El
Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies denunciaba en el mes de mayo que las empresas y fundaciones que integran el sector público
del Principado de Asturias incumplían la obligación de hacer
públicas las
relaciones de puestos de trabajo, los catálogos de puestos o
documentos equivalentes referidos a su
personal, con indicación de los centros directivos u órganos a los
que se encuentran adscritos, y sus retribuciones anuales, impuesta
por el artículo 6.2 c) de
la Ley asturiana de Transparencia.
Señalábamos
entonces y repetimos ahora, que los
sucesivos Gobiernos del Principado se habían
cuidado bien de mantener oculta la información sobre las plantillas
de los llamados “chiringuitos” y
que
esta
opacidad había
contribuido, junto a otras circunstancias concomitantes –
especialmente, la falta de objetividad de los sistemas de acceso y la
vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad - , a
consolidar la afirmación de que el sector público empresarial y
fundacional vinculado a la Administración del Principado está
dominado por el enchufismo político – sindical y el clientelismo
laboral.
En
nuestra denuncia del pasado mes de mayo solo encontramos a dos
fundaciones públicas que
cumplieran esta obligación legal:
FYCIT
(Fundación
para el Fomento en Asturias
de
la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología)
y
FFES (Fundación
para el Fomento de la Economía Social)
De
entonces acá los avances han sido escasos: la Sociedad Regional de Recaudación, Laboral Centro de Arte y SADEI publican la plantilla y las retribuciones en su páginas web.
La Sociedad Regional de Promoción, Asturex, Gispasa, la Fundación Niemeyer, Fundación Universidad de Oviedo y SASEC publican los puestos de trabajo bajo diferentes fórmulas, pero omiten su retribuciones anuales.
La Sociedad Regional de Promoción, Asturex, Gispasa, la Fundación Niemeyer, Fundación Universidad de Oviedo y SASEC publican los puestos de trabajo bajo diferentes fórmulas, pero omiten su retribuciones anuales.
El
resto de empresas públicas y fundaciones (VIPASA, SERPA, RTPA,
SOGEPSA, FAEDIS, FASAD, etc) continúan incumpliendo la legalidad en
materia de transparencia.
Esta
insumisión legal solo es posible con el consentimiento expreso de
las Consejerías que ejercen la tutela de estas empresas y
fundaciones y participan en sus órganos de gobierno, y
goza de total impunidad ante la imposibilidad de instruir expedientes
sancionadores.
Como
la
Ley de Transparencia atribuye la instrucción de estos expedientes a
la, hasta ahora, fantasmagórica Oficina de Buen Gobierno y Lucha
contra la Corrupción, la comisión de las infracciones previstas en
la Ley sale completamente gratis a sus responsables. ¡Menuda
comedia de transparencia!
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