Severino Espina Fernández
El cierre de las clínicas Idental, dejando en la
calle a cientos de trabajadores y a miles de clientes con pagos realizados por
servicios odontológicos básicos y urgentes que nunca se realizarán, está
revelando con toda crudeza la carencia de protección eficaz de los ciudadanos
con menos recursos.
La falta de
cobertura pública origina que la salud bucodental sea un mercado
El origen del problema tiene lugar por el
incumplimiento de las previsiones recogidas en los artículos 43 y 49 de la Constitución en el que se reconoce
a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, derecho que para
ser efectivo (se copia a continuación lo recogido en la Exposición de Motivos
de la Ley 14/1986, General de Sanidad) “requiere de los poderes públicos la
adopción de las medidas idóneas para satisfacerlo”.
Ese derecho, en el caso de los cuidados sanitarios que afectan a la salud bucodental y a diferencia de otros países europeos en los que existe un sistema sanitario público garantizado universalmente, en España no existe. Esto es, el sistema sanitario público español no ofrece las prestaciones básicas para atender adecuadamente la salud bucodental de los ciudadanos. Esto hace que un gran número de personas, las más desfavorecidas, no puedan acceder a unos servicios fundamentales de cara a garantizar su salud y mejorar su calidad de vida –no estamos hablando de cuidados estéticos, sino cuidados básicos como son la reparación de piezas dentales dañadas, implantación de prótesis que permitan recuperar la función de masticación, etc- teniendo el resto de la ciudadanía que sufragar el cuidado de su boca a costa del presupuesto familiar o, en mejor de los casos, a través de un seguro médico pagado por la empresa en la que trabajen.
Esta falta de cobertura sanitaria hace que el mercado de la atención bucodental sea eso: un mercado liberalizado en el peor de los sentidos y en el que la regla de la oferta y la demanda sea el patrón que dicte la actuación de las empresas implicadas (no sólo dentistas, sino también el cúmulo de actores que se desenvuelven en el sector: empresas dedicadas a prótesis, especializadas en implantes, laboratorios suministradores de medicamentos y material sanitario y auxiliar, etc).
La
ineficacia del control administrativo potencia la aparición de fraudes sanitarios
Ello conduce a otro elemento a considerar en la
crisis de Idental que puede aplicarse a cualquier sector sanitario
liberalizado: el control de dichas actividades. Este control, teóricamente,
está garantizado por la legislación que ofrece multitud de disposiciones al
respecto abarcando la regulación de aspectos puramente sanitarios como
publicitarios o en materia de defensa de los intereses económicos de los
consumidores y usuarios. La normativa básica sanitaria estatal se encuentra en
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (art. 27 –control
administrativo de la publicidad y propaganda comercial-, art. 29 –necesidad de
autorización administrativa de funcionamiento-, art. 30 –obligación de
inspeccionar y controlar todos los establecimientos sanitarios, sean públicos o
privados, así como las actividades de promoción y publicidad de los mismos-)y
en el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción
comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad
sanitaria cuyos artículos 6 y 7 regulan la publicidad y la información de los
centros o establecimientos sanitarios, debiendo éstas ajustarse deberá
ajustarse “a criterios de transparencia, exactitud y veracidad y evitará
cualquier sesgo que pueda causar perjuicio a la salud o seguridad de las
personas o a las legítimas expectativas de una información correcta y precisa
en materia de salud y asistencia sanitaria”.
Sin embargo, la realidad va por otros derroteros. El desmantelamiento de los servicios públicos que ha sufrido España en los últimos 10 años, la falta de recursos personales y, asimismo, una actuación político-administrativa tendente a mirar con recelo los controles administrativos, acusándolos de ser cargas inútiles que lastran el funcionamiento eficaz de la economía, han hecho mella en los servicios administrativos con competencias en el control de centros y servicios sanitarios. Las Administraciones Públicas que deberían velar por la protección eficaz de los usuarios de estos servicios parecen plegadas a un sistema económico basado en buscar la competencia empresarial a toda costa en el que el derecho a la salud ya no resulta un valor fundamental a garantizar, originando un caldo de cultivo propicio a empresas sanitarias “low cost” que buscan maximizar beneficios a costa de reducir la calidad de los servicios al mayor límite posible contratando al personal en condiciones precarias y escatimando al máximo los medios materiales empleados. A ello se suma una publicidad masiva basada en ofrecer unos servicios innovadores con una reducción notable de precios en comparación a las clínicas tradicionales y con posibilidad de ser fácilmente financiados. La bomba, está así, cebada.
Administraciones
atribuladas y consumidores afectados doblemente: en la salud y en la cartera
Como conclusión, volvemos al título del artículo: ciudadanos
desprotegidos y poderes públicos
inoperantes. La desprotección del ciudadano en el caso Idental ha sido
monumental no sólo por el fiasco económico de la empresa que deja un reguero de
deudas y miles de clientes sin concluir servicios ya abonados sino
también, como broche final, por la
angustiosa incertidumbre lanzada ahora sobre el riesgo de contraer enfermedades
contagiosas debido a la mala praxis higiénica desarrollada.
No puede resultar admisible que los ciudadanos no reciban una atención sanitaria adecuada en centros que deberían haber sido controlados rigurosamente. Tampoco es de recibo que se repita la tradicional ceremonia que se realiza por parte de las Administraciones una vez estallada la crisis. Me refiero a que todas las Administraciones sectorial y territorialmente competentes que son muchas (piénsese en las Administraciones Autonómicas Sanitarias más las correspondientes en materia de Defensa del Consumidor, todo ello sin perjuicio de los Ayuntamientos con competencias en la materia) hacen alarde de realizar actuaciones en defensa de los afectados sin considerar que la mejor actuación hubiese sido la intervención que no se hizo: un control eficaz.
Ahora se lee que una Administración aconseja recopilar los documentos firmados, otra recomienda pagar los créditos a la financiera, mientras que otras no…, se recomienda reclamar por burofax, otras entienden que cabe acudir a la Agencia Española de Protección de Datos..., se dan consejos, se recopilan datos, estadísticas, se trata a los usuarios como lelos mareándolos de trámites y expectativas, sin que llegue ninguna solución eficaz.
Al final, detrás de tantas vueltas (nadie menciona el seguro de responsabilidad civil que a toda empresa prestadora de esta clase de servicios debería exigírsele), la solución tradicional española: si hay suerte, se contrata un buen abogado o alguna asociación de consumidores actúa, se acudirá a la Justicia y, en el mejor de los casos y tras un largo periplo judicial, se recuperará parte del dinero o se logrará una mínima indemnización.
No existe protección y, todavía peor, no estamos seguros que episodios como Idental puedan volverse a repetir con otro tipo de servicios básicos.
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