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jueves, 18 de octubre de 2018

Concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos.



RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2018, de la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se convoca concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos.

La Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.2 i) y 50.7, de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, y al amparo de la delegación otorgada en el artículo Primero a) de la Orden PRE/1004/2015, de 13 de noviembre, por la que se delega el ejercicio en determinadas competencias en materia de función pública (Boletín Oficial de Castilla y León de 18 de noviembre de 2015),
 
RESUELVE
Convocar concurso de méritos de carácter abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera de los Cuerpos y Escalas de Administración General y Especial determinados en los artículos 31 y 32 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, cuya forma de provisión es concurso ordinario, de acuerdo con el régimen establecido en los artículo 48 y siguientes de la citada Ley 7/2005, de 24 de mayo, y en el Reglamento General de ingreso del personal y de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 67/1999, de 15 de abril, y que se desarrollará conforme a las siguientes
 
BASES

Primera.– Objeto y periodicidad del concurso.
1. Es objeto de este concurso de méritos abierto y permanente la provisión de todos los puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera de los Cuerpos y Escalas de Administración General y Administración Especial determinados en los artículos 31 y 32 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, cuya forma de provisión es el concurso ordinario, conforme a las relaciones de puestos de trabajo de las consejerías y organismos autónomos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

2. Serán objeto de oferta para su provisión mediante resolución anual de este concurso, en una única fase, los puestos de trabajo que, a fecha 1 de octubre de cada año, no tengan titular y no se encuentren legalmente reservados, así como aquellos cuyos titulares alcancen la edad máxima de prórroga de permanencia en el servicio activo antes del 1 de marzo.
En todo caso, serán objeto de oferta todos los puestos que, reuniendo los requisitos anteriores, se encuentren ocupados, a dicha fecha, bajo cualquier modalidad de provisión temporal por funcionarios de carrera o interinos.
El listado de puestos objeto de oferta será aprobado mediante resolución del órgano convocante, que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León; el Anexo de puestos se publicará en la sede electrónica antes del 22 de octubre. El listado de puestos estará también accesible en la página web de la Junta de Castilla y León (http://www.empleopublico.jcyl.es/) en formato que permita la descarga y cumplimentación de la solicitud de participación.

3. Podrán excluirse de la oferta, o retirarse en cualquier momento previo a la resolución provisional del concurso, los puestos de trabajo que se encuentren en alguna de estas circunstancias:
  • a) Que estén ofertados o se oferten en otros procedimientos de provisión definitiva.
  • b) Que estén o resulten afectados por un procedimiento judicial.
  • c) Que estén incluidos o se incluyan en el ámbito de aplicación de un proyecto de Plan de Empleo o en una propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. La exclusión de la oferta por esta causa no podrá exceder de un año, contado desde la fecha en que se hubiese acordado dicha exclusión.
  • d) Que por causas técnicas y organizativas debidamente motivadas no deban incluirse en esa oferta de plazas.
Las resoluciones de exclusión, que deberán estar motivadas, se publicarán en el Portal de Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León y en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

miércoles, 17 de octubre de 2018

El Tribunal Supremo se pronunciará sobre la legalidad de la entrevista como prueba de acceso al empleo público






El Tribunal Supremo, en Auto dictado el pasado 2 de julio, admite a trámite un recurso de casación en el que la cuestión en la que existe interés casacional objetivo  para la formación de jurisprudencia es la siguiente:
Si resulta conforme con los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso a la función pública consagrados en el artículo 103.3 en relación con el artículo 23.2 de la Constitución Española la valoración en un proceso selectivo en un porcentaje del 50 por ciento o superior o con carácter determinante del resultado final, respecto de la puntuación total de aquél, de una entrevista personal que verse sobre aspectos del curriculum vitae del aspirante.
En el razonamiento jurídico primero de dicho Auto el Tribunal Supremo añade que también presentaría interés casacional  si, con independencia de dicha puntuación, la entrevista personal debe ser definida en las bases de la convocatoria en sus elementos esenciales mínimos, tales como su justificación en atención a las características del puesto o puestos ofertados, el tiempo máximo de duración de la entrevista y el contenido concreto sobre la que versará; aunque en el acuerdo se obvia esta segunda cuestión.

Sobre la entrevista personal, Jorge Fondevila Antolín, Jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, hace esta interesante reflexión en el muy revelador artículo titulado Los procedimientos de provisión de puestos de trabajo: profesionalidad y objetividad versus clientelismo político y corrupción,  publicado en la Revista Actualidad Administrativa:
"Por ello, entendemos que en primer lugar, resultaría necesario una nueva regulación básica del EBEP (LA LEY 3631/2007) en esta materia que precisase los méritos concretos objeto de valoración (listado), en segundo lugar, vía principio de la «aptitud» o bien, como desarrollo del principio de «profesionalidad», incorporara las nuevas técnicas profesionales de selección para la provisión de puestos de trabajo (pruebas prácticas, simulaciones, test psicotécnicos, etc.), si bien, debemos rechazar figuras tan subjetivas y susceptibles de manipulación como especialmente, las entrevistas y memorias que en muchos de los concursos específicos suponen la concesión de la puntuación final necesaria para otorgar el puesto al candidato predeterminado, pues en caso contrario, seguiremos ante este proceso imparable de introducción de la discrecionalidad en su sentido más amplio en el concurso, cuyo ejercicio acaba en muchas ocasiones en arbitrariedad, lo que se encuentra expresamente prohibido por el art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978)"

Estaremos muy atentos a lo que sobre el particular resuelva el Tribunal Supremo

jueves, 11 de octubre de 2018

LOS PROCESOS SELECTIVOS «BLANDOS» Y SUS EFECTOS SOBRE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO


Xavier Boltaina Bosch
Gerente de la Diputación de Barcelona y de la UIMP,
sede de Barcelona
Profesor de Empleo Público
de la Universidad de Barcelona
boltainabx@diba.ca

 Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas


Resumen:

El objetivo de este capítulo es analizar lo que el autor ha denominado eufemísticamente procedimientos selectivos «blandos», es decir, todos aquellos previstos en el ordenamiento jurídico que por su finalidad específica —consolidar empleo temporalo interino, funcionarizar personal laboral fijo o articular procesos de
promoción interna— se concretan mediante sistemas en donde los requisitos de igualdad, mérito y capacidad se adecuan en mayor o menor grado a los aspirantes internos, en perjuicio de los candidatos de libre acceso. Igualmente se dedica un apartado al régemen del personal denominado «indefinido no fijo», creación estrictamente jurisprudencial, y el tratamiento legal que ha tenido en los últimos años.

El capítulo finaliza con un análisis general de como la ley presupuestaria del 2017 y el Acuerdo de estabilización para el 2018 ha afectado y seguirá haciéndolo hasta el 2020 a todo este colectivo de trabajadores y funcionarios de carácter no permanente o que se plantean la promoción interna en su respectiva Administración.

TEXTO COMPLETO AQUÍ






miércoles, 10 de octubre de 2018

El Gobierno elige a dedo a los responsables de la oficina que fiscalizará la legalidad de los contratos públicos

Los cuatro vocales titulares de la nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación deberán ser funcionarios, pero serán elegidos por el procedimiento de libre designación

Su presidenta desde julio es María José Santiago, procedente de la Junta de Andalucía y uno de los primeros nombramientos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Se encarga de "promover la concurrencia y combatir las ilegalidades" en la contratación pública y el Gobierno Rajoy ya intentó nombrar a sus responsables por libre designación, pero no le dio tiempo
 
 
 
El Gobierno va a nombrar por el procedimiento de libre designación, esto es, a dedo, a los funcionarios que dirigirán las cuatro divisiones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRSC), un organismo de nueva creación adscrito al Ministerio de Hacienda y encargado de "velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades" en la contratación pública.

En julio, el Consejo de Ministros ya nombró presidenta de la OIRSC, a propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a María José Santiago Fernández, funcionaria del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía desde 1996 y hasta entonces presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta. Según Hacienda, Santiago obtuvo la plaza que convocó el anterior Gobierno en mayo, también por el procedimiento de libre designación. En concreto, presentó su candidatura tres días antes de que venciera el plazo, el pasado 5 de junio, el mismo día en el que se conoció la designación de Montero como ministra de Hacienda.

Ahora, el ministerio va a elegir a los vocales titulares de las cuatro divisiones de la OIRC también por el procedimiento de libre designación, que pese a estar reservado a funcionarios con un perfil determinado, y a diferencia del concurso de méritos, otorga una amplia discrecionalidad a la Administración para nombrar a los elegidos.

En el ministerio defienden que el procedimiento escogido es la "manera más ecuánime" y va "más allá" de lo que establecía la Ley de Contratos. Esta norma recogía que los nombramientos de la presidencia y los vocales de la IRSC correspondían al Consejo de Ministros, previa propuesta del titular del Ministerio de Hacienda.

Igual que Rajoy

A finales de 2017, Ciudadanos ya  reclamó al Gobierno de Mariano Rajoy  "un procedimiento transparente de selección" de los responsables de la OIRC, "basado en principios de mérito y capacidad" y que "garantice su independencia con respecto al poder político, evitando, en todo momento, cualquier sospecha de complicidad política que arroje sombras sobre la auctoritas de un organismo cuyos primeros pasos marcarán su futuro".

La solución elegida por el Gobierno del PP fue optar por la libre designación para cubrir la presidencia de la OIRC y elegir a los cuatro vocales del organismo, pero no le dio tiempo a adjudicar ningún puesto. En el caso de los vocales, la convocatoria se  publicó en el BOE el 1 de junio, coincidiendo con el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Hacienda decretó la "terminación" de ese procedimiento el 20 de septiembre, tras la reorganización de su estructura, con el argumento de que esta supuso "una profunda modificación de la organización de la Oficina" al reestructurar el reparto de competencias entre sus vocalías.

Los destinatarios de los cuatro puestos que acaban de convocarse deberán ser, como establece la Ley de Contratos, funcionarios de carrera con nivel A1 y al menos, diez años de experiencia profesional en materias relacionadas con la contratación pública. A partir de ahí, y teniendo en cuenta una serie de méritos, el Gobierno podrá elegir libremente a los elegidos. Estos tendrán un nivel 30 (el más alto de la Administración) y un complemento específico de 32.799,69 euros anuales. El plazo para la recepción de candidaturas expira el próximo 23 de octubre.

En el proceso se adjudicarán cuatro puestos para los vocales titulares de otras tantas divisiones. La primera es la de Evaluación de los Contratos de Concesión, que formará parte de la Oficina Nacional de Evaluación integrada en la OIRSC y cuya finalidad será analizar la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y servicios. Entre los méritos que se valorarán estará la experiencia "en materia de evaluación de proyectos desde la perspectiva económico financiera en el ámbito de la contratación pública" y una licenciatura en Económicas, Empresariales y Derecho.

Para el responsable de la División de Regulación y Ordenación de la Contratación, que impulsará la Estrategia Nacional de Contratación que debe presentar la oficina, se valorará la "experiencia en asesoramiento y redacción de informes en expedientes de contratación" y "en actuaciones de análisis, seguimiento y propuestas de mejora de los procesos de contratación pública".

El tercer puesto a adjudicar es el de vocal responsable de la División de Supervisión de la Contratación y Relaciones Institucionales, que elaborará los informes que se remitirán anualmente a las Cortes y al Tribunal de Cuentas. Se valorará la "experiencia sobre supervisión y control y seguimiento de expedientes de contratación pública", en la elaboración de informes de control relacionados con los procedimientos de contratación pública y en el análisis de los informes de control realizados por los distintos órganos de control de la contratación pública.

El último puesto a adjudicar será el de vocal titular de la División de Asuntos Generales, responsable de la gestión económica de la oficina. Se valorará, entre otros aspectos, la experiencia en la elaboración de informes jurídicos y en la tramitación electrónica de procedimientos de contratación pública. 
La oficina está adscrita al Ministerio de Hacienda "a efectos puramente organizativos y presupuestarios", pero tiene "plena independencia orgánica y funcional" en el cumplimiento de sus fines, según la norma que preveía su creación (la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público). Entre otras funciones está "coordinar la supervisión en materia de contratación de los poderes adjudicadores del conjunto del sector público" y "velar por la correcta aplicación de la legislación de la contratación pública a los efectos de detectar incumplimientos específicos o problemas sistémicos".

La OIRSC también deberá "velar por el estricto cumplimiento de la legislación de contratos del sector público y, de modo especial, por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia y de las prerrogativas de la Administración en la contratación", y "verificar que se apliquen con la máxima amplitud las obligaciones y buenas prácticas de transparencia, en particular las relativas a los conflictos de interés, y detectar las irregularidades que se produzcan en materia de contratación".

En caso de que tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito o infracción a nivel estatal, autonómico o local, "dará traslado inmediato, en función de su naturaleza, a la fiscalía u órganos judiciales competentes, o a las entidades u órganos administrativos competentes, incluidos el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia".

lunes, 8 de octubre de 2018

A 4.624 euros el dictamen: urge cerrar el Consejo Consultivo


Los datos que obran en la Memoria publicada por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias correspondiente al año 2017, reflejan con toda crudeza la realidad de un Órgano cuya existencia solo se justifica como cementerio de elefantes políticos a los que las asturianas y asturianos pagamos un veraneo permanente a cuerpo rey en la  Casa de Nava, sita en el barrio gijonés de Cimavilla.

En el año 2017 el Consejo Consultivo tuvo un Presupuesto de 1.493.715 euros y emitió un total 323 dictámenes, por lo que cada dictamen sale a la friolera de 4.624, 50 euros.

De esos 323 un 84 por 100 -  298 - se refieren a expedientes de responsabilidad patrimonial contra la Administración (por caídas, en muchos casos), en los que los fundamentos jurídicos suelen repetirse mediante el procedimiento de "corta y pega".

En el pasado año en el Consejo Consultivo trabajaban 16 empleados públicos, entre ellos, un Letrado adjunto a la Secretaría (nivel 30), una letrada jefa (nivel 28) y tres letrados (nivel 26). Por tanto, a cada letrado le tocaría elaborar 65 dictámenes al año (poco más de un dictamen a la semana)

Pero lo que resulta particularmente grave e insostenible, se mire por donde se mire, es la situación laboral y retributiva del Presidente (64.343 €/año), de los cuatro vocales ( 64.343 €/año) y del Secretario General (55.185 €/año). ¿Qué hacen estos seis altos cargos para merecer estas golosas retribuciones?

El artículo 11.4 del Decreto 75/2005, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, atribuye a los vocales las siguientes funciones:
 El desarrollo de las ponencias y tareas necesarias para el buen cumplimiento de las funciones del Consejo Consultivo.
Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno del Consejo siempre que hubieran sido citados reglamentariamente.
En las sesiones podrán discutir los dictámenes, impugnarlos o defenderlos, proponiendo su modificación, aceptación o desestimación, que sean retirados o bien que queden sobre la mesa o que se amplíen sus antecedentes. En el caso de discrepar del parecer de la mayoría, podrán formular, en tiempo y forma, un voto particular, razonado, conforme al artículo 33 de este Reglamento.
Formar parte de las ponencias y grupos de trabajo que se creen de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.
Aquellas otras funciones que le sean delegadas por el Consejo en Pleno o por la Presidencia del Consejo.

Como los 323 dictámenes emitidos en el año 2017 fueron elaborados por los letrados del Consejo, a las señoras y señores  vocales les queda la cómoda tarea de “discutirlos, impugnarlos o defenderlos”. Al presidente y a cada uno de los cuatro vocales las asturianas y asturianos les pagamos 64.343 euros brutos en el año 2017, por una tarea tan ardua. 

Porque, aparte de estas labores deliberativas, ¿cuántos votos particulares formularon separándose del criterio de la mayoría? La Memoria del año 2017 ofrece un dato sonrojante: entre los años 2005 a 2017 solo se emitieron 10 votos particulares sobre 3.591 dictámenes emitidos, lo que da buena cuenta de la placentera unanimidad que domina las sesiones de este Consejo.

No nos extraña, por tanto, que los beneficiarios de este botín defiendan con uñas y dientes su continuidad. Pero para el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies no es posible seguir engañando a la ciudadanía asturiana manteniendo un Órgano cuya única virtualidad es dar premios de “fin de carrera” a representantes desahuciados de la casta política asturiana, colonizando las Instituciones públicas mediante un inmoral reparto por cuotas de partido para retribuir servicios prestados.

Hay que suprimir el Consejo Consultivo del Principado de Asturias por ser un Organismo totalmente prescindible, como han hecho las Comunidades Autónomas de Madrid (con el apoyo de PP y Ciudadanos) y de Extremadura (con el apoyo del PSOE y Podemos), encomendando la función consultiva a los servicios jurídicos de la Comunidad mediante la creación de una Comisión Jurídica Asesora integrada exclusivamente por funcionarios propios, con lo que se suprimen las canonjías instauradas por los partidos políticos ( todo ello, con el aval del Tribunal Supremo)

O encargando la emisión de los informes que resulten preceptivos al Consejo de Estado, como hace, por ejemplo la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin que ello suponga merma alguna para la celeridad y eficacia de los procedimientos correspondientes.

Si PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, han aprobado ya con sus votos la eliminación del Consejo Consultivo en las Comunidades de Madrid y de Extremadura, por ineficiente e innecesario, ¿qué motivos diferenciales concurren en Asturias para mantenerlo?

LEY DE SUPRESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MADRID, APROBADA POR PP Y CIUDADANOS

LEY DE SUPRESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA, APROBADA POR PSOE Y PODEMOS



viernes, 5 de octubre de 2018

El Tribunal Supremo declara nulo el cese de interinos contratados de manera abusiva


La Sala de lo Contencioso reconoce su derecho a mantenerse en sus puestos de trabajo, percibiendo las retribuciones no abonadas
El Tribunal Supremo ha declarado nulo el cese de interinos al considerar abusiva la utilización abusiva de contratos de duración determinada y reconoce su derecho a mantenerse en sus puestos de trabajo, percibiendo las retribuciones no abonadas, mientras la Administración no cumpla con la normativa vigente.
La Sección Cuarta de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, ha dictado dos sentencias en las que revoca parcialmente las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con sendos ceses (declarados ilegales por la Sala de Bilbao, en pronunciamiento confirmado ahora en casación) de un funcionario interino municipal y de una empleada eventual de carácter estatutario en los correspondientes puestos de trabajo cuando se constata una situación previa de abuso en la utilización sucesiva de relaciones de empleo de duración determinada.
Aplicando el criterio contenido en diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, afirma, en primer lugar, que procede declarar contrarios a Derecho dichos ceses, pero que la constatada situación de abuso no permite convertir al funcionario interino o a la empleada pública eventual en “personal indefinido no fijo”, aplicando de forma analógica la jurisprudencia del orden social. Revoca, así, el pronunciamiento contenido en las sentencias de la Sala del País Vasco que habían aplicado tal figura jurídica, propia de las relaciones sometidas al Derecho Laboral, pero no aplicables a los empleados públicos vinculados con la Administración por una relación de naturaleza estatutaria o funcionarial, como aquí sucede.
Para el Tribunal Supremo, la consecuencia de dicho abuso es la subsistencia y continuación de las relaciones de empleo, con los derechos profesionales y económicos inherentes a ella, desde la fecha de efectos del cese ilegal cuya nulidad confirma y hasta que la Administración cumpla en debida forma lo que ordena la normativa aplicable.
Para dar debido cumplimiento a tal normativa (de la que deriva que el cese solo puede tener lugar cuando la plaza se cubra por el procedimiento correspondiente por funcionario o personal de carrera, o cuando vuelva su titular, o cuando termine el programa temporal que debe ejecutarse o cuando finalice la acumulación de tareas motivadora del nombramiento), señala la Sala que deben ponderarse las circunstancias del caso, que en los supuestos analizados constatan que los nombrados cubrían necesidades que, de hecho, no tenían carácter provisional, sino permanente y estable, de manera que debe valorarse, de modo motivado, fundado y referido a las concretas funciones que prestaron, si procede o no la ampliación de las relaciones de puestos de trabajo de las plantillas y, en caso contrario, acudir al tipo de nombramiento que proceda impidiendo en todo caso que perdure la situación de precariedad de quienes eventual y temporalmente hayan de prestar las funciones correspondientes.
Y en cuanto a la indemnización solicitada por los interesados, afirma la sentencia que no procede en el caso (pues el mantenimiento en sus puestos que se declara, con percibo íntegro de lo no abonado, repara íntegramente el perjuicio causado), pero que, en general, los afectados por la utilización abusiva de los nombramientos temporales tienen derecho a una indemnización, aunque el reconocimiento de ese derecho: a) depende de las circunstancias singulares del caso; b) debe ser hecho, si procede, en el mismo proceso en que se declara la existencia de la situación de abuso; y c) requiere que la parte demandante deduzca tal pretensión; invoque en el momento procesal oportuno qué daños y perjuicios, y por qué concepto o conceptos en concreto, le fueron causados; y acredite por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, la realidad de tales daños y/o perjuicios, de suerte que sólo podrá quedar para ejecución de sentencia la fijación o determinación del quantum de la indemnización debida.
*Puede consultar la 2ª sentencia en este enlace:

martes, 2 de octubre de 2018

Una Proposición de Ley indecente: maniobran para convertir la Inspección General de Servicios del Principado en una policía política


La Proposición de Ley de Inspección General de Servicios del Principado que tramita la Junta General y que se pretende aprobar en los próximos meses, coloca a un Director General elegido a dedo por el Consejo de Gobierno al frente de este Organismo, a modo de comisario político que filtrará las propuestas técnicas de los funcionarios inspectores y decidirá conforme a las directrices partidistas del Gobierno de turno.

La Proposición de Ley se carga de un plumazo el puesto de Jefe/a de Servicio de la Inspección General, previsto en el artículo 12 del vigente Decreto 46/88, por el que regula el funcionamientode este Organismo, puesto de Jefatura que, desde la entrada en vigor de la Ley 7/2014, de 7 de julio de medidas en materia de función pública, debe cubrirse obligatoriamente por concurso de méritos. Con esta supresión del puesto de Jefe/a de Servicio, se sitúa a los inspectores bajo la dependencia directa de un cargo político jerárquicamente sometido a las instrucciones del Gobierno. La regresión en cuanto a la independencia e imparcialidad de la Inspección General  difícilmente podría ser más dura.

Lo sorprendente del caso es que la Proposición de Ley que ahora se tramita, que fue presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en el año 2016, establecía en su redacción original - artículo 22- que el Director de dicho Organismo sería seleccionado por concurso. ¿ Qué ha cambiado para que en el documento que ahora pretende aprobar la Junta General se abandone la exigencia de convocatoria pública y valoración de los méritos de los candidatos y se opte por el dedazo del Consejo de Gobierno como mecanismo de designación?, ¿ qué cromos se han intercambiado durante la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley para introducir una modificación  tan regresiva?

A este respecto, llama poderosamente la atención que la Proposición de Ley permita que los inspectores dependientes de la Inspección General puedan provenir de cualquier Administración Pública – Estado, otras Comunidades Autónomas, Ayuntamientos -, cuando la regla general en la Administración del Principado de Asturias es que los puestos de trabajo deben ser ocupados por funcionarios públicos de esta Administración. Así, por ejemplo, en la recién aprobada Ley de Transparencia del Principado se establece (artículo 63.2) que los funcionarios adscritos a la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción serán funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.


Además, la apertura  de unos puestos que deben inspeccionar el funcionamiento de la Administración del Principado a funcionarios/as de otras Administraciones, carece totalmente de sentido. Parece evidente que el adecuado desempeño de las funciones propias de un inspector requiere el conocimiento previo de la propia Administración que se inspecciona y una experiencia contrastada dentro de la misma, cualidades que no poseen funcionarios que procedan de otras Administraciones Públicas. Si la Inspección General del Estado y las Inspecciones de las Comunidades Autónomas reservan sus puestos a los funcionarios propios, ¿por qué se pretende ahora  abrir los puestos de inspectores de la Inspección General del Principado a funcionarios/as de otras Administraciones?

La única explicación coherente que encontramos es que, mediante esta maniobra, algún partido político estaría pensando en colocar en el Principado a funcionarios/as de su confianza interesados en recalar en esta Comunidad Autónoma, mediante el expeditivo procedimiento del nombramiento digital en “comisión de servicios”.

Algo huele a podrido en la tramitación de esta Proposición de Ley y en la prisa que algunos tienen en aprobarla. Los diferentes grupos parlamentarios de la Junta General deberían explicar bien su posición al respecto. Por higiene democrática.

PROPOSICIÓN DE LEY ORIGINAL

PROPOSICIÓN DE LEY ACTUAL


lunes, 1 de octubre de 2018

Posiblemente, el peor alcalde de Oviedo


Así que esto era realmente el gabinismo. Bajo la capa de pintura y la zarzuela cañí, vean el rastro soberbio de un pufo millonario sin precedentes. Más de 70 millones de euros, siete años de inversiones perdidas, decenas de proyectos enviados al carajo: podemos imaginar ya la ciudad perdida, la ciudad imaginada o virtual que habría podido ser y que ya no será. La ineptitud de Gabino de Lorenzo (alcalde, 1991-2012), ahora representante de Rajoy en Asturias, ha provocado en la ciudad una quiebra económica monumental, cuyos efectos serán percibidos de alguna manera durante años. 
Esa losa (de mármol, qué menos), hay que achacársela a la megalomanía de un político/ingeniero/constructor que fue elevado al trono vitalicio de la ciudad por aduladores y entusiastas a sueldo en ese mercadillo de voluntades y vanidades en el que Oviedo se transformó durante su reinado. Frente a él, las voces críticas fueron convenientemente silenciadas. Fue el caso de LA VOZ DE ASTURIAS, un periódico que sufrió durante lustros el apartheid informativo, el aislamiento económico e incluso las amenazas físicas, chulescas y los insultos públicos de su hermandad de defensores. Fue el destino de quienes denunciaron los excesos del alcalde, sus redes clientelares, sus decisiones arbitrarias y sectarias. 
Todo eso comienza a brotar, paso a paso, como un virus que se ramifica, como un rizoma que se extiende horizontalmente por las calles que peatonalizó (una herencia positiva, hay que reconocerlo). 
Empezamos a conocer ahora la factura de toda esa mierda que inundó las cloacas de la ciudad, convenientemente oculta bajo la superficie o bajo las alfombras o las moquetas. Eso sucedió en la ciudad de las farolas y las esculturas, irreprochablemente limpia y pulida. Los ovetenses a quien tanto quiso Gabino de Lorenzo van a ser quienes paguen sus pufos a razón de 1.000 euros por contribuyente. 
Que se vayan colocando en la cola de pagos. El tópico dice que el tiempo da la razón y quizá ha llegado el momento del revisionismo, de abordar con lupa el legado del gabinismo, de impartir justicia (su entorno más próximo ya ha sido pasto de los banquillos), de rememorar las locuras de aquella Marbella del Norte. ¿Seguirá De Lorenzo teniendo defensores? Están en su derecho, aunque si  tuviesen que asumir de su bolsillo el pufo (más de 70 millones) otro gallo cantaría. 
Quizá debería hacerlo el propio exalcalde, pero todos sabemos que eso no sucederá. Queda la indignación ante posiblemente, el peor alcalde de Oviedo. Inspirémonos en aquel anuncio de una famosa bebida alcohólica.


¿Una ministra que dispara su patrimonio en 18 meses? Confusión y falta de detalle en la publicación de bienes de altos cargos


El desglose que publica el Gobierno mantiene ocultos los detalles del patrimonio de los ministros y altos cargos que permitirían detectar conflicto de intereses o enriquecimientos ilícitos
Esa falta de precisión convierte la declaración en poco útil y dispara falsas alarmas, como en el caso de la exministra de Sanidad Dolors Montserrat

Con cuatro años de retraso, este sábado por fin  se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las declaraciones de bienes de los altos cargos de la Administración. Un documento que publica un pequeño resumen del valor del patrimonio de cada persona pero mantiene ocultos los detalles clave de esos bienes: en qué empresas tienen sus acciones, yates, obras de arte, número de inmuebles o con quién están endeudados.

El listado incluye datos del patrimonio y deudas de ministros, secretarios de Estado, embajadores y otros altos responsables del Gobierno que fueron nombrados o cesados desde el 1 de julio de 2014 hasta la actualidad. Es decir, incluye los cargos cesados del Ejecutivo de Rajoy y los recién nombrados por Pedro Sánchez.

En total, incluye 1.492 nombramientos de 1.062 altos cargos durante el ejecutivo de Rajoy. Para cada uno de ellos, el Gobierno publica el valor de los bienes (activos) y deudas (pasivos) que tiene con distinto desglose:
1) Para los nombrados o cesados antes del 20 de abril de 2015, fecha de entrada en vigor de la nueva ley de altos cargos, se incluye el valor de los activos desglosado en "bienes inmuebles" y "otros bienes" y una cifra del pasivo (deudas), sin desglosar.
2) Para los altos cargos que presentaron la información tras esa fecha, el desglose de los activos es algo mayor: bienes inmuebles, depósitos bancarios, acciones en instituciones de inversión colectiva (como fondos o sicav), acciones en sociedades, seguros de vida y un epígrafe de otros.
 
Tal y como publica "El BOE nuestro de cada día", con este desglose es imposible saber si una existe conflicto de interés en cualquier decisión que tomen o hayan tomado mientras eran altos cargos. Por ejemplo, sabemos cuánto valen las acciones que puede tener un ministro de Energía pero no sabemos si esas acciones son de Endesa, de una empresa de papelería o de una sociedad familiar.

 

¿Qué ministros de Rajoy se enriquecieron?

Asimismo, tampoco da el detalle suficiente para saber cómo y con qué clase de bienes se han enriquecido los altos cargos que pasaron por el Gobierno de Rajoy.
Por ejemplo, si comparamos el patrimonio de los ministros de Rajoy al entrar por primera vez al Gobierno, una información publicada en 2012, con los activos que tenían al salir del Ejecutivo, publicado hoy, nos sale este gráfico:


Los datos señalan que hasta 14 miembros de los sucesivos Gobiernos de Mariano Rajoy incrementaron su patrimonio durante su periodo en el Ejecutivo. El caso más llamativo es el de Dolors Montserrat, que triplicó el valor de sus bienes durante los 19 meses que ocupó el cargo de ministra de Sanidad: pasó de tener activos valorados en 174.000 a su llegada a 679.000 euros a su salida del departamento.

Fuentes de la exministra defienden "que no es un incremento patrimonial ya que responde a un seguro de vida que incluyó en su última declaración". Aunque el desglose de los datos confirma que la mayor parte de la subida es por seguros de vida (su nombramiento y cese es posterior a 2015), l a ley 19/1991 sí los incluye como parte del patrimonio. Además, la normativa concreta que su importe se computará por su valor de rescate, el importe que recibiría el beneficiario en caso de cancelar la póliza.

El de Dolors Montserrat es solo un caso, una particularidad. Con los datos desglosados en el BOE, es imposible conocer cuántas particularidades como esa existen entre los cientos de nombramientos. Imposible discernir si el enriquecimiento de un alto cargo sucede por alguna cuestión relacionada con su cargo o por razones menos alarmantes como un seguro de vida. Por tanto, los datos pierden mucho valor.
Este cálculo del aumento del patrimonio en el Gobierno de Rajoy, sin embargo, no incluye a los ministros que se han endeudado para aumentar sus activos. Este sería el mismo gráfico si solo tenemos en cuenta la variación del patrimonio neto (activos menos pasivos).


Entre los ministros que más se enriquecieron -en neto- destacan, además de Dolores Montserrat, Isabel García Tejerina (Agricultura), Soraya Sáenz de Santamaría o Mariano Rajoy. En ninguno de esos casos es posible conocer dónde aumentó su patrimonio ya que las declaraciones que se publicaron a su llegada al Consejo de Ministros solo incluía un desglose entre "bienes inmuebles" y "otros bienes".
Fátima Báñez, exministra de Empleo, representa la otra cara de la moneda. Su patrimonio neto pasó de 868.000 euros a 409.000. Sin embargo, el detalle de sus bienes en 2012 impide conocer en qué disminuyó su riqueza durante su tiempo como ministra.


La ley vigente establece, en su artículo 21.5, que se publicará "una declaración comprensiva de la situación patrimonial" de los altos cargos y omitiendo aquellos datos "referentes a la localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares". Con la información publicada en el BOE, el Gobierno hace una interpretación estricta de esta normativa al solo publicar un escueto resumen del valor del patrimonio de cada alto cargo.

En PDF y sin estructurar

A la falta de transparencia de los datos concedidos se suma la opacidad del formato en el que han sido publicados. El documento ha sido publicado en formato PDF, y no directamente en la página web del BOE como HTML ( como sí se hizo en 2014).
Asimismo, el formato de presentación de los datos, en vez de hacerse como una tabla o directamente en un archivo .csv o .xls, dificulta que se pueda reutilizar la información publicada.