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jueves, 27 de octubre de 2016

No hay voluntad de imponer limpieza

Razones del malestar de los facultativos que se enfrentan a concursos-oposición por una plaza fija

 
LNE, 27.10.2016 

Señores del Servicio de Salud del Principado (Sespa): Este escrito pretende reconocerles su enorme esfuerzo en buscar argumentos para justificar lo injustificable. Entendemos que con ello no hayan tenido tiempo ni voluntad para encontrar los recursos que consigan corregir irregularidades y aplicar las herramientas necesarias para garantizar una mayor limpieza en los procesos selectivos de personal.
Hace seis meses, un grupo de médicos (principalmente interinos) de varios hospitales enviamos un escrito al señor Consejero de Sanidad y a LA NUEVA ESPAÑA como reacción a las irregularidades producidas durante la fase de concurso de la anterior oferta pública de empleo (OPE) para médicos (año 2011). El detonante principal de dicho escrito fue la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la segunda parte del examen correspondiente a medicina interna por las irregularidades cometidas en su desarrollo. La ausencia de medidas tomadas para subsanar el problema y evitar situaciones similares en el futuro nos condujo a reaccionar. La respuesta por parte de la Administración podríamos definirla como nula, con tibias manifestaciones de buenas intenciones, pero nada más. Una vez puesto en marcha un nuevo proceso selectivo para 2016-2017, asistimos estupefactos a la repetición de la misma metodología de selección que en la OPE anterior. La justificación es que Asturias es la única comunidad autónoma que no ha desarrollado una normativa propia para llevar a cabo estos procesos, por lo que sigue rigiéndose por el real decreto ley 1/1999 sobre selección de personal estatutario, como manifestó recientemente el señor Riera, gerente del Sespa.
Esa normativa establece que "la fase del concurso, constará, al menos, de un ejercicio de carácter práctico, que será leído o desarrollado, conforme la convocatoria determine, ante el tribunal en sesión pública". Pero es precisamente en ese ejercicio donde se dan la mayoría de situaciones irregulares que denunciamos, fundamentalmente filtraciones de su contenido y subjetividad en la evaluación del opositor en función de las afinidades que pueda tener con los miembros del tribunal.
Creemos que es lícito exigir limpieza en un proceso que supone alcanzar una estabilidad laboral que nos ha exigido mucho esfuerzo. Está recogido que estos procesos deben garantizar la posibilidad de acceso a una plaza en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Hasta el momento parece que no ha habido voluntad para cambiar la normativa a pesar de que los problemas se remontan a cinco años atrás.
Hace pocas semanas, el grupo parlamentario de Podemos presentó una proposición de ley reguladora de las pruebas de oposición para la selección y provisión de plazas de facultativo especialista de área. Ésta fue una iniciativa independiente del paso que nosotros hemos dado hasta el momento, pero su propuesta va en la misma línea, planteando que los ejercicios deben garantizar el anonimato de respuestas de los aspirantes. En concreto, tras la exposición de motivos en los que se reproducen parte de los hechos previamente mencionados, dicho grupo parlamentario realiza una propuesta en un artículo único, que se menciona a continuación: "En las pruebas de oposición llevadas a cabo para la provisión de plazas de facultativo especialista de área en las ofertas públicas de empleo del Sespa, el tipo de ejercicios planteado deberá garantizar el anonimato de las respuestas de cada aspirante, de modo que el tribunal no pueda conocer a quién pertenecen los formularios de respuesta hasta que se establezca la puntuación definitiva en el concurso-oposición de todas las personas aspirantes. No se realizarán, en ningún caso, ejercicios leídos o desarrollados en presencia del tribunal ni en sesión pública."
Posteriormente, hemos podido leer a través del mismo Boletín el acuerdo del Consejo de Gobierno al respecto, en el cual se manifiesta un criterio desfavorable a la toma en consideración de esta proposición. En este acuerdo, se exponen diversos puntos para justificar la decisión. Algunos se amparan en cuestiones legales y de aplicación limitada de un posible cambio en la norma.
Somos facultativos, desconocemos en profundidad los procedimientos legales necesarios. Aún así, habiendo dispuesto de cinco años para cambiarla, creemos que se pone de manifiesto una absoluta falta de voluntad para modificarla.
En lo que respecta al último punto de su exposición, los argumentos nos parecen, eso sí, escandalosos. Se cita textualmente: "Cuarto. Efectos de la regulación propuesta. La justificación única de la norma parece descansar en el temor de que se cometan irregularidades en las pruebas selectivas de las plazas de facultativo especialista de área. Ahora bien, la supuesta garantía del anonimato de las pruebas conlleva una gran rigidez en la realización de las mismas. La proposición, atendiendo al contenido del artículo único, parece querer reducir las pruebas a exámenes tipo test, pues se eliminan ejercicios leídos o desarrollados en presencia del tribunal o en sesión pública y se utiliza la expresión 'formularios de respuesta'". Y un poco más adelante añaden: "El uso de formularios de respuesta empobrece especialmente el ejercicio de carácter práctico previsto en el artículo 30.2 del citado real decreto ley 1/1999, de 8 de enero. Dicha prueba, por otro lado, reviste una gran importancia para apreciar la capacidad del aspirante."
¿Nos van a decir que en este siglo la única opción de responder a un caso clínico es un texto escrito a mano, con nuestro nombre en la cabecera y posteriormente leído ante el tribunal? Señores, un poco de esfuerzo mental, que vivimos en la era de la tecnología. Pueden pedirnos que en vez de escribir a mano mecanografiemos el texto (entre los programas "Millenium" y "Selene", estamos entrenados), pueden codificarse los datos del opositor de cara a la corrección... Vamos, que no hay ganas.
Por cierto, ¿evaluar la destreza en casos prácticos en el caso de un facultativo de atención primaria no es importante? Además, en otras comunidades autónomas, incluyendo algunas que posicionan sus hospitales entre los mejor valorados de España (Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León...), incluyen sólo cuestionarios de respuesta múltiple.
Un poco más adelante, mencionan lo siguiente: "Por otra parte, los miembros de tribunales de selección, que deben reunir el requisito de especialización, tienen una obligación de objetividad e imparcialidad en su actuación y están sujetos a la responsabilidad que pueda derivarse de su incumplimiento (...) El sistema tiene una serie de garantías que se han venido aplicando adecuadamente. El hecho de que en situaciones concretas algún miembro de un tribunal no hubiera cumplido con sus obligaciones no puede justificar la merma de la calidad del proceso de selección, pues el ordenamiento tiene mecanismos jurídicos suficientes para reaccionar frente a esos supuestos".
Este punto es, sinceramente, desternillante. A día de hoy, no ha habido ninguna sanción a los miembros del tribunal de medicina interna de la OPE anterior. El compromiso de repetir la segunda parte del examen, siguiendo lo indicado en la sentencia del Tribunal Supremo, no tenía fecha en el calendario. Ayer mismo publicó LA NUEVA ESPAÑA la voluntad del Sespa de no aplicar la sentencia, con el argumento de las dificultades que conlleva. El presidente de dicho tribunal aspira a revalidar el cargo como director del Área de Gestión de Medicina Interna, sin que su mala actuación en el proceso del año 2011 haya tenido consecuencia alguna. ¿Y nos dicen que si algún miembro de un tribunal incumple el reglamento estarán sujeto a la responsabilidad que pueda derivarse? Está claro, ya vimos el ejemplo. Aquellos opositores que resulten perjudicados por irregularidades de este tipo quedan totalmente desamparados en esta Administración. Es escandaloso.
Y finalizan con: "En definitiva, la pretensión de que los médicos que nos atiendan en el Servicio de Salud sean seleccionados por unos formularios de respuestas alternativas múltiples no parece ni conforme con lo que la Constitución española pretende ni con lo que el ciudadano y usuario de nuestro sistema sanitario espera".
Si lo piensan bien, lo que probablemente no esperan los ciudadanos y usuarios es que el sistema sanitario mantenga el enchufismo y el clientelismo, en el que se empodera a directivos y jefes de servicio que pueden fácilmente favorecer a sus candidatos predilectos, aunque eso no garantice que sean los más capacitados. Tengan por seguro los ciudadanos que la perpetuación de este método de selección no aportará motivación a los profesionales asturianos ni supondrá un estímulo para la captación de talento.

lunes, 24 de octubre de 2016

Las empresas públicas del Principado ejecutan una oferta de empleo precario paralela a la oficial


Las empresas públicas que integran el sector público del Principado de Asturias han convocado en lo que va de año más de 90 puestos de trabajo temporales, tal y como acredita la información que ofrece el llamado portal de transparencia de la Administración asturiana.

Se trata de una oferta de empleo público paralela a la aprobada por el Consejo de Gobierno, integrada por puestos precarios (contratos temporales de corta duración), que da la razón a los expertos que vienen señalando que en España – y en este caso, en Asturias -, el peor empleador es el sector público.

El Gobierno del Principado ha seguido en los últimos años una estrategia de transferencia de la gestión directa de determinados servicios y prestaciones públicas hacia el entramado empresarial que forma el sector público autonómico con la clara intención de reducir gastos, aunque haya sido a costa de deteriorar la calidad de los servicios y de socavar el control de legalidad de la gestión de los mismos.

En este sentido, han proliferado las encomiendas de gestión a empresas públicas, en muchos casos realizadas en fraude de ley, al carecer dichas empresas de los medios materiales y personales necesarios para realizar de forma directa esas actividades. Así lo ha puesto de manifiesto la propia Sindicatura de Cuentas en su reciente informe sobre las encomiendas de gestión efectuadas en el año 2013, en el que se analizan un total de 23 encomiendas realizadas durante ese año, en ninguna de las cuales “consta la realización  de un análisis previo y riguroso que justifique la elección de este sistema de gestión frente a otras posibles alternativas, como la licitación pública o la ejecución por Administración”

La Sindicatura de Cuentas recomienda al Principado en su informe de fiscalización que “debe evitarse recurrir a las encomiendas para suplir carencias estructurales de personal que deben ser solventadas a través de la adecuada dotación de plantillas”

Y aquí reside una de las claves que explica esta estrategia de externalización de la gestión directa de servicios y prestaciones públicas hacia las empresas públicas.

El Principado de Asturias no dota con personal suficiente y adecuado sus plantillas públicas, porque no agota las posibilidades que ofrecen los supuestos legales establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en los que es posible aplicar tasas de reposición del 100 por 100, como sucedió con la raquítica oferta de empleo público aprobada por el Consejo de Gobierno el presente año 2016.

Al no disponer intencionadamente de plantillas suficientes para gestionar servicios y prestaciones públicas de forma directa, el Gobierno del Principado encomienda la gestión de los mismos a las empresas de su sector público, las cuales supuestamente lo harán a menor coste, bien contratando con empresas privadas, bien contratando a trabajadores con contratos temporales en peores condiciones que las que tienen los funcionarios interinos de la Comunidad Autónoma.

A esta opción por la prestación de servicios públicos con empleo basura y en procedimientos escasamente respetuosos con los principios de igualdad, mérito y capacidad,  responde la oferta de empleo  paralela de más de 90 puestos de trabajo ejecutada por las empresas públicas del Principado a lo largo de este año 2016.
 
Todo un ejemplo de gestión neoliberal de los servicios públicos, con políticas laborales que serían objeto de escarnio público si fueran desarrolladas por empresas privadas, y que suponen la plena aceptación de las últimas reformas laborales tan criticadas por los que ahora las ponen plenamente en práctica.

Señalamos, a continuación, puestos convocados por empresas públicas del Principado en el año 2016, según la información del portal de transparencia del Gobierno:

SERVCIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SERPA)

Una plaza de Ingeniero Técnico Forestal: Contrato temporal a jornada completa  con una duración máxima de 6 meses.
Seis plazas de Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal: Contrato temporal a jornada completa  con una duración máxima de 3 meses
Una plaza de Ingeniero Técnico Informático: Contrato temporal a jornada completa.
Una plaza de Inspector de Obra Civil: Contrato temporal a jornada completa.

SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO

Doce plazas de Auxiliar de Museo: Contrato Eventual por circunstancias de la producción a tiempo parcial
Una plaza de Oficial Administrativo: Contrato de interinidad a tiempo parcial

SEDES

Una plaza de Auxiliar administrativo/administración de fincas: Contrato eventual por obra o servicio determinado
Una plaza de Oficial 1ª Administrativo: Contrato de interinidad por baja de maternidad
Una plaza de Jefe de Producción de Obra: Contrato eventual por obra o servicio determinado
Dos plazas de Jefe de Equipo de Oficio: Contrato eventual por obra o servicio determinado

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITVASA)

Diez plazas de Inspector/a ITV: Contrato en prácticas
Catorce plazas para la creación de bolsa de empleo para Gestor/a de Clientes: Contrato en prácticas o contrato temporal
Cuarenta plazas para la creación de bolsa de empleo de Inspector/a ITV: Contrato temporal

lunes, 17 de octubre de 2016

Colabora con el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies


Desde el año 2008 el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies viene denunciando sin descanso las prácticas y procedimientos de clientelismo laboral en la Administración asturiana, en defensa del derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas a acceder a los puestos del sector público en condiciones de igualdad, sin condicionantes ajenos a sus méritos y capacidades.

En estos años hemos planteado una verdadera guerra judicial contra el Principado de Asturias para poner coto al enchufismo y a las influencias de cualquier tipo para promocionar en la carrera profesional de los empleados públicos, que ha obligado al Gobierno de la Comunidad Autónoma a impulsar cambios legislativos cuyo resultado es todavía incierto, pero que ha puesto en jaque las políticas de manipulación partidista del empleo público.

La labor del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies en los ocho años de existencia se refleja en las 794 entradas de nuestro blog.

Pero creemos que quedan muchas cosas por hacer y que la actividad de la asociación sigue teniendo el mismo sentido que el día en el que decidimos ponerla en marcha.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies rechaza cualquier tipo de subvención o ayuda pública o procedente de organizaciones políticas, sindicales o de cualquier otro tipo. Los gastos derivados de las actuaciones emprendidas hasta la fecha han sido afrontados exclusivamente por los y las miembros de la asociación.

Si crees que la actividad del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies es de interés público y quieres colaborar económicamente con nosotros puedes realizar una aportación en la siguiente cuenta de la Caja Rural de Asturias: 3059 0110 63 2584093724

Los ingresos por importe igual o superior a 100 euros requerirán la identificación del donante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2  Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales

sábado, 15 de octubre de 2016

En España el peor empleador es el sector público

FLORENTINO FELGUEROSO / EXPERTO EN MERCADO LABORAL

“En España el peor empleador es el sector público”

Mónica Andrade / Soledad Gallego-Díaz / Miguel Mora Logo de CTXT. Contexto y Acción

<p>Florentino Felgueroso.</p>
Florentino Felgueroso.
Foto cedida por el autor
Madrid | 5 de Octubre de 2016

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Florentino Felgueroso (Bruselas, 1966) es  uno de los mayores expertos españoles en mercado laboral. Investigador asociado de Fedea, y profesor de la Universidad de Oviedo, sus campos de estudio son el funcionamiento de los mercados de trabajo y las instituciones laborales, las políticas de empleo y la educación. Economista cuya “ideología es el empirismo que contrapone al apriorismo”, defensor del contrato único y colaborador habitual del blog Nada es Gratis, Felgueroso confirma en esta entrevista algunas tendencias y errores de las políticas públicas y desmiente con datos algunos mitos y leyendas.


Cada vez que se publican datos sobre el empleo, las interpretaciones que se hacen de ellos difieren considerablemente. ¿Hay un uso político de los datos sobre el mercado laboral?
Sí, lo hay.
¿Y existe algún referente para determinar la interpretación correcta de los datos?
Las estadísticas están en un contexto que puede ser interpretable. Por ejemplo, referentes al paro tenemos la EPA y el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal); y parece que a veces dicen cosas contrarias. Las interpretación de las estadísticas requiere de un conocimiento especializado de las mismas. Los institutos estadísticos no pueden interpretar los datos. Creo que le corresponde al mundo académico colaborar en las interpretaciones, con análisis rigurosos.
¿Esto sucede en todos los países?
En otros países el problema del paro no es tan grave. Aquí hay una tasa altísima y, sobre todo, un problema de precariedad y de dualidad del mercado. Los datos siempre se usan de forma política, con interés propio, pero en España, tal vez, más. En uno de los últimos debates entre los candidatos a la presidencia del Gobierno se habló de la temporalidad y fue una discusión dramática. El problema en España es que no se va más allá de la superficie, y de esta forma no aprendemos. Si no detectamos bien el problema es imposible solucionarlo. Si unos lo niegan y otros lo exageran, es imposible corregirlo.
Los datos siempre se usan de forma política, con interés propio, pero en España, tal vez se utilicen más que en otros países europeos
¿Qué tasa de temporalidad hay en el mercado laboral español?
Rajoy decía que tres de cada cuatro trabajadores tienen un contrato indefinido, el resto decían que nueve de cada diez tienen contrato temporal. Y las dos cosas son ciertas. Las fuentes estadísticas es lo que dicen, pero luego hay que analizar esos datos y explicar el problema.
Y, cuando se analizan esas estadísticas, ¿qué resultado se obtiene? 
Si ahora haces una foto del mercado laboral, 3 de cada 4 personas tienen un contrato indefinido y hay uno que tiene un contrato temporal, hoy. Pero el que tiene contrato temporal, mañana probablemente estará en el paro y le sustituirá otro. Entonces lo que ocurre es que los temporales son más de un cuarto. Si coges a lo largo de todo el año, ves que hay mucha gente que está en la temporalidad, en la precariedad, y lo que ocurre es que un día salen en la foto y otros no. Entonces, ¿cuántos han sido temporales a lo largo de un año? Más, alrededor de un tercio de los trabajadores. Las estadísticas te dan solo un fotograma, luego hay que mirar al conjunto.
Pero hay encuestas mensuales, trimestrales. ¿La manera correcta de analizar los datos es anual?
Todo tiene que ver con la honradez del mensajero. Si exageras o minimizas el problema es lo mismo que darle la espalda. Se ha repetido miles de veces que gran parte de la precariedad se debía, al menos antes de la crisis, a la construcción. ¿Eso es así? No. El año pasado hemos batido el récord de temporalidad. Ha habido más de 16 millones de contratos temporales en un año y hay más de dos millones menos de empleos en la construcción y en industrias auxiliares. Por tanto, no puedes echarle la culpa a ese sector. El tema de la precariedad tiene mucho que ver con la cultura que se ha ido fomentando en los últimos 30 años y que será muy difícil de erradicar sin cambios regulatorios e incentivos.
Estamos emprendiendo un nuevo camino y hay una nueva preocupación: la economía digital, pero en el actual escenario político nadie habla de ello. Hablamos de la robotización pero no de cómo está cambiando las relaciones laborales. Por ejemplo en Estados Unidos acaba de surgir un sindicato de freelance, de trabajadores autónomos muy potente. La uberización del trabajo ¿Qué significa esto en el mundo de la empresa? Pues que ahora resulta mucho más fácil contratar por horas. No sólo en empleos que requieren de menos cualificación. Hay gente que se ha especializado en hacer algo muy bien y le contratan por horas. Eso está pasando en Estados Unidos, donde incluso contratan así a directivos. Son personas que trabajan para muchas empresas a la vez haciendo una cosa determinada que saben hacer muy bien y tienen buenos salarios. Pero en este contexto, ¿qué ocurre con la Seguridad Social? Un autónomo puede cotizar al mínimo durante años. Este tipo de economía generará serios problemas de ingresos a la Seguridad Social.
El año pasado hemos batido el récord de temporalidad. Ha habido más de 16 millones de contratos temporales en un año
Aquí parece que no se ha abierto ese debate.
No. En otros países como Francia, sí. Están debatiendo soluciones como, por ejemplo, cuentas individuales. Mi impresión es que o lo intentamos controlar ahora o pronto generará serios problemas con la protección del empleo, la protección al desempleo, las prestaciones sociales.
En España tenemos el problema de los falsos autónomos.
Sí, pero esto es una reacción de los empresarios contra una legislación.
¿Cómo se soluciona el problema de la Seguridad Social? ¿Financiándola con impuestos…?
Habrá que buscar fórmulas, vías alternativas. Asturias, por ejemplo, es una comunidad con déficit en la Seguridad Social desde hace más de diez años. Nuestras pensiones suponen un 17% de lo que producimos y solo ingresamos un 8%. Esto es lo que nos decían que iba a tener España en 2050. Pero, de momento, como contamos con una caja única y parece que estamos protegidos, hay una especie de desidia, una inercia, que evita el planteamiento político del problema.
¿Qué países están más avanzados en estos debates?
De momento, Estados Unidos. Pero el problema es que aún no hay demasiadas estadísticas, allí tampoco. Se habla de decenas de millones de personas que ya están trabajando de forma independiente. Muchos complementan su empleo asalariado con otras situaciones laborales. La uberización del trabajo está llegando a todas partes. No son solo taxis, son hoteles, restaurantes, sectores que están desarrollando un nuevo contexto laboral donde los salarios y otras condiciones laborales, los contratos y la protección del empleo ya no se determinarán de la forma tradicional.
La uberización del trabajo está llegando a todas partes
¿La economía colaborativa es el futuro?
Va tener un peso muy importante, aunque seguirá habiendo empresas muy grandes y también pequeñas, aunque no tendremos claro cuál es su tamaño real. Por otra parte, los empresarios van a querer seguir haciendo contratos indefinidos pero esta opción será menor. La fórmula de contratar por móvil es muy fácil. La digitalización de las relaciones laborales extiende además el fenómeno de la globalización en el ámbito laboral. Ahora buscas a alguien para una tarea determinada y encuentras a una persona que te lo hace desde la India.
En definitiva, está en cuestión el modelo de Estado del bienestar.
Mi preocupación está más ahí que en la adaptación del trabajador a este nuevo contexto de relaciones laborales. Habrá que debatir pronto y aportar soluciones sobre cómo se financiará, dado que las vías tradicionales no serán suficientes.
Hasta ahora estaban los sindicatos para proteger y garantizar una serie de derechos. Si esto tampoco va a existir, ¿entonces quién va a defender a los trabajadores?
El problema es que las estructuras sindicales que conocemos ya no son las adecuadas para hacer frente a retos tales cómo la uberización del trabajo. No quiere decir que no hagan falta. Todo lo contrario. En Nueva York ya ha surgido un gremio de conductores independientes por medio de Uber. Surge, de nuevo, la necesidad de estar asociados para defender unos derechos. Esto va a existir siempre, pero será con nuestras estructuras asociativas y demandas distintas de las que se hacen a los sindicatos tradicionales. Surgirán cada vez más conflictos entre el viejo y el nuevo modelo.
¿Entre el nuevo y el viejo modelo?
Creo que la uberización del trabajo puede generar un conflicto intergeneracional más rápido de lo que se podía prever sólo con el envejecimiento demográfico. Ya no es sólo el menor peso de las nuevas generaciones, sino la precariedad que llevan sufriendo cohorte tras cohorte, y ahora una menor contribución financiera al sistema a través del trabajo independiente.
Las estructuras sindicales que conocemos ya no son las adecuadas para hacer frente a retos tales cómo la uberización del trabajo
La singularidad tecnológica hace que muchos trabajos vayan a desaparecer. No solo empleos sin cualificación sino otros como cirujano o piloto que llegarán a hacer las máquinas. ¿Se acabará el empleo tal y como lo conocemos?
De momento, cosas muy sencillas, cosas que incluso podría hacer un niño, las máquinas no pueden hacerlas. La sustitución nunca va a ser del 100% y existen muchas complementariedades. Con la introducción de las nuevas tecnologías, siempre se produce un debate tremendo entre economistas: ¿crean o destruyen empleo? La historia dice que el saldo neto siempre ha salido positivo porque surgen nuevas actividades y ocupaciones. La preocupación de nuevo, esta vez con la inteligencia artificial, es que el empleo pueda ser seriamente dañado. Por otro lado, lo que nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han posibilitado es que se abran muchas oportunidades: hay gente que desde un pueblo remoto del Pirineo está vendiendo sus productos a todo el mundo, por ejemplo. Y se abren oportunidades para el más débil y vulnerable. Detrás de la pantalla no se ve si uno es bajo, alto, gordo, feo, mujer, negro. Solo se ve si es bueno o no en lo que se hace. Porque en el mundo laboral surgen las desigualdades a pesar de tener la misma formación. Eso ocurre en menor medida con las nuevas tecnologías.
Sí, pero existe una desigualdad previa en la formación, en el acceso al conocimiento.
Ahí entramos en el acceso a la educación, que está muy relacionado con lo que nos ocurra, no sólo con nuestra trayectoria laboral, sino en toda nuestra vida. Ahí es donde hay que actuar definitivamente.
Pero precisamente ahí ha habido muchos recortes.
Sí, en educación, en formación, y en políticas activas de empleo.
¿Está cuantificado ese recorte?
En formación para el empleo, por ejemplo --ahora se ha recuperado un poquito-- llegó a caer el 40%. Ahora debe situarse en el 30%. A mí me preocupa, sobre todo, el recorte educativo, porque los recortes no son neutrales. Al final crees que en el presupuesto has ahorrado 1.000 euros pero depende de dónde hayas ahorrado 1.000 puede que mañana tengas que pagar 2.000. O, todo lo contrario, generar más crecimiento y por lo tanto más ingreso.
En el mundo laboral surgen las desigualdades a pesar de tener la misma formación. Eso ocurre en menor medida con las nuevas tecnologías
¿A qué se refiere cuando dice que no son neutrales?
Si miras los datos de educación te das cuenta de que la inversión por alumno no ha caído tanto. Y nos pueden decir ‘pues nos han vendido un recorte que no es cierto’. En realidad, lo que ha ocurrido es que muchas familias han  aumentado su gasto en educación, y han compensado así el recorte público. Pero el problema es que no todas las familias han podido hacerlo. Y las que no han podido son mayoritariamente las que utilizan la escuela pública y dependen de esos recursos públicos. Se ha recortado mucho en apoyo escolar, en atención a la diversidad, a los más vulnerables, y esos son quienes no han podido pagarse las clases extra. Los datos de abandono escolar han bajado pero los que no lo han hecho son los datos de fracaso escolar de jóvenes cuyos padres ya venían del fracaso escolar. Esto lo vas a tener que pagar mañana porque vas a tener que gastar más en políticas activas de empleo, en prestaciones por desempleo. Esto es lo que en política económica llamamos responsabilidad fiscal.
No parece que los políticos estén teniendo mucho en cuenta ese planteamiento.
La responsabilidad fiscal no es recortar para satisfacer a los mercados. Hay recortes que te van a hacer pagar más el día de mañana. La educación infantil, por ejemplo, ¿tiene que ser universal y gratuita, para todos? Los que menos acuden a la educación infantil en España son los niños de hogares de renta baja. Los de renta alta van prácticamente todos. Ahí es donde se inician diferencias entre niños que pueden luego mantenerse a lo largo de todo el periodo educativo.
El propio sistema de acceso a las plazas públicas de educación infantil no está bien pensado porque en varias comunidades autónomas el acceso a las plazas públicas de educación infantil se facilita a los niños cuyos padres trabajan, puntúan más que los que no trabajan. Al final estás haciendo un programa de educación infantil con plazas públicas para gente que se lo puede permitir en la privada, y excluyendo a los colectivos a quienes sí te tendrías que dirigir para promover la igualdad de oportunidades desde el inicio.
Me preocupa, sobre todo, el recorte educativo, porque los recortes no son neutrales
¿Lo que está diciendo es que hay una gran carga ideológica en cómo se han hecho los recortes?
Sí, pero también en la interpretación de los recortes. Yo no diría educación infantil (de 0 a 3 años) universal y gratuita porque hay gente que se lo puede pagar.
Pero el reconocimiento universal de ese derecho es básico para que se reconozca...
Sí, absolutamente. Pero aquí no tiene por qué haber educación infantil gratuita en el sentido de que no hay recursos para todos y lo que hay que hacer es establecer reglas para que quien tiene menos renta sea quien tiene preferencia y, además, tienes que promocionar entre ese segmento los beneficios que tiene ir a la escuela desde muy niño. Un euro bien invertido en educación infantil es el que tiene mayor rentabilidad a lo largo de todo el sistema educativo.
Pero la gran mejora en la educación en España llegó de la mano de la universalización.
En Europa la idea de que la educación y la formación son un medio para no desclasarse o perder una determinada clase social también está muy arraigada. Sin embargo, entre las rentas bajas eso no está tan claro. Hay veces que los padres se preguntan por qué sus hijos tienen que estudiar más que ellos, que pueden seguir viviendo de la misma manera que lo hacen ellos porque no está tan mal.
Un estudio reciente de Cáritas decía que la pobreza se hereda. Que el 80% de los hijos de familias pobres lo seguirá siendo en su vida adulta.
Así es. Es la transferencia intergeneracional de la pobreza. También vemos que los hijos de gente con rentas más bajas, aunque vayan a la universidad, acaban teniendo sueldos menores aun teniendo mejores notas.
¿Cómo se puede romper esa tendencia?
Nunca se rompe del todo. Creo que hay que  seguir apostando por la igualdad de oportunidades y por el mérito. El que tenga un talento tiene que poder expresarlo. El problema es cuando se ponen límites a esa igualdad y a reconocer los talentos, por creer que son incompatibles.
En Europa la idea de que la educación y la formación son un medio para no desclasarse o perder una determinada clase social también está muy arraigada
Si para mejorar el trabajo hay que mejorar la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación resulta básico...
Esa es la regla número uno para todo; para mejorar el trabajo pero también para la felicidad del individuo. El acceso a una educación y formación de calidad a lo largo de toda la vida, en cualquier momento.
Y en ese aspecto, ¿España dónde está? ¿Hemos mejorado o retrocedido?
En el tema de igualdad de oportunidades faltan estudios que prueben una cosa u otra claramente. Yo tengo la intuición de que ha empeorado porque los recortes no son neutrales y porque los recortes de gasto público tampoco son neutrales en sí. Sí hay datos que muestran que ha habido recortes brutales en algunas comunidades autónomas en apoyo al estudiante, por ejemplo, y por lo tanto esto tiene que tener efectos. Todavía no se han medido pero se hará. La  I+D también es importante pero también en esta materia ha habido grandes recortes. ¿Cómo podemos pensar en crecimiento económico sin I+D? Esto significa menor crecimiento para mañana y esto, a su vez, son más gastos en prestaciones para mañana.
Pero el modelo neoliberal apunta hacia la desaparición de las prestaciones, diciendo que son vagos, que no quieren trabajar…
Entre los economistas, creo que cabe claramente distinguir dos extremos. A unos les da igual hablar de educación que de gominolas; el Estado no tiene que financiar gominolas, ni tampoco educación, los impuestos tendrán que ser mínimos, etc. Nunca entenderán por qué la educación pública es importante, que no sólo forma parte del Estado de bienestar de un país, sino que es necesario para su crecimiento. En el otro extremo están los que creen que todo se puede arreglar a través del sector público, desde el problema del paro hasta el sistema financiero. En lo personal, intento huir de ambas perspectivas. Creo que se basan en un serie de apriorismos que en muchas cuestiones no encajan con la evidencia empírica.
¿Qué ocurre con la brecha salarial de género?
En los países escandinavos han encontrado desde hace tiempo mecanismos de igualdad de oportunidades que se extienden a varios ámbitos sociales, que van desde la escuela (pública al 100%, incluyendo la universidad) a la igualdad que han obtenido en el mercado de trabajo, en salarios con una negociación colectiva tradicionalmente muy centralizada. Las diferencias salariales entre hombres y mujeres son reducidas. Pero la sorpresa viene cuando miras la segregación ocupacional. Tienes mujeres para unas ocupaciones y hombres en otras. Estados Unidos es lo contrario: diferencias salariales enormes entre hombres y mujeres pero mucha menos segregación ocupacional. Así que los países nórdicos tampoco han resuelto el problema del todo. Tiene que haber igualdad e integración. Las mismas oportunidades en los mismos sitios. Hablamos de mujeres pero cualquier colectivo vulnerable, desde discapacitados a inmigrantes, tienen estos mismos problemas. La cuestión no es tan sencilla.
¿Cuáles son las particularidades del mercado español? ¿Por qué tenemos una tasa de paro tan elevada?
Gran parte de nuestros males está en nuestro retraso educativo, un retraso que ya se generó hace siglos
El paro en España es de un 22% más o menos. Italia tiene el 10% pero en términos de empleo está peor que nosotros. El paro es algo que cambia entre países pero que te da una señal distinta. Nosotros tenemos más paro porque somos un país más activo que Italia donde las mujeres a los cuarenta y tantos abandonan el mercado de trabajo. No están activas y, por lo tanto, no son consideradas como paradas.  Las tasas de empleo u ocupación, es decir, el porcentaje de población empleada en edad de trabajar te dan una visión algo distinta. Si miramos la evolución de esta tasa, antes de la crisis estábamos cerca de Alemania y habíamos pasado a Francia en porcentaje de empleados. Lo que no hay que olvidar es que gran parte de nuestros males está en nuestro retraso educativo, un retraso que ya se generó hace siglos. En Estados Unidos el nivel de abandono escolar a principios del siglo pasado era parecido al nuestro antes de la crisis; el porcentaje de jóvenes que iba a la universidad en Estados Unidos en la época de la guerra de Vietnam es lo que nosotros tenemos desde hace pocos años, y el nivel de alfabetización que tenía Escandinavia en el siglo XVII es el que tenían los españoles al inicio de la Transición. Estos retrasos luego también se pudieron constatar en materia de alfabetización digital. Aunque vamos convergiendo poco a poco, los demás siguen avanzando también, siempre con una ventaja.
¿Entonces?
Las mejoras educativas que has hecho hoy las irás viendo pero lo que no has hecho hoy lo vas a sufrir durante al menos 40 años, toda tu vida laboral. Todo el abandono escolar que hemos tenido --todavía hoy tenemos un 20%, que es bestial-- marcará nuestro mercado de trabajo para los próximos 40 años.
¿Qué se puede hacer ahora con esa gente?
Políticas activas de empleo y formación. En un contexto que demanda más educación, ese es el problema. Las nuevas tecnologías están sesgadas a favor de las personas que adquieren un mayor nivel de educación. Con lo primero que han acabado es con las tareas repetitivas. Los más afectados en los últimos 20 años han sido los administrativos. Donde necesitabas a 4, ahora con un software sólo necesitas a una persona, y muy probablemente tengas el servicio externalizado. La clave está en la formación y la educación. Determinados conocimientos, como los idiomas, han pasado a recompensarse con un mayor salario, a simplemente penalizarse con la imposibilidad de conseguir un empleo si no se tienen.
¿Qué peso tiene el turismo en el mercado laboral español? ¿Somos un país de camareros?
No. Pero sí está creciendo el peso de la hostelería en esta fase de recuperación. Del millón de empleos que hemos creado en los últimos dos años, el 23% se ha producido en la hostelería.
Del millón de empleos que hemos creado en los últimos dos años, el 23% se ha producido en la hostelería
Pero es un empleo muy precario, muy estacional.
Sí, y ahí te preguntas por qué en Canarias, donde la temporada es alta todo el año, tienen tanta precariedad. Canarias es el sitio de España con mayor temporalidad. ¿Por qué? ¿Será la regulación? Probablemente. La cultura, el abuso que hay detrás de esto. Llevamos tres décadas, desde mediados de los ochenta que se cambió la legislación, con temporalidad creciente. Hemos llegado a ser el país más precario de Europa en términos de contrato. Ahora es Polonia.
¿Así que somos los segundos de Europa en precariedad?
Por contrato temporal en cada momento, sí.
¿Qué daño hace ese contrato temporal?
La semana pasada salió la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y cada uno ha interpretado una cosa para no hablar del problema y de su resolución. La temporalidad es como el colesterol:  hay una buena y otra mala. Si en verano crece el empleo en la hostelería muchas personas pueden encontrar un trabajo: estudiantes… Eso es bueno. El colesterol malo es el del abuso. En España el sector público es el peor empleador del país. Puedes tener a una persona durante 10 años con un contrato en el que no le vas a reconocer ninguna indemnización. En el sector de la sanidad los médicos tienen en media más contratos que en los peones de la construcción. Eso pasaba incluso antes de la crisis. ¿Cómo es posible que el sector supuestamente más cualificado sea un sector tan precario?
¿Eso cómo es posible?
Porque mucha gente ha aprovechado la legislación, entre ellos el sector público. Te ahorras costes laborales: para conseguir un trienio o un quinquenio tienes que trabajar muchos más años. Porque si hoy trabajas y mañana te mando a la calle lo que cuenta son los días que has trabajado. A mí me lo contaba una enfermera que llevaba trabajando cinco años e iba a tener derecho a su primer trienio. Sumas centenas de contratos pero no sumas prácticamente duración, es decir, antigüedad. Esto es un ahorro de costes...
¿Y qué se ahorra realmente a medio plazo?
Te ahorras costes que en realidad no suponen un ahorro real. ¿Crees que si cambias de médico cada poco a un paciente vas a mejorar sus problemas de salud? ¿No van a aumentar los gastos farmacéuticos? ¿Vas a resolver su problema de salud o lo vas a empeorar? ¿Qué exceso de gasto farmacéutico provoca la precariedad laboral? ¿Has ahorrado precarizando? Probablemente no. Este también es un ejercicio de responsabilidad fiscal. Más allá de que tengas o no conciencia de la precariedad, de que esta sea justa o injusta, es una irresponsabilidad clara.

Autor

  • Mónica Andrade / Soledad Gallego-Díaz /

  • Miguel Mora

    Nacido en Madrid, en 1964, el director de CTXT fue corresponsal de El País en Lisboa, Roma y París. Anteriormente, trabajó durante 10 años en la sección de Cultura como reportero para temas de cine, literatura y arte. En 2011 fue galardonado con el premio Francisco Cerecedo y con el Livio Zanetti al mejor corresponsal extranjero en Italia. En 2010, obtuvo el premio del Parlamento Europeo al mejor reportaje sobre la integración de las minorías. Es autor de los libros 'La voz de los flamencos' (Siruela 2008) y 'El mejor año de nuestras vidas' (Ediciones B).

martes, 11 de octubre de 2016

El país más corrupto de Europa

 



Gregorio Morán

Sin Permiso


Sorprender no sorprende, pero llama la atención que seamos el país más corrupto de Europa occidental. No estoy en condiciones de hablar de la Europa oriental poscomunista, porque no la conozco salvo los casos delirantes de Albania, Macedonia y Kosovo. Pero lo más llamativo es que nadie se haga la pregunta en voz alta, y que nuestros talentos mediáticos no se hayan detenido en pensar a qué se debe: si a nuestra tradición, si estará incluido en el ADN de los españoles, a la dieta, al peso de la familia como única institución respetable, es un decir; a nuestro inveterado desprecio por el Estado, primer pozo de corrupción nacional.

Aquí se viene abajo cualquier tipo de patriotismo aldeano. El parecido entre un delincuente económico catalán y otro madrileño, o asturiano, o gallego, es absoluto. Hago una excepción para el caso valenciano, porque cabe reconocer que ahí se han alcanzado cotas de imaginación y desparpajo que asombran incluso a los que creíamos no sorprendernos ya de nada. Ni siquiera al añorado Rafa Chirbes, veterano novelista especializado en la descripción de esas lides, se le hubiera ocurrido cosa tan simple y al tiempo tan sofisticada como la entrega de un billete negro de 1.000 euros para que cada militante del PP lo trasformara en dos billetes blancos de 500. Nada de improvisación, con sistema. De vivir aún, se quedaría de un pasmo; no hay imaginación literaria capaz de llegar tan lejos.

No se engañen. Superamos a los italianos y no por un asunto de finezza, como les gusta decir a los cursis, sino porque nuestra corrupción abarca al conjunto social, desde los jueces a los políticos, desde la banca convertida en una organización de timadores –eso fueron las preferentes– hasta la policía –¿se imaginan a un jefe del cuerpo de inspectores grabando una conversación con su superior máximo? Pues lo hemos vivido–.

Un ejemplo para clarividentes. Es sabido que los jueces italianos y la sociedad organizaron Mani Pulite (Manos Limpias), que arrasó la corrupción en la clase política y empresarial italiana, tanto y de tal manera que el miedo de la clase dominante les trajo a Berlusconi. Pero nosotros fuimos más lejos. La organización Manos Limpias estaba formada por un puñado de delincuentes, de la extrema derecha, yo conocí a uno, un tal Bernard, allá por los primeros años de la transición, que trabajaba de sicario político y económico de Blas Piñar, en Fuerza Nueva. Lo escribí. Nadie dijo nada, nadie se acordaba de nada, como si se tratara de otra persona. Conservo de él una buena colección de fotografías en plena acción fascista. ¡Los restos del franquismo se habían convertido, ante el silencio cómplice de la izquierda, en los justicieros! (La izquierda, como siempre por las nubes, siempre exigiendo lo que la derecha, pero con mayor vehemencia. ¡Nosotros lo que queremos es un referéndum! Volvemos a los éxitos radicales de finales de los setenta, cuando el mayor triunfo de la izquierda radical fue que le proporcionaran, la derecha en el poder, un trabajo seguro. Desde catedrático con mando en plaza hasta asesor áulico).

Estamos atados de pies y manos por la ley de defensa del honor. Una joya creada por decreto para protegerse aquella clase política abnegada, comprensiva y patriota. Proteger y amparar a los delincuentes. En el fondo, digámoslo en voz baja, pero al menos para que quede escrito en alguna parte: en España no hay extrema derecha con peso político, al menos de momento, en ninguna parte de Madrid a Barcelona, de Valencia a A Coruña. Y no la hay por algo tan obvio como que está en el poder.

Buena parte de las leyes de la bendita transición fueron redactadas para proteger a los delincuentes, de ahí el interés en el garantismo. Un garantismo jurídico elaborado por los grandes bufetes para crear la cortina impenetrable que hace imposible que los estafadores, sus clientes, vayan a la cárcel. Soy lego en asuntos judiciales, pero que el tema de las tarjetas de Bankia ocupe el lugar que debería servir para revisar la gestión del banco y llevar a la cárcel a quienes vaciaron el banco, que fueron varios, me llena de zozobra. Y esto es válido para la banca en general, una organización profesional que no dudo tendrá a algún empleado aún con manguitos y cierta dignidad profesional, pero que han acabado siendo auténticos nidos de estafadores. Impunes.

Leo milagrosamente en un diario –una noticia crítica en un diario es cada vez más un milagro laico; ahora lo normal es trabajar con la lengua, y no me refiero al idioma, sino a la lengua propiamente dicha que te permite ser gracioso charlista para amas de casa o tertulianos– el nacimiento del ocupa. No del okupa, de procedencia vasco-abertzale, joven que toma una casa vacía desde hace años. El nuevo ocupa es un señorito atorrante, que dirían en América, porque va con c. Ni siquiera asalta su casa, sencillamente le cambia la cerradura y se instala dentro. Luego usted debe negociar cómo lo saca. No cuente con la policía, porque al menos los Mossos consideran que forzar la puerta manipulada constituiría un allanamiento de la morada del delincuente. El genio del invento es un tal Bruno, sin apellido, la prensa no hará tal desaire a un delincuente, uruguayo. Suele escoger casas con piscina, dueños ausentes y esperar que le paguen, para volver a repetir la hazaña. Una sociedad que permite esto y la policía y los jueces se muestran graciosos y benevolentes sirve para imaginar qué harán con un dirigente de banca, un mafioso de la droga o un blanqueador internacional.

La transición diseñó una legislación para delincuentes; fue uno de sus éxitos más silenciados. Te daban el caramelo de la urna y al tiempo te concedían el derecho a militar en un partido que olía a pescado podrido. Baste como ejemplo el reciente fallecimiento de Joaquín Rivero, el pata negra del ladrillo, de la ganadería de Jerez de la Frontera. Societario del Club de los Constructores Medio Muertos, pero forrados: Luis Portillo, Jové, Fernando Martín, Rafael Santamaría, Díaz de Mera, el Pocero o Bautista Soler. Una sociedad que los plumillas denominan “los señores del ladrillo”. ¡Un respeto!
Me ha emocionado leer la necrológica de este “señor del ladrillo” que le ha dedicado el periódico más influyente. Se le recuerda cuando entró en la lista Forbes entre las mil personas más ricas del mundo. Léanlo, no tiene desperdicio y lo firma un tal Noceda, que precisa de este delincuente del ladrillo que pertenecía “a una familia prócer de Jerez (era primo de Teresa Rivero, esposa de José María Ruiz-Mateos)”. Ya lo saben, “prócer” consiste en estafar como RuizMateos vendiendo acciones por botellas de vino añejo. Ni los chalanes de mi niñez hubieran osado tales desvergüenzas.

Y sigue el plumilla, en otra frase sobre este “señor del ladrillo”: “La burbuja estalló sin que Rivero ni la mayor parte de sus colegas hubieran hecho los deberes”. O lo que es lo mismo, haber soltado amarras y pasarle el muerto a los ayuntamientos y a los ciudadanos. Ahora, a esto se le llama “hacer los deberes”. La Fiscalía Anticorrupción le acusó de información privilegiada. Se lo pasó por sus partes endurecidas de tanto montar a caballo por las dehesas. Lo que sí me gustaría saber es qué ocurría con la condena de cuatro años de cárcel que le impuso el Tribunal Correccional de París, con multa de 375.000 euros y una indemnización de 208 millones por malversación y blanqueo.

¡Ay, estos señores de Jerez! Desde que ganaron la guerra no han dejado de pensar que la vida es breve y la estafa un incidente. Otro prócer. ¡Tú vota, chaval, lo demás déjanoslo a nosotros! Llevamos toda la vida ocupándonos de eso. Ese fue el mayor éxito de la transición: que nos entendiéramos. Pero cada uno en su sitio.

La transición diseñó una legislación para delincuentes; fue uno de sus éxitos más silenciados.
 
Columnista habitual en el diario barcelonés La Vanguardia y amigo desde el principio del proyecto SinPermiso, fue un resistente político en el clandestino Partido Comunista de España bajo el franquismo. Periodista de investigación e insobornable crítico cultural, ha escrito libros imprescindibles para entender el proceso que llevó en España de la dictadura franquista a la Segunda Restauración borbónica. Su último libro: El cura y los mandarines (Madrid: Akal, 2014).
Fuente:
La Vanguardia, 24 de septiembre 2016

jueves, 6 de octubre de 2016

Primera sentencia que fija la indemnización de un interino por fin de contrato

  • El TSJ Madrid aplica por primera vez la reciente sentencia del TJUE que considera discriminatoria la legislación española, e indemniza con 20 días por año trabajado a una interina que llevaba siete años haciendo suplencias en el Ministerio de Defensa. Consulte la sentencia.
Patricia Esteban. - El Tribunal de Justicia de Madrid se ha pronunciado definitivamente sobre el caso por el que remitió una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que motivó una de las sentencias con más repercusiones de los últimos tiempos en materia laboral: el Estado deberá indemnizar a razón de 20 días por año trabajado a la interina que peleó por obtener una compensación por sus siete años de suplencias en el Ministerio de Defensa.

La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, de 5 de octubre de 2016 (LA LEY 128283/2016) , aplica por primera vez en nuestro país la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de septiembre de 2016 (LA LEY 111190/2016) en el asunto C-596/14, que declaró que los trabajadores interinos cuyas funciones se asimilan a las de un trabajador fijo tienen derecho a reclamar el pago de una indemnización por la finalización de su contrato, y por tanto, que las legislaciones que se opongan a ello son contrarias al Derecho de la UE, en referencia directa a la situación legal de los interinos en España, que no tienen derecho a indemnización al finalizar su contrato conforme al 49, apartado 1, letra c) del Estatuto de los Trabajadores.

La novedosa sentencia, que argumenta que no se puede discriminar en este caso a la trabajadora interina por el tipo de contrato suscrito, y que, por consiguiente, "tiene derecho a igual indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo", declara procedente la indemnización y la fija en los mismos términos que le correspondería por despido objetivo a un trabajador "fijo", esto es a razón de 20 días por año trabajado (según lo dispuesto en el artículo 53.1.b del Estatuto de los Trabajadores).

De esta manera, despeja el tribunal madrileño la duda respecto a qué tipo de indemnización correspondería en estos casos una vez que el Tribunal de Justicia de la UE había afirmado que se les trataba de manera discriminatoria. De ahora en adelante habrá que estar atento a futuras sentencias que resuelvan estos mismos casos y confirmen o no este criterio, o incluso a un eventual recurso de casación que pudiera fijar un criterio diferente.

El fallo del TJUE
La sentencia del tribunal europeo de 14 de septiembre, resuelve el supuesto planteado por el Tribunal de Justicia de Madrid examinándolo bajo el principio de no discriminación que preside el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura como Anexo en la Directiva 1999/70/C, en concreto en la cláusula 4, y que establece las condiciones mínimas para los contratos de trabajo de duración determinada y las relaciones laborales de este tipo. Manifestación del artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LA LEY 12415/2007) que prohíbe cualquier discriminación.

Analizando el supuesto, contesta a las cuestiones planteadas por el TSJ de Madrid que nuestra legislación vulnera el Derecho de la UE al denegar cualquier indemnización por finalización de contrato al trabajador con contrato de interinidad, mientras que permite la concesión de tal indemnización, en particular, a los trabajadores fijos comparables.

Ello es así porque el mero hecho de que el trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización.
Algunos expertos en derecho laboral han afirmado que la sentencia del tribunal europeo no solo establece la ilegalidad de la diferencia de trato con respecto a los interinos, sino que va más allá, al argumentar que la discriminación se aplica a cualquier contrato temporal.

Los argumentos de la sentencia
El TSJ de Madrid toma de referencia la sentencia del tribunal europeo para afirmar que, en el supuesto enjuiciado: "hemos de estar a la misma y concluir que no se puede discriminar a la actora en cuanto a la indemnización por la extinción de la relación laboral, como consecuencia del tipo de contrato suscrito y, por consiguiente, tiene derecho a igual indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo comparable de extinguirse su contrato por otra causa objetiva".

Entre los argumentos dados por la Sala de lo Social, el de la primacía del derecho de la Unión Europea pues, siendo la "siendo la Directiva 1999/70 (LA LEY 7675/1999) directamente aplicable tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo en sentencia de Pleno de 8-6-2016, nº 497/2016, rec. 207/2015 y habiendo efectuado el Tribunal Europeo la interpretación que se ha transcrito del precepto citado"
Como recuerda la sentencia de referencia del TJUE, el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado.

Pues bien, según la Sala de lo Social del TSJ Madrid, existen evidentes razones para afirmar la igualdad en los términos de comparación entre el trabajo desarrollado por la actora, con contrato de interinidad, respecto de la trabajadora a la que ha venido sustituyendo "y así lo ha apreciado el citado Tribunal que lo afirma en el apartado 44 de la sentencia", "habida cuenta de que el puesto de trabajo es único y por tanto son idénticos la naturaleza del trabajo y los requisitos de formación y lo han de ser todas condiciones laborales y, entre ellas, la indemnización por cese".

Por ello, considera la Sala que en esta situación, la interina tiene derecho a igual indemnización que tendría un trabajador fijo comparable por la extinción de su contrato por causas objetivas, esto es veinte días por año de trabajo, según lo dispuesto en el artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores.
Causa análoga a las que el artículo 52 del ET denomina "causas objetivas"

La cuestión sobre qué tipo de indemnización le corresponde al interino que realiza un trabajo análogo al indefinido y que tras un periodo de años haciendo suplencias es despedido, extinguiéndose su contrato debido a la reincorporación de la persona a la que sustituye, es abordada por la Sala asimilando estos casos al del despido por razones objetivas de un trabajador indefinido.

El TSJ explica que la extinción del contrato en este caso fue por una causa objetiva (al volver la trabajadora que estaba sustituyendo), "con una estructura causal análoga a las que el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores denomina causas objetivas".

Así lo señala la Sala al afirmar que: «en el caso de la actora nos encontramos en un supuesto de temporalidad con "tempus" no acotado y de previsibilidad incierta hasta el extremo de que la duración del contrato se ha extendido a más de siete años, acaeciendo la extinción contractual en virtud de una causa objetiva -en el sentido de no reprochable al trabajador ni dependiente de la mera voluntad empresarial- con una estructura causal análoga a las que el artículo 52 del ET denomina "causas objetivas", en cuanto a su través se evidencia la necesidad productiva de extinguir una relación laboral.»

Subraya el tribunal que no se trata solo de que las causas del artículo 52 citado sean aplicables al contrato de interinidad -que lo son- "sino que la causa extintiva que se ha aplicado, conforme a la ley española, a la actora, negándole así cualquier derecho indemnizatorio". Entiende el tribunal que en caso de que su contratación no fuera temporal siempre tendría, al menos, un derecho indemnizatorio de 20 días de salario por año trabajado si en la empresa "se produjera la situación de exceso de trabajadores en relación con los puestos de trabajo reales desde la perspectiva de la productividad mercantil".

Esta calificación no queda alterada, según la Sala, por el hecho de que el demandado no hubiera puesto a disposición de la actora la indemnización que le corresponde, lo que es absolutamente excusable dados los términos de la norma nacional que el TJUE ha considerado se opone a la europea de aplicación.

sábado, 1 de octubre de 2016

El consejero de Educación es un ignorante supino o actúa de mala fe



Las declaraciones del consejero de Educación del Principado que publican hoy algunos medios de comunicación, de que "prevé recurrir el fallo que facilitará a los interinos cobrar el plus”, solo pueden ser fruto de la ignorancia supina o de la mala fe. Porque el titular de esa consejería  debería saber - y si no lo sabe, ser más prudente antes de sacar la lengua a pacer - que el Derecho comunitario debe ser aplicado obligatoriamente por los Tribunales españoles tal y como ha sido interpretado por el TJUE, con preferencia al derecho interno, porque si no lo hicieran, incurrirían en una resolución arbitraria lindante con la prevaricación.

Así lo ha recordado el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 5 de noviembre de 2015, en la que se califica como arbitraria una resolución judicial que se separó de la interpretación del Derecho comunitario realizada por el TJUE, vulnerando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente protegida como derecho fundamental por el artículo 24.1 de la Constitución.

Por tanto, el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 1 de Oviedo, que planteó la cuestión prejudicial ante el TJUE, debe aplicar escrupulosamente, sin ningún margen de maniobra posible, la interpretación establecida en el Auto del TJUE del pasado 21 de diciembre, conforme a la cual el Plan de evaluación de la función docente del Principado de Asturias y el incentivo que se deriva de ella, en caso de evaluación positiva, es contrario al Derecho comunitario por excluir injustificadamente a los profesores interinos

Como lo tendrá que hacer, de ahora en adelante, cualquier otro juzgado o tribunal español ante el que se plantee una cuestión idéntica. En consecuencia, el recurso que anuncia el consejero de Educación carece del mínimo sentido jurídico y no es más que una rabieta de mal perdedor, al que pillaron en un soberano renuncio.

Solo por atreverse a cuestionar la interpretación del TJUE, anunciando un futuro recurso totalmente inviable desde el punto de vista jurídico, D. Genaro Alonso debería dimitir, o ser cesado, de forma fulminante. Su falta de respeto a los derechos de los interinos e interinas de larga duración son causa sobrada para ello.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies reitera que la interpretación dada por el Auto del TJUE de 21 de septiembre abre la puerta al cobro del complemento salarial de "carrera profesional" a miles de interinos de la educación, de la sanidad y del resto de los sectores administrativos, con cinco o más años de antigüedad.