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jueves, 28 de febrero de 2019

¿Quién tiene el poder real en los partidos políticos?

28 febrero 2019
 
 
“Un partido político español tiene menos obligaciones de control y de transparencia de sus cuentas y funcionamiento que una comunidad de vecinos, una cooperativa o una empresa”. Los sociólogos José Antonio Gómez Yáñez y Joan Navarro, autores del libro Desprivatizar los partidos, se sirven de esta contundente afirmación para mostrar gráficamente la ausencia de una normativa legal que regule suficientemente la organización y el funcionamiento de las formaciones políticas, los derechos de sus afiliados, la rendición de cuentas de sus dirigentes o el control de sus recursos.

desprivatizar

Desprivatizar los partidos
José Antonio Gómez Yáñez / Joan Navarro
Gedisa, 2019

En el arranque del libro los autores explican que el objetivo de su trabajo es despejar la incógnita de si los partidos políticos son entidades privadas o públicas, es decir, si sus funciones se limitan al ámbito de los intereses de sus miembros o si su actividad se desliza hacia terrenos que afectan al conjunto de la sociedad. Sostienen que si se llegara a la conclusión de que son entidades privadas, propiedad de sus miembros, la regulación pública podría ser sucinta, pero si la conclusión es que son entidades públicas “su funcionamiento debe ser regulado minuciosamente como instrumento para garantizar que sus funciones se cumplen adecuadamente”. Y su conclusión es que son híbridos, que forman parte de ambas esferas, pero también que en su vertiente pública son “la pieza clave”, “el centro de gravedad” de la acción política.
Aunque la pregunta de si son entidades públicas o privadas es esencial en el libro, el estudio va mucho más allá, porque para avalar una respuesta Gómez Yáñez y Navarro hacen una disección meticulosa del funcionamiento interno y del (gran) poder real que tienen los partidos. También se adentran en cómo ha caído el apoyo a los partidos centrales y aumenta el apoyo a partidos hasta ahora marginales o a nuevos partidos, y en cómo los partidos tradicionales “son incapaces de canalizar el descontento de los sectores sociales que han perdido con la crisis o que ven bloqueado su acceso a las clases medias”. Todo ello como consecuencia de la crisis de 2007. Y los autores ofrecen también soluciones, como las reformas de la Ley de Partidos y de la Ley Electoral.

El hecho de que se vea a las formaciones políticas como parte de la sociedad y no del Estado o del proceso institucional de toma de decisiones es en parte consecuencia del modo en que las constituciones, y en particular la española, recogen el papel de los partidos. La Carta Magna refleja la ficción de que existiera una relación directa entre los electores y los elegidos, como si las organizaciones políticas no tuvieran en ello un papel clave, pero lo cierto es que donde se produce la selección de los dirigentes y la elaboración de las decisiones políticas es en el interior de los partidos, de manera que “los parlamentarios son meros agentes de la voluntad de sus partidos”. Los autores enumeran las acciones de los partidos: toman las decisiones políticas fundamentales, elaboran leyes, aprueban tratados internacionales, reforman la Constitución, dan lugar a la acción del Gobierno, la controlan, y eligen a los miembros de los órganos constitucionales, judiciales o reguladores y de otras muchas instituciones del Estado.

Si los partidos tienen tanto poder público parecería lógico que su funcionamiento interno tuviera una regulación legal más estricta. Pero se da la paradoja de que son ellos mismos quienes tienen que tomar la decisión de autorregularse, no porque sean ellos los que aprueban sus estatutos internos, que sí lo hacen, sino porque “son los partidos quienes deben proponer y aprobar su propia regulación en el parlamento”. De hecho, si en los 40 años de democracia no se ha realizado una modificación profunda de la Ley de Partidos se debe a la resistencia de estas formaciones a hacerlo. Porque, finalmente, es mucho más conveniente para sus dirigentes una ausencia de normativa que les deje las manos libres para organizar los partidos a su gusto y medida.

No se puede decir, no obstante, que los partidos se queden inmóviles ante la pérdida de apoyo ciudadano, por el contrario, son organizaciones que “se adaptan y evolucionan” para sobrevivir. Una cuestión diferente es si su adaptación y evolución es la adecuada y si las decisiones que adoptan, aparentemente en beneficio de una mayor democracia interna, son las oportunas. En los últimos años, prácticamente todos los partidos españoles —al igual que otros en el ámbito europeo— han incorporado a sus hábitos las elecciones internas para la designación de sus líderes y, en algunos casos, para la selección de los candidatos electorales. Pero los autores se adentran en las consecuencias de esas elecciones internas y dudan de que redunden en una mayor democratización: “Lejos de representar el triunfo de las bases frente a los aparatos —afirman—, suponen el triunfo del líder (y su equipo) sobre las viejas oligarquías internas, normalmente de corte territorial”.

Las elecciones internas no parecen, por tanto, la panacea para la falta de democracia en el funcionamiento de los partidos. Más bien al contrario, lo que ocurre es que el líder elegido por las bases designa personalmente a su equipo directivo, tiene influencia en la nominación de los miembros de los órganos que tienen que controlar su gestión, somete a la decisión de las bases los temas centrales de la organización, pero siendo el propio líder el que decide qué, cuándo y sobre qué. Es decir, que el líder se refuerza frente al partido y los mecanismos de control interno se atenúan.

Los autores sostienen, además, que si ese líder llega a la Presidencia del Gobierno se encontrará con que “es, probablemente, el dirigente occidental que más poder tiene sobre su sistema político”. Esa realidad derivaría de la propia Constitución de 1978, “que fue redactada bajo la obsesión de la estabilidad”, temerosos los constituyentes de que se reprodujeran los vaivenes de los gobiernos de la II República y de la sospecha de que la debilidad gubernamental podía facilitar un golpe de Estado. Así que, como explican Gómez Yáñez y Navarro, se diseñó “un entramado institucional de estabilidad acorazada”, cuya clave es la casi inmovilidad del presidente del Gobierno y su posición eminente en el proceso político. El presidente solo puede ser destituido por una moción de censura constructiva, que requiere un acuerdo mayoritario y la inversión de alianzas en el Congreso de los Diputados. Solo una ha triunfado, la presentada por el PSOE el 1 de junio de 2018.

Mientras, el presidente del Gobierno toma decisiones fundamentales que en otros modelos están repartidas: nombra y cesa a los ministros, decide las fechas de los discursos fundamentales que marcan la legislatura, determina la convocatoria electoral, dictamina la presentación de recursos de inconstitucionalidad y designa a través del Gobierno magistrados al Tribunal Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y otros órganos reguladores. Y en caso de bloqueo de la acción del Gobierno, dispone del Real Decreto para avanzar en la legislación. En la práctica, además, designa a los miembros de los grupos parlamentarios, que están sometidos a la disciplina interna, entre otras razones porque es el partido, bajo la influencia de su líder, el que designa a los candidatos que se presentan en listas electorales cerradas y bloqueadas. Los autores concluyen que esa apuesta por la estabilidad adoptada en el Transición “está mostrando efectos negativos” 40 años después.

Reformas para el sistema

El profundo e inteligente análisis de la situación de los partidos que han hecho Gómez Yáñez y Navarro no se queda solo en el diagnóstico de la situación sino que va más allá, porque los autores se arriesgan a ofrecer soluciones, en concreto a proponer algunas reformas de la Ley de Partidos y de la Ley Electoral. Partiendo de la recomendaciones realizadas por la asociación Más Democracia, de la que ambos son miembros, sugieren cambios en la Ley de Partidos dirigidas a una mayor democratización de las organizaciones, con congresos y reuniones de los órganos de control más frecuentes, elecciones internas para cargos del partido y con participación de los simpatizantes para las de los candidatos, mayor transparencia, más compromiso en los programas electorales, libertad de conciencia de los electos y responsabilidad penal de los miembros de la ejecutiva por la financiación. En cuanto a la Ley Electoral, las modificaciones recomendadas buscan una mayor proporcionalidad, mayor acercamiento de los diputados a sus electores, con elección directa de al menos la mitad de ellos en distritos unipersonales, limitación del número de mandatos y, hasta que estas reformas se apliquen, desbloquear las listas para que los ciudadanos puedan expresar sus preferencias.

domingo, 24 de febrero de 2019

‘Fridays for Future’: la rebelión estudiantil por el clima se propaga por Europa




Las huelgas estudiantiles por el cambio climático llegan a España con las primeras acciones previstas en Barcelona y Madrid.

“En el año 2078, celebraré mi 75 cumpleaños. Si tengo hijos, quizás pasen ese día conmigo. Quizás me pregunten sobre vosotros. Quizás me pregunten por qué no hicimos nada mientras aún había tiempo para actuar” . Greta Thunberg alertó en diciembre con estas palabras sobre la inacción climática durante la última Conferencia del Clima de la ONU. Desde entonces, esta adolescente sueca, de 16 años, se ha convertido en una mediática figura de la lucha contra el cambio climático. Su ejemplo ha inspirado la multiplicación de huelgas estudiantiles en Europa contra el calentamiento global, con la mirada puesta en la jornada mundial del 15 de marzo.

Bélgica, Suecia, Alemania, Suiza, Francia, Australia… Es larga la lista de países cuyos estudiantes se han unido a los “#FridaysforFuture”. Este movimiento internacional llega esta semana en España. Una primera acción está prevista el viernes en Barcelona con una sentada en la plaza Sant Jaume, delante del Ayuntamiento y la Generalitat. En Madrid, los estudiantes se han dado cita el 1 de marzo al mediodía en frente del Congreso de los Diputados. De esta forma, los jóvenes españoles se unen a unas movilizaciones que han cosechado un éxito inesperado en Bélgica, donde se manifestaron más de 35.000 estudiantes el pasado 24 de enero.

“Nunca me hubiera imaginado que los jóvenes belgas se movilizarían tanto por el clima”, reconoce en declaraciones a El Salto Piero Armand, 18 años, cofundador de Génération Climat, un movimiento creado por los huelguistas belgas. Desde principios de enero, cada jueves miles de jóvenes de este país han llenado las calles de Bruselas, Lieja, Amberes o Lovaina. Según un estudio de la Universidad de Gante publicado en enero, la cuestión climática es el tema que más preocupa a los belgas de entre 18 y 25 años.
GENERACIÓN MARCADA POR LA DESAPARICIÓN DE ANIMALES

“Formamos parte de una generación cuyo futuro puede estar marcado por la escasez de agua y la desaparición de plantas y animales”, asegura Armand, que está cursando su último año de bachillerato. Para hacer entender su voz, los estudiantes belgas apostaron por la huelga. “Desde que somos pequeños nos dicen que tenemos que estudiar para construirnos un futuro. ¿Pero de qué sirve ir a clase si es el futuro del planeta el que está en peligro?”, añade este representante de Génération Clima, partidarios de un ecologismo radical.

Además de las movilizaciones de jóvenes, en Bélgica se han organizado durante los últimos meses varias marchas por el clima con una asistencia más que notable. Más de 70.000 personas protestaron contra el calentamiento global en Bruselas el pasado 27 de enero. “Decidimos hacer huelga porque cuando nos manifestábamos con nuestros padres el fin de semana a los políticos les daba igual”, explica Armand. De hecho, las movilizaciones estudiantiles ya se han consumado su primera víctima. La ministra flamenca de Medio Ambiente, Joke Schauvliege, tuvo que dimitir tras afirmar que los estudiantes “estaban manipulados”.
ÉXITO INESPERADO EN SUIZA O AUSTRALIA

Si las protestas en Bélgica han tenido el mayor eco mediático, las movilizaciones estudiantiles por el cambio climático ya empezaron el año pasado en Australia. El 30 de noviembre, miles de adolescentes de colegios e institutos hicieron huelga en una veintena de ciudades australianas para protestar contra la explotación de una mina de carbón por la empresa local Adani.

Estas convocatorias también lograron un éxito inesperado en otros países, como Suiza. “Que en un país en el que no hay la cultura de manifestarse miles de jóvenes salgan a la calle contra el cambio climático es un hecho prácticamente inédito”, afirma Victor Kristof, presidente del colectivo Swiss Youth for Climate, que participa en la organización de las huelgas. “En diciembre el texto de la Conferencia del Clima de Katowice resultó insuficiente y, sobre todo, hace falta una mayor ambición de los gobiernos nacionales”, explica Kristof. Este militante recuerda que las manifestaciones en Suiza hacen referencia a problemáticas internacionales, pero también nacionales, como el fracaso en diciembre en el parlamento helvético de una ley sobre la reducción de emisiones de CO2.

Según un recuento hecho por el diario británico The Guardian, cada semana unos 70.000 jóvenes se manifiestan por el cambio climático a nivel mundial. La semana pasada estas protestas se propagaron por el territorio británico y francés. En Francia, “la dimisión de Nicolas Hulot removió las consciencias”, asegura Bruno Goube, miembro de Enseignant.e.s pour la planète. Este colectivo de profesores franceses fue creado a finales de enero para preparar la jornada del 15 de marzo. Se trata de una iniciativa más surgida en el país galo, donde la renuncia de Hulot, un reputado activista, supuso un electrochoque y dio lugar a una mayor toma de consciencia sobre la cuestión climática.

Más de dos millones de personas —un récord en este país— han firmado desde finales de diciembre una petición para llevar el Estado francés ante los tribunales por inacción climática. Este recurso judicial será presentado el 14 de marzo, anunciaron esta semana las cuatro ONG impulsoras de la iniciativa. “Nos encontramos en una situación de urgencia en la que es necesaria cualquier iniciativa que obligue a las autoridades a actuar”, defiende Goube. Según este director de una escuela cerca de Lyon, “es necesario modificar los programas educativos para situar en el centro las cuestiones medioambientales y tratarlas de forma interdisciplinaria”.
FIGURA DEL ECOLOGISMO JUVENIL

Tras las primeras protestas de estudiantes del pasado viernes, esta semana se espera que estas movilizaciones crezcan en Francia. Entre los manifestantes parisinos estará Greta Thunberg, quien participa también este jueves en la manifestación de Bruselas. Esta adolescente sueca se ha convertido prácticamente en una figura pop del ecologismo. Hace seis meses, sin embargo, ella parecía clamar sola en medio del desierto. Dejó de ir a clase cada viernes en septiembre para manifestarse sola delante del Parlamento sueco, pocas semanas antes de las elecciones generales de su país.

Entonces, su iniciativa tuvo un gran impacto mediático. Lo que motivó que la invitaran a la Confrencia del Clima de la ONU o al Foro de Davos, donde subrayó la hipocresía de los oligarcas mundiales, aparentemente preocupados por el calentamiento global pero que se desplazaron a esta cumbre en Suiza con jet privado, el súmmum de la contaminación. En cambio, Thunberg prefirió desplazarse en tren, haciendo 32 horas de viaje. Su rostro angelical, pero sobre todo sus convicciones férreas y su ejemplaridad personal, resultan una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Una figura mundial que puede favorecer la causa ecologista en las trincheras de las batallas culturales.

“Se trata del símbolo de una generación que teme por su futuro”, afirma Armand, quien se pregunta sobre la conveniencia de que “una chica de 16 años asuma tanta responsabilidad”. De hecho, una joven convertida en un símbolo de la lucha medioambiental no resulta ninguna novedad. La adolescente canadiense Severn Suzuki, de 13 años, ya se hizo mundialmente famosa en la Conferencia del Clima de la ONU en 1992. Quizás su emotivo discurso conmovió a los asistentes de esa cumbre, pero los compromisos adoptados en Río de Janeiro quedaron en papel mojado.

De momento, las movilizaciones de los “Fridays for Future” han tenido una acogida positiva por los medios mainstream, pero también entre diversos gobiernos. “Estoy contenta de vuestra movilización, esto significa que hemos superado una etapa. Detrás de las puertas de este Ministerio solo tenéis a aliados, no somos vuestros adversarios”, declaró la secretaria de Estado francesa del Ministerio de Transición Ecológica, Brune Poirson, durante la concentración del pasado viernes en París delante de este Ministerio. Una reacción casi calcada tuvo la ministra de Energía británica, Claire Perry. “Estoy increíblemente orgullosa de que los jóvenes defiendan con fuerza que debemos pasar a la acción”, afirmó.

“Tenemos la impresión de ser tratados como niños”, lamenta Armand. Los huelguistas belgas lograron ser recibidos por la ministra federal belga de Medio Ambiente y por el responsable de esta misma cartera en el gobierno valón. “Pero se dedicaron solo a darnos lecciones”, añade. Desde su colectivo Génération Climat, apuestan por elaborar unas reivindicaciones más concretas y que el movimiento estudiantil se organice a través de asambleas. Unos desafíos necesarios si esta marea verde no quiere convertirse en un movimiento simpático para limpiar consciencias entre los poderosos. “Existe el riesgo del greenwashing”, reconoce Armand.





viernes, 22 de febrero de 2019

El gobierno asturiano se contrata a sí mismo [Haciendo memoria: 15-07-2005]

 “La sombra de la corrupción planea sobre las autoridades asturianas cuando sus políticos desprecian el: serlo, parecerlo y, en la cosa pública, poder verificarlo”

Ya han pasado casi 14 años y parece que poco o nada haya cambiado
Actualmente dispone de una nueva página: https://www.serpasa.es/
 


La Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A. (SERPA) acaba de inaugurar nuevas oficinas para sus 71 empleados, de los que 33 son fijos, y 38 con contrato por obra. Al acto asistieron autoridades de la Administración, directores generales, concejales, etcétera, indicio sobrado de qué empresa se trata y quiénes la mueven. Yendo directamente al asunto; las cosas han de serlo, parecerlo y, en la cosa pública, además, que sea “verificable” es decir, que se pueda constatar. Esta entelequia de empresa no cumple ninguno de estros tres requisitos y sí justamente todo lo contrario.

Con la LEY 7/2002 de 24 de junio del Principado de Asturias, el Consejo de Gobierno forma esta sociedad mercantil (Art.1) como un medio técnico propio al servicio de la Administración del Principado, con objeto según el Art. 3, de realizar actividades en la construcción de infraestructuras así como su estudio y asistencia técnica, promoción y comercialización agroalimentaria, para terminar con la prevención y lucha contra plagas y enfermedades vegetales y animales y con la prevención y lucha contra los incendios forestales, es decir, para cualquier cosa, sin importar cuan dispar y disperso sea el tema. La sociedad se regirá, según el Art. 4, “por el ordenamiento jurídico privado” y “en ningún caso podrá disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública” pero más adelante, comienzan las contradicciones y a enseñar la verdadera trama de este tinglado. Las relaciones del SERPA con la Administración del Principado, dice, tienen naturaleza instrumental y no contractual, de modo que son de carácter interno dependiente y subordinado y, estas actuaciones obligatorias, se entenderán como ejecutadas por la propia Administración del Principado. Si aún queda alguna duda, la Ley termina diciendo que SERPA podrá requerir en sus actuaciones la colaboración de empresas particulares como si fuera un organismo público. ¿En qué quedamos? Pues simplemente que es privado o público según convenga a los que les conviene.

Esta empresa, por llamarla de alguna manera, percibirá por la realización de sus obras, trabajos, asistencia técnica y consultorías, el importe de los costes directos e indirectos en que hubiere incurrido según la tarifa que se desarrollará reglamentariamente. Para que SERPA no tenga agobios, en los Presupuestos Generales de Principado, se les ha adjudicado como previsión de gastos e ingresos 1.863.038 euros para 2004 y 5.620.500 euros para el presente ejercicio 2005, a lo que parece se suma facturar las obras y servicios por costes reales, lo mismo que cómo, cuánto y, de cuántos sitios, cobran los altos cargos del SERPA que, como es al tiempo privada y pública, sus cargos también han de ser ambivalentes necesariamente, resultando públicos como altos cargos de la Administración, pero también altos cargos en cuanto empresa privada, que lo es y que “se regirá íntegramente por el ordenamiento jurídico privado” tal como dice la Ley que la crea. Por definición, las empresas mercantiles se constituyen siempre con fines y ánimo de lucro y, cuanto más y mayor mejor, pero aquí nada se dice de los dividendos derivados del lucro ni de las bonificaciones y demás regalías de los consejos de administración y que son, además y para colmo, perfectamente legales en la ley se sociedades.

Dos años más tarde, qué prisa hay, se publica el DECRETO 50/2004 de 3 de junio, sobre su régimen jurídico, económico y administrativo, para decir más de lo mismo, aunque descubriendo más aún la verdadera identidad de la trama. Comienza insistiendo otra vez que se regirá por el régimen jurídico privado, de este modo esta empresa pública se escapa al control parlamentario y de los funcionarios de alto nivel que pudieran entender de qué va la movida, habida cuenta que en tal empresa los cargos de confianza son sólo, como su propio nombre indica, para los de confianza. En el Art. 3 del Decreto, vuelve con lo mismo de la Ley, que SERPA no podrá ejercer como autoridad pública, para, unos renglones más abajo, decir que las actuaciones obligatorias de SERPA se entenderán como dictadas por la propia Administración, es decir, que esta empresa privada deja de serlo, para ser y convertirse en autoridad pública, todo según convenga, a los que le convengan, pues no se especifica ni cuando ni cómo la Administración considerará una cosa o la otra, cuando además, los administradores de la sociedad son los mismos que los de la Administración. La Ley decía que se regularía la tarifa de los costes de la actuación y lo único que hace el Decreto es repetir lo mismo, pero introduciendo la figura de la Comisión que determinará las tarifas de acuerdo con las Consejerías afectadas para acabar con que lo que vale es lo que diga el Consejo de Gobierno, el mismo que tiene el control de SERPA que se rige por la jurisdicción privada. En el Art. 15, por si no ha quedado claro, dice que SERPA, podrá requerir la colaboración obligatoria a las empresas particulares con la misma fuerza que un organismo público, pues vuelve a insistir, que SERPA tendrá la consideración de organismo público.

Unos días después, se publica el tercer documento, la RESOLUCIÓN de 21 junio de 2004, BOPA nº 147, de la Consejería de Economía y Administración Pública que completa la Ley y Decreto anteriores pero que no añade nada nuevo al fondo de la cuestión.

De las tres normas legales (Ley, Decreto y Reglamento) se va a derivar la actuación de SERPA que resulta ser tan ambiciosa como inimaginable y descrita en su página web. Las Actividades y Servicios se subdividen en tres partes; Ingeniería y Proyectos, cuyo objeto es la supervisión y control técnico de proyectos, auditoría de viabilidad técnica, económica, plazos, redacción de especificaciones, revisión y verificación, gestión de aprovisionamientos y contratos, de explotaciones, documentación y redacción de proyectos. El apartado siguiente, Asistencia Técnica dice ser el “control integrado de proyecto y obra” de lo que se deriva la supervisión técnica, seguridad y salud de obra, soporte y asistencia, dirección de obra, coordinación, control, planificación, plazos, garantía, ensayos, viabilidad de la inversión, gestión de cobros y pagos, desfases, control medio ambiental. Por último en Otras Prestaciones se incluye, construcción de obras menores, mantenimiento, gestión y explotación de propiedades del Principado, gestión de ferias y exposiciones, reuniones, jornadas y la “Participación en Proyectos singulares o estratégicos del Principado”. Esta descripción astronómica y agotadora, relación de actividades y capacidades de hacer, analizar, dirigir, controlar, valorar y, con tanta diversidad, parece sacada más bien de las páginas amarillas de toda la Unión Europea, contrasta con los “Trabajos Destacados” que dicen han realizado y que se resumen en la instalación de stands en la feria de Tineo, gourmet del Principado, Salical, una depuradora de moluscos en Castropol, adecentamiento de los alrededores del Museo Jurásico, proyecto del camino de Ponga, la senda del oso, área recreativa de Tuñón, confección de varias web y alguna cosa más por el estilo, o sea, todo alta tecnología.

Si juntamos los tres documento legales, lo que dice ser SERPA, lo que dice haber hecho, el dinero que maneja, las personas que forman tal prodigio y sobre todo y principalmente el poder otorgado al SERPA y el de los promotores del emporio empresarial, las conclusiones son muchas y fácilmente deducibles. El Gobierno se contrata así mismo de modo que todo queda en casa. Ni una sola obra, ni un solo proyecto se podrá hacer sin la tutela y aprobación del SERPA, agravado además, porque carece de control alguno que cumpla los mínimos requisitos de independencia e incluso de capacidad técnica, profesional y cualificación contrastada. ¿Quién ha seleccionado al personal del SERPA, en qué oposición, con qué tribunal? Ni el parlamento asturiano, ni los funcionarios cualificados de la propia Administración tendrán acceso a tal empresa bajo el control directo y exclusivo del Consejo de Gobierno cuando va de empresa pública y mucho menos cuando actúe de empresa S.A. privada.

A modo de ejemplos nada superfluos. El traslado y subcontratación de la informática y sus programas a una multinacional norteamericana, fuera de Asturias, despilfarro aparte, supone una patente de impunidad para el Gobierno, pues si ya es difícil hacer auditorías, controlar lo adecuado de la gestión y tantas otras cosas más, imaginemos el apagón que supone que los funcionarios de la Administración estén, tal como han quedado, marginados del “disco duro”. En todo este affaire se comienza a comprender, por ejemplo, la perversa actitud gubernamental calificando y humillando (esto ceo no lo han conseguido) al propuesto por el claustro de la Universidad Laboral para Director, Don Luis Fernández, y que la Administración calificó con cuatro ceros y aunque todo un Juez haya sentenciado ya la irregularidad clamorosa de tanto cero, nada ha pasado y la Administración sigue, más allá del bien y del mal y de la propia Justicia. Pero esto no ha sido una obcecación gratuita, casualmente SERPA es parte del asunto de los ceros. En el BOE nº 125 del 26 de mayo 2005, resulta que SERPA, S.A. es la adjudicataria para selección de ocho contratos de dirección de las obras del plan de usos de la Universidad Laboral donde, se licitan plazas para ocho arquitectos por un total de 975.000 euros, con carácter urgente y un plazo de ejecución de 20 meses y firma su Director Gerente, Francisco Villaverde. Si añadimos, el proyecto del Hotel, lo de la millonaria TV gubernamental en la parte del convento, hacer una bar musical y a saber cuantos disparates más, está claro que la candidatura de D. Luis Fernández y su equipo, era un atentado muy grave al negocio en marcha.

Este montaje es consecuencia de la connivencia y claudicación de la oposición, IU está en el lote y va en el carro, el PP nunca lo será, simplemente partido de la alternancia, que es para hacer lo mismo o similar, cuando les toque. Esto es el juego de la democracia de la alternancia o del duopolio. Sólo una ley electoral que reparta realmente los votos y no que los amontone y una ley nítida de financiación de los partidos, podrá poner en su sitio estas chapuzas financieras y convertir en ley: serlo, parecerlo y que sea verificable. Mientras el desarrollo asturiano se seguirá gestionándose mediante sociedades interpuestas, expropiaciones, oscuros procedimientos y las sorpresas que seguro nos esperan.

Publicado el 15-07-2005, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=17821


http://asturbulla.org/index.php/asturias-principal/asturias/37983-el-gobierno-asturiano-se-contrata-a-si-mismo-haciendo-memoria-15-07-2005

miércoles, 20 de febrero de 2019

Julen y el periodismo

 
Esos mismos medios que reservan el calificativo de populismo en tono peyorativo para los políticos nos están mostrando que a populismo facilón no les gana nadie
A la semana del accidente, el corresponsal de un medio holandés que estaba en Totalán cubriendo los trabajos de rescate de Julen contaba que esta noticia había desplazado en las televisiones de su país a las informaciones sobre el Brexit. Todos sabemos el impacto que tienen en la sociedad las noticias de interés humano y el caso Julen tiene muchos de esos elementos: tragedia, niño, cercanía, lucha contra el tiempo, incertidumbre del desenlace, movilización de recursos e infraestructura...
Según pasaban los días nos estábamos dando cuenta de que la tragedia de Julen tenía todos los ingredientes para explotar lo más miserable de los medios de comunicación. Unos medios que dejarían para un segundo plano las noticias racionales y de trascendencia pública para centrarse en la emocionalidad y la sentimentalidad del caso Julen.

Lo contaba ya Almudena Grandes el 21 de enero, "si en España no pasara nada más, no me quejaría. Pero en España pasan muchas cosas, aparte de Vox y de Cataluña. Por ejemplo, que el presidente del BBVA, Francisco González, pagara a un delincuente, el excomisario Villarejo, para que espiara y, llegado el caso, chantajeara o destruyera la reputación de una serie de personas que amenazaban su poder". El resultado, dice la escritora, es que los micrófonos persiguen más a los ingenieros y mineros del pozo que a los directivos de un banco que contratan a mafiosos.

El panorama resultaba desolador, mientras suceden cosas graves, las señoras viven en la zozobra por la vida de niño, los cuñaos desde los bares y en las redes dan lecciones de ingeniería y en los actos de los partidos se lanzan consignas a la familia gritando que ese partido está con ellos, como hizo el padre de Mari Luz, la niña de cinco años asesinada en 2008, y cuyo papel muchas voces han considerado despreciable y como menos de un protagonismo y un uso político desproporcionado. "Julen, desde el pozo tan oscuro donde estás metido, el PP y España entera está contigo", dijo en la convención del PP en la que defendía la presión permanente revisable.

En Totalán se apostaron decenas de periodistas; por cierto, atendidos por Protección Civil y alojados en casas de vecinos solidariamente, parece que la cobertura les salió barata a los medios. Periodistas en rebaño que solo pueden contar lo mismo y que se dedican a recoger testimonios obvios de vecinos cuando no a reproducir al unísono las declaraciones del portavoz oportuno de la Administración o de los ingenieros.
Puestos a tratar el asunto podían haber ido buscando dónde se encuentran el millón de pozos ilegales, similares al que ha caído Julen, antes de que caiga otro niño, aunque eso tenga menos morbo que cuando hay un niño dentro.

Como desgraciadamente era de prever, el final resultó aposteósico para las televisiones. Telecinco modificó su parrilla televisiva, levantó "Pasapalabra" y "Volverte a ver" por un especial de Ana Rosa Quintana en la tarde del viernes y la mañana del sábado. Antena 3 y LaSexta colocaron una pequeña pantalla emitiendo imágenes en directo del rescate bajo el sensacionalista titular: "A 3 metros de Julen", lo que despertó numerosas críticas. No importa que tu quisieras saber lo que pasaba en Venezuela, el conflicto del los taxistas o simplemente desconectar con el concurso que emitiesen, Julen era omnipresente.

La periodista de RTVE Ana Ruiz Echauri no podía aguantar la náusea y así decía en un tuit: No hemos aprendido NADA de otras desgracias anteriores. Vamos sin freno hacia el asco infinito. ¿Hasta dónde vamos a llegar en lo morboso, "compañeros"?

El veterano periodista Arsenio Escolar ponía el dedo en la llaga señalando que "mejor nos hubiera ido a todos como país si esta atención extrema al rescate de Julen la hubiéramos prestado en su día los medios al expolio de las cajas, los recortes del Estado del Bienestar, la corrupción de todos los colores, la burbuja inmobiliaria, la desigualdad extrema...".

El Consejo Audiovisual de Andalucía ha anunciado que analizará el tratamiento mediático del 'caso Julen' en televisión ante una posible vulneración de derechos fundamentales de la familia. El Consejo reclamó a las televisiones que huyan del amarillismo y de la espectacularización de estos casos y recordaba la aprobación de diversas recomendaciones específicas sobre la aparición de menores en emisiones relativas a sucesos luctuosos o dramáticos, la Guía de buenas prácticas para el tratamiento informativo de las desapariciones, o la Guía para el tratamiento de procesos judiciales en la que se incluye un apartado sobre los menores de edad.

La recomendación no solo llega tarde, sino que es inútil en la medida en que su capacidad de intervención se limita a eso, a una "recomendación".

Recurro de nuevo a las palabras de Almudena Grandes, la tragedia de Julen "es terrible, es atroz, causa un dolor infinito a sus padres, estremece a cualquiera que haya tenido hijos pequeños", pero abandonar la actualidad para dedicar tertulias, aperturas de informativos y decenas de periodistas a explotar la tensión de una espera no debería ser el objetivo del buen periodismo.

Esos mismos medios que reservan el calificativo de populismo en tono peyorativo para los políticos nos están mostrando que a populismo facilón no les gana nadie.

sábado, 16 de febrero de 2019

Algunas verdades acerca de las pensiones públicas


4 octubre, 2018, Juan Francisco Martín Seco
Interventor y Auditor del Estado. Inspector del Banco de España
Contrapunto

El blog de Juan Francisco Martín Seco en Republica.com


El Gobierno de Pedro Sánchez se podría denominar el de los tristes destinos o, mejor, el de los anuncios y desmentidos; pero pocos proyectos han durado tan poco como el intento de eliminar la desgravación fiscal a la inversión en fondos de pensiones. Al día siguiente de difundirlo, se producía ya la rectificación. Algunos medios lanzaron la idea de que el Gobierno no quería enemistarse con tantos contribuyentes como se aprovechan de la desgravación.
La afirmación no creo que tenga mucha consistencia, porque los beneficiados con los fondos de pensiones no son tanto los contribuyentes como los bancos. Los partícipes lo único que obtienen es retrasar el pago de los impuestos, ya que la deducción actual se compensa con la cuantía que tendrán que abonar en el momento del rescate. Como contrapartida, pierden la administración de su inversión, que entregan a la entidad gestora, más preocupada de la ganancia del banco al que pertenece, que de la de los partícipes. Las comisiones se terminan comiendo cualquier asomo de rentabilidad. Hasta el año 2006 se podía dudar de la conveniencia que para el contribuyente tenía esta figura financiera, ya que en el momento del rescate se tributaba tan solo por el 60% del total. Pero, a partir de esa fecha, no parece que haya duda alguna, ya que la imposición es del 100% al recuperar el fondo.
Lo que, sin embargo, sí es seguro, es que las grandes favorecidas por los planes de pensiones son las entidades financieras, puesto que a través de ellos cuentan con cuantiosos fondos cautivos que pueden gestionar a su antojo según sus conveniencias y que les proporcionan importantes comisiones. De ahí la defensa a ultranza que los bancos realizan de la desgravación, porque por lo menos crean el espejismo de que esta figura financiera es ventajosa para los contribuyentes.
Los intereses de las entidades financieras en incentivar los fondos de pensiones son los que han estado detrás de la ofensiva lanzada desde los años ochenta en contra del sistema público de pensiones. Desde entonces, los cañones informativos del poder económico no han dejado de bombardear con múltiples consignas acerca de la previsible quiebra de la Seguridad Social, pronosticando la hecatombe para determinadas fechas. Sin embargo, los días señalados fueron llegando sin que se cumpliesen los negros augurios de los expertos a sueldo.
Los intereses financieros están también detrás de todas las voces que estos días han surgido en tono crítico al conocerse que el Pacto de Toledo había aprobado la actualización anual de las pensiones por el IPC. Hasta Solchaga ha salido del escondite de sus negocios para saltar a la palestra y afirmar que los jubilados no han pagado todo lo que reciben. Ante la algarabía de despropósitos escuchados, he considerado conveniente contestar una vez más a algunos de ellos. Tengo que reconocer que lo hago con cierta apatía por no poder decir nada nuevo, distinto de lo que he repetido en bastantes ocasiones (ver los últimos artículos sobre este tema en este diario digital publicados el 8, el 15 y el 22 de marzo de este año, respectivamente). Pero, como los tópicos, los sofismas y las falacias son también los mismos, no tengo más remedio que reiterar los argumentos. Ahora bien, la referencia a los tres artículos anteriores me exime de un relato pormenorizado, y me permite limitarme a señalar tan solo a modo de resumen los puntos más relevantes y significativos sin entrar a fondo en ellos:
  • La actualización de las pensiones con el IPC no representa ninguna subida real, simplemente se trata de impedir que se reduzca su cuantía. Tampoco constituye un coste real para el Estado, porque si la inflación eleva en términos nominales el gasto público, incluyendo las pensiones, en la misma medida incrementa los ingresos de todas las administraciones públicas. Si, no obstante, el gasto de la Seguridad Social se incrementa año tras año en términos reales, son otras las variables responsables, por ejemplo, se debe al hecho de que las prestaciones de los nuevos jubilados sean más elevadas que las de aquellos que abandonan el sistema, manifestación clara de cómo las pensiones crecen menos que los salarios.
  • Las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Son todos los ingresos del Estado los que deben hacer frente a su desembolso.
  • No hay ninguna razón para diferenciar el gasto en pensiones de otras partidas del presupuesto tales como la educación, la sanidad, la justicia, el seguro de desempleo, la defensa o los intereses de la deuda. A nadie se le ocurre afirmar que tales gastos son inviables y que el Estado va a dejar de costearlos.
  • La viabilidad de las pensiones, como la del resto de los gastos públicos, no depende de cuántos son los que producen, sino de cuánto se produce. Gracias a los incrementos de productividad, menos trabajadores pueden generar un mayor
  • En los países occidentales la productividad viene creciendo paulatinamente desde 1700. En concreto, en el periodo 1980-2012, la tasa promedio de crecimiento fue del 1,8%. Aun cuando esta tasa es bastante más reducida que la de los periodos anteriores, es lo suficientemente elevada como para que la renta per cápita durante estos años se haya incrementado en términos reales el 77% y se haya creado, por lo tanto, sobrada riqueza para que no exista ningún obstáculo en la financiación del Estado social en su conjunto, incluyendo por supuesto las pensiones. Eso sí, siempre que el Estado como socio destacado del sistema productivo se apropie mediante impuestos de una parte suficiente de la producción.
  • Los problemas, de existir, no son de producción sino de distribución, y de la decisión social y política de crear y perfeccionar un sistema fiscal dotado de la progresividad y suficiencia apropiadas para financiar la totalidad de las prestaciones del Estado social.
  • No es verdad sin más que los impuestos se opongan al crecimiento. Más bien, si se emplean adecuadamente, puede ser al contrario. Los pensionistas tienen una propensión marginal a consumir bastante más elevada que los contribuyentes de rentas altas -sobre quienes en mayor medida deben recaer los impuestos-, por lo que los recursos en sus manos contribuirán más a la expansión económica que en el bolsillo de los contribuyentes.
  • La próxima revolución industrial, que ya se vislumbra, incrementará significativamente la productividad, pero por el mismo motivo puede reducir de forma considerable el número de puestos de trabajo. La alternativa al desempleo es, tal como ha ocurrido ya en otros momentos de la Historia, el reparto del trabajo, empleando al menos parcialmente los incrementos de productividad en disminuir la jornada de trabajo o la vida activa de la población.
  • El sistema público de pensiones, a pesar de ser de reparto, no constituye ninguna injusticia intergeneracional. Los más interesados en que no se reduzcan las pensiones son los futuros pensionistas.
  • Si la productividad crece y cada generación es más rica que la anterior se debe a que parte con un bagaje técnico y de conocimientos mucho mayor, que ha sido posible gracias al esfuerzo de las anteriores generaciones.
  • Concretamente en el caso de España, los jubilados actuales han costeado con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. Con sus impuestos han facilitado en buena medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron. Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes. Han sido su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años. ¿No le parece, señor Solchaga, que al menos han aportado tanto como reciben? ¿No tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?
  • El sistema de pensiones español comparado con los de otros países no tiene nada de generoso, a pesar de las manifestaciones de sus detractores, que se fijan exclusivamente en el porcentaje que la pensión que se reconoce en el momento de la jubilación representa respecto del último salario sin considerar otras variables.
  • Según datos de Eurostat para 2015, en España el porcentaje que representa el gasto en pensiones sobre el PIB es inferior al de Grecia, Francia, Portugal, Austria, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Bélgica, Italia y Alemania. Tan solo los países que provienen del bloque del Este mantienen un porcentaje inferior.
  • En España el gasto por pensionista es inferior al de Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Suecia, Austria, Reino Unido, Finlandia, Italia, Francia, Irlanda, Alemania, etc.
  • En todos los países de la Unión Europea las pensiones se revalorizan periódicamente de acuerdo con la evolución de una o varias de estas tres variables: los precios, los salarios y el PIB. Estoy seguro de que los jubilados españoles estarían encantados con que a la evolución de los precios se añadiese la del PIB y la de los salarios a la hora de actualizar sus pensiones.
  • Por último, es bueno recordar que la presión fiscal española se sitúa ocho puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Nadie puede decir que no existe margen para mantener el sistema público de pensiones y actualizar las prestaciones anualmente de acuerdo con el IPC.
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miércoles, 13 de febrero de 2019

¿SELECCIÓN O AUTOENGAÑO? (I) (*) (Doce tesis sobre el momento actual de “la selección” en el empleo público autonómico y local)



1.- La trascendencia de la selección en el empleo público. El momento selectivo es, seguramente, uno de los puntos críticos de la gestión de personas en las Administraciones Públicas y en las entidades de su sector público. Si la organización se equivoca, no salvaguarda correctamente los principios de igualdad, mérito y capacidad, o diseña mal los procesos (tanto las pruebas como no selecciona correctamente a los tribunales o no garantiza su fiabilidad y validez), heredará para décadas (hasta la jubilación de ese personal) un grave problema: la incorporación de personas que no son las mejores y que, por consiguiente, arrastrarán tras de sí déficits notables de conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes (competencias). Y todo ello no es gratis, es una (mala) decisión con elevadísimos costes. Algunas de esas taras se podrán corregir con el paso del tiempo, pero otras muchas no. La hipoteca para la organización será pesada, tanto en lo que afecta a la inserción de personas inadecuadas como al peso presupuestario (gasto público ineficiente) que comporta tal medida. Por no hablar de la contaminación que supone incorporar funcionarios que no hagan bien su trabajo o que dispongan de nula o escasa versatilidad y polivalencia, pues tales personas pueden arrastrar, además, dosis innegables de toxicidad o de contagio al funcionamiento de esas estructuras administrativas en las que se inserten y sobrecargar (lo que suele ser más común de lo que se piensa) el trabajo de aquellos profesionales que ejercen bien sus funciones. Una mala decisión selectiva es, por tanto, una muestra evidente de mal gobierno y de despilfarro, así como de mala gestión. Se puede comparar en  sus efectos a las pésimas consecuencias de nombramientos clientelares o fruto del amiguismo o nepotismo en lo que afecta al ingreso al empleo público. En determinados contextos, puede llegar a ser una modalidad atípica de corrupción política, gestora o sindical. Los costes de todo ello son elevadísimos y los paga la ciudadanía. No cabe olvidar este último punto. Las Administraciones públicas autonómicas y locales no llegarán a ser profesionales ni eficientes sin una decida apuesta por la mejora continua de sus sistemas de selección y por la erradicación absoluta de prácticas clientelares o de fomento turbio de una estabilidad mal entendida.

2.- La selección forma parte integrante del núcleo de la política de recursos humanos de una organización pública. Las políticas de selección son una parte importante del sistema integral de gestión de recursos humanos. Dicho de otro modo: el reclutamiento y la selección (aunque son cosas distintas) no se pueden aislar del resto de elementos de ese sistema de gestión (valores, estructura organizativa, diseño de los puestos de trabajo, formación, carrera profesional, evaluación del desempeño, provisión de puestos de trabajo, sistema de incentivos y retribuciones, derechos y deberes, etc.). Si la puerta de entrada al empleo público profesional no funciona correctamente, que nadie se llame a engaño: nunca, absolutamente nunca, esa organización dispondrá de una función pública profesional a la altura de las exigencias y retos de cada momento. Una mala o deficiente selección de empleados públicos contamina la política de gestión de personas en las organizaciones públicas hasta convertirla en inoperante. Al no disponer de conocimiento interno, las Administraciones Públicas deberán recurrir a la externalización de funciones críticas (no deja de ser paradójico que se busque fuera el conocimiento técnico cualificado o especializado, cuando este es el que precisamente debería estar dentro de la organización) o, en su defecto, conduce a hacer de forma poco eficiente las cosas, con lo cual las políticas gubernamentales tardarán en ser efectivas, no se alcanzarán las metas o cuando se adopten será de forma deficiente. Y una vez más los platos rotos los pagará la ciudadanía.

3.- Las tres notas características de la función pública. Por consiguiente, no conviene olvidar una cuestión muy básica. La institución de función pública apareció en escena (siglos XIX y XX) para cerrar el paso a políticas de spoils system (en España, a su versión castiza de las “cesantías”) o de carácter clientelar, que configuraban la Administración Pública como botín del partido ganador de las elecciones, pues quien alcanzaba el poder repartía los empleos en la Administración entre sus fieles o seguidores. De ahí vienen las tres notas distintivas de esa institución de función pública: 1) Profesionalización: El acceso a la función pública se debe llevar siempre a cabo de acuerdo con el principio de igualdad, mérito y capacidad; esto es, deben entrar los candidatos mejores que así lo acrediten en procesos competitivos y de libre concurrencia (lo que nosotros llamamos “oposiciones”); 2) Estabilidad: a quienes así acceden se les garantiza un estatuto de inamovilidad o permanencia, con la finalidad de ponerlos al abrigo de las influencias y remociones políticas, siendo esta nota hoy en día un evidente privilegio de los empleados públicos en relación con el sector privado (configurado por relaciones de empleo de enorme volatilidad): y 3) Imparcialidad: esta tercera nota es consecuencia de las anteriores, puesto que solo los funcionarios que acceden acreditando profesionalidad a la Administración Pública y a los que se les dota de un estatuto de permanencia, pueden disponer de la necesaria imparcialidad frente al poder político de turno (como dicen los anglosajones, están en condiciones de decir “no” a los políticos que quieran adoptar medidas no convenientes al interés público). Sin la convergencia de estos tres elementos no se puede hablar de función pública profesional. Y si falla el primero, el último se desmorona. No basta con “estabilizar”, es imprescindible salvaguardar la profesionalización e imparcialidad de la función pública. Es un elemento existencial de la institución.

4.- El cierre temporal de la selección: las políticas de contención presupuestaria y la tasa de reposición de efectivos. La selección de empleados públicos ha estado cerrada (casi) herméticamente como consecuencia de la crisis fiscal y de las políticas de contención presupuestaria en los últimos años. De hecho, se puede afirmar que las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado han actuado como marco normativo regulador y claramente limitador del empleo público, desplazando a las Leyes que regulaban esta materia (TREBEP y leyes autonómicas de empleo público). Y ese marco presupuestario excepcional ha abusado hasta la saciedad de la noción de “tasa de reposición de efectivos”, un factor perturbador de las políticas de selección (y de renovación) de efectivos anudado teóricamente a la contención del gasto público, pero que en verdad jugaba (y juega) como un elemento altamente distorsionador del modelo de gestión racional y eficiente de recursos humanos en el sector público. La tasa de reposición apenas nada ahorra (es de efectos nulos en el ejercicio presupuestario sobre el que se proyecta), pues se despliega sobre otros ejercicios presupuestarios, no sobre el que se aprueba. Por tanto, no supone rebaja alguna del déficit público en el cómputo anual en el que se aprueba. La política de recursos humanos del sector público no se puede hacer solo, como se viene haciendo, con las leyes anuales de presupuestos. Es una mirada corta y pasa amplia factura.

5.- Sin una política (continua) de previsión de efectivos no se pueden cubrir cabalmente las vacantes del sector público. A todo ello se ha unido, como circunstancia agravante, una pésima política de previsión de efectivos y de cobertura de vacantes en las Administraciones Públicas. Los sistemas de gestión de vacantes suelen estar obsoletos y dan muestras evidentes de agotamiento. Por lo común, no son sistemas ágiles y continuos, sustituyendo su funcionamiento por un recurso generalizado a las excepciones (comisiones de servicio o interinidades) y no fomentando la regla (procedimientos ordinarios de provisión) que debiera ordenar una adecuada provisión de los puestos en el momento en que las plazas quedan vacantes. La agilidad en la cobertura de vacantes no existe. La maquinaria de gestión está hipotecada por un funcionamiento ineficiente y burocratizado hasta la extenuación. No hay unidades de gestión de recursos humanos en el sector público, son habitualmente centros gestores de anomalías. La planificación es un instrumento que apenas se practica.

6.- La Oferta de Empleo Público como instrumento del pasado. El proceso de selección en el empleo público sigue descansando, además, sobre un modelo “analógico”, lento hasta la exasperación y escasamente funcional. Las Ofertas de Empleo Público son instrumentos de otra época, que casan mal con el mundo digital y con la instantaneidad y transparencia. No aportan ningún valor añadido. Deben sustituirse por sistemas ágiles y flexibles de anuncio de vacantes de forma continua y de cobertura inmediata, siempre que se tengan disponibilidades presupuestarias. Las convocatorias anudadas a la Oferta no pueden prolongarse en su ejecución hasta tres años, como marca el TREBEP (artículo 71). Eso es una eternidad en estos momentos (piénsese cómo selecciona el sector privado) y alimenta más aún la interinidad (pues un puesto de trabajo, siempre que sea necesario, no puede estar vacante tan largo período de tiempo si la oferta tarda en ejecutarse). Hay que caminar a procesos selectivos muchos más cortos en su ejecución desde el anuncio de la vacante (tres meses o un máximo de seis). El sistema de gestión de selección de personal no puede estar dormido largos períodos de tiempo y despertarse abruptamente en momentos críticos donde se somete a la organización a un estrés de funcionamiento insostenible y con resultados muy discutibles. La selección y provisión deben ser herramientas de gestión utilizadas continuamente, no de modo instantáneo o cíclico.

7.- El efecto no deseado: la multiplicación de la temporalidad en las Administraciones Públicas y el acceso a la condición de interino. La situación descrita en los puntos anteriores ha conducido a una proliferación (en algunos casos auténtica epidemia) de multiplicación de la interinidad y temporalidad en el empleo público. El fenómeno alcanza magnitudes desproporcionadas en algunas Administraciones Públicas. Pero cabe preguntarse, en primer lugar, cómo se accede a tal condición de interino o de personal temporal. Lo más frecuente (al menos lo que dice la Ley) es que ese acceso se debe vehicular a través de procesos públicos ágiles y rápidos, pero en lo que se salvaguarden los principios de igualdad, mérito y capacidad. Lo habitual, sin embargo, es que tales procesos “selectivos” se enmarquen en un fenómeno singular (otra patología más del modelo de gestión de personas en el sector público): las bolsas de trabajo o de empleo, que nacen de convocatorias “ad hoc” o de restos de procesos selectivos realizados que promueven las diferentes Administraciones Públicas y de las que se nutren otras diferentes. La pregunta de los gestores de RRHH es recurrente: ¿te queda alguien en la bolsa? La entrada en una bolsa (a veces con criterios enormemente laxos, por ejemplo superar un simple test de preguntas con respuestas múltiples y sin penalización), se produce cuando los procesos son mínimamente rigurosos mediante la superación de unas pruebas selectivas de test, supuesto práctico y, en menos casos, de test psicotécnicos. En todo caso, esa superación da pie, más tarde o más temprano, al ingreso como personal interino. Y las bolsas se agotan, recurriendo, así, a restos, incluso incorporando personas que habían obtenido en esas pruebas calificaciones muy bajas. Y una vez alcanzada esa posición, se abren unas enormes expectativas de “aplantillarse” para toda la vida, alimentadas por un sindicalismo del sector público que protege descaradamente a sus clientes internos (interinos) frente al resto de la ciudadanía (con evidente desprecio de los principios constitucionales de acceso a la función pública y, en particular, al propio principio de igualdad). Así, la vocación de cualquier interino es sumar puntos con el paso del tiempo y alcanzar algún día la condición de funcionario de carrera (o empleado público laboral fijo): esto es, “atravesar el Jordán (concurso-oposición) y besar la tierra prometida” (Alejandro Nieto). Se puede afirmar que en buena parte del sector público español se ha construido una suerte de “coalición interna” formada por un débil empleador público (“desprofesionalizado” y con valores de lo público bastardeados), junto con un voraz y siempre insatisfecho sindicalismo del sector público  y a la que se añaden las expectativas organizadas de estabilización del personal temporal (en algunos casos a través de “plataformas de interinos”), que cierra a cal y canto la puerta de entrada a “externos” (esto es, al resto de la ciudadanía) reduciendo sus derechos constitucionales hasta transformarlos en mera utopía. Tales actores convergen, así, en una suerte de juego perverso y manipulador que se concreta en un estudiado diseño de “las pruebas selectivas”, ablandando al máximo los criterios selectivos de la fase de oposición (para que todos o la mayoría la superen) y luego “ordenar la entrada” (que no seleccionar) a los que ya están dentro. Hay muchos ejemplos que escandalizarían a cualquier observador objetivo. Pero no se difunden. En la era de la transparencia, también hay trucos.

(*) El presente trabajo, dada su extensión se difundirá en dos entradas diferenciadas. El contenido de esta primera entrada, con algunas variaciones puntuales (por ejmeplo, en el subtítulo y en algunos contenidos), coincide con un artículo que ha sido editado en euskera por la Revista Administrazioa euskaraz, número 103, editada por el Instituto Vasco de Administración Pública.

martes, 5 de febrero de 2019

EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SALUD INCUMPLE EL ESTATUTO BÁSICO




“Porque silenciar el abuso contribuye a perpetuarlo”

El Anteproyecto que pretende aprobar el ejecutivo asturiano dedica uno de sus títulos a cuestiones de personal,  pretendiendo suplir su dejadez normativa en esta materia con un conglomerado de artículos que, aunque parecen abarcar muchas cuestiones, apenas introduce algo de luz en alguna de ellas y más bien augura serios problemas interpretativos vista la ambigua,  e incompleta redacción.

De la lectura de su articulado se desprende que no ha habido demasiada reflexión y a errores claros de redacción y confusiones conceptuales -entre instrumentos de ordenación y de clasificación, entre procedimientos de selección y provisión , en la propia denominación de los cuerpos o categorías del personal, entre promoción interna y promoción interna temporal …- se suma una ambigüedad – como la referencia a la plantilla orgánica como instrumento de ordenación del personal del SESPA, sin diferenciación del régimen jurídico o  la introducción de conceptos aparentemente novedosos pero que se limitan a su mera denominación– que parece buscada a propósito en muchos aspectos.

A ello se suman regulaciones  que resultan impensables en cualquier otro ámbito como la privación de facto, pese a su reconocimiento legal desde hace más de quince años, del derecho a la carrera y el desarrollo profesional de los cuerpos o categoría de menor poder adquisitivo al remitirla  a una futura regulación sine die,  como si se tratara de mendigos del sistema a los que ni siquiera se sabe denominar correctamente.

Pero la guinda de tan desafortunada redacción se reserva para el único artículo que comprende el capítulo que dedica  a la “Función directiva” (artículo 101) a la que, en lugar de establecerla con perfiles propios y específicos que la diferencien tanto del personal político como del personal estrictamente técnico y que evite cualquier confusión con el personal eventual de confianza política, configura como una puerta abierta a la arbitrariedad y al abuso.

Así, el Anteproyecto define al personal directivo como aquel “que desempeñe funciones directivas profesionales en el Servicio de Salud”.  Pero omite cualquier otra referencia a cuáles serán tales funciones directivas,  incumpliendo la exigencia establecida por el artículo 13 del EBEP que claramente determina que tales funciones vengan “..definidas como tales en las normas específicas de cada Administración”.

Es decir, lo que se pretende con tal redacción es pervertir tal figura, cuya existencia se justifica por  la necesidad de atender adecuadamente a esas especiales funciones que deben quedar claramente determinadas y, en cambio, la configura como un burdo instrumento al servicio del clientelismo político, al determinar que serán puestos directivos los que figuren con tal carácter “en las plantillas orgánicas”.

Lo que es tanto como decir que serán puestos directivos aquellos que sean del agrado del poder político correspondiente pues, excluidos algunos puestos claramente directivos que ya presentan la delimitación de funciones en los correspondientes decretos de estructura (directores, subdirectores…)  y a diferencia de lo establecido para las relaciones de puestos de trabajo, las plantillas omiten la más mínima referencia a cuál será el contenido de tales puestos.

El abuso se agrava porque, a su vez, se faculta a un órgano unipersonal -la Dirección Gerencia- para la modificación unilateral de la plantilla, sin otro límite que “los créditos globales autorizados para cada ejercicio económico  que no supongan aumento de gasto” con lo que nada impide, por ejemplo, la reconversión de puestos que en atención a sus funciones deberían corresponder a mandos intermedios (jefaturas de sección, jefaturas de servicio…) para cuya provisión sería necesario un concurso de méritos, en pseudo puestos directivos confiados a una libre designaciónque, ante la falta de perfiles claros y exigencia alguna de requisitos concretos para su desempeño, supone pura y dura arbitrariedad.

Por tanto, la redacción actual contiene aspectos que parecen claramente inconstitucionales, contrarios a exigencias del bloque de constitucionalidad establecidas en ley estatal de carácter básico en esta materia.

A tal incumplimiento legal se suma la burla que se hace de la propia figura con la zafia ambigüedad que se busca respecto a quienes estará abierta la provisión de tales puestos.

Por Ley 7/2014, de 17 de julio, de medidas en materia de función pública y organización administrativa, que según su preámbulo “introduce por primera vez en la Administración del Principado de Asturias la figura del personal directivo profesional, en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público”, el nombramiento para tales puestos debe circunscribirse a quienes sean empleados públicos, ya se trate de funcionarios de carrera o de personal laboral fijo.

En cambio, en el Anteproyecto expresamente atribuye la ultrabeneficiosa situación administrativa de “servicios especiales” para el supuesto de que tales nombramientos recaigan sobre personal interino o en promoción interna temporal, reservándoles una plaza de la que carecen en el puesto que ocupen en la fecha del nombramiento, y facultando expresamente para que el tiempo de servicios prestados como directivo sea computado en los “procesos de selección y provisión, antigüedad y determinación de grado -un error de redacción más de los múltiples que presenta el texto, en tanto que el personal estatutario no consolida grado personal-, y ello respecto al grupo de clasificación relacionado con el puesto directivo desempeñado, no el de su puesto de partida.

Una ojeada a la plantilla publicada del SESPA permite comprobar que existen determinados puestos que se califican de directivos,  respecto a los que no solo se desconocen absolutamente sus funciones, sus titulares –no hemos encontrado convocatorias públicas- , los requisitos exigidos o, incluso el grupo o subgrupo de clasificación, con lo que, pongamos por caso, un ordenanza o un auxiliar administrativo temporal podría ser nombrado personal directivo  por libre designación, sin  exigencia de ningún requisito de experiencia o formación específica, y automáticamente ese tiempo de trabajo se le computaría como prestado en el grupo A para cualquier proceso de selección o provisión.

En el ámbito de Salud no se ha aplicado lo dispuesto en la Ley 7/2014, por entender que una ley de acompañamiento de presupuestos del año 2001 –es decir, anterior a la propia existencia del régimen estatutario, que nació en el año 2003 con naturaleza claramente funcionarial -  permitía acudir a personal sin vinculación con la Administración para el nombramiento de lo que denominaba puestos directivos.

Puede discutirse si para determinadas personificaciones públicas como pueda ser un organismo autónomo resulte necesaria o conveniente la exigencia de un personal directivo previamente vinculado con la Administración, especialmente en sectores donde ha sido tradicional al concentrarse básicamente en profesiones altamente cualificadas como ocurre en Salud.

Pero lo que no puede admitirse en ningún caso es esa ambigüedad buscada de no manifestarlo expresamente, esa cobardía de contradecir la norma sibilinamente y pasando de puntillas, “a ver si cuela”.

Si el legislador considera que en el ámbito del Servicio de Salud cabe la figura de personal directivo al margen de su vinculación con la Administración, debe manifestarlo, por razones de elemental seguridad jurídica,  expresamente y otorgando el reconocimiento que la figura merece, revistiéndola, eso sí, de garantías suficientemente claras y precisas que permitan confiar y comprobar que el nombramiento se ha realizado en función del mérito y la capacidad –y no de la afinidad política o de la arbitrariedad- permitiendo contrastar públicamente  quiénes eran los candidatos, conocer sus respectivos currículos, su experiencia previa y contrastada para un puesto perfectamente determinado en sus características, cuales son los objetivos vinculados puesto,  qué parte de sus retribuciones irán vinculadas a los mismos, cómo se articulará el control de resultados, de qué grado de autonomía dispondrá, o con qué garantías de estabilidad contará que impidan convertirla en un triste títere al servicio del poder político, o ¿cree alguien que cabe autonomía de gestión, o criteriosde eficacia y eficiencia, o asunción  real de responsabilidad en la gestión por quien puede pasar de ocupar un puesto de personal directivo a ser demandante de empleo por el mero capricho o disgusto de la autoridad política?

Con tal redacción, flaco favor hace a su actual personal directivo, al que parece dibujar con la única ambición de consolidar un puesto en la Función Pública al margen de los requisitos de mérito y capacidad.

Por ello, si el Ejecutivo asturiano, y el resto de partidos con representación parlamentaria consideran que en el SESPA, como entidad integrante de la administración institucional, la figura del personal directivo puede recaer en personas sin vinculación previa de carácter fijo con la Administración Pública, es necesario que así lo exprese de una forma clara la Ley (en este caso, el Anteproyecto), tal y como se ha hecho alguna otra comunidad autónoma .

Pero eso sí, acompañando necesariamente  a la figura de un escrupuloso régimen de garantías que eviten configurarla como pretende este Anteproyecto, a modo de puerta falsa para la entrada a la Administración Pública por parte de los “afines” o los “obedientes” al poder político de turno.

Es obvio que no será tarea fácil, por lo que tal vez fuera conveniente limitarse a la previsión de una futura regulación o estatuto de personal directivo, en el que, con la reflexión necesaria, se den respuestas a las cuestiones formuladas.

¿O acaso es a la actual redacción, con aspectos claramente  inconstitucionales, denigrante  para la propia figura y claramente abusiva para el resto del personal  a la que van a mostrar su apoyo los  partidos políticos presentes en la Junta General del Principado?