívoco:
Segunda. Dotación de medios
La Administración del Principado de Asturias proveerá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, de los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Como la Ley entró en vigor a los tres meses de su publicación en el BOPA, según establece su disposición final quinta, es decir, el 24 de diciembre del 2018, el plazo de seis meses para dotar de medios personales y materiales al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, venció el  pasado 24 de junio.

Sin embargo, como es bien conocido, ni el Consejo, ni la cacareada Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, que debería depender del mismo, se encuentran en funcionamiento, ni tan siquiera se ha anunciado plazo alguno para ello.

Nueve meses (tres desde que su publicó la ley hasta que entró en vigor, más los seis adicionales)  son un plazo más que suficiente para poder destinar el personal y los recursos necesarios para la puesta en marcha de este nuevo aparato burocrático y si no se ha hecho ello se deberá, seguramente, a la poca gana que tenía el Gobierno del Sr. Fernández de que ese Consejo funcionase o a la intención de mantenerlo desactivado el máximo tiempo posible. Por algo será.

Todo ello contrasta con la exhibición propagandística que en su momento se hizo de la nueva Ley de Transparencia. El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ya denunciaba en junio de 2018 que la Oficina de lucha contra la Corrupción que se regulaba en dicha ley era un instrumento manifiestamente averiado, al dejar su funcionamiento – medios personales y materiales – en manos del Gobierno del Principado. Por entonces decíamos lo siguiente:
“La dependencia orgánica directa del Gobierno del Principado, al que debe fiscalizar y cuyas posibles conductas corruptas debe perseguir, mina totalmente la autonomía del Consejo de Transparencia – y, por tanto, de la Oficina Anticorrupción -, al que se priva de la potestad de autoorganización. En efecto, la organización, estructura y funcionamiento del Consejo de Transparencia, debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno (artículo 70), por lo que se deja en manos del Organismo que debe ser controlado y fiscalizado la aprobación de los medios personales y materiales y de los mecanismos de funcionamiento del Órgano fiscalizador. ¿Puede concebirse un grado mayor de desactivación legal de la independencia e imparcialidad del Consejo de Transparencia y de la Oficina de Lucha Contra la Corrupción?
Lo llamativo e inquietante del caso es que el Proyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias, haya optado por esta fórmula de captura del Órgano fiscalizador por el fiscalizado, cuando otras leyes muy recientes de otras Comunidades Autónomas, en las que se regulan figuras similares, establecen de forma inequívoca y clara la independencia orgánica de esa Oficinas del Gobierno de turno”

El tiempo ha venido, lamentablemente, a darnos la razón.


viernes, 5 de julio de 2019

Andrés Villena: "Las élites de la Administración ponen muy difícil a los gobiernos aplicar políticas progresistas"

ENTREVISTA | Periodista y autor de 'Las redes de poder en España'

"Nos fijamos en el régimen de incompatibilidades de los ministros y habría que mirar más abajo, algo no funciona si técnicos de Hacienda dan cursos de elusión"

El autor del libro 'Las redes de poder en España' sostiene que los condicionantes ideológicos de las élites en la Administración impiden ciertas políticas

"Sánchez pondrá al frente de Economía a un ministro que pueda aprobar la troika y el establishment de los mercados", asegura el periodista y sociólogo



Andrés Villena Oliver (Elche, 1980) ha buceado en el segundo peldaño de los gobiernos, esos altos cargos de la Administración por debajo de los ministros que no salen en los periódicos pero que ejercen influencia y están en el núcleo de las grandes decisiones de un país. Sus conclusiones están en Las redes de poder en España, élites e intereses contra la democracia, que publica Rocaeditorial dentro de su colección libros eldiario.es.
Villena, licenciado en Economía y Ciencias de la Comunicación, ha trabajado como periodista en Informativos Telecinco, Público, la edición española del Huffington Post y también en El Plural. En 262 páginas hace un repaso sobre el segundo escalón de los gobiernos del Partido Popular y del PSOE y el origen de lo que él llama "tecnoestructuras" y lo que influyen sus perfiles y su ideología caracterizada por la ortodoxia económica. En un pasaje del libro, Villena defiende que las políticas públicas acaban condicionadas por este tipo de dirigentes: "Que no se pueda hacer algo distinto a lo corriente no se debe únicamente a las presiones externas sobre nuestra democracia, sino también a los condicionantes ideológicos y sociales de buena parte de los altos cargos del Ejecutivo".
Habla usted en el libro de un grupo de ejecutivos próximos al PSOE que insertados en el mundo empresarial pueden llegar a ser intercambiables con los altos gestores del PP. ¿Qué es esa tecnocracia que ocupa tanto espacio en el libro?
Hablo de tecnoestructura, da un poco igual el nombre de la pongamos. Son personas que valen tanto para la administración pública como para lo que en teoría política se llamaría mercado y que en realidad ni es del todo administración pública ni mercado. Son personas que en España y en Francia están representadas por los funcionarios de élite que son puestos que vemos en los medios de comunicación de pasada: abogados del Estado, los tecos (Técnicos Comerciales y Economistas del Estado), inspectores de Hacienda, jueces, diplomáticos, administradores civiles... Son profesionales que superan unas oposiciones dificilísimas. Hace tiempo se decía que eran títulos heredados, a día de hoy no lo son: los tribunales que los examinan son bastante transparentes y objetivos. Pero si eres hijo de diplomático y vives en cuatro países distintos, adquieres un capital social y humano que es superior al de otros con los que compites. Estos profesionales suelen estar bien relacionados.
Hay un libro que se titula La élite burocrática que te cuenta que si tú y yo estamos opositando para abogado del Estado y somos más o menos buenos e ideológicamente conservadores, llegará el Opus Dei u otros grupos que nos pueden financiar la academia y luego préstamos para el primer destino.
Luego, obviamente ese favor se tiene que devolver y eso genera cohesión: yo te conozco a ti, tengo confianza y cuando yo me vaya a un puesto te llevaré conmigo porque confío en ti y en que piensas como yo. Eso tiene consecuencias y si hay una estructura de abogados del Estado o Inspectores de Hacienda cuando llega un gobierno reformista tipo PSOE lo tiene mucho más difícil para aplicar políticas públicas progresistas porque el statu quo o el llamado sentido común se mueve siempre en la misma dirección. El consenso del peligro en la inflación, por ejemplo, va cambiando pero muy, muy lentamente y es una fuerza que hace que los cambios vayan mucho más lentos.
No sólo está la estructura formada por abogados del Estado que luego son perfiles mixtos: muchos acaban en el consejo de administración de las grandes empresas. Cuando llegas a esos niveles,  las diferencias ideológicas entre unos y otros son...  Un Jordi Sevilla, por ejemplo, que fue jefe de gabinete de Solbes, ¿en qué se diferencia de Luis de Guindos?  Pues en matices, posiciones partidistas estratégicas,  tácticas. No hay una visión del mundo radicalmente diferente y lo importante es que participan de mitos no suficientemente demostrados. Mitos como el de la Transición o el euro. Son dos tabúes que no se pueden tocar. En los medios se cuestiona más la Transición incluso que el euro. No es que poca gente cuestione salir del euro, ni siquiera se hace con los criterios del Pacto de Estabilidad...
Pedro Solbes cuenta en sus memorias que cuando [José Luis Rodríguez] Zapatero en 2004 le ofrece el Ministerio de Economía pone dos condiciones: traerse a MAFO, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, primero de secretario de Estado y luego gobernador del Banco de España. Y que se sigan los criterios ortodoxos. Solbes ejerce como una especie de contable de la troika de la que venía porque él era el comisario de Finanzas que intentó multar a Alemania y Francia. Un gobierno democristiano o un gobierno del PSOE o incluso de Podemos va a tener que contar con ellos y ellos van a condicionar la forma de entender la realidad del Estado.
Defiende que las políticas públicas acaban siendo determinadas por los condicionantes ideológicos y sociales de esos altos cargos. Que no se pueda poner en marcha determinadas políticas depende tanto de eso como de las presiones de las instituciones supranacionales.
Hay muchos factores. Por un lado tienes que contar con una serie de mecánicos del Estado, que son los funcionarios de élite: los juristas son importantísimos, los técnicos comerciales, los inspectores de Hacienda. Las políticas fiscales expansivas tienen que contar siempre con su colaboración. Y ahí operan condicionantes personales de cuerpos muy cohesionados y que hacen mucha fuerza entre sí.
Y luego está lo que en sociología llamamos creencia, que una frase que tú te crees pero que no tiene por qué estar demostrada. Por ejemplo, que hoy día no podemos aspirar al pleno empleo porque generaría inestabilidad y demasiada inflación y déficit por cuenta corriente. Lo defiende hasta Miguel Sebastián, que no es un hombre de consejos de administración, es una persona relativamente austera, un profesor de universidad. A él y a Solbes y a tantos otros les afectan estas cosas. El PSOE ha contado con miembros de lo que se podría llamar clase dominante. En un capítulo hablo del Archipiélago Sicav y aludo por ejemplo a las redes de la exministra Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo y que está conectada a través de sicav con las familias del barrio de Neguri. No quiere decir que por tener un gran patrimonio se condicionen directamente las políticas pero determinadas redes... a parte de unas creencias, determinan las posiciones. Que directamente no se plantean hacer políticas contra los pobres pero tampoco van a asomar en el debate preocupaciones por personas que están en la calle... y tampoco se van a cuestionar las creencias sobre el pleno empleo, no entran a esos debates.

Utiliza la definición del sociólogo de Wilfredo Pareto para concluir que esos altos cargos en las administraciones del PSOE son zorros y en la del PP ejercen como leones.
Para cualquier persona de izquierdas, citar a Wilfredo Pareto podría parecerle aberrante, pero este autor tiene unos marcos teóricos que permiten entender la realidad de manera estupenda y él decía que los leones son esos que rugen y te acojonan -un buen ejemplo podría ser el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, con su delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que aquí cargó contra el 15M a base de porrazos y multas. Como zorros teníamos a Zapatero y a Alfredo Pérez Rubalcaba tonteando con el 15M, a ver si conseguía captarlos. Zapatero hizo coincidir la aprobación de los cambios de las sicav con la luz verde al matrimonio LGTBI. Fíjate qué dos estilos de dominar: el poder blando y el poder fuerte.
Reserva un espacio especial a dirigentes claves como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España y su polémico papel en la inspección bancaria.
En mi opinión ha sido junto con Jaime Caruana el peor de los gobernadores en la historia reciente. Fernández Ordóñez estaba vinculado al Grupo Prisa y entonces hablaba de la explosión de una burbuja que nos llevaba a una situación sin salida. Y luego se le olvida y cuando llega 2006 ignora a los inspectores, mantiene la prohibición de la palabra burbuja y hace una regulación de las fusiones frías que daría para un libro entero. Y de lo único que habla es de flexibilizar el mercado laboral. Él participa de un sistema de bancos centrales donde estaba Trichet por entonces y aquella carta que llegó y nos obligaba a aplicar el 135 cuando el Gobierno de Zapatero se partió en dos mitades: la parte amable que era Zapatero y luego se aparta para que esté Rubalcaba y pone a un nuevo ministro de Trabajo que se había manifestado contra la reforma laboral del PP. Y luego están los leones, que son Almunia y MAFO, que fracasan en todo y llegamos a los 5 millones de desempleados.  Paradójicamente, el pueblo acaba pidiendo un gobierno de leones y se produce la sustitución entre paro y pobreza. Consiguen bajar el paro y la prima de riesgo a costa de una pobreza que no sale tanto en los datos del INE.
Uno de los déficits democráticos que señala es que estas élites no rinden cuentas.
Hablando con los técnicos de Hacienda te cuentan que muchos inspectores hacen cursos en institutos de empresas sobre la elusión fiscal, que es un término legal. Una cosa es no poner puertas al campo y otra empezar a regular ese tipo de comportamientos porque eso lo que refleja no es que haya gobiernos que atenten contra sus propios votantes, sino una élite de poder que es transversal e independiente de los gobiernos. Y que se utiliza el Estado como una especie de vaca a ordeñar y obtener grandes beneficios. También hablo del tema de los carteles de la obras pública con pliegos que venían de parte de la propia constructora.
Eso ha pasado pero es directamente corrupción.
Es un caso denunciable como corrupción pero hay otros que no. Si un técnico comercial del Estado al que le están pagando 4.000 euros mensuales quiere ganar 9.000, se va a Pricewaterhouse. Y no tiene por qué ser corrupción ese salto porque nos estaríamos cargando una libertad fundamental. Pero lo que no puede ser es que nos venga el número dos de Montoro que había fundado una consultora para eludir citada en el escándalo de LuxLeaks y nos suba el IVA Puede ocurrir pero algo no funciona. En los ochenta y noventa debatíamos sobre si más Estado o menos Estado. Cierto discurso concluía que es mejor que haya menos Estado porque así la empresa penetra. Es mentira: se está utilizando al Estado como una palanca para crear más plusvalías.
Dice también como anomalía que la ley de incompatibilidades es muy laxa sobre todo con los abogados del Estado.
Claro, nos centramos sobre todo en el tema de los ministros y ahí cada vez se van haciendo más cosas. Habría que observar más abajo: la directora de Seguridad Alimentaria de Mariano Rajoy venía de un puesto similar en Coca-Cola. Probablemente no sea una cuestión ilegal. Lo que ha pasado con Soraya Sáenz de Santamaría en el despacho Cuatrecasas con todos los asuntos que tenía pendiente,  el tema del exministro Rafael Catalá... Yo creo que queda mucho de ese caciquismo heredado del franquismo. Entonces había ministros que estaban en consejos de administración privados y eso hoy nos choca. Dentro de 20 años igual sucede con estas prácticas que vemos ahora.
Lamenta que los orígenes de todos estos profesionales son siempre parecidos y alude a familias de prebostes del franquismo años después colocando a sus segundas o terceras generaciones que se ha mantenido la administración.
Los apellidos se van repitiendo de una manera increíble. Ya Amando de Miguel en los años 70, cuando estaba más centrado en la investigación social y menos en las tribunas de opinión, afirmaba que los cuerpos de élite de la administración eran mucho más inaccesibles que las grandes empresas. O sea que un hijo de trabajadores agrarios, que era el extremo de la España de los 6O, lo tendría más fácil para ser ejecutivo de Banesto o del Banco Central que para ser abogado del Estado. Eso va evolucionando porque se van creando sistemas para la igualdad de oportunidades y afectan a estos cuerpos del Estado. Recientemente ha salido un libro de un teco que cuenta que la economía actual está totalmente desfasada y apuesta por una visión más progresista y hay algunos que votan a Podemos.
¿Cómo debería nutrirse esos cuerpos de altos funcionarios?
En Francia hay una escuela que oficializa mucho la carrera y eso permite centralizar el sistema. No sé como es el sistema británico, el norteamericano es mucho más plutocrático, ninguna panacea. Han descubierto casos ahora que se están produciendo de compra de títulos por parte de las familias. Hay sistemas para corromper la entrada en todas partes.
Cualquiera puede decir que pese a todo lo anterior en España al final las instituciones funcionan:  tenemos al Partido Popular condenado por corrupción, a un miembro muy destacado de la Casa Real en la cárcel, a un director del FMI en prisión, a ministros del PP condenados.
Sí, incluso podríamos ir mucho más allá diciendo que hay medios de comunicación que pese a tener propiedad capitalista han dado cabida a voces nuevas aunque lo hacen con espectacularización a gritos en una especie de Salsa Rosa. Y hay una revolución feminista que yo creo que nos va a dar sorpresas y como las buenas revoluciones no son de un día para otro, y cambios en los derechos de la identidad. No hay que ser fatalista, pero es cierto que los sistemas para mantener su estabilidad deben conceder cambio y Pareto decía que las redes endogámicas cuando se hacen muy endogámicas y no dejan penetrar nueva energía nos llevan a la revolución. Y que  después de esa revolución vendrá otras élites. 
El último capítulo dice que el Gobierno de Sánchez sigue siendo extremadamente conservador por su fragilidad y las exigencias de las instituciones supranacionales.

Tengamos en cuenta que los políticos se mueven cada vez en cálculos electorales muy estrechos. Están pendientes de las encuestas más que nunca. Es casi una tecnocracia demoscópica. Sánchez en primer lugar va a estar muy comprometido con la ortodoxia fiscal. El no quiere tener ningún tipo de presión por parte de Bruselas ni de Frankfurt. Cuando se forme el Gobierno el ministro de Economía o de Hacienda será Nadia Calviño o un perfil similar que esté aprobado por la troika de manera directa o indirecta y por una especie de establishment de los mercados financieros. No va a haber aventuras en el ámbito económico ni fiscal y Podemos no lo va a poder evitar porque ahora mismo el Gobierno aunque se haya reforzado es débil y lo que quiere es mantenerse en esta especie de alta mar.
Usted habla de otras élites y de otros centros de poder fuera de España que son determinantes para la vida de la gente. Y cita a Goldman Sachs, por el que pasaron Romano Prodi, Monti, Papademos,  Draghi. Y recuerda esa frase de Durao Barroso sobre que "no hay alternativa" a la austeridad.
Es curiosa la relación de Goldman Sachs con Grecia y aquellos créditos que se le dieron. Si además  combinas todo ese pasado de grandes dirigentes mundiales que han pasado por Goldman y el hecho de que altos directivos de fondos como BlackRock digan públicamente que hay que aprender a votar para elegir al líder adecuado que tome las decisiones adecuadas... Se ve que la economía está muy controlada por las finanzas hasta el punto que hay un artículo de la Universidad de Zurich del año 2011-2012 que estudia las grandes multinacionales, 9.000 multinacionales mundiales, y descubre que están todas interconectadas y que hay un corazón financiero de unas 600 empresas que están en una especie de socialismo corporativo, tan conectadas entre sí que no se pueden distinguir las unas de las otras. Una de ellas era Lehman Brothers.

Cuando dejan caer a Lehman, fíjate lo que se lía. Paradójicamente todos estos mitos del libre mercado han llegado a un proceso de combinación de cruce y de acumulación que no hay un sistema de planificación. De ahí que haya tantos foros como Davos o Bilderberg porque los líderes tienen que ponerse de acuerdo y eso no tiene nada que ver con estas ideas liberales de la autorregulación y de todas estas cuestiones que nos venden de que hay que dar más libertad para que los mercados encuentren los precios adecuados y la información fluya. Todo al final funciona de una manera muy distinta.



miércoles, 3 de julio de 2019

Así es cómo consiguen los hijos de la élite que los contraten en trabajos de élite

Según la RAE, el pedigrí es la “genealogía de un animal”. En otras palabras, su linaje, marcado por padres, abuelos y otros antecesores. Pedigree (Princeton University Press) es también el título del último libro de Lauren A. Rivera, profesora de management de la Universidad de Kellogg, en el que intenta responder a la pregunta de por qué los hijos de la élite obtienen los mejores trabajos mientras que los descendientes de las clases bajas y medias tienen que conformarse con empleos peor remunerados y con mucho menos poder. Una situación que se reproduce generación tras generación.
“La mayor parte de los americanos piensan que el trabajo duro (y no la sangre azul) es la llave para el éxito”, escribe en el primer capítulo del libro. “Libros de texto, periódicos y novelas están repletos de historias a lo Horatio Alger, en las que un individuo se alza a través de la perseverancia y el empuje personal”. La sociedad se presenta a sí misma como el súmum de la meritocracia, pero la realidad es que la élite se perpetúa a sí misma a través de diferentes mecanismos que Rivera explica en el libro. Y, a pesar de que se centra en EEUU, muchas de sus enseñanzas pueden aplicarse a todas las sociedades occidentales.

Cómo la educación crea una nueva élite

Para desvelar el funcionamiento de este sistema, la autora ha entrevistado a decenas de seleccionadores de personal de las grandes firmas de abogados, las consultoras y el sector bancario. Su conclusión es que los empleadores utilizan criterios de medición relacionados, de forma implícita, con los orígenes familiares del candidato: “Tomado todo junto, estas decisiones en apariencia económicamente neutrales derivan en un proceso de selección que filtra a los estudiantes basándose en el estatus socioeconómico de sus padres”. Haber estudiado en una universidad de élite o trabajar como becario en una firma como Goldman Sachs son interpretados como signos de la aptitud del candidato, su inteligencia y su ética de trabajo. Lo peor de ello, señala Rivera, es que todas estas cualidades son interpretadas no como una herencia paterna (un pedigrí), sino como el producto de la habilidad y el esfuerzo personal.
La autora recuerda que, hasta hace relativamente poco, la élite se perpetuaba a través de la transferencia de sus imperios empresariales y su fortuna. Ahora, esta transmisión es indirecta, y se articula a través del sistema educativo. Para empezar, por el embudo de acceso que supone la educación superior. Según los datos que refleja la autora, el 80% de la cuarta parte de la población más rica obtiene un título, mientras que tan sólo el 10% de la cuarta parte más pobre lo hace. Pero también por la financiación de los colegios en EEUU, donde el valor de la propiedad es un factor determinante. Así, las familias con más recursos económicos no sólo pueden garantizar a sus hijos una mejor educación en forma de colegio privado, sino que también viven en las regiones donde la educación es de mejor calidad.
Ventajas económicas
Una vez los niños se hacen mayores, se han de enfrentar a uno de los grandes problemas para los jóvenes del siglo XXI: el elevado precio de las matrículas que a veces los obliga a endeudarse, Una vez en la universidad, el comportamiento entre los más y los menos favorecidos es muy distinto. Mientras que aquellos que cuentan con un potente apoyo parental pueden concentrarse en las actividades sociales, en hacer contactos, en estudiar y en trabajar como becarios incluso gratis, los que necesitan trabajar para costear la matrícula tienen un menor margen de elección y probablemente terminarán pasando gran parte de las horas del día conviviendo con otros estudiantes en su misma situación.
Lo más importante es el mérito, pero este se define en función de los valores de las clases más privilegiadas
Conexiones sociales
Mientras los hijos de los ricos comparten con otros descendientes afortunados sus años de universidad, sus padres pueden estar intercambiando opiniones, formando lazos y decidiendo conjuntamente su futuro. Un buen contacto puede conseguir una plaza en un colegio privado o unas prácticas en una empresa potente.
Recursos culturales
Rivera cita al sociólogo francés Pierre Bourdieu para explicar cómo los niños adquieren desde sus primeros años de vida determinados gustos, valores, estilos de interacción, formas de conversar, de vestir y de hablar y comportamientos que definen la clase social a la que pertenecen; en definitiva, lo que llamó "habitus". La cultura contribuye a esta persistencia del privilegio moldeando las visiones del mundo de los más jóvenes y de sus padres.

Esto se traduce en que “las clases bajas suelen preferir objetos, oportunidades y experiencias que tengan un valor práctico e inmediato”. Por el contrario, las clases privilegiadas, liberadas de sufrir quebraderos de cabeza por su subsistencia, suelen tener una visión más a largo plazo de sus aficiones, que no tienen por qué tener una aplicación a corto plazo y que suelen necesitar una mayor inversión de dinero, tiempo y energía. Un ejemplo muy claro: mientras que el baloncesto o el fútbol son deportes populares, el polo o la hípica lo son de las clases más altas, puesto que no sólo requieren una mayor inversión en equipo y espacios, sino porque, a diferencia de los deportes de pelota, implican un conocimiento técnico muy concreto.
En términos educativos y laborales, ello provoca que los estudiantes de las clases bajas y medias elijan dedicaciones más estables y con una mejor paga desde el primer momento, aunque quizá no a largo plazo. Por el contrario, los ricos persiguen puestos a largo plazo, que proporcionen una mayor satisfacción personal y autoexpresión.
No sólo eres rico, sino que lo pareces
Los ricos no sólo deben serlo, sino parecerlo. “La clase se manifiesta en los cuerpos”, recuerda Rivera. En sus ropas, en su forma de hablar, en los bienes de consumo o aparatos tecnológicos que utilizan, pero también en el blanco de sus dientes o en su forma física, esa que han podido alcanzar gracias a no tener que pasar sus horas muertas trabajando como camareros. Y, tal y como demuestran las encuestas, tendemos a confiar más en las personas que presentan dichas cualidades personales.
Los padres de los niños ricos los apoyan hasta las últimas consecuencias; los de la clase trabajadora les proporcionan independencia
¿Qué es el mérito? Lo que yo he conseguido
La sociedad se muestra de acuerdo en que el mérito personal debe ser la única razón para obtener o no un trabajo. Harina de otro costal es qué significa el mérito en realidad. Como pone de manifiesto Rivera, la definición del mérito cambia a lo largo del tiempo y refleja los valores que una sociedad comparte en un momento histórico concreto. Actualmente, el énfasis se encuentra en los heredados del protestantismo y basados en el carácter personal. Eso se traduce en participar en actividades extracurriculares, ser un gran deportista y tener una gran iniciativa, todos ellos factores que se valoran a la hora de decidir entre un candidato u otro y que, como hemos visto, son propios de los hijos más afortunados. Debido a que definimos el mérito según nuestro propio criterio, es natural que busquemos en aquellos a quienes tenemos que dar el visto bueno las cualidades en que nos vemos reflejados.
Así educan los ricos, así educan las clases medias
Una investigación muy reveladora a tal respecto es la desarrollada por la socióloga Annette Lareau, cuya teoría de la “cultivación concertada” define las diferencias entre clases a la hora de educar a los hijos. Mientras que los más ricos ven a sus hijos como proyectos que necesitan inversión económica y temporal, los padres de las clases trabajadoras son defensores del “crecimiento natural”, la creencia en que el mayor desarrollo de la persona se produce cuando goza de su independencia. Ello provoca que las élites jueguen un rol más activo a la hora de defender, colocar y promover a sus criaturas, mientras que los padres de clase trabajadora descuidan dicho aspecto al considerar que esto les perjudicará

Ello también se refleja en el desempeño de los alumnos en clase. Los estudiantes más privilegiados, paradójicamente, suelen pedir ayuda más a menudo a los profesores, lo que provoca que recaben su atención y parezcan más motivados. Lo contrario ocurre con los niños de clase trabajadora, que piensan que es de débiles pedir ayuda, por lo que son olvidados por los docentes y, al carecer de guía, tienen más posibilidades de equivocarse.

Cómo contratan las empresas

Rivera detecta un vacío en las investigaciones sobre la brecha entre ricos y pobres a la hora de ser contratados: “La literatura asume a menudo que el estatus cultural y socioeconómico importa en las decisiones de los empleadores y en el acceso a los trabajos de la élite, pero aún no han conseguido demostrarlo empíricamente”. Su objetivo es, precisamente, explicar cómo se produce dicho proceso. La autora recuerda que, por lo general, los recursos humanos se centran en una o dos características observables del candidato que pueden encajar o no en el trabajo, y que suelen responder a estereotipos o experiencias personales, no a un criterio preestablecido.
Para ser contratado, debes contar historias y experiencias que se correspondan con las visiones del mundo de las clases altas
Una de las herramientas que las grandes firmas de abogados, bancos y consultoras –los servicios de la élite profesional o EPS– utilizan para captar el talento es el reclutamiento en campus, en el cual las compañías se desplazan a los centros para realizar entrevistas a los alumnos en los que se encuentran interesados. De ahí saldrán las “clases” de becarios y trabajadores que pertenecen a la misma generación y acceden a la vez a las grandes compañías. Estas seleccionan las universidades, donde colocan anuncios, aceptan currículos y entrevistan candidatos donde los juzgan en función de sus cualidades. En el caso de los bufetes, priman las habilidades interpersonales y sus actividades extraescolares. En el sector bancario, su familiaridad con los principios financieros. En las consultoras, su formación técnica.
Rivera recuerda en su libro que los departamentos de recursos humanos tienen menos importancia a la hora de tomar decisiones de lo que parece, y que por lo general, la responsabilidad recae en los profesionales más importantes de la empresa, que son quienes evalúan a los candidatos. Además, los estudiantes que suelen ser contratados con mayor frecuencia son los que tienen, gracias a su familia, un contacto en la industria. Participar en actividades relacionadas con la élite y en actividades extracurriculares prestigiosas son importantes puntos a favor a la hora de juzgar un currículo, así como ofrecer en la entrevista “historias, experiencias y actividades” que encajen en la definición del éxito de las clases altas. En último lugar, Rivera denuncia que los seleccionadores de personal raramente reciben guías para juzgar objetivamente el mérito. En definitiva, todos esos procesos que en apariencia parecen sistemáticos, están diseñados para apelar a la subjetividad del seleccionador, que por lo general, pertenece a la clase que de esa manera se perpetúa en los puestos de responsabilidad de las grandes empresas.