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lunes, 23 de julio de 2018

El TJUE corrige su doctrina “de Diego Porras”

El pasado 5 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) ha dictado dos Sentencias, por las que resuelve sendas cuestiones prejudiciales españolas y en las que viene a corregir la doctrina que previamente había establecido con su célebre Sentencia de 14 de septiembre de 2016, dictada en el asunto C-596/14 entre Ana de Diego Porras y el Ministerio de Defensa. En este sentido, conviene recordar que la Sentencia “de Diego Porras” fue la respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre si la falta de indemnización por finalización del contrato de interinidad en nuestro ordenamiento jurídico era contraria al principio de no discriminación respecto de los trabajadores fijos que viene recogido en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, cuya cláusula 4 establece en su apartado 1 que:
“Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”
Pues bien, la sentencia “de Diego Porras” vino a establecer doctrina reconociendo el derecho de la trabajadora a ser compensada por la finalización de su contrato de interinidad con la indemnización establecida en el artículo artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores para la extinción del contrato por causas objetivas, es decir, con veinte días de salario por año de servicio y con un máximo de doce mensualidades. El argumento central que sirvió de base para la decisión del TJUE fue que la terminación de un contrato temporal de un trabajador que realizaba funciones equiparables a las de un trabajador fijo debía recibir una indemnización equiparable a la que pudiera haber recibido un trabajador fijo. Dado que la normativa española establece que la extinción de los contratos interinos por reincorporación del trabajador sustituido no conlleva indemnización, el TJUE consideró que esta normativa vulneraba el principio de no discriminación entre trabajadores fijos y temporales establecido en el apartado 1 de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo en la Directiva 1999/70/CE.
Ahora bien, esta doctrina ha sido recientemente corregida con sendas Sentencias del propio TJUE, concretamente:
  • Sentencia de 5 de junio de 2018, dictada en el asunto C-677/16 entre Lucía Montero Mateos y la Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid, por la que se resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid en relación a un contrato de interinidad.
  • Sentencia de 5 de junio de 2018, dictada en el asunto C-574/16 entre Grupo Norte Facility S.A. y Ángel Manuel Moreira Gómez, por la que se resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación a un contrato de relevo.
Con estas resoluciones, el TJUE ha corregido la doctrina “De Diego Porras”, al determinar que la finalización de un contrato de interinidad por vacante y de un contrato de relevo, ambos con carácter temporal, se produce “en un contexto sensiblemente diferente, desde los puntos de vista fáctico y jurídico, de aquel en el que el contrato de trabajo de un trabajador fijo se extingue debido a la concurrencia de una de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.
Así, centra la resolución en la expectativa o previsibilidad de extinción de la relación laboral. Por una parte, admite que en el contrato de trabajo temporal las partes “conocen, desde el momento de su celebración, la fecha o el acontecimiento que determinan su término. Este término limita la duración de la relación laboral, sin que las partes deban manifestar su voluntad a este respecto tras la conclusión de dicho contrato”; y, en cambio, por otra parte, reconoce que “la extinción de un contrato fijo por una de las causas recogidas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, a iniciativa del empresario, resulta del advenimiento de circunstancias que no estaban previstas en el momento de su celebración y que ponen en tela de juicio el desarrollo normal de la relación laboral”.
Es importante que en este ámbito de la extinción por causas objetivas ex artículo 52 del Estatuto de los trabajadores con su correspondiente indemnización, las sentencias advierten y resaltan que en “el Derecho español no opera ninguna diferencia de trato entre trabajadores con contrato temporal y trabajadores fijos comparables”, aceptando el TJUE, en definitiva, que el objeto concreto de la indemnización por despido por causas objetivas, “al igual que el contexto particular en el que se abona dicha indemnización, constituyen una razón objetiva que justifica la diferencia de trato controvertida”. De esta forma, si anteriormente la doctrina “De Diego Porras” rechazaba expresamente el argumento de la “expectativa de estabilidad de la relación laboral” como justificación de que pudiera haber una indemnización determinada para la extinción de contratos fijos frente al peor tratamiento indemnizatorio del fin del contrato temporal, la nueva postura del TJUE se orienta a sostener que ambas situaciones extintivas no son comparables, por lo que no sería discriminatorio su tratamiento indemnizatorio diferenciado, precisamente porque en el contrato temporal la finalización al llegar una fecha o acontecer un hecho está prevista desde el momento de la firma o conclusión del contrato y la extinción anticipada de una relación laboral fija como consecuencia de una decisión del empresario por una causa objetiva (por ejemplo, por dificultades económicas que hacen inevitable una reducción de la plantilla) no es, por regla general, un acontecimiento que el trabajador pueda prever concretamente.
De lo expuesto cabe concluir que parece acertada la corrección introducida por el TJUE de la controvertida doctrina de su Sentencia “De Diego Porras”, puesto que ahora permite la distinción objetiva de unos supuestos claramente diferenciables sometidos a comparación. No obstante, queda por ver si esta nueva vía doctrinal del TJUE será confirmada o matizada por nuevas Sentencias que han de resolver las cuestiones prejudiciales pendientes en esta materia.

martes, 17 de julio de 2018

Les cuentes d’El Musel y la calidá de la democracia





David M. Rivas
http://davidm-rivas.blogspot.com, 13/07/2019

L’enanchamientu d’El Musel ye un proyectu que nun presenta bona traza dende que s’entamara a falar d’ello namás arrancar esti sieglu XXI. Primero fueron los desalcuentros pente’l gobiernu central, entós del PP, ya’l gobiernu asturianu (PSOE) y l’ayuntamientu de Xixón (PSOE-IU). El segundu capítulu veno cuando se publicó la inversión total cola que se trabayaba: 580 millones d’euros. Tratábase del mayor contratu d’obra que facía’l reinu d’España esi añu 2005 ya’l más altu de la historia d’Asturies. Pa dá-y una dimensión: equival a más de cincuenta quilómetros d’autovía.

Más sero llegaron les discusiones de calter medioambiental, que foran despachaes con una rapidez inusual pal tamañu’l proyectu y pa los descomanaos impactos ambientales que lleva apareyaos. Un poco dempués entamaran los problemes financieros y, escontra la insuficiencia de les aides europees, recurriérase a un préstamu del Bancu Européu d’Inversiones de 275 millones d’euros. Dempués entró en danza la mar ya un temporal llevó per delantre'l dique entamáu dempués de cesar a la primera direutora d’obra, que consideraba que yera arriesgao facelu neses feches.

Dos años dempués, el ministeriu reconoz un sobrocoste non claramente especificáu y decídese una modificación del proyectu, una disviación presupuestaria de 216 millones, impuestos aparte, y una petición adicional a la Comisión Europea de 135 millones con cargu a los fondos de cohesión. Un pocoñín después sábese que'l sobrocoste ye d’un cuarenta por ciento, la friolera de 230 millones d’euros. Agora esta historia rocambolesca remátase con la más que probable negativa de la Comisión a unviar sofitos financieros porque’l sobrocoste pal que se piden nun entra nos supuestos llegalmente establecíos nel ordenamientu de la Xunión Europea. Total que taríen nel aire unos 135 millones d’euros que podríen llegar a 180 en función de los saldos pendientes de los fondos anteriores.

A fecha de la redaición d’esti artículu, la Comisión Europea entá nun tomare una decisión, pero ye persabío que ye vezu de la mesma nun decidir a la contra de los informes técnicos, informes que rechacen de plano facese cargu del sobrocoste d’El Musel. Pero, seya como sía, anque les alministraciones implicaes consigan forciar les tradiciones comunitaries, esti asuntu pon a les clares cómo se faen les coses nes obres públiques n’Asturies. Porque lo del superpuertu ye particularmente importante pol so tamañu físicu ya económicu, pero ehí ta entá l’autovía pente Llanes ya Unquera, aparada, pente otres coses por unes circunstancies que tamién tan presentes n’El Musel. Oscurantismu, clientelismu y una visión a curtiu plazu son tres calterístiques presentes en munches decisiones de la política d’infraestructures asturiana.

Tamos asistiendo a un linchamientu de Los Verdes, a la conocía política de matar al mensaxeru. Esti grupu políticu recurrió a les instancies comunitaries porque entendía qu’había irregularidaes na execución del superpuertu. Y non namás teníen drechu a acudir a eses instancies sinón que llevaben tola razón na so denuncia. Al marxe de qu’agora Los Verdes tean nel gobiernu d’una manera abondo inesplicable y de xuro que non mui cómoda, lo importante ye la realidá: la xestión d’El Musel ye mala y pidiéranse fondos que la llei nun permite conceder. Criticar al denunciante d’una mala práctica y tachalu poco menos que de delitu de lesa patria por querer arruinar a Asturies, como se dixo dende’l gobiernu, diz bastante de la calidá democrática d’esti país.

Ya esa escasa calidá amósase otra vuelta cuando’l portavoz d’IU en Xixón diz que lo que pasa ye que la Comisión Europea quier “escaquease” de pagar el superpuertu porque nun creye él que “una carta, denuncia o alegación, por perafitada que tea, qu’unvia un grupu d’una ciudá d’una esquina d’Europa seya l’elementu fundamental pa frenar una ampliación portuaria”. Duldar de la bona fe d’una institución, llamar a un millón de ciudadanos asturianos “esquina d’Europa” y dar por supuesto qu’a un “grupu d’una ciudá” nun hai porqué atendelu, diz bastante de la salú democrático de los nuesos gobernantes.

Porque l’asuntu central d’esta historia nun ye sólo económicu. Ye más, lo que sopelexa esta astracanada ye daqué más importante que lo económico. A la fin, que la obra salga más cara de lo previsto pode llegar a entendese, magar que nun hai direutivu d’empresa privada que caltenga’l puestu trabayu si se-y dispara un presupuestu nun cuarenta por ciento. Lo importante de verdá ye saber el porqué d’esti proyectu, qué se busca con ello y qué ventaxes socioeconómiques apurre.

Ye ridículo pensar que Los Verdes presentaran la so denuncia porque nun quieren que los fondos europeos vengan p’Asturies, sinón que lleven criticando’l proyectu dende l’entamu, fundamentalmente por razones ambientales. Pero ye qu’un par d’años enantes Andecha Astur, mediante’l diputáu d’Esquerra Republicana de Catalunya n’Estrasburgu, de la coalición Europa de los Pueblos, onde ta presente la organización nacionalista asturiana, llevó a la Comisión les posibles irregularidaes ambientales y presupuestaries que podíen torgar la concesión del préstamu del Bancu Européu d’Inversiones. Naquella ocasión salvóse’l pilancu, precisamente, porque nun hebo informe técnicu, al considerase qu’a los fondos bancarios nun sé-ys podía aplicar los mesmos criterios qu'a los fondos estructurales. Con too y con eso, dende les instancies comunitaries prometieron xixilar de cerca tolo relativo a les custiones ambientales, porque sí sospecharon de posibles irregularidaes. Pero, diendo más allá, tampoco podemos escaecer qu'Izquierda Unida –enantes d’entrar nel gobiernu- presentó delles entrugues que nun tuvieron rempuesta, lo mesmo que’l PP, con un eurodiputáu que lleva esperando contestaciones dende hai cuasi dos años.

El proyectu d’enanchamientu d’El Musel entamárase ensin arrepostiar a una entruga cenciella, la que tenía de ser la primera: ¿pa qué se quier en Xixón un puertu más grande?. Cuando tuviéramos la rempuesta, entós y namái qu’entós, entraríamos nel debate sobro cómo tien de ser el puertu, cuánto de grande, cuálu ye’l diseñu, qué impactos ambientales son asumibles y cómo se va financiar. ¿Yera la execución de l’alternativa escoyía la iniciativa que diba apurrir a Asturies el máximu porgüeyu posible de los fondos invertíos?. Parte de la rempuesta diómosla’l propiu gobiernu asturianu, que refugara sistemáticamente toa cuantificación y periodificación de los supuestos beneficios debalaos de talu enanchamientu. Anguaño sigue desconociéndose dafechu’l volume d’emplegu que l’enanchamientu xenerará nel futuru, asina como l’impactu del mesmu nos nuesos índices de renta y actividá industrial.

Nun se fixeran estudios pa especificar orixes, destinos, naturaleces y cantidaes de les mercancíes, custión elemental inclusive pa cualesquier profanu en materia económica. Paralelamente, l’Autoridá Portuaria omitiera siempres cualesquier mención direuta y causal d’iniciatives loxístiques propies como fonte xeneradora de tráficos que ficieren necesariu l’enanchamientu. Ye más, cuando tres la resolución del 30 d’agostu de 2008 dicha autoridá espublizó les cuentes añales, nun incluyó los tráficos, puntu que ye obligatoriu por llei. De fechu, l’únicu argumentu conocíu pa xustificar l’ampliación yera que’l terminal vieyu de graneles sólidos taba incapacitáu pa descargar los 20 millones de tonelaes de carbón y mineral de fierru que l’Autoridá Portuaria preve pal 2012. Total: 580 millones d’euros y la bahía de Xixón desaniciada pa cuatro millones de tonelaes más de carbón.

Vistes les coses, los beneficiarios del enanchamientu son esclusivamente los destinatarios de carbón y mineral, ye dicir, Arcelor y n’especial Hidroeléctrica del Cantábrico. Per otru llau, nun escaezamos que’l cementu sali de los fornos de clinker del grupu Masaveu. Total: un regalu carísimu ya ecolóxicamente mortíferu que los asturianos facemos a tres grandes grupos oligárquicos ensin contraprestación denguna.

Y pa cuando quede terminao la obra aínda faltará l’equipamientu, que va quedar nes manes de los usuarios. Pero tampoco ye pa preocupase. Nel conseyu d’alministración d’Ebih acompanguen a l’Autoridá Portuaria les empreses Arcelor, Hidroeléctrica, Masaveu y Oligsa, esta última propiedá de Suardíaz, Alvargonzález, Fcc y Duro Felguera.

A pesar de les sesgaes informaciones al rodiu del superpuertu, cuando na prensa nun se daba xuegu a naide que duldara de la bondá de proyectu talu, una encuesta fecha pública pol PSOE descubría que’l 47 por ciento de los ciudadanos de Xixón camentaben qu’esi proyectu nun yera bonu pa la ciudá. Un 47 por cientu ye muncho cuando hai un constante bombardéu d’opiniones favorables y namái que favorables dende les conseyeríes, les conceyalíes, la patronal, los sindicatos y la universidá. Esi porcentax sólo cabe embaxo la hipótesis de que bastantes ciudadanos camienten que daquién ta engañándolos.

Con 580 millones d’euros –ensin ameter intereses y sobrocoste- pudo reestructurase la práctica totalidá de la industria marítima, ameyorando los puertos de Xixón y Avilés, especializándolos d’una manera complementaria. Lo mesmo cabe dicir de los astilleros de Navia y As Figueiras, asina como la infraestructura pesquera d’otros puertos. Asturies perdió la, escurque, última gran oportunidá enantes de que-y retiren los fondos comunitarios. La historia d’El Musel ye la que tantes otres vegaes vimos: un proyectu en bona midía innecesariu, realizáu con erros ya irregularidaes, con evaluaciones d’impactos ambientales más que discutibles, presupuestáu en númberos brutos y favorecedor de la gran empresa de siempres. Dempués, cuando la execución ta na so metada, apaecen los problemes, los xueces paralicen la obra, la Comisión Europea nun da los fondos y coses d’esti tenor. Pero, cola obra en marcha o terminada, ¿qué vamos facer yá?. Namái cabe desixir responsabilidaes. Les xurídiques dirímense nos xulgaos. Les polítiques tan nes manes de los ciudadanos.
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sábado, 14 de julio de 2018

No, papá

Uno de los mas importantes objetivos de la educación es que los niños conozcan las alternativas que existen a los prejuicios de sus padres

Bastó que la ministra portavoz del Gobierno hiciese una mención de pasada a recuperar como asignatura obligatoria de bachillerato la educación para la ciudadanía para que los guardianes de las esencias sacras alzaran a los cielos su clamor: ¡pretenden imponer una ética de Estado! ¡van a impedir que los padres elijan los valores en que educar a sus hijos! Creo que uno de los más importantes objetivos de la educación es que los niños conozcan las alternativas que existen a los prejuicios de sus padres. Sobre todo en el campo de los valores cívicos: educamos para vivir en sociedad, no solo en familia. En democracia, las leyes liberan y las tradiciones y costumbres esclavizan. 
Algunos padres pretenden que sus hijos tengan los pecados de la religión familiar por delitos públicos y que abominen de cuanto se sale de la ortodoxia católica, musulmana, feminista y restantes jaulas dogmáticas. Sería preciosa una asignatura que permitiese a cada cual elegir su perfil cívico desde preferencias razonadas que no descartasen las tradiciones morales pero sin doblegar la individualidad ante ninguna de ellas.

Lo difícil es establecer el contenido de esa asignatura imprescindible. Tendría que ser igual en todo el país, porque explicar que no hay ciudadanías distintas según los territorios es la lección primera del temario. Y debe combatir altos sofismas, tipo “la legalidad va por un lado y la política, por otro” (imaginen esta variante en boca empresarial: la legalidad va por un lado y los negocios, por otro). O aclarar que la Constitución puede ser modificada pero no desobedecida. Y que si la justicia es “de género”, o “de raza”, o “de clase”, deja de ser justicia para ser justificación. En fin: ¿quién enseña a los maestros lo que debe ser enseñado?
 Desde luego, los padres no.

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 39/2015: administración electrónica

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julio 9, 2018

Una de las razones que sirvieron al Partido Popular en 2015 para justificar la derogación de la la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y su sustitución por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público es el impulso definitivo a la Administración electrónica. En la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015 se afirma que “en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados”.
De la Ley 39/2015, hay una parte esencial de la (registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico) que posterga su entrada en vigor a dentro de ¡2 años después de la entrada en vigor de la Ley, esto es en octubre de 2018!
3 años de plazo que se añadieron a los que estaban recogidos en la Ley derogada, la Ley 11/2007 y que. sin embargo, no han servido para que todas las Administraciones públicas tengan implantada la Administración electrónica. Parte importante de los problemas de la Ley de Contratos del Sector Público deriva precisamente de este dato, de la falta de implantación de la Administración electrónica, lo que se extiende a las dificultades que tienen nuestras PYMES de emplear tales procedimientos.
Algunos preceptos son los que fueron cuestionados por la Generalidad de Cataluña en el recurso que interpuso sobre la Ley 39/2015. No obstante, antes de examinarlo, conviene hacer unas precisiones previas.

¿Qué presupuestos tiene y qué retos impone la Administración electrónica?

La Administración electrónica requiere, como primer presupuesto ineludible, la existencia de medios fiables para garantizar la identidad de los partícipes. Son los medios de firma electrónica en los que estamos tan atrasados. Formalmente existen, eso es obvio, pero las dificultades que está habiendo en su utilización (fruto de que los certificados electrónicos son complicados de obtener e instalar) está complicando en exceso el proceso. La creación del DNI 3.0 permitirá, aparentemente, disponer de un instrumento eficaz, sobre todo si como parece dispondrá de tecnología NFC y la posibilidad de vincular a aplicaciones móviles. La lentitud de su implantación retrasará sustancialmente el proceso.
Pero, al mismo tiempo, una mejora por parte de los portales de las Administraciones públicas y en sus sedes electrónicas. Aquí hace falta que el registro sea realmente electrónico pero, al mismo, tiempo que todo el procedimiento elimine el papel y se tramite de una forma diferente. Si lo que hacemos es admitir la solicitud electrónica y luego la imprimimos y tramitamos como siempre nos hacemos trampas al solitario.
En segundo lugar, también es el segundo presupuesto ineludible que la Administración cumpla con el principio recogido en la legislación vigente (desde 2007) de la neutralidad tecnológica. Sedes electrónicas sólo accesibles desde determinados sistemas operativos (esencialmente windows, en algunas versiones, además) o determinados navegadores (Firefox o lo que es más grave, Explorer) impiden que desde ordenadores como el que se ha utilizado para escribir este post sirva para acceder a la Administración electrónica con carácter general.
Con ello no estaremos más que abriendo la puerta a los cambios que nos va a traer la cuarta revolución industrial en el funcionamiento de las Administraciones públicas. El uso, por ejemplo, del blockchain es una realidad que está dando sus primeros pasos en el funcionamiento administrativo. La necesidad de regulación de los logaritmos para hacer frente a los nuevos retos tecnológicos. O, en general, determinar los contornos del big data en la Administración no son sino presupuestos de la Administración que tendremos a la vuelta de la esquina. Sobre estos aspectos escribiré en los próximos meses una serie de artículos.

Aspectos básicos de la introducción de la Administración electrónica

Más allá de estos dos presupuestos, la Administración electrónica no se puede vincular a la utilización de la informática o a la eliminación del papel. Esto no es más que una consecuencia de la implantación de este tipo de Administración. Hay tres aspectos imprescindibles en los que estamos algo retrasados.
En primer lugar,el rediseño de los procedimientos administrativos para que estén adaptados a la Administración electrónica. Unos procedimientos que sean más lineales, que permitan un ejercicio responsable de la competencia que tiene cada órgano y que eliminen aspectos desfasados como las ratificaciones de decisiones (los conocidos visto buenos) .
No estoy hablando de la adaptación externa de los procedimientos -que también-, sino esencialmente de los protocolos internos de funcionamiento en el seno de cada Administración pública; lo cual pasa por rediseñar los actualmente existentes para ganar eficacia y eficiencia y que permita olvidar el silencio administrativo en el baúl de la historia.
Esto no lo resuelve la legislación aprobada sino que es tarea que incumbe a cada Administración pública.
Pero, en segundo lugar, es preciso una reestructuración de las relaciones de puesto de trabajo en las Administraciones públicas para adaptarlo a las necesidades de los entes públicos que funcionan de otro modo. Unas RPT más flexibles y móviles, que asuman nuevas funciones administrativas y que reduzcan, en consecuencia, los procesos de externalización. Esto requerirá, además, un esfuerzo para mejorar la formación en aquellos sectores con necesidades nuevas a las que la administración electrónica podría dar respuesta.
(Ojo, con lo que acabo de señalar no estoy hablando de reducir personal en las Administraciones Públicas. De hecho, hay sectores en los que somos claramente deficitarios, como en Administración tributaria, donde somos los terceros con menos personal por habitante).
En tercer lugar, es imprescindible la articulación de mecanismos de cooperación y colaboración entre administraciones públicas para la integración e interconexión electrónica. Lo cual pasa por la adopción de criterios técnicos comunes que permitan garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos.
Nótese, por ejemplo, que los documentos que estén en manos de una Administración pública podrán ser utilizados por cualquiera.  Vamos que no ocurra lo que hemos visto en la pasada legislatura en relación con la Administración de justicia. Para esto tampoco hacía falta la nueva legislación.

Inconstitucionalidad parcial de la regulación de la Administración electrónica de la Ley 39/2015

En este contexto hay que entender la Sentencia 55/2018, de 24 de mayo de 2018; por la que se resuelve el Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que afecta, entre otras cosas, a ciertos preceptos relativos a la Administración electrónica; con el siguiente resultado:
  • Se declaró inconstitucional el inciso recogido en el artículo 6.4.
“A tales efectos, por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se aprobarán, con carácter básico, los modelos de poderes inscribibles en el registro distinguiendo si permiten la actuación ante todas las Administraciones de acuerdo con lo previsto en la letra a) anterior, ante la Administración General del Estado o ante las Entidades Locales”.
  • Se declaró conforme con la Constitución el artículo 9.3, en virtud del cual
“En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo”.
Fallo que motivó, entre otros aspectos, el voto particular de Maria Luis Balaguer, discrepante, en mi opinión de forma razonable, al sentido del fallo dado que en el fondo con esta regulación se está creando “una auténtica técnica de control de la administración estatal sobre las administraciones autonómica y local, que no es respetuosa ni con la autonomía ni con las competencias que, en particular, corresponden a las Comunidades Autónomas”. Control que se hace al amparo de los principios de eficiencia en el gasto público y de estabilidad presupuestaria.
  • Se declara conforme con la Constitución el segundo parráfo de la Disposición Adicional segunda, en virtud de la cual
“En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas”.
Es una constitucionalidad que se admite siempre que se interprete de este modo: la previsión impugnada no haría depender la decisión autonómica o local de mantener o crear plataformas propias de la valoración que haga la administración central de la justificación aportada. Comunicado el informe correspondiente, las Comunidades Autónomas y las entidades locales podrían ejercer su potestad de autoorganización en el sentido de preservar o instaurar sus propias plataformas aunque el Estado considerase insuficiente la motivación dada. 
Como se puede apreciar, pequeñas eran las impugnaciones, más leves son las tachas de inconstitucionalidad. En todo caso, el problema real al que han de hacer frente las Administraciones públicas tiene fecha de caducidad: el 2 de octubre próximo, cuando la Ley 39/2015 esté totalmente en vigor.

lunes, 9 de julio de 2018

El Defensor del Pueblo reprende por segunda vez al Gobierno del Principado por el incumplimiento del deber legal de convocar concursos de méritos


El Defensor del Pueblo acaba de notificar al Conceyu por Otra Función Pública n´Asturias que se ha visto obligado a recordar, por segunda vez, a la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado su inexcusable deber de responder a los requerimientos que le ha dirigido en relación con la obligación de convocar concursos de méritos. El Organismo de defensa de los derechos fundamentales lamenta que la Administración del Principado no cumpla con el deber de colaboración con esa Institución y no aporte la información que le fue solicitada reiteradamente tras la denuncia formulada por esta asociación.

Recordamos que el Defensor del Pueblo ya requirió  el pasado mes de noviembre a la Consejería de Hacienda y Sector Público para que aprobara , de forma inmediata, el instrumento legal pertinente que permitiera convocar los concursos de méritos de los puestos de trabajos cubiertos de forma irregular.

En nuestra denuncia poníamos en conocimiento del Defensor del Pueblo que, transcurridos más de cuatro años desde la suspensión cautelar de los nombramientos a dedo – por libre designación – ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en Auto fechado el 8 de enero de 2013, no se había convocado, ni resuelto válidamente, ningún concurso de méritos. Todos los puestos que antes eran de libre designación se nombran discrecionalmente, desde entonces, por el sistema excepcional de la comisión de servicios, previsto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, con el agravante de que una buena parte de esos nombramientos en comisión de servicios son radicalmente ilegales, al superar el plazo máximo legal de duración, que no puede exceder de dos años.

Tras el requerimiento del Defensor del Pueblo, fue el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 1 de Oviedo el que, en sentencia dictada el pasado 2 de marzo, condenaba a la Administración del Principado de Asturias a la convocatoria pública por concurso de méritos de, al menos, 79 puestos de jefatura que llevan ocupados de forma provisional más de dos años, otorgándole para ello un plazo máximo de 3 meses.

Ya sabíamos lo que el Gobierno del Sr. Fernández había hecho con la sentencia: recurrirla para ganar tiempo y seguir manteniendo las irregularidades hasta el fin de legislatura.

Ahora conocemos también su respuesta al Defensor del Pueblo: se niega reiteradamente a proporcionar la información que se le solicita, incumpliendo el deber de colaboración regulado en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981.

Este es el comportamiento institucional de un Gobierno que, en paralelo, promueve un Proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno en el que postula el deber de colaboración institucional y la ética pública. Pura demagogia e hipocresía legal.

viernes, 6 de julio de 2018

Ciudadanos desprotegidos y poderes públicos inoperantes. Sobre el fraude de Idental



Severino Espina Fernández

El cierre de las clínicas Idental, dejando en la calle a cientos de trabajadores y a miles de clientes con pagos realizados por servicios odontológicos básicos y urgentes que nunca se realizarán, está revelando con toda crudeza la carencia de protección eficaz de los ciudadanos con menos recursos.

La falta de cobertura pública origina que la salud bucodental sea un mercado

El origen del problema tiene lugar por el incumplimiento de las previsiones recogidas en los artículos 43  y 49 de la Constitución en el que se reconoce a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, derecho que para ser efectivo (se copia a continuación lo recogido en la Exposición de Motivos de la Ley 14/1986, General de Sanidad) “requiere de los poderes públicos la adopción de las medidas idóneas para satisfacerlo”.

Ese derecho, en el caso de los cuidados sanitarios que afectan a la salud bucodental y a diferencia de otros países europeos en los que existe un sistema sanitario público garantizado universalmente, en España no existe. Esto es, el sistema sanitario público español no ofrece las prestaciones básicas para atender adecuadamente la salud bucodental de los ciudadanos. Esto hace que un gran número de personas, las más desfavorecidas, no puedan acceder a unos servicios fundamentales de cara a garantizar su salud y mejorar su calidad de vida –no estamos hablando de cuidados estéticos, sino cuidados básicos como son la reparación de piezas dentales dañadas, implantación de prótesis que permitan recuperar la función de masticación, etc- teniendo el resto de la ciudadanía que sufragar el cuidado de su boca a costa del presupuesto familiar o, en mejor de los casos, a través de un seguro médico pagado por la empresa en la que trabajen.

Esta falta de cobertura sanitaria hace que el mercado de la atención bucodental sea eso: un mercado liberalizado en el peor de los sentidos  y  en el que la regla de la oferta y la demanda sea el patrón que dicte la actuación de las empresas implicadas (no sólo dentistas, sino también el cúmulo de actores que se desenvuelven en el sector: empresas dedicadas a prótesis, especializadas en implantes, laboratorios suministradores  de medicamentos y  material sanitario y auxiliar, etc).

La ineficacia del control administrativo potencia  la aparición de fraudes sanitarios

Ello conduce a otro elemento a considerar en la crisis de Idental que puede aplicarse a cualquier sector sanitario liberalizado: el control de dichas actividades. Este control, teóricamente, está garantizado por la legislación que ofrece multitud de disposiciones al respecto abarcando la regulación de aspectos puramente sanitarios como publicitarios o en materia de defensa de los intereses económicos de los consumidores y usuarios. La normativa básica sanitaria estatal se encuentra en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (art. 27 –control administrativo de la publicidad y propaganda comercial-, art. 29 –necesidad de autorización administrativa de funcionamiento-, art. 30 –obligación de inspeccionar y controlar todos los establecimientos sanitarios, sean públicos o privados, así como las actividades de promoción y publicidad de los mismos-)y en el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria cuyos artículos 6 y 7 regulan la publicidad y la información de los centros o establecimientos sanitarios, debiendo éstas ajustarse deberá ajustarse “a criterios de transparencia, exactitud y veracidad y evitará cualquier sesgo que pueda causar perjuicio a la salud o seguridad de las personas o a las legítimas expectativas de una información correcta y precisa en materia de salud y asistencia sanitaria”.

Sin embargo, la realidad va por otros derroteros. El desmantelamiento de los servicios públicos que ha sufrido España en los últimos 10 años, la falta de recursos personales y, asimismo, una actuación político-administrativa tendente  a mirar con recelo los controles administrativos, acusándolos de ser cargas inútiles que lastran el funcionamiento eficaz de la economía, han hecho mella en los servicios administrativos con competencias en el control de centros y servicios sanitarios. Las Administraciones Públicas que deberían velar por la protección eficaz de los usuarios de estos servicios parecen plegadas a un sistema económico basado en buscar la competencia empresarial a toda costa en el que el derecho a la salud ya no resulta un valor fundamental a garantizar, originando un caldo de cultivo propicio a empresas sanitarias “low cost” que buscan maximizar beneficios a costa de reducir la calidad de los servicios al mayor límite posible contratando al personal en condiciones precarias y escatimando al máximo los medios materiales empleados. A ello se suma una publicidad masiva basada en ofrecer unos servicios innovadores con una reducción notable de precios en comparación a las clínicas tradicionales y con posibilidad de ser fácilmente financiados. La bomba, está así, cebada.

Administraciones atribuladas y consumidores afectados doblemente: en la salud y en la cartera

Como conclusión, volvemos al título del artículo: ciudadanos desprotegidos  y poderes públicos inoperantes. La desprotección del ciudadano en el caso Idental ha sido monumental no sólo por el fiasco económico de la empresa que deja un reguero de deudas y miles de clientes sin concluir servicios ya abonados sino también,  como broche final, por la angustiosa incertidumbre lanzada ahora sobre el riesgo de contraer enfermedades contagiosas debido a la mala praxis higiénica desarrollada.

No puede resultar admisible que los ciudadanos no reciban una atención sanitaria adecuada en centros que deberían haber sido controlados rigurosamente. Tampoco es de recibo que se repita la tradicional ceremonia que se realiza por parte de las Administraciones una vez estallada la crisis. Me refiero a que todas las Administraciones sectorial y territorialmente competentes que son muchas (piénsese en las Administraciones Autonómicas Sanitarias más las correspondientes  en materia de Defensa del Consumidor, todo ello sin perjuicio de los Ayuntamientos con competencias en la materia) hacen alarde de realizar actuaciones en defensa de los afectados sin considerar que la mejor actuación hubiese sido la intervención que no se hizo: un control eficaz.

Ahora se lee que una Administración aconseja recopilar los documentos firmados, otra recomienda pagar los créditos a la financiera, mientras que otras no…, se recomienda reclamar por burofax, otras entienden que cabe acudir a la Agencia Española de Protección de Datos..., se dan consejos, se recopilan datos, estadísticas, se trata a los usuarios como lelos mareándolos de trámites y expectativas, sin que llegue ninguna solución eficaz.

Al final, detrás de tantas vueltas (nadie menciona el seguro de responsabilidad civil que a toda empresa prestadora de esta clase de servicios debería exigírsele), la solución tradicional española: si hay suerte, se contrata un buen abogado o alguna asociación de consumidores actúa, se acudirá a la Justicia y, en el mejor de los casos y tras un largo periplo judicial, se recuperará parte del dinero o se logrará una mínima indemnización.

No existe protección y, todavía peor, no estamos seguros que episodios como Idental puedan volverse a repetir con otro tipo de servicios básicos.

miércoles, 4 de julio de 2018

El oscuro presente del Consejo de Transparencia


Con un 22% menos de presupuesto, sin nombrar presidente y sin reglamento, el órgano ha visto duplicada su carga de trabajo


ELENA G. SEVILLANO

El País
Madrid 1 JUL 2018 


La transparencia avanza con paso lento y renqueante en España. Los ciudadanos hacen un uso muy limitado de la posibilidad de demandar información (menos de 14.000 solicitudes en tres años y medio) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el encargado de vigilar que las administraciones públicas cumplan la ley, está asfixiado: su financiación ha vuelto a caer por segundo año consecutivo, lleva meses sin presidente, la plantilla no crece pese a que la carga de trabajo no deja de aumentar… El resultado es que el CTBG funciona pero a medio gas. “Estamos dejando de hacer cosas”, reconoce Javier Amorós, su actual responsable.

España fue el último país europeo en aprobar una Ley de Transparencia. Ocurrió a finales de 2013, cuando se le habían adelantado hasta las democracias poscomunistas. Un año después inauguró el Portal de Transparencia y con él la posibilidad de que los ciudadanos pidieran información al Gobierno y este tuviera que contestarles, tanto para dársela como para negársela. En paralelo empezó a funcionar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo que ejerce de juez cuando el ciudadano y la Administración no se ponen de acuerdo sobre qué datos deben ser públicos y cuáles no.



El comienzo fue discreto: el primer año apenas le llegaron 517 reclamaciones. Ahora ya gestiona el doble, pero con menos recursos. El anterior Gobierno propuso recortar su presupuesto para 2018 un 22%. Las organizaciones que trabajan a favor de la transparencia institucional llevan meses criticando la asfixia a la que está sometido este organismo. Reducir sus recursos supone en la práctica “limitar el trabajo importante del consejo y así minar el derecho de acceso a la información”, señala Helen Darbishire, directora de Access Info. Y eso es “grave” porque se trata de “un órgano que defiende lo que ha sido reconocido por el TEDH como un derecho fundamental: el derecho de cualquier ciudadano a saber lo que está haciendo la Administración y cómo se está gastando sus contribuciones”.

El problema no es solo de dinero; sobre todo es de personal. La plantilla del CTBG es de 21 personas (en realidad son 19 porque dos están de permiso). Todos son funcionarios trasladados desde otros puestos de la Administración. Las reiteradas peticiones al anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que incorporara a 11 personas más resultaron infructuosas. “Seguimos funcionando. La situación no nos impide trabajar pero interfiere en nuestra actividad, que es de supervivencia”, apunta Javier Amorós, subdirector del consejo y máximo responsable desde que falleció la anterior presidenta, Esther Arizmendi, en noviembre pasado.

Han pasado ocho meses y no se nombra un nuevo presidente porque la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados no ha sido capaz de consensuar un candidato. Mientras tanto Amorós está en funciones, sin respaldo del Congreso y sin representatividad y puede ser cesado en cualquier momento. Sería necesario tener una mayoría en la comisión. “Ahora es complicado el consenso”, decía Amorós hace unas semanas.


Mientras tanto, el trabajo se acumula. Las resoluciones del Consejo, que serían el equivalente a las sentencias del tribunal de la transparencia, se emiten con retraso. Además de lidiar con las reclamaciones ciudadanas contra la Administración General, hay seis comunidades autónomas que han encargado al Consejo que resuelva las discrepancias con sus ciudadanos: Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y las ciudades de Ceuta y Melilla. Solo Madrid ha generado casi 400 reclamaciones (cada reclamación supone la apertura de un expediente) en menos de dos años.

Además el Consejo se ha encontrado con una carga que nadie imaginaba cuando se puso en marcha: los pleitos que inicia el Gobierno para no dar información a los ciudadanos. Frente a una resolución del Consejo que da la razón a un solicitante de información, la Administración tiene dos opciones: cumplirla o presentar un recurso contencioso-administrativo en los tribunales. Y esta segunda opción, que se creía que iba a ser residual, se ha convertido en otro pozo de consumo de recursos. Ya hay 96 pleitos contra resoluciones del Consejo, de los cuales la gran mayoría los ha interpuesto el Gobierno o alguna empresa pública. El récord lo tiene RTVE, que no ha querido cumplir ni una de las resoluciones del Consejo que le instaban a divulgar cuánto gasta, por ejemplo, en Eurovisión, o el sueldo de sus directivos.

El CTBG se ve obligado, por tanto, a hacer seguimiento de todos estos pleitos, a presentar los expedientes en el juzgado, a redactar conclusiones… Y también a pagar asesoramiento legal. Porque, aunque tiene firmado un acuerdo con la Abogacía del Estado para que le represente, la otra parte también es Administración pública y acude al tribunal con abogados del Estado, lo que obliga al CTBG a contratar sus propios abogados externos. “Comparecemos en estos pleitos para defender nuestras resoluciones porque entendemos que es nuestra obligación, aunque si esto sigue así a lo mejor vamos a tener que dejar de hacerlo”, dice Amorós.

“No ha habido ningún interés en dar más recursos y presupuesto a un organismo que ha demostrado su independencia y dicta resoluciones incómodas para el Gobierno y la Administración que las están recurriendo ante los tribunales de Justicia en muchas ocasiones en que se da razón al ciudadano sobre temas sensibles como retribuciones o nombramientos discrecionales o gastos de todo tipo (con cargo al contribuyente por cierto)”, asegura Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. “Veremos si el nuevo Gobierno cambia de actitud y se lo toma más en serio”, añade. “Se abre una nueva etapa y esperamos que represente un nuevo impulso para la transparencia y que se vayan resolviendo nuestros problemas de medios”, coincide Amorós.

La Ley de Transparencia preveía un desarrollo reglamentario que tampoco se ha aprobado aún pese a estar previsto para 2015 y que tendría que resolver las diferencias en la interpretación de sus preceptos. Y la propia ley está pendiente de ser modificada en el Congreso de los Diputados, después de que Ciudadanos presentara hace dos años una proposición de ley contra la corrupción y para la protección de los denunciantes. Sigue en trámite de enmiendas (lleva 375) y paralizada.

lunes, 2 de julio de 2018

El Proyecto de Ley de Transparencia del Principado introduce una confusión intencionada en la regulación de la denuncia anónima


El Proyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés que pretende aprobar la Junta General del Principado de Asturias en los próximos meses, en el que se incluye una Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, se refiere a la denuncia anónima en dos apartados:
- En el apartado 6 de la Exposición de Motivos, en el que, con una sintaxis incorrecta, se dice que “...se incluye un estatuto del denunciante, a fin de que, dejando a salvo la posibilidad de denuncias anónimas si así se prevé con carácter básico la legislación del Estado...” (parece evidente que falta un “en” en la redacción de la frase)
- En el artículo 60.1 a), en donde se dice que “La Administración estará obligada, a solicitud del denunciante, a omitir cualquier dato que pueda conducir a su identificación, sin perjuicio de que, en los términos en su caso establecidos por la legislación básica, puedan presentarse denuncias anónimas”

La interpretación sistemática y de conjunto de estas dos referencias , conduce a concluir que la denuncia anónima solo se admitiría por la Ley asturiana en los términos en los que, en un futuro, pueda ser regulada en la legislación básica del Estado. Es decir, que es necesario un desarrollo legal por parte del legislador estatal para que la denuncia anónima sea viable.

Sin embargo, este planteamiento que hace el Proyecto de Ley de Transparencia es confuso y erróneo, porque la denuncia anónima ya es perfectamente posible y ajustada a la legalidad vigente, sin necesidad de ninguna regulación expresa futura al respecto.

Esto no lo decimos nosotros. Lo acaba de señalar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en sentencia dictada el pasado 3 de abril, que deberían conocer con urgencia los señores y señoras diputadas de la Junta General del Principado. En esta sentencia, el TSJM analiza la legalidad de la denuncia anónima regulada en el Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, aprobado por el Ayuntamiento de Madrid el 23 de diciembre de 2016, en cuyo artículo 26.2 se dice:
La denuncia podrá ser anónima, con identificación del denunciante o con identidad reservada, cuando así se solicite, en este último caso, en los términos previstos en el artículo 24.

Pues bien, la sentencia del TSJM aborda la adecuación a la legalidad vigente y, en concreto, a la legislación básica estatal en materia de procedimiento administrativo, de esta regulación de la denuncia anónima, concluyendo que la misma es perfectamente legal y no merece reproche alguno de ilegalidad.

Reproducimos los argumentos de la sentencia del TSJM, cuya claridad y contundencia no precisan de ulterior comentario:
 Expuesta de la forma que antecede la cuestión controvertida que ahora nos ocupa, su correcto análisis requiere que comencemos señalando que el artículo 26 ROFC, tras establecer en su párrafo primero que cualquier persona física o jurídica podrá presentar denuncia en la que se describan los hechos que se consideren irregulares, dispone en su párrafo segundo que: " La denuncia podrá ser anónima, con identificación del denunciante o con identidad reservada, cuando así se solicite, en este último caso, en los términos previstos en el artículo 24 ". Por su parte, el artículo 62.2 LPAC , expresamente invocado por la Administración recurrente como vulnerado por el precepto impugnado, dispone que: " Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables ". 

Pues bien, el Abogado del Estado deduce que dicho último precepto contiene un mandato absoluto e incondicionado al no permitirse en modo alguno la posibilidad de denuncias anónimas, por lo que sostiene el artículo 26.2 ROFC supone una vulneración del mismo. Ahora bien, a la hora de interpretar adecuadamente el citado artículo 62.2 LPAC no debe perderse de vista que el artículo 62 lleva por título " Inicio del procedimiento por denuncia ", por lo que el mandato contenido en su párrafo segundo, exigiendo la identidad de la persona o personas denunciantes, debe forzosamente entenderse como requisito para que el órgano administrativo competente pueda acordar de oficio el inicio del procedimiento como consecuencia de una denuncia. Dicho de otra forma, una denuncia anónima en ningún caso será fundamento suficiente para que el órgano administrativo competente acuerde el inicio de un procedimiento administrativo. Esto es, una denuncia anónima no reúne los requisitos para su admisión a trámite. Llegados a este punto, no debe perderse de vista que la Administración puede tener conocimiento de los hechos por cualquier medio, incluso por una noticia publicada en los medios de comunicación. Y desde esta perspectiva, nada impide que determinados hechos sean llevados al conocimiento de la Administración de forma anónima.

Cuando la Administración se encuentre ante una denuncia anónima, obviamente, no podrá, sin más, acordar en base a la misma el inicio del procedimiento. Ahora bien, nada impide que, cuando la denuncia presente ciertos signos de veracidad y credibilidad, la Administración pueda realizar una cierta investigación mediante la realización de determinadas actuaciones previas tendente a verificar, prima facie, los hechos irregulares puestos en su conocimiento. En tales situaciones, el eventual acuerdo de inicio del procedimiento no vendrá amparado o fundamentado en la denuncia anónima sino en la información previa, que es la que verdaderamente determina el inicio del procedimiento sancionador. De esta forma, el acuerdo de inicio del procedimiento será adoptado por propia iniciativa, que es una de las modalidades de inicio de oficio de un procedimiento que se contempla en el artículo 58 LPAC (" Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia "). Y en este sentido es como debe ser interpretado el precepto ahora impugnado, máxime cuando el párrafo tercero del artículo 26 ROFC dispone que " La denuncia no producirá otro efecto que el de poner en conocimiento de la Oficina la supuesta comisión de hechos irregulares ". En la medida en que la denuncia anónima no tiene otro efecto que el poner en conocimiento de la OMFC unos determinados hechos (que el denunciante anónimo considera irregulares), sin que de la sola recepción de la denuncia se derive la adopción de acuerdo alguno de inicio de procedimiento, deberemos concluir que el artículo 26.2 ROFC impugnado no vulnera el artículo 62.2 LPAC . En consecuencia, el motivo de impugnación debe desestimarse.

¿Qué justificación tiene entonces que el Proyecto de Ley del Principado de Asturias se remite a una futura regulación de la denuncia anónima en la legislación básica del Estado?
La denuncia anónima ya es perfectamente legal y viable, sin necesidad de ulteriores regulaciones, concibiéndola con el único alcance que puede tener: poner en conocimiento de la Oficina Anticorrupción unos determinados hechos que el denunciante anónimo considera irregulares, para que puedan ser objeto de investigación, sin que ello comporte por sí solo la iniciación de procedimiento sancionador alguno.
La regulación que se hace de la denuncia anónima en el Proyecto de Ley del Principado muestra una clara desconfianza hacia la misma y una pretensión, nada disimulada, de desactivar su admisión, postergándola a una futura, imprevisible e innecesaria ley estatal.
Las diputadas y diputados de la Junta General están obligados a corregir esta confusión creada a drede