El sector público no da ejemplo: funcionarios temporales y "mileuristas"

El sector público no da ejemplo: funcionarios temporales y ‘mileuristas’
Incluso sin tasa de reposición, la precariedad se ha disparado en los últimos años.
M. L. Nalda / E. Morales

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Desde que comenzó la crisis ha tomado fuerza la idea de que ser funcionario es un chollo. Por lo general, ocupar un puesto de empleado público es para toda la vida, con inmunidad ante el despido entre otras ventajas. Pero en el sector público impera la precariedad tanto o más que en el sector privado. Las cifras registradas en los últimos años avalan que temporales y mileuristas no son un problema exclusivo de las empresas.

El Ministerio de Política Territorial reconoce a algo más de 2,5 millones de empleados en sus estadísticas. La cifra excluye altos cargos, personal autonómico y local, entre otros trabajadores que, sin ser funcionarios, también son trabajadores públicos. Es decir, habría que abrir el abanico y sumar, al menos, más de medio millón de personas.

La Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística es el único instrumento de cálculo —debido a su naturaleza, aproximativo— para conocer la realidad de los contratos que suscribe el sector público: según estos datos desde 2005 se han creado más de 70.000 puestos temporales. El Ejecutivo reclama a las empresas el cumplimiento de objetivos de paridad y la creación de empleo de calidad que garanticen la permanencia del trabajador a largo plazo, protegido ante el despido y con un sueldo con revisiones de acuerdo a la evolución de la inflación para no ocasionar pérdidas sobre el poder adquisitivo de sus plantillas. Pero es el sector público el que no predica con el ejemplo.

En la cuerda floja
Las tasas de eventualidad en la Administración ya son tan elevadas como en el sector privado —en algunas comunidades llegan a superar la ratio— (ver gráfico). El informe de la patronal de empresas de trabajo temporal Afi-Agett sobre el mercado laboral registraba en el segundo trimestre de este año una reducción de la tasa de temporalidad del sector privado en 0,4 puntos (25,2%), mientras que el sector público la incrementaba en 0,9 puntos porcentuales (25,37%). Según Luis Deleito,secretario general de la Federación de Servicios Públicos de Unión Sindical Obrera (USO), “la mayor parte del porcentaje corresponde a las administraciones locales”.

La recomendación “el camino más corto para ser funcionario es ser eventual” que reza en un blog de funcionarios no va muy desencaminada. Desde que el INE modificó la forma de cuantificar la EPA en 2005, se ha registrado un aumento de la precariedad por el crecimiento de contratos temporales, la mayoría interinos, así como otro tipo de relaciones laborales eventuales generadas a partir de bolsas de trabajo y demás designaciones. Estos trabajadores, bien sean de la administración estatal, autonómica o local, están abocados al despido igual que los de la empresa privada. Según el Observatorio Laboral de la Crisis, de cada 100 trabajadores con contrato eventual en el primer mes de este año, 14 ya han perdido su empleo en el segundo trimestre por cada dos con contrato indefinido.

España tiene una asignatura pendiente con la creación de empleo estable: entre el 25% y el 30% de los trabajadores tiene un contrato de duración determinada, el doble de la media europea. En la Función Pública la temporalidad se disparó y los sindicatos responsabilizaron de este aumento a la tasa de reposición, que consistía en el reemplazo de sólo una de cada cuatro vacantes. La tasa de reposición, implantada por el PP, pretendía frenar el número de funcionarios, pero ayuntamientos y comunidades utilizaron la contratación temporal para eludir la ley y cubrir las plazas vacantes (lo que la norma no permitía). Ahora, sin este freno, la temporalidad pública sigue imparable.

Rafael Espartero, secretario de organización de la FSP de la Unión General de Trabajadores (UGT), anuncia que en los próximos días se sentarán con el Gobierno para negociar “asuntos que van más allá de la subida salarial a funcionarios: tenemos que hablar sobre la próxima convocatoria de empleo público y en qué condiciones se planteará”.

Baja remuneración

Los sueldos del funcionariado no superan los de la media de los españoles. Un informe de USO expone que el coste salarial de los empleados públicos se posiciona a la cola de otros grupos profesionales como la industria, la construcción o los servicios.Los empleados públicos tampoco son ajenos a la precariedad salarial: los auxiliares del personal funcionario-estatutario del grupo C2 de la AGE reciben un sueldo medio de 13.240 euros al año. Las agrupaciones profesionales, en las que se incluyen ordenanzas y personal subalterno, cobran 11.104 euros. Según datos de USO y UGT, otros empleados públicos, por ejemplo, en el sector sanitario —de los más afectados por la falta de personal— también suspenden en compensaciones salariales: celadores, telefonistas… de varias comunidades autónomas cobran alrededor de 1.100 euros mensuales.
Asimismo, las retribuciones salariales en el sector público son un cajón de sastre. “Los peor parados son los funcionarios de la Administración General del Estado, que se ajustan a lo pactado de acuerdo a las previsiones de IPC, pero luego hay compensaciones negociadas por los representantes de los trabajadores autonómicos o locales: hay múltiples patrones salariales y se está remunerando de manera distinta a personas que realizan las mismas funciones”, explica Rafael Espartero (UGT). Por su parte, Luis Deleito (USO) asegura que “las retribuciones salariales son discriminatorias” y conforme a los datos que maneja su sindicato, “las diferencias salariales alcanzan los 593 euros entre los empleados públicos del Grupo C2 (Auxiliares), llegando a superar los 800 euros en otros grupos”.