Arbitrariedad y desatino en el criterio de puntuación del turno de promoción interna en las oposiciones de Administrativo del Principado

Mediante la resolución de 12 de febrero de 2018, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, publicada en el BOPA de 20 de febrero, fueron convocadas las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Administración del Principado de Asturias.

En dicha convocatoria se ofertaron 30 plazas para el turno de promoción interna (27 correspondientes a plazas del turno ordinario más 3 correspondientes a personas con discapacidad) y 32 para el acceso libre (26 correspondientes a plazas del tuno ordinario más 6 correspondientes a personas con discapacidad).

En la convocatoria (bases 1.2 y 1.3) se estableció que el proceso selectivo se realizaría mediante el sistema de concurso-oposición para todos los turnos convocados y que las plazas que no se cubran por el turno de promoción interna ordinario no serían objeto de acumulación a las convocadas por el turno libre ordinario,

En cuanto al desarrollo de los ejercicios, las bases de la convocatoria establecieron que la primera prueba consistiría en contestar por escrito un cuestionario de 80 preguntas que sobre las materias del programa. Las 60 primeras preguntas corresponderían a los bloques II), III) y IV) del programa y las 20 últimas preguntas sobre el bloque I) quedando los aspirante que accediesen por el turno de promoción interna exentos de la realización de las 20 últimas primer ejercicio. Esto es, el ejercicio sería idéntico para ambos turnos sólo que a los aspirantes del turno libre se les puntuaría sobre 80 preguntas y a los de promoción interna, al eximírsele la contestación de las 20 preguntas correspondientes al bloque I del temario –Derecho Constitucional y Organización Administrativa-, se les puntuaría sobre 60 preguntas, valorando “en positivo” cada pregunta correctamente, no valorando la pregunta no contestada y penalizando cada pregunta con contestación errónea “ con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta”

La Base Séptima de la Convocatoria, repitiendo la fórmula estereotipada que permite discrecionalmente variar los criterios de superación de la nota de corte en función del criterio de los Tribunales de Selección, estableció lo siguiente:

 “Esta prueba –primera- se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo de 10 puntos.

 Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección deberá informar en la carátula del cuadernillo de examen, de los criterios para el establecimiento de la nota de corte que se exigirá para la superación de la prueba, bien en función del número de aciertos netos, bien en función del número de aspirantes por plaza ofertada, o bien en conjunción de ambos criterios objetivos. Estos criterios podrán ser distintos para el turno libre y para el turno de promoción interna”.

Las calificaciones de la primera prueba de esta oposición arrojaron un sorprendente resultado para los aspirantes del turno de promoción interna ordinario: de los cientos de aspirantes, todos/as funcionarios de carrera auxiliares administrativos que aspiraban a promocionar a través de este proceso selectivo, únicamente superaron la primera prueba 13 personas, quedando desiertas ya en esta primera fase 13 plazas ofertadas a la promoción y sin posibilidad de acumulación al turno libre.

Ello choca con el resultado del turno libre: más de 300 aspirantes superaron este primer examen. ¿Qué había ocurrido? ¿Se habían esforzado menos los aspirantes del turno de promoción interna frente al turno libre? ¿Son menos capaces los funcionarios de carrera que aspiraban a la promoción frente a otros aspirantes?.

La respuesta se encuentra en la absurda decisión del Tribunal de Selección de esta oposición, estableciendo arbitrariamente una nota de corte desigual y desproporcional para ambos turnos: mientras que el número de respuestas netas para superar la oposición en el turno libre fue de 47,67 respuestas correctas sobre 80 respuestas posibles (porcentaje equivalente al 58,75 % de aciertos), al turno de promoción interna se le exigieron 49 respuestas correctas sobre 60 respuestas posibles (porcentaje equivalente al 81,66 % de aciertos).

Todo un desatino arbitrario, por la ausencia total y absoluta de motivación,  que vulnera la doctrina jurisprudencial sentada recientemente por el Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de diciembre de 2017, en la que claramente se dice (fundamento de derecho quinto):

"De modo que, desde un punto de vista conceptual, o de la formación criterios jurisprudenciales, lo que se declaró, en ambas sentencias, es que no pueden establecerse diferencias de trato en función de los distintos turnos de acceso, salvo que medie una justificación razonable y convincente. Y esa igualdad en el acceso a la función pública comporta que dichas limitaciones no sean exigibles en ningún turno o se exijan en todos, pues lo que resulta contrario al mandato del artículo 23.2 de la CE es la diferencia de trato que no aparece justificada por la Administración en el momento oportuno, es decir, cuando se establece dicha limitación. Sin que pueda considerarse que la justificación pueda esgrimirse por la Administración en sede jurisdiccional, cuando ya se ha abocado a un proceso judicial, y se encuentra incurso en el mismo”

Y una muestra palpable de la incompetencia de los Tribunales de Selección de Personal en esta Administración y los oscuros criterios para elegir a los miembros de los mismos.

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies animamos a los aspirantes que hayan participado en el turno de promoción interna a impugnar en vía contencioso – administrativa este dislate

Capitalismo de la vigilancia y apropiación de datos personales

Posted by Julio González | Ene 4, 2019
 www.globalpoliticsandlaw.com

Del capitalismo financiero al capitalismo de la vigilancia y la apropiación de datos: un nuevo espacio de no derecho

En su reciente libro The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for the Future at the New Frontier of Power, Shoshana Zuboff plantea las consecuencias de la revolución digital en el propio capitalismo, que considera hackeado. Un libro del que hemos teñido ciertos avances en los últimos años, especialmente el artículo publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un debate importante en el comienzo de la cuarta revolución industrial.

El concepto de surveillance capitalism no es suyo. Lo podemos encontrar en un largo artículo de 2014, en donde se inserta como un elemento de dominación política estadounidense: Monopoly-Finance Capital, the Military-Industrial Complex, and the Digital Age, de Foster y McCheiney. Lo que sí es de esta profesora de Harvard es su aplicación a un ámbito concreto, el relativo al gran hermano con el que convivimos.

¿Qué es el capitalismo de la vigilancia y la apropiación de datos? Se podría definir como una forma de acumulación de la riqueza a través de la explotación económica de los datos captados de forma gratuita mediante la monitorización inconsciente de las personas, sus movimientos y comportamientos, tanto en el mundo físico como en el virtual.

La digitalización ha provocado un nuevo paso en la evolución del capital, paso que se ha dado cuando el capitalismo financiero sigue gozando de buena salud: es el capitalismo de la vigilancia, el practicado con nuestros datos personales por las grandes compañías tecnológicas, que siguieron la senda abierta por una de ellas: Alphabet, entonces denominada Google y que ha dado lugar a una parasitaria forma de acumulación de la riqueza.

En el año 2003 marcó la senda del actuar actual: crear perfiles de los usuarios de su buscador y, a través de ellos, generar anuncios publicitarios personalizados para cada uno de nosotros. Eso que percibimos cuando buscamos algo en Facebook, Amazon o Google, por citar las tres más activos, plataformas en las que somos cosidos a anuncios relacionados con aquello sobre lo que tenemos interés.

La utilización de la inteligencia artificial sirve para crear bases conductuales de cada uno de nosotros. Conocen nuestros gustos gastronómicos, turísticos, literarios, cinematográficos o sexuales solo porque hemos buscado algo relacionado con ello. Sencillo y brutal, en la medida en que incluso sin dar datos explícitos se puede descubrir aquello que puede ser de nuestro interés. Más aún cuando los nuevos dispositivos, los famosos asistentes, parecen “ayudar” a satisfacer estas necesidades, en cuya resolución hay tanto conocimiento como predicción de lo que quiere el usuario.

La consecuencia de ello es de extraordinaria importancia. Más que en ningún otro momento de la historia existe la capacidad por parte de las empresas de dirigir la vida del ciudadano, sus compras, sus lecturas, sus gustos. El llamado de internet de las cosas proporcionará el cerramiento del círculo, ya que le dotaremos de nuestros horarios, hábitos diarios, en definitiva, por comodidad, perderemos capacidad de decisión frente al ojo que todo lo ve; ese ojo que tiene acceso a nuestra vida porque nosotros se lo hemos cedido. Piense que variantes de Android estará en el reloj, el termostato, el sintonizador del televisor, el asistente personal o cualquier otro aparato que imaginemos.

Hoy ya estamos viviendo el comienzo de esta revolución. Google sabe cuánto tiempo está la gente en cada negocio… sólo porque los que llevan un móvil equipado con Android permiten la remisión masiva de esta información a los servidores de la compañía. Es la consecuencia de que cuando cada uno de nosotros abre una cuenta en Google se somete a esta cláusula: “Al subir, almacenar o recibir contenido o al enviarlo a nuestros Servicios o a través de ellos, concedes a Google (y a sus colaboradores) una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear obras derivadas (por ejemplo, las que resulten de la traducción, la adaptación u otros cambios que realicemos para que tu contenido se adapte mejor a nuestros Servicios), comunicar, publicar, ejecutar o mostrar públicamente y distribuir dicho contenido. Google usará los derechos que le confiere esta licencia únicamente con el fin de proporcionar, promocionar y mejorar los Servicios y de desarrollar servicios nuevos. Esta licencia seguirá vigente incluso cuando dejes de usar nuestros Servicios (por ejemplo, en el caso de una ficha de empresa que hayas añadido a Google Maps)”.

Después de leerla, sincérese ¿Era consciente? ¿Son conscientes los centros educativos que han recibido el regalo de esas cuentas gratuitas de Google? ¿Sabemos cómo pueden dirigir nuestras vidas y que pueden hacer con la información que estamos facilitando de forma gratuita?

Y ello por no hablar de la interrelación entre Facebook y Google, mostrada en el informe que afirma que más del 60% de las aplicaciones descargables desde Google Play remite automáticamente información a Facebook desde el propio instante de instalarse. Datos que son catalogables como sensibles. Google y Microsoft suscribieron, tal como nos contó The Guardian, un pacto para la protección del surveillance capitalism.

Sí, hablo de dirigir vidas. Hablo del nudge, estos impulsos a ciertos comportamientos que se están poniendo tan de moda que han llegado hasta al Derecho administrativo. Hablo de la aplicación de la neurociencia para tratar los datos extraídos de nuestros dispositivos.

Vidas cuyos comportamientos corren el riesgo de ser examinados por el gran hermano. ¿Sabemos dónde han ido los datos de e-commerce del año pasado? ¿Sabemos si a través de ello se puede articular un perfil con trascendencia para nuestra evolución laboral? En China el social score está funcionando, al igual que ciertas variantes de de control social se utiliza en los tribunales estadounidenses o en las entidades financieras en donde existe una evaluación global de riesgo dependiente de los hábitos. Seguro que ahora recuerda aquello que envió a través de Gmail en un momento de exaltación de la amistad y que ahora le avergüenza.

Es un ámbito de no derecho, una idea con la que juegan Eric Schmidt (presidente ejecutivo de Alphabet/Google) y Jared Cohen en su libro “The New Digital Age”: “the online world is not truly bound by terrestrial laws…it’s the world’s largest ungoverned space.” No es exactamente así, pero las consecuencias se parecen mucho como consecuencia de la flexibilidad de ciertos ordenamientos y la extraterritorialidad que requiere soluciones drásticas para romperla.

La extraterritorialidad con la que juegan las grandes compañías con respecto a Europa deja con poca fuerza el Reglamento General de Protección de Datos que con tanto cuidado aplican las compañías nacionales por miedo a las sanciones. El mundo virtual vive de las reglas de cada país donde se ubique y hay muchos territorios en los que la percepción sobre el impacto de la vigilancia sobre nuestros datos, nuestra vida, no es ni de lejos parecida a la de los europeos.

Es fácil decir que nuestras normas dificultan el desarrollo. Es un mantra que se oye para fomentar la desregulación cuando lo más necesario es intervenir. Sería más atinado decir que esas disposiciones actúan (intentan actuar, sería más correcto) como freno frente al abuso de este capitalismo de vigilancia, que nos vigila a diario y sin darnos cuenta. El problema está que nuestras empresas también se deslocalizan en paraísos normativos (y fiscales) para beneficiarse de ser un agente del capitalismo de vigilancia.
Si la tenencia de mecanismos de vigilancia del usuario está al alcance de muchos, el problema es especialmente grave cuando hablamos de Microsoft, Google, Facebook o Amazon (recordemos que Apple mantiene que “lo que está en el iPhone se queda en el iPhone”, como publicidad de sus estrictas reglas de privacidad) Y con ellos habría que incluir aquello sobre lo que alcanza la cada vez más larga mano del capitalismo de Estado chino y que ahora preocupa en Estados Unidos por lo que pueda hacer Huawei (muchos de cuyos dispositivos utilizan Android, por cierto). Lo es especialmente por cuánto que su tamaño y su ámbito es demasiado grande, ya que sobre todo la primera está vinculada a todos los ámbitos en los que se utiliza un dispositivo que utilice sus plataformas. Las interconexiones y cruces de información entre sus diversos sectores de actividad resulta especialmente preocupante.

Parece que ha llegado el momento de plantearse la necesidad de trocearlas en aras del interés general. La solución parece drástica pero el poder de estas compañías es tan grande que sólo su división permitirá sentar las bases para un uso más racional de los datos personales. La proliferación de dispositivos genera un incremento de las posibilidades de captación de datos de forma gratuita para el operador. Si se dispone del sistema, del buscador de información y del dispositivo se controla todo lo relevante del individuo.

Aunque, como en el bolero de Ravel, cuando se haya alcanzado un consenso de protección de derechos, el riesgo comenzará por un cambio de acordes. El capitalismo se transforma, es una constante que añade nuevos actores a la lucha de clases con la que empiezan Marx y Engels el Manifiesto del Partido Comunista. Aquí tendríamos a los usuarios de los dispositivos y a los creadores de la tecnología. Es una historia interminable.

Cacicada con silencio sindical en la convocatoria de pruebas selectivas para el Cuerpo de Gestión de la Administración del Principado de Asturias.

El pasado día 2 el Boletín Oficial del Principado (BOPA) publicaba la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administración del Principado de Asturias.

De acuerdo con la base segunda, la convocatoria tiene por objeto la provisión de 41 plazas del Cuerpo de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, en turno de acceso libre y de promoción interna, en régimen de funcionario/a de carrera, de las cuales 16 (9 de promoción interna y 7 de acceso libre) corresponden a la Oferta de Empleo Público aprobada en el año 2016 y 25 (10 de promoción interna y 15 de acceso libre) a la aprobada en el año 2017.

La sorpresa desagradable llega cuando comprobamos que en la Oferta de Empleo Público del año 2017, publicada en el BOPA de 18 de diciembre de 2017, no se aprobaron 25 plazas para el Cuerpo de Gestión, sino un total de 40 plazas (30 de acceso libre y 10 de promoción interna), por lo que la convocatoria del pasado día 2 escamotea y hurta 15 plazas, que se excluyen ilícitamente del proceso selectivo.

La explicación de esta discrepancia de cifras la ofrece la propia resolución de convocatoria, cuando señala que “por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público de 10 de diciembre de 2018 se ordena la segregación de las plazas correspondientes a los puestos de orientadores del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2017 dentro del cupo general de personal funcionario de nuevo ingreso del Cuerpo de Gestión”.

Esta autodenominada “segregación” de los puestos de orientadores del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias es una decisión a todas luces ilegal, ya que se efectúa a través de una resolución que ni siquiera fue objeto de publicación en el BOPA y que, en todo caso, vulnera el Acuerdo sobre la Oferta Pública de Empleo aprobado por el Consejo de Gobierno el 14 de diciembre de 2017. Por ello la reducción del número de puestos de trabajo de las plazas del Cuerpo de Gestión en la convocatoria de selección sólo puede calificarse como una cacicada en toda regla, que atenta contra el derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas a acceder a esos puestos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

Asombra, asimismo, que ningún sindicato del sector autonómico haya efectuado objeción alguna a este recorte ilegal, limitándose a representar un mero papel de “ecos repetidores” de la publicidad institucional ya brindada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Por ello, desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies y, ante el silencio sindical frente a esta maniobra claramente ilegal, animamos a todos los afectados y afectadas por esta decisión a denunciarla públicamente y a ejercer las acciones judiciales procedentes en defensa de sus derechos.

La Oferta de Empleo Público no puede ser un juguete de plastilina que se estire o encoja a capricho de los responsables de la Función Pública del Gobierno del Principado.

¡Basta ya de caciques y cómplices!

Lo que no quieren que se discuta sobre el secreto profesional de los periodistas

El derecho a recibir información veraz se viola desde muchos medios sin que nadie ponga el grito en el cielo. Y muchas veces por parte de aquellos que ahora apelan al secreto profesional, ese que no querían legislar

Más de cien periodistas se concentran en Madrid por el secreto profesional EFE

Pascual Serrano 

15/12/2018

www.eldiario.es/zonacritica

La decisión de un juez, con el apoyo del fiscal, de intervenir los teléfonos móviles y los ordenadores de dos redactores del Diario de Mallorca y de Europa Press en el marco de la investigación de una presunta trama de corrupción en torno al empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach, ha despertado una ola de indignación en la prensa. Incluso la Asociación de la Prensa de Madrid ha homologado el secreto profesional al derecho a la información.

Editoriales, analistas jurídicos y asociaciones de la prensa han coincidido en considerar una ilegalidad esa decisión judicial. La tesis es que esa incautación supondría vulnerar el derecho que tiene el periodista a ocultar sus fuentes como modo de garantizar que pueda seguir informando a la sociedad sin ponerlas en peligro.

Sin embargo, creo que hay muchos elementos a analizar y reflexionar.

1. La cobertura legal del secreto profesional se fundamenta en que el artículo 20 de la Constitución señala en su apartado 1.d que “La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. El problema es que la ley sí ha regulado la cláusula de conciencia, pero no el secreto profesional, ni siquiera lo ha definido. Durante años los lobbys de la comunicación, empresas y periodistas se han estado negando a que se legisle sobre su profesión, sabedores de que la ausencia de normativas les permitía no mejor periodismo, pero sí más poder. Así, tenemos a Juan Luis Cebrián en 1994 diciendo que “una ley que regule el ejercicio del derecho a informar, nos parece siempre una amenaza, porque lo que nos parece es que lo que va a regular es cuando el secreto vale y cuando no vale (…) una ley sobre el secreto profesional nos da la sensación de que lo que va a ser es una ley contra el secreto profesional (…)”. Los empresarios del periodismo han logrado sembrar el mantra de que “la mejor ley de prensa es la que no existe” y apelar a sus códigos éticos y deontológicos como único límite. Es en esos códigos, como el caso del Estatuto de Redacción de El País, donde han metido que: «Ningún redactor ni colaborador podrá ser obligado a revelar sus fuentes». ¿Esperaban que los jueces también se sintiese obligados a cumplir el estatuto de redacción del periódico?

Lógicamente, ante este vacío legal no puede haber forma de impedir que una orden judicial ordene la incautación del ordenador o el móvil de un periodista, como no impide la incautación del ordenador de un presidente o un ministro.

Curiosamente, ese mismo apartado 1.d del artículo 20 de la Constitución señala que “[Se reconocen y protegen los derechos] a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Precisamente, el derecho a recibir información veraz se viola desde muchos medios de comunicación todos los días sin que nadie ponga el grito en el cielo. Y muchas veces por parte de periodistas y medios que ahora apelan al artículo 20 para reivindicar el secreto profesional, ese que no querían que se legislara.

2.- En el caso de Palma no sabemos si lo que busca el juez es identificar una fuente u otra cosa. Sabemos que el magistrado abrió una pieza separada dentro del caso Cursach a raíz de la filtración de un informe elaborado por el grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional. En él se apuntaba a un posible fraude fiscal de 65 millones de euros y se advertía de la implicación de 18 personas. Quizás ahora el juez busca más información de delitos a la que hubieran tenido acceso los periodistas y no la justicia. Es oportuno aclarar que el secreto profesional no le avala al periodista para ocultar a la justicia información diferente de la identificación de la fuente, e incluso se mantiene la obligación de comunicar el conocimiento de cualquier delito cometido o tramado. Es algo similar al derecho del abogado a la confidencialidad de sus comunicaciones con sus clientes: si el juez considera que esa comunicación se utiliza para cometer un delito, ordena su interceptación sin que sea objeto de discusión. Preguntar en un interrogatorio por la fuente a un periodista sí que podría justificar, sin pocas dudas, que el periodista se negara a decirla en aras de su secreto profesional, pero no sabemos si era eso lo que buscaba el juez en esta ocasión.

3.- Quedaría definir quién es periodista, dado que en España ni se exige un título para ejercer la profesión ni existe un colegio de obligada inscripción. El Tribunal Constitucional en la Sentencia 6/1981 se refiere a los titulares como “aquellos que hacen profesión de la expresión de noticias y opiniones y son actores destacados en el proceso de la libre comunicación social”. Podría ser cualquier analista de opinión, incluso un político o un sindicalista. Todos ellos podrían tener unas fuentes que les proporcionaran una información que después usaran para una denuncia pública, en medios o en otros foros. ¿Se ha planteado alguna vez el secreto profesional para ellos? Por otro lado, el ejercicio del derecho a informar es el mismo para todos los ciudadanos, por lo que las garantías del mismo también deberían ser las mismas.

4.- Reivindicamos el secreto profesional para no identificar a los filtradores, pero ¿por qué no defendemos también a los filtradores? ¿por qué no planteamos garantías y coberturas legales para los que quieran denunciar ilegalidades o corrupciones en sus empresas o instituciones? Manning, Snowden o Falciani están siendo perseguidos o acosados. Quizás habría que pensar en protegerlos de forma directa y no solamente mediante la ocultación de su identidad.

5.- Y por último. ¿Y si quien le exige la identificación de las fuentes al periodista es su jefe? En teoría podría negarse, pero todos sabemos cómo funciona el mercado laboral: podría ser despedido. ¿Qué ha pasado ahora con el derecho constitucional al secreto profesional?

Creo que el asunto es más complejo de cómo lo están abordando los medios. Tanto consenso, tanta unanimidad en los análisis, no es bueno; sobre todo si se dejan estos elementos en el camino, quizás porque si se ponen sobre la mesa no consigan el mismo consenso entre los ciudadanos o aparezcan otras reflexiones que no interesan. Aprovechemos lo sucedido para profundizar algo más.

Diario de una denunciante de la corrupción

Blog Hay Derecho

5 diciembre, 2018

Esta mañana me desperté sobresaltada. Había tenido una pesadilla onírica en la que me veía rodeada de chinos colocando montañas de billetes en el mostrador de la entidad bancaria en la que trabajaba y mi jefe diciéndome que pidiera más furgones de traslado de fondos. Por Dios, que sensaciones de angustia y desasosiego. Pero al volver a la realidad me di cuenta que no era un sueño, ni una realidad paralela, era mi mundo real. Decía Bertolt Brecht que no hay mayor delito que fundar un banco.

No sabía si las pesadillas eran producto de mi obsesión tras la desagradable experiencia vital y profesional, al haber denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a la entidad financiera en la que trabajaba desde 2006 por blanqueo de capitales junto a una mafia china o por un exceso de lectura algún ensayo sobre la Historia de la Corrupción en España, ilustrándome con un pequeño libro del historiador Santos Madrazo titulado “Estado débil y ladrones poderosos en la España del siglo XVIII. Historia de un peculado en el reinado de Felipe V”. Me quedé con la duda si el contenido se refería al reinado del primer rey Borbón o a la España de su actual sucesor el rey Felipe VI. No ha cambiado nada, era como leer las noticias de cada día en el móvil.

El caso es que, tras la lectura del libro, en mi última visita al Recinto Ferial de Ifema, recordé que los terrenos sobre los que pisaba fueron el rédito obtenido en uno de los mayores casos de corrupción en la España del siglo XVIII: la finca del Olivar de Hinojosa, en referencia Nicolás Gómez de Hinojosa, Tesorero General de Hacienda con Felipe V, que se hizo con ellos robando al erario público.

Aunque otro contemporáneo le dejaba en paños. Miguel Fernández Durán, Marqués de Tolosa, Ministro de Guerra, Marina e Indias también con Felipe V al que detuvieron en 1721. Que raro, ¿ sería un ajuste de cuentas entre nobles ? La cosa no tiene gracia. Murieron en los hospitales de Andalucía cuatro mil soldados españoles ( está documentado ) que estaban destacados en el norte de Africa, enfermando porque el marqués hacia negocios corruptos comprado víveres en mal estado para las tropas al Carrefour local de la época, un tal Juan Prieto, el mayor distribuidor de comida en la Corte.

Soy abogada, exempleada de Banca con 18 años de experiencia en el sector financiero y denunciante/testigo de corrupción ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha presentado querella, contra la entidad Bantierra, Caja Rural de Aragón ( antes Caja Abogados ), incluyendo a una serie de directivos y empleados que actuaban junto a una organización criminal china, blanqueando capitales por millones de euros a través de operaciones hipotecarias y cambio de billetes en efectivo. Me habían forzado a la comisión de delitos y me opuse, pero seguí el procedimiento de denuncia regulado por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

En teoría estaba protegida por esta ley de prevención de blanqueo de capitales que obliga a toda autoridad o funcionario a protegerme frente a cualquier amenaza o acto hostil. No se confundan es todo falso, excepto por la actuación de los fiscales anticorrupción que cumplen con excelencia su misión de velar por el principio de legalidad.

No le arriendo las ganancias al que ocupe el cargo, si algún día llega, de Autoridad Independiente de Integridad Pública, figura que contempla la Ley Integral de la Lucha contra la Corrupción y Protección de denunciantes que se tramita en el Parlamento. Pero no hay que tirar la toalla, el pasado 20 de noviembre el Parlamento Europeo aprobó en votación la Directiva de Protección de Denunciantes y ya veremos como se traspone a través de Decreto ley.

Era una persona risueña, dispuesta a ayudar a aquel que lo necesitara, pero este Estado de amiguetes, igual que sucede en el capitalismo de amiguetes, se ha encargado de destrozarme la vida, estigmatizarme y arruinarme económicamente. No protege al denunciante de corrupción. Observen la trasposición que se ha hecho de la Quinta Directiva Europea en materia de protección de denunciantes del área financiera y compárenla con el nuevo texto modificado de la Ley 10/2010. Se han dejado párrafos por el camino. Es un sistema jurídico garantista con los presuntos e implacable con las víctimas y denunciantes, que como no han cometido delitos no quedan sujetos a la presunción de inocencia. Debiera aplicarse el principio In dubio pro testatum corruptionem.

Como sucede en la institución total del sociólogo Erving Goffman, pero en streaming abierto, los chivatos, al igual que sucede en las prisiones, en España lo pagan caro. Solo que yo no era una chivata. La Ley 10/2010 como empleada del sector financiero me requeria una serie de obligaciones que cumplí escrupulosamente, entre ellas denunciar indicios de delitos y lo pagué con el acoso, el despido y la desprotección del Estado.

Soy una víctima de este Leviatán hobbesiano en una sociedad compuesta por jueces, funcionarios, empresas, políticos o bancos, que han logrado destruir mi vida y la de mi familia. Padezco una amenorrea secundaria que me ha impedido tener hijos con mi pareja y una depresión de caballo, que se agudiza, cuando acudes a una entrevista de trabajo y les explicas lo que te ha sucedido. Te echan para atrás. Estoy sin trabajo, y en proceso de búsqueda activa, a pesar de mi excelente curriculum y de ser Experta Externa en PBC/FT inscrita en el Sepblac y analista en Compliance/Cumplimiento Normativo. No existe empatía social para el denunciante de corrupción ni solidaridad. Nuestro país es solidario con la acogida de los inmigrantes, pero no perdona que denuncies la corrupción. Es como el cuadro de Goya “Saturno devorando a su hijo”, el artista conocía bien a nuestros propios demonios familiares, y debes ser, como en la película de Martin Scorsese sobre mafiosos, “ Uno de los nuestros “.

Creo que solo existe una institución del Estado que se salva de la quema, y esa es, lo reitero, la Fiscalia Anticorrupción, que necesita más fiscales y medios, directamente proporcionales al esfuerzo y al volumen de casos de corrupción en nuestro país.  Recientemente su Fiscal Jefe, Alejandro Luzón, hablaba en unas jornadas de la lacra que supone la desprotección de los denunciantes de corrupción. En EEUU pagan a los denunciantes de corrupción, aquí si te despistas acabas en la cárcel y arruinado, por eso España es el único país de la OCDE que carece de una legislación de protección de denunciantes. ¿ Cambiaria la recordada cantante Cecilia la letra de su querida España, si hubiera conocido la realidad social actual?

Tras iniciar el periplo judicial, enseguida me percaté porqué la actual estructura jurídica del Estado desprotege a los denunciantes de corrupción. Si no son determinados jueces, del resto ya se encargan otros funcionarios, como Inspectores de Trabajo o Letrados de la Administración de Justicia. ¿ Pero en manos de quienes estoy? Y dicen que lo que ha sucedido en el Tribunal Supremo es un caso aislado entre los miembros de la carrera judicial. La potestad jurisdiccional no puede ser una patente de corso del siglo XXI. Del Defensor del Pueblo, sin comentarios, y hablo de asuntos que no están sub iudice, en la esfera de sus competencias.

Es un Estado de favores y amiguetes, como comentaba anteriormente. El Gobierno, de cualquier signo político, podría acometer más medidas a golpe de Decreto ley, pero teniendo en cuenta el retraso de las trasposiciones de Directivas Europeas, suena a quimera. En resumen, el Estado consigue que acabes con patologías de salud por defender derechos, y cuando reclamas que se considere tu situación psicofísica por accidente laboral como denunciante de corrupción, tras un año de espera, te dicen que la etiología u origen de tu estado de salud se debe a asuntos familiares de cuando murió tu abuelo. Eso que yo contaba con el informe de un médico forense y el del Servicio de Atención a la Víctima adscrito al Decanato de los Juzgados de lo Penal de Madrid, donde continúo supervisada, gracias a que acudí voluntariamente, que aseveraban el origen laboral de mi trastorno.

Este es mi estado emocional de decepción, inseguridad y desconfianza en el sistema, aunque se que cuento con el respeto y la ayuda de muchos ciudadanos de bien.