El funcionario mediocre y el futuro de la universidad española

José Carlos Bermejo Barrera, catedrático de Historia Antigüa, Universidade de Santiago de Compostela

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Uno de los elementos fundamentales para entender la crisis económica mundial que estamos padeciendo es sin duda la comprensión de la delimitación que debe existir entre los ámbitos económicos de lo público y lo privado. No ha dejado de llamar la atención el hecho de que, si bien se apela a la libertad del individuo, que se encarnaría en ese ámbito de la libertad por excelencia que es el mercado, cuando se refiere a todos los procesos de regulación de empleo, despidos y reconversiones que afectan a los trabajadores, sin embargo se apela al interés público y al bien común, cuando se trata de utilizar los recursos públicos para refinanciar la banca, o para nacionalizar sus pérdidas, afirmando que de ello depende básicamente el bien común.

Fue esa misma banca privada, tan necesaria para el mantenimiento del bien común, la que contribuyó decisivamente al desarrollo de la crisis financiera actual, detrayendo del control de los diferentes estados y de su sistemas fiscales el dinero sucio, que circula a través del sistema de los paraísos fiscales, un dinero cuyo monto estima Raymond A. Baker (R.A. Baker,2005) en más de un billón de dólares, y al que ese mismo autor- que cree firmemente en las virtudes del capitalismo- ha denominado como “el talón de Aquiles del capitalismo”. O, dicho en otros términos, el elemento básico que puede hacer que todo el sistema capitalista se precipite en un estrepitoso fracaso, debido a la pérdida de sus bases éticas y a la incapacidad de los distintos estados, cada vez más evidente, de controlar la economía financiera globalizada.

Si hay un campo en el que el debate entre lo público y lo privado está viviendo también un momento crucial es sin duda el campo de la educación, en el que los discursos privatizadores se alzan con una voz creciente, defendiendo, cuando se cree conveniente la capacidad de adaptación a la realidad y la agilidad de los mercados, y apelando, cuando se cree necesario, a la necesidad de contar con la ayuda de los fondos públicos, para prestar lo que - cuando conviene- se decide llamar un servicio público.

No voy a tratar ahora de analizar en modo alguno este gigantesco proceso privatizador de la educación, que está afectando a la mayor parte del mundo, y del que son víctimas las universidades. Muchos autores lo han hecho ya, y han puesto de manifiesto, como ocurre en el caso de Frank Donoghue (F. Donoghue, 2008), que una pieza clave del mismo es la supresión de la figura del profesor universitario, que pueda disponer de una cierta seguridad económica, de amplia libertad académica y de investigación, y que no esté sometido a un rígido control político o empresarial.

Esa figura, encarnada en los EEUU en los tenure, o puestos académicos más o menos estables, en los que la independencia académica es fundamental para el cultivo de todas las disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales, tiende a ser sustituida por un sistema de contratos más o menos precarios, que llevan a los profesores a tener que trabajar simultáneamente en otras profesiones o en varias universidades, y a un sistema de degradación de la docencia.

Un instrumento fundamental de la degradación de la docencia lo constituye el discurso de las competencias y las habilidades, un discurso que pretende uniformizar todo el proceso educativo, partiendo del principio de que la educación es una tecnología neutra, o una especie de rama de la ingeniería, como gustaba decir el antiguo Secretario de Estado de Universidades, Miguel Angel Quintanilla (M:A. Quintanilla, 2005, págs.263/274), responsable en gran parte de la situación actual de las universidades españolas.

De acuerdo con este tipo de discursos la educación sería una tecnología más, y como todas las tecnologías debe estar regida por los principios de estandartización, de simplificación de los procedimientos, y de ajuste a las necesidades reales de los mercados. En los mercados mundiales se manejan dos tipos de recursos, necesarios para la producción de bienes: los recursos materiales y los recursos humanos. La educación sería en ese discurso un proceso teconológico orientado a la producción y consumo de un determinado tipo de mercancías, que pueden venderse y comprarse en los mercados mundiales: las habilidades laborales de los recursos humanos.

En ese proceso de estandartización y simplificación de la educación aparece ahora como algo fundamental el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que permite desarrollar con mucha más facilidad - aunque ello no se debería derivar necesariamente del uso de este tipo de tecnologías - la simplificación de los contenidos docentes, que ha de permitir, como señala F. Donoghue (Op.cit.), prescindir de la figura europea del profesor universitario y conseguir que cualquier profesor sea perfectamente intercambiable por otro, del mismo modo que cualquier trabajador puede ser sustituido por otro que posea el mismo nivel de competencias, cuando se trata de una cadena de producción.

La ventaja del uso de las tecnologías de la información es que permiten elaborar paquetes de información, o unidades didácticas neutras, que pueden ser vendidas y comercializadas en un ámbito inter-universitario, creando así cadenas de universidades con marca propia, como señala F. Donoghue, que serían algo así como McDonalds académicos. En dichas cadenas de universidades es posible optimizar el uso de los recursos, disminuir el número de trabajadores y rebajar sus salarios, a la vez que se incrementan los beneficios de quienes son los propietarios de las universidades. En ese sentido el mercado universitario se enmarcaría en el contexto de la evolución de la economía global, en la que, como señala R.A. Baker (Op.cit.), puede comprobarse un incremento constante de los beneficios del capital y un decrecimiento constante de los salarios de los trabajadores, que va unido a la pérdida de su capacidad de consumo.

Ese proceso económico, del que las universidades de muchos países van ya a formar parte, traerá como consecuencia, a su vez, que las universidades pasen a estar integradas en el marco de la economía financiera - en la que los capitales se desplazan de un sector a otro constantemente- y en el que el capital especulativo gana cada vez más terreno frente al capital productivo, o dicho en otros términos, en el que la economía financiera puede llegar a asfixiar a la “economía real”, tal y como ya está ocurriendo en la actualidad.

Todo este proceso de empobrecimiento material e intelectual de la educación superior norteamericana, sobre todo en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, al que Victor David Hanson y John Heath.han dedicado un libro (V-D-Hanson, J.Heath, 2001) con el significativo título Who killed Homer?, desemboca en una realidad en la que, en el caso de la mayor parte de los profesores se tiende a abandonar la verdadera enseñanza y a sustituirla por la práctica -académicamente más rentable -de una investigación cada vez más carente de sentido. Una investigación medida por el número de publicaciones logradas por cada profesor, unas publicaciones que han de ajustarse a unos parámetros estándar.

El primer motor de la llamada investigación es la ”presión de publicación” que deben sufrir los profesores, que les lleva a elaborar unas publicaciones cuyos contenidos son cada vez más triviales. Se trata de una investigación que se puede gestionar con criterios de mercado, y sobre la que se pueden escribir manuales, como el de Abby Day (A. Day, 2007), que explica cómo un investigador puede “colocar” sus trabajos en las revistas que le pueden ser útiles para su curriculum, partiendo de un principio según el cual no se debe aspirar a escribir trabajos de gran calidad, sino de la calidad suficiente para que puedan ser admitidos en las revistas más adecuadas.para nuestra promoción académica (ver también Ch. Bazerman y J. Paradis,1991).

Todo esto traería como consecuencia, entre otras cosas, el creciente desprestigio de la función docente, el desinterés por ella de la mayor parte de los profesores y la pérdida por parte de los mismos de los conocimientos globales de cada una de sus materias, sin la cual una enseñanza rigurosa es totalmente imposible, como también ha señalado Martha Nussbaum (M. Nussbaum, 2001). Unos conocimientos globales que son los únicos que pueden permitir valorar lo que es nuevo o viejo, lo que es trivial y lo que puede ser interesante a la hora de examinar los resultados de un trabajo de investigación.

Lo mismo que está ocurriendo en los EEUU y en gran parte de Europa se está dando también en España. Sin embargo, vivimos en España en medio de una enorme paradoja, puesto que nuestras universidades son mayoritariamente públicas y sus profesores son masivamente funcionarios. Unos funcionarios, sobre todo cuando ocupan puestos de responsabilidad, que están desarrollando un discurso totalmente paradójico, puesto que hablan del mercado como si estuviesen en los EEUU, a pesar de que nuestras universidades, por suerte, todavía no se mueven en el mercado real.

El mercado sería definido, por su parte, como la única realidad que pudiera permitir explicarlo todo. A pesar de que la realidad de esos mismos mercados es algo que ni entienden ni les interesa objetiva ni subjetivamente, puesto que la suya es básicamente una mentalidad burocrática, propia de unos cuerpos de funcionarios más o menos esclerotizados, que parecen haber olvidado en qué consiste la función pública y cuáles son las responsabilidades de quien ha de garantizar el derecho constitucional a la educación, que ha de estar financiado por el Estado.

Conocemos la existencia de los servidores públicos desde hace muchos miles de años, y por ello muchos sociólogos, entre ellos Max Weber o K. Wittfogel (M. Weber, 1964; K. Wittfogel, 1966) han conseguido analizar con detenimiento cuales son las características básicas de sus modos de pensar y actuar.

Los funcionarios públicos han sido y son parte fundamental de la estructura de los diferentes estados, desde al Antiguo Egipto o la China Imperial hasta la actualidad. Los funcionarios públicos (a partir de ahora los denominaré simplemente funcionarios) se caracterizan en primer lugar porque poseen un conocimiento especializado, en el cual es fundamental, desde hace ya cinco mil años, el uso de la escritura. Un uso asociado a sus capacidades de organización, de cálculo y de previsión, y al control de los recursos públicos, ya fuesen en forma de rentas en especie o en dinero.

Fue ese saber letrado y la capacidad organizativa de los escribas y los funcionarios lo que permitió la coordinación de la fuerza de trabajo de los grandes imperios y la movilización de los recursos necesarios para el reclutamiento de los ejércitos y la planificación y la ejecución de la guerra o para la construcción de las grandes obras públicas y la prestación de determinados servicios necesarios para la comunidad (K. Wittfogel,1966). En ese sentido podríamos afirmar que, al hablar de los funcionarios, no hay nada nuevo bajo el sol.

Ahora bien, es necesario distinguir, como señalan Weber y Wittfogel a nivel general y Nicolas Hayoz (N. Hayoz, 1997), al analizar la mentalidad burocrática de la antigua URSS, las funciones necesarias que los funcionarios desempeñan, de la idea que los funcionarios se hacen de sí mismos. Una idea mediante la que intentan, también desde hace unos cinco mil años, marcar la distinción entre ellos mismos y el resto de la población, con el fin de justificar sus privilegios económicos, sociales y políticos. Y es una parte fundamental de esa idea la importancia que los escribas, letrados y funcionarios otorgan a sus largos, trabajosos y complejos procesos de formación. La educación letrada pasaría así a ser una de las bases esenciales que les permitirían reivindicar sus privilegios, como ha señalado Pierre Bourdieu (P. Bourdieu, 1984).

Los escribas y los funcionarios tienden a mantenerse alejados de la realidad económica y social. Los funcionarios suelen tender a creer que se puede vivir en un mundo perfecto, en el que todo está regulado al milímetro y en el que todo se puede explicar, y en el que por lo tanto todo está perfectamente justificado. En el caso de la Antigua China, algunos sociólogos denominaron a ese tipo de funcionarios, eficaces, sí, pero obsesionados por la jerarquía y los rangos, así como por los signos externos de distinción, los gestos y el ceremonial: la burocracia celestial.

Si nos centramos ahora en Europa, veremos que el nacimiento de la función pública en la Europa del siglo XIX sería lo que habría permitido, según Max Weber, desarrollar el proceso de racionalización de la administración estatal y garantizar la neutralidad de los servicios que la función pública ha necesariamente de prestar, entre los cuales estaría naturalmente la educación. Este proceso de racionalización sería indisociable, para el propio Weber, del desarrollo del capitalismo y de la ciencia y la tecnología modernas, y sería el rasgo distintivo de la civilización occidental, luego exportado al resto del mundo, a través del proceso de globalización de la economía, o del capitalismo, analizado también por Karl Marx.

La existencia de una forma de autoridad burocrática es indisociable de la existencia del Estado y es la única garantía de que muchos de los derechos de los ciudadanos, de los que el propio Estado es responsable, puedan hacerse posibles. En el ejercicio de ese tipo de autoridad es fundamental garantizar la neutralidad de los funcionarios, que debe ir necesariamente unida a la objetividad en el ejercicio de sus funciones y debe quedar al margen del control político partidista o de las presiones económicas de los particulares, sobre todo de los empresarios, que son los que pueden ejercer esa presión en mayor medida, puesto que son los que poseen mayores cantidades de dinero.

Aplicado todo esto al campo de la enseñanza, y una vez que la enseñanza pasó a ser definida como un derecho constitucional, deberían cumplirse una serie de condiciones para que la enseñanza pública.pueda ser posible.

En primer lugar esa enseñanza debe estar estructurada en torno a un núcleo de valores morales y políticos compartidos por los habitantes de cada país en el que un estado ejerce su autoridad política. La salvaguarda de esos mismos valores es una responsabilidad estatal y puede ejercerse tanto en el ámbito de la enseñanza pública, como en el de la enseñanza privada, si esta segunda se ajusta a ese mismo núcleo de valores. Aunque será siempre el Estado el encargado de garantizar el derecho constitucional a la educación a toda la población en unos determinados niveles.

Los encargados de la educación pública suelen ser funcionarios, pues ésta suele ser la única garantía de que no estén sometidos a las presiones que sobre los trabajadores pueden ejercer sus empresarios. Esos funcionarios deben disponer de la suficiente autonomía como para poder desarrollar su actividad docente sin estar controlados por ningún partido político concreto - y por ello la seguridad de sus puestos puede ser muchas veces la garantía de su independencia política-. Y, a su vez, de acuerdo con la definición de Weber, deben poder cumplir su misión docente de acuerdo con unos criterios de racionalidad y objetividad, que han de estar determinados tanto por el contenido como por los métodos con los que se puede enseñar.

Del mismo modo que no puede haber un control político partidista sobre el Estado o la educación, a menos que el Estado y el partido se confundan, como fue el caso soviético, o los actuales casos chino o cubano, tampoco debería haber un control económico de los mismos. Por ello no puede definirse la educación pública como un mero instrumento dedicado a la producción de bienes (recursos humanos), necesarios para la producción de todo tipo de mercancías, cuya producción y cuyos flujos han de estar regulados por el mercado - cuando el mercado funciona bien - subordinado a las necesidades y los intereses de los empresarios. Tal y como se intenta lograr con el discurso de las competencias y habilidades, un discurso social y político muy concreto, que se pretende ofrecer como un saber objetivo y neutro sobre la educación, y que incluso pretendería cumplir los requisitos exigidos por Weber para la administración burocrática racional, a pesar de que los contradice constantemente a nivel de los hechos concretos.

Dichos requisitos no se cumplen en modo alguno en las universidades españolas actuales, que si bien están, en lo fundamental, al margen de las fluctuaciones del mercado, lo que podría ser una garantía de su calidad y su objetividad, sin embargo se alejan cada vez más de estos dos objetivos weberianos, puesto que tienen cada vez menos claro cuales son los valores morales y políticos en torno a los que deberían estructurarse, debido a que tienden a representarse a sí mismas en torno a los parámetros, la terminología y el discurso del mercado. Todo ello a pesar de que quienes las gobiernan y la mayor parte de sus miembros: profesores y PAS, son esencialmente funcionarios. Pero, eso sí, unos funcionarios que parecen haber querido exacerbar todas las caracterísiticas negativas de la función pública, repitiendo unos tics y unos vicios que ya estaban presentes entre sus predecesores desde hace cinco mil años. Veamos cómo.

La sociología de los grupos de funcionarios ha conseguido estudiar las características psicosociales básicas de estos grupos de personas. Partiendo de ella procederemos a continuación a analizar, en el caso de las universidades españolas, cómo se articulan en concreto estas características, observando sus aspectos positivos y negativos, o lo que sería lo mismo, expresado en el lenguaje de la gestión empresarial, que tanto se utiliza en nuestras universidades: las fortalezas y debilidades observables en cada uno de estos aspectos, que enumeraremos a continuación.

Se sobreentiende que básicamente hablaremos de los funcionarios docentes, de los profesores, no sólo por formar cuantitativamente la mayoría del personal de las universidades, sino también porque son ellos los que desempeñan las funciones fundamentales: docencia e investigación y los que ocupan casi todos los cargos de gobierno y responsabilidad

1) Los profesores funcionarios forman un cuerpo cerrado, consumidor de la renta estatal y aislado de la realidad circundante.
Ésta es una de las características de todos los cuerpos de funcionarios. Son cuerpos cerrados a los que se accede mediante mecanismos de cooptación que tienen como fin garantizar la competencia de aquellas personas que han de ejercer la función pública.
Un elemento clave de esos mecanismos de cooptación es la exigencia de un nivel educativo determinado, al que se accede normalmente de forma escalonada en un tiempo normalmente bastante dilatado, que transcurre desde la educación primaria a la superior. La larga preparación de los funcionarios y escribas está documentada en los textos históricos desde unos cuatro mil años, en unos textos en los que podemos ver ya cómo los escribas egipcios o mesopotámicos o los letrados chinos destacan los esfuerzos que tuvieron que hacer en sus larguísimos procesos educativos, unos esfuerzos que les permitieron aprender las difíciles artes de la escritura y caligrafía de sus tiempos y todas las técnicas de la administración, el gobierno y el estudio de las leyes y todo tipo de textos.

Los funcionarios se describen siempre a sí mismos como letrados, y por eso aman los textos, su estudio y su comentario, pudiendo llegar a obsesionarse con los detalles de la correccción gramatical, con las sutiliezas de le exégesis y la interpretación textual, sea legal o no, y siempre estarán orgullosos de poder producir ellos mismos esos textos, o al menos sus comentarios. Esto ocurre desde hace milenios y sigue ocurriendo exactamente igual en la actualidad.
El mundo de los funcionarios tiende a ser un mundo cerrado porque es el mundo del gobierno y la administración económica, ya sea de los templos o los palacios imperiales, de las cortes reales y las casas nobles, o de los monasterios y los grandes dominios eclesiásticos, parte de los cuales fueron las universidades europeas de las Edades Media y Moderna.

Como los funcionarios y los letrados viven de las rentas del Rey o el Emperador, del Estado, de la Iglesia o de la nobleza (recuérdese que las universidades europeas anteriores al siglo XIX vivían de sus rentas de la tierra), tienden a situarse por encima de la realidad económica, del mundo de la producción y el consumo, puesto que siempre tienden a tener unos ingresos garantizados. Por esa razón solían despreciar el trabajo físico, como se puede ver en la “Sátira de los oficios” que leían los escribas egipcios, en los textos sumerios y acadios, o en los textos de los mandarines chinos, para los que el cultivo de unas muy largas uñas era un símbolo de distinción social porque mostraba su libertad de no tener que trabajar con sus manos.

Es ese aislamiento de la realidad económica y de sus fluctuaciones, unido al alto concepto que los funcionarios suelen tener de sí mismos, lo que hace que tiendan a sobrevalorar la importancia de su trabajo, cuya necesidad no se puede discutir, y a creer que siempre merecerían estar mejor pagados y que sus instituciones son merecedoras de recibir más dinero. Como los funcionarios poseen una mentalidad de rentista suelen tener una cierta tendencia, típica de esa mentalidad, a no medir los gastos, e incluso a despilfarrar el dinero en lo que ellos consideran como lo más importante: su propia promoción y el cultivo de sus propios sistemas de honores y valores.

2) Los profesores funcionarios poseen un sistema de valores propio
Es ésta una característica propia de los cuerpos sociales cerrados, como los clérigos, los militares o los funcionarios de diferentes tipos.
Estos valores nunca deben ser los mismos que los del resto de la sociedad, en algunos aspectos, puesto que las funciones específicas de cada tipo de funcionarios exigen que se creen sistemas de valores propios, más adecuados para que puedan ejercer dichas funciones. Así, el valor físico, la disciplina y la eficacia operativa serán los valores básicos en el caso de los militares; y el sacrificio, la abnegación, la práctica de la virtud y el servicio a los demás, serán los valores propios de los religiosos y los clérigos.

En el caso de los funcionarios públicos en general, sus valores fundamentales han de ser su entrega al servicio público, su eficacia y su neutralidad, así como la subordinación de sus intereses al bien común. Siendo estos valores propios también de los funcionarios docentes, aunque en su caso habría que añadir la conciencia de la importancia de su labor propia, que se derivaría del interés fundamental que ha de poseer la educación en los procesos de formación de ciudadanos y de profesionales, así como en el uso de la propia educación como un instrumento clave que puede contribuir a nivelar las desigualdades sociales en muchos casos.

En todos y cada uno de los casos citados esos valores específicos pueden correr el riesgo de convertirse en meros instrumentos de justificación de los privilegios económicos, sociales y políticos de los que pueden disfrutar los diferentes tipos de funcionarios. Y así la solidaridad de grupo o el “espíritu de cuerpo” necesario para la existencia de cualquier grupo de funcionarios pueden transformarse en una solidaridad de clase, cerrada frente al exterior, y orientada ante todo al mantenimiento y a la expansión del propio grupo, a costa de la supervivencia de otros grupos y en perjuicio del bien común.

Sería debido a esa visión errónea como los cuerpos de funcionarios, entre los que se incluirían los de profesores, pueden pasar a considerar como su objetivo fundamental el crecimiento cuantitativo de su propio grupo, independientemente de sus funciones económicas, sociales o políticas reales, y su promoción interna, ya sea económica, profesional o simbólica, dentro de él.
Esto es lo que ya está ocurriendo en las universidades españolas, muy bien dotadas, o excedidas de profesorado, con una media de 12,2 alumnos por docente (ver El País,8 de abril de 2009, pág.36), pero con un profesorado distribuido de una manera caótica, en función de los distintos factores coyunturales que permitieron la reproducción de diferentes colectividades de profesores, guiada muchas veces más por la necesidad de incrementar su número a toda costa, que por el crecimiento de las necesidades reales que pudiesen haber justificado ese crecimiento.

3) Los profesores funcionarios están jerarquizados y respetan y admiran la jerarquía

En todos los cuerpos de funcionarios que han existido a lo largo de la historia ha sido una necesidad perentoria jerarquizar a las diferentes personas y a sus funciones, reconociendo siempre el principio de autoridad y el valor de la disciplina, siempre esenciales, pero claves en los casos de algunos cuerpos, como son los cuerpos militares.

Hasta llegar al siglo XIX y a la creación del Estado contemporáneo los funcionarios y los letrados tuvieron siempre una posición muy frágil, ya que dependían del poder, e incluso del capricho de un Emperador, un Rey, unos sacerdotes o de unas cortes nobiliarias, por lo cual solían ser no sólo disciplinados, sino además sumisos, pudiendo llegar a la práctica de la abyección, de la delación y de la traición, con el fin de promocionarse a sí mismos frente a otros funcionarios, e intentando siempre lograr una relación privilegiada con quien en cada momento histórico ejerciese el poder.
Sólo con la creación del Estado contemporáneo, basado en procedimientos racionales de gobierno, unos procedimientos nacidos en la Europa Moderna y bautizados antiguamente con el nombre de “cameralística”, y gracias al reconocimiento de la especifidad de la función pública y la regulación de los derechos y deberes de los funcionarios fue posible intentar superar esos márgenes, a veces enormes, de arbitrariedad y de posibles favoritismos. Y ello mismo ocurrió también en el caso de la profesión docente, que poco a poco consiguió liberarse del control de las diferentes iglesias y cuya neutralidad solo llegó a ser reconocida desde el siglo XIX. Porque se consideró fundamental para la creación de una educación y unas universidades modernas que pudiesen pasar a ser las creadoras y transmisoras de conocimiento. Eso fue lo que ocurrió por primera vez en el caso del país que creó la universidad contemporánea: Alemania, una universidad cuya sociología fue estudiada por Fritz Ringer (F. Ringer,1990), centrándose en el caso de los grupos de profesores.

El ejercicio de la función pública puede verse pervertido, en lo que al ejercicio de la autoridad se refiere, si se deja de reconocer la neutralidad y el prestigio de los funcionarios, en nuestro caso de los funcionarios docentes, o si estos, al perder sus referencias a los sistemas de valores que les han de ser propios, buscan el favor de quienes ejercen el poder político, de quienes controlan la economía, o de quienes manejan los mecanismos del prestigio social.

En el caso de la propia Alemania los profesores universitarios cayeron en la tentación de someterse al poder político, una tentación que llegaría a su paroxismo con la llegada del nazismo (F. Ringer, 1990), y con la que traicionaron el propio sistema de los valores académicos, contribuyendo de ese modo notoriamente al desastre político y a la ruina moral y económica a la que Hiltler condujo a su país. Ello mismo ocurrió con los académicos soviéticos, como ha señalado N. Hayoz (Op.cit.), o con los casos de otros regímenes totalitarios, como la España de Franco o la Italia de Mussolini.

Evidentemente, éste no es el caso de la universidad española actual, si nos situamos en un nivel estrictamente político, pero sí lo es en el terreno psicosocial. En efecto, tras el largo período franquista, la universidad española pasó a ser gobernada mediante un sistema democrático concebido como mímesis del sistema político de una nación. Y esa misma universidad se transformó enormemente y creció cualitativa y cuantivamente, mejorando notoriamente sus recursos.

Sin embargo, en la actualidad ese modelo de gobierno está ya agotado (J:C. Bermejo Barrera, 2009), porque ha caído en el descrédito, debido a la escasa o nula participación de profesores, alumnos y PAS en los complejos procesos de gobierno. En lugar de ello se está creando un nuevo sistema en el que algunos profesores funcionarios se han apoderado de las instituciones académicas, a las que gobiernan de acuerdo con su mentalidad de rentistas, a la vez que a nivel general se están perdiendo los valores académicos específicos propios, es decir los valores de la educación y la enseñanza públicas.

Esa pérdida de valores, tal y como ocurrió en el caso de Alemania - a pesar de las enormes diferencias del contexto político entre ambos casos - ha traído consigo la pérdida del prestigio propio de la profesión docente, que va acompañado de un reforzamiento de las jerarquías académicas y sus sistemas de control de los profesores.
En ese proceso el reconocimiento de la autoridad, necesario en la universidad, ha pasado a convertirse en una admiración de la autoridad por la autoridad misma y en una pérdida de la dignidad colectiva (J.C. Bermejo Barrera,2009). Se trata de un nuevo tipo de autoridad muy complejo, puesto que es una autoridad ajena a los valores propios de la universidad e incapaz de representarse a sí misma en un lenguaje que le permita describir la realidad en la que está asentada, la propia realidad académica, lo que ha traido como consecuencia que:

4) Los profesores funcionarios puedan llegar a convertirse en un cuerpo social en descomposición
Un cuerpo de funcionarios entra en crisis, o en estado de descomposición por las razones siguientes:
a) porque ya no cumple ninguna función económica, social o política, tal y como ocurrió en su momento con determinados grupos religiosos, o cuerpos militares, como la caballería.
b) cuando se rompe el equilibrio entre los medios de que dispone para el ejercicio de sus funciones específicas y esos mismos fines. En esos casos puede darse una hipertrofia de ese cuerpo, debida al excesivo número de sus miembros, a su incapacidad de organización y de adaptación a los nuevos contextos en los que tiene que desenvolver su actividad, y el cuerpo entero puede llegar a desaparecer de forma catastrófica, como ocurrió con muchos cuerpos de escribas en el Antiguo Oriente, en la China, o con todo el sistema eclesiástico de los monasterios, que controló la mayor parte de la renta de la tierra en la Europa Medieval y Moderna y fue barrido del mapa, primero por la Reforma Protestante en el siglo XVI, y en los casos de otros países por las Desamortizaciones de los Bienes eclesiásticos del siglo XIX.
c) cuando se produce una disonancia cognitiva absoluta entre ese cuerpo y la realidad circundante.

Se llama disonancia cognitiva al hecho de que la representación que una persona, o un grupo social, se hace de sí misma no se corresponde con lo que esa persona o ese grupo social realmente es. Cuando se da ese caso, como por ejemplo en la antigua URSS, gigantescos grupos de funcionarios de todo tipo intentan establecer mecanismos de vigilancia y observación, cada vez más complejos, con el fin de poder controlar todos los aspectos de la realidad económica, social y política. Pero como son incapaces de comprender esa misma realidad a la que intentan controlar, tras un período de expansión más o menos desesperada del grupo y de sus mecanismos de control, el sistema acaba por colapsarse y derrumbarse en su totalidad. Ello es debido a que el alejamiento entre quienes formaban parte de ese sistema y la realidad que les circundaba era casi total, aunque ellos fuesen incapaces de percibirlo.

Cuando se da un caso como estos no existe ninguna posibilidad de reforma parcial, puesto que el propio sistema se ha esclerotizado y ha perdido su capacidad de adaptación. En estos casos además se difunde la incredulidad y el desprestigio del propio sistema. Se establecen sistemas de doble moral y.la mayor parte de la población, aunque no pueda expresarse libremente, comienza a contemplar el sistema con ironía y ese mismo sistema pasa, poco a poco, a entrar en el terreno del ridículo. No hay concordancia entre los que se dice y lo que se hace, y ello puede anunciar la caida del sistema - tal y como ocurrió en la URSS o la España de Franco -. Llegará así un momento en el que los propios defensores del antiguo sistema comiencen a hablar de una manera diferente a aquella en la que lo hacían y no parezcan querer reconocer que habían formado parte del sistema anterior, en el que, por cierto, ni ellos mismos creían.

Este mismo proceso se está produciendo en las universidades españolas actuales, que no parecen capaces de adaptarse a ninguna nueva realidad, y a las que se pretende reformar de pies a cabeza dejando toda su estructura de gobierno intacta y manteniendo en todos los campos el sistema vigente.
Así ocurre en la catalogación de profesores en áreas de conocimiento, en los sistemas de gobierno y en la estructura gobal de la institución, en los mecanismos de financiación y en la organización territorial de las universidades tanto a nivel estatal como autonómico. Se predica una reforma, dejando que todo siga igual y se permite que las universidades pasen a ser instrumentalizadas, o bien por los intereses políticos más inmediatos, locales o autonómicos, o bien se las ofrece como presa a los intereses del capital financiero, alabando siempre al mercado, pero ocultando que el capital productivo no ha mostrado ni el más mínimo interés en ellas, al contrario que en otros paises, como los EEUU.

La disonancia cognitiva entre la universidad y la realidad es enorme. Se ha dejado de reconocer el valor y la importancia social y política de la educación. Cuando alguna autoridad política o académica habla de la universidad siempre pretende justificar su existencia por razones económicas, por su contribución al desarrollo industrial mediante el I+D+I, aunque, eso sí, sin dar nunca ningún dato cuantitativo creible.
Ministros, autoridades autonómicas o rectores, cuando hablan de economía son incapaces de analizar de un modo mínimamente serio la realidad que les rodea. Sus palabras normalmente les traicionan, ya que dan siempre muestras de tener la mentalidad de rentista consumidor de la renta pública, según la cual todo dinero es poco para la alta función que cada cual cree que representa.

El problema es que ya no son capaces de formular cual es esa función, ya que viven en el seno de una disonancia cognitiva absoluta, puesto que son incapaces de representarse a sí mismos y a sus instituciones al margen de una economía de la que realmente no forman parte. Si algún día llegasen a formar parte de ella, tal y como está ocurriendo en el caso de los EEUU y de tantos otros países, tendrían que comprobar que esa misma economía , a la que tanto alaban, les reserva el mismo destino que a tantos y tantos trabajadores: la reconversión o el despido. Mientras tanto, ahí siguen. La razón de ello es la siguiente.

En primer lugar, porque aunque cada vez más muchos profesores parecen no entenderlo, ni tampoco las autoridades que los gobiernan, la universidad aún sigue cumpliendo una función específica, a pesar de que no se sepa formular cuál es exactamente.Y por otra parte porque se está desarrollando un nuevo sistema social e institucional, en el que se sigue una tendencia general de los cuerpos de funcionarios en crisis, y es que:

5) Se está gestando un proceso de patrimonialización de la universidad, mediante el cual grupos de funcionarios pasan a monopolizar el control de la misma
En ese proceso, a su vez, están teniendo lugar dos procesos paralelos: a) la monopolización de los beneficios académicos y materiales que se pueden obtener de la misma universidad por parte de oligarquías de profesores, y b) la degradación del ejercicio de la autoridad académica, que sufre un proceso de deslegitimación y que progresivamente pasa a ser monopolizada y ejercida por personas de menor jerarquía intelectual, lo que se reflejaría en la necesidad obsesiva de incrementar el control de la institución y el debilitamiento de la capacidad de argumentación y el debate público e institucional. Un proceso este último paralelo al de la degradación general de la vida política y de los partidos políticos españoles.

El incremento de la necesidad de control por parte de grupos de funcionarios en crisis es una consecuencia, no sólo de la crisis de los propios sistemas en los que viven, sino de su incapacidad de analizar la realidad circundante. Esto les ha llevado siempre, y les sigue llevando, a incrementar los procedimientos administrativos y de control de las insituciones y de la población, y a hacerlos cada vez más complejos y farragosos, con lo que se puede conseguir que lleguen a ser casi inútiles, además de perder su credibilidad propia.

Ese incremento de los procedimientos puede justificar y justifica la necesidad de la existencia de los propios cuerpos de funcionarios y del incremento de su número, pero a su vez el creciente alejamiento de la realidad circundante y la inutilidad de los propios procedimientos no pueden hacer otra cosa que alargar la agonía del sistema, a veces en plazos desesperadamente largos, si la caida no se ve precipitada por circunstancias externas.

Todo ello está ocurriendo también en la universidad española actual, en la que se ha creado una agencia de acreditación y control: la ANECA. Una agencia que viola los principios básicos del ejercicio de la función pública, puesto que suele ser más bien afín al partido político gobernante en cada momento, cuyos mandatos ejecuta. Esta agencia establece criterios de control de la calidad que no tienen ningún valor ni ninguna eficacia.

Se trata de unos procedimientos complejos hasta el barroquismo, meramente verbales y vacíos de contenido, construidos en torno a un lenguaje pseudo-pedagógico y pseudo-empresarial, que sirven para justificarlo todo. Con ellos se puede conseguir aprobar cualquier plan de estudio que sea exactamente igual que el anterior, o en el que grupos de profesores ofrecezcan sus materias sin ton ni son, superponiendo cada uno las suyas con las de los demás. Con ellos se pueden acreditar Masters carentes de valor en el mercado, y establecer toda clase de clasificaciones científicas, que en muchos casos ni siquiera coinciden con las reconocidas internacionalmente - como es el caso de muchas revistas científicas.

Los participantes en los procesos de evaluación son los propios funcionarios, evaluados previamente con ese mismo sistema, y a veces ni siquiera son los que han merecido las evaluaciones más altas. Unos funcionarios que creen poder controlarlo todo, desde los baremos para nombrar profesores, hasta la distribución de todo tipo de recursos. Unos recursos que se controlan muy poco, una vez que son asignados, debido a que da la impresión de que el mayor mérito es haber conseguido cada recurso específico, independientemente de los resultados que se consigan con él. Y todo ello es debido a que en el caso de la ANECA, como en muchos casos cuando se trata de cuerpos de funcionarios, lo importante es el propio procedimiento, un procedimiento que puede llegar a constituirse en un verdadero ritual, tal y como ocurría en la China Antigua.

Como se trata, pues, de funcionarios aislados del mundo real, rentistas del Estado, que se hipervaloran a sí mismos y la importancia de su labor, complican voluntariamente los procedimientos, de tal modo que lo que se valora es la voluntad de someterse al propio procedimiento, de aceptar las normas y los sistemas cada vez más arbitrarios y complejos, a la vez que cada vez menos creibles.

En este caso, como en el de todo sistema funcionarial en descomposición, cunde la sensación de que todos esos procedimientos en realidad son inútiles y meramente verbales. Se predica, por ejemplo, la movilidad y el cosmopolitismo, pero en realidad no hay movilidad de profesores entre las universidades españolas, y prácticamente ningún profesor español es promovido a puestos fijos en las universidades que sí poseen en el mundo un prestigio real. Se alaba la tecnología, la industria y la flexibilidad del mercado, pero casi ninguno de los que se proclaman tecnólogos cosmopolitas se marcha a formar parte de industrias existentes al margen de las universidades, sino que prefieren seguir dentro de las propias universidades, en ese mundo que cada vez parece más ficticio.

Sin embargo el sistema sigue en pie.Y sigue en pie, en primer lugar, porque la universidad, en cierto modo, aún sigue siendo necesaria. Y en segundo lugar porque, a pesar de la alta estima que de ella solemos tener los que de ella formamos parte, para los partidos políticos, los empresarios y la mayor parte de la población la universidad en realidad es bastante inocua, y además, dado su aislamiento del mundo real es bastante mal conocida, de lo contrario no se toleraría que pudiese continuar así.

Pero, sobre todo, la universidad sigue en pie tal y como está, porque pequeños grupos de profesores, que gustan denominarse a sí mismos élites académicas, y a los que otros simplemente llaman oligarquías, encuentran beneficioso que las universidades sigan así. Para ellos es beneficioso porque se han hecho con el control de la institución y sus órganos de gobierno, de evaluación y de control a nivel autonómico y estatal.

Ese control además se ejerce de un modo cada vez menos transparente, debido precisamente al exceso de transparencia, al exceso de información, preciosa a veces y pocas veces ocultada, pero indigerible para la mayoría, a la que ya no le interesa porque cree que todo forma parte por igual de los miles y miles de folios que engendra ese nuevo discurso farragoso y vacío.

Ese control se ejerce, por otra parte, intentando inundar los medios de comunicación de toda clase de mensajes vacíos y manteniendo desinformada a la población en general y a la comunidad académica en concreto de los temas que realmente les interesan. Las autoridades políticas y académicas creen necesario pagar costosas campañas de publicidad realizadas con meros criterios de marketing, así como convertirse en “articulistas de opinión”, cuando ya disponen de todos los medios propios para expresarse. Lo que intentan con ello es ahogar en la prensa y los medios de comunicación la expresión de las opiniones que les pueden contradecir. Unas opiniones que cada vez parecen estar menos dispuestos a tolerar.

Del mismo modo que en España ha desaparecido el debate político real, basado en ideas y programas concretos, para ser sustituido por una crónica más o menos escandalosa de la vida y milagros de los dirigentes y militantes de los partidos políticos, cuyos nuevos líderes son incapaces de argumentar con seriedad y rigor. En las universidades se está dando una dejación de responsabilidades por parte de muchos profesores que permite, y a veces incluso obliga, a que personas menos capacitadas o muy inexpertas asuman cargos para los que no están preparados. Unas personas que por su excesiva juventud y a veces por su falta de perspectiva son las únicas capaces de creer en un nuevo sistema académico en el que su promoción y su futuro laboral dependen de evaluaciones sin sentido, basadas en la cantidad de sus publicaciones y en las técnicas de gestión del curriculum que deben ir aprendiendo espontánemente, o bien siguiendo los criterios expuestos por Abby Day en su guía para principiantes ya citada.

Para estos nuevos profesores toda la universidad es un simulacro en el que se trata de manejar y acumular los signos externos de prestigio, que permiten ascender académicamente, sean los que sean esos signos, a los que siempre tendrán que someterse, a pesar de que saben perfectamente que esos signos puedan resultar arbitrarios
Ellos tienen que vivir en ese mundo cerrado de funcionarios rentistas, evaluadores de sí mismos, carentes cada vez más de un sistema de valores específico, y en el que sólo se puede ascender a costa de los demás, en el que hay que pelearse para conseguir unos recursos, que por definición siempre serán escasos para cualquier rentista, y en el que lo fundamental es llegar a formar parte de la pequeña oligarquía de evaluadores, controladores y autoridades de todo tipo, para poder así estar seguro al juzgar a los demás y no ser juzgado.

En un sistema funcionarial en descomposición las oligarquías están regidas, como en cualquier sistema, por la ley de hierro de la oligarquía de Mitchels, según la cual el grupo dirigente tiene que ofrecer la opción de formar parte de él a algunas personas, con el fin de que la mayoría pueda reconocer su legitimidad, a cambio de poder integrarse en el futuro en él. Sin embargo, por tratarse precisamente de una oligarquía muy cerrada, en este caso el número de cooptados debe ser muy pequeño, por lo que ese mecanismo debe ser reforzado por los mecanismos de control de la mayoría, mientras las circunstancias externas a la institución permitan que ésta misma siga existiendo de la misma manera en la que lo hace.

¿Hasta cuándo será así? No lo podremos saber, puesto que los historiadores, como alguien dijo, sólo sabemos profetizar el pasado. Sin embargo, si desembocamos en el mundo real, con el que habíamos comenzado este artículo, podríamos conjeturar que la situación de las universidades españolas deberá cambiar en el futuro, ya sea o bien con una reforma radical, impuesta desde el exterior, pero que trate de salvar los caracteres básicos de la institución, con el fin de que puedan seguir cumpliendo sus funciones específicas, o bien con una reconversión más o menos salvaje, que sería impuesta cuando la absoluta disonancia entre las universidades y la realidad llegue a ser realmente conocida.

La posibilidad de una reforma integral y coherente no parece de momento posible, debido a la situación de crisis económica mundial en la que estamos. Pero no sólo por ella, sino porque la mentalidad de las propias oligarquías dirigentes, de evaluadores, controladores y autoridades académicas y políticas en cada uno de sus niveles la hace dificilmente concebible, por una parte, y nada deseable por la otra.
En efecto, al haberse perdido el núcleo de los valores académicos, los dirigentes de las universidades españolas no son ya capaces de definirse a sí mismos, y por ello pasan a utilizar dos lenguajes, que pueden ser o no complementarios: el de la política de partidos que caracteriza a la España de 2009, en el que el único discurso inteligible es el de la rentabilidad electoral y el cálculo de votos y la promoción de sus militantes, lo que hace comprensible que profesores con la mentalidad descrita deseen pasarse a la política de partido. O bien el pseudo lenguaje de la economía. de mercado.

En la situación actual de la economía española, cuya crisis, como es sabido, se debió al peso excesivo de los sectores de la construcción y el turismo, y en el que la investigación técnica desempeñaba un papel relativamente secundario, apelar constantemente a las relaciones entre industria y universidad no tiene mucho sentido, primero porque esa integración es cada vez más débil en el mundo industrializado, en el que la ciencia es cada vez más postacadémica (lo que explica el adelgazamiento de las universidades americanas), y en segundo lugar, porque, para que ello fuese posible en España, el cambio de modelo productivo requeriría muchos años y tendría que ser protagonizado por la insustria misma y no por unos rectores que parecen querer ser organizadores de unos supuestos planes quinquenales como los de la extinta URSS.

Decíamos al comienzo que, tal y como ha señalado R.A. Baker, el problema actual del capitalismo, un sistema que él considera esencialmente bueno, es el excesivo peso del capital financiero, o especulativo, frente al capital productivo. Por ello sería logico pensar que, si algún capital va a entrar en las universidades españolas, será precisamente el capital financiero, que encarna la banca.

Dicho capital buscará beneficios rápidos en las universidades, a las que les interesará endeudarse. Es en el mundo de ese capital donde el riesgo de descontrol fiscal y de corrupción puede ser más grande, como señala Baker, y por ello podría ser un peligro para nuestras universidades que unos funcionarios públicos obsesionados por el control de sus instituciones decidiesen ponerse excesivamente en manos de ese capital, que, por definición, no mejoraría la calidad de esas universidades, sino que trataría de hacerlas entrar en sus circuitos de búsqueda de una alta rentabilidad inmediata.

Deberíamos evitar esa tentación, y la de todos los grupos de funcionarios en decadencia: la corrupción económica, que quizás pueda llegar a ser posible en el futuro.Y sobre todo deberíamos intentar evitar que la pérdida de los valores específicos de la universidad permita que, gracias la burocracia más desmedida e inútil entremos en un proceso de control y normalización de las personas y las instituciones en el que sólo puedan llegar a sobrevivir los intelectualmente más mediocres, pues sólo ellos pueden hallar satisfacción y reconocimiento en un mundo académico en el que han desaparecido los verdaderos debates de ideas y en el que los controles más obsesivos y rutinarios se imponen por doquier por parte de quienes se saben incapaces, por su falta de conocimientos y valores, de controlar todas las universidades de un país de otra manera .

Por el contrario, este nuevo tipo de funcionarios mediocres podrían sentirse muy a gusto y encontrar el reconocimiento en unas nuevas universidades en las que una docencia anodina, simplificada y regulada hasta la saciedad, unida a una pseudo-investigación que busca más entrar en los moldes de los controles y las evaluaciones que la búsqueda del conocimiento en sí mismo, puedan llegar a convertir a estas viejas instituciones en pequeñas fábricas de producción en serie de los recursos humanos que requiera en cada momento el mercado, cada vez más degradado, del trabajo.

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