- 24-4-2018 | Comisión Europea
- Recientes escándalos como los provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o actualmente Cambridge Analytica ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos.
La Comisión Europea propone una nueva ley para reforzar la protección de los denunciantes
de irregularidades en toda la UE. La propuesta garantizará un elevado
nivel de protección para quienes notifiquen infracciones del Derecho de
la UE, mediante el establecimiento de unas nuevas normas en toda la UE.
La nueva ley establecerá canales seguros de notificación tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas.
También protegerá a los denunciantes de irregularidades contra el
despido, la degradación y otras formas de represalia, y exigirá que las
autoridades nacionales informen a los ciudadanos y formen a las
autoridades públicas sobre el trato que deben dispensar a los
denunciantes de irregularidades.
El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha declarado lo siguiente: «Muchos
escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas
de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse. Sin embargo, al
hacerlo asumieron riesgos enormes. Así pues, si protegemos mejor a los
denunciantes de irregularidades, podremos detectar y prevenir mejor los
perjuicios para el interés público, tales como el fraude, la corrupción,
la elusión del impuesto sobre sociedades o daños a la salud y el medio
ambiente. No se debe castigar a nadie por hacer lo correcto. Además, las
propuestas de hoy también protegerán a quienes sirvan de fuentes a los
periodistas de investigación, con lo que se contribuirá a garantizar la
defensa de la libertad de expresión y de medios de comunicación en
Europa».
Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha añadido: «La
nuevas normas en materia de protección de los denunciantes de
irregularidades serán un punto de inflexión. En un mundo globalizado en
el que es real la tentación de aumentar al máximo las ganancias a costa
de la ley, necesitamos apoyar a la personas dispuestas a asumir el
riesgo de revelar graves infracciones del Derecho de la UE. Se lo
debemos a las personas honradas de Europa».
Los denunciantes de irregularidades pueden ayudar a detectar, investigar y sancionar los abusos de la legislación de la UE.
También tienen una importante función a la hora de facilitar que los
periodistas y la prensa libre desempeñen su papel fundamental en las
democracias europeas. Por ello, los denunciantes de irregularidades
necesitan la protección adecuada contra la intimidación o las
represalias. Los ciudadanos que revelen actividades ilegales no deben ser castigados por su actuación.
Sin embargo, en la vida real, muchos de ellos pierden por sus actos su
empleo, su reputación o incluso su salud; el 36 % de los trabajadores
que han notificado conductas irregulares ha sufrido represalias (2016
Global Business Ethics Survey). Proteger a los denunciantes de
irregularidades también contribuirá a defender la libertad de expresión y
la libertad de los medios de comunicación, y es esencial para preservar
el Estado de Derecho y la democracia en Europa.
Protección en relación con toda una serie de infracciones del Derecho de la UE
La propuesta garantiza una protección en toda la UE para los
denunciantes que notifiquen infracciones de la legislación de la UE en
materia de contratación pública; servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de los productos; seguridad en el transporte; protección del medio ambiente;
seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos, salud y
bienestar de los animales; salud pública; protección de los
consumidores; privacidad, protección de datos y seguridad de las redes y
los sistemas de información. También se aplica a las infracciones de las normas de competencia de la UE,
las vulneraciones y el abuso de las normas relativas al impuesto sobre
sociedades y el daño a los intereses financieros de la UE. La Comisión
alienta a los Estados miembros a superar estas normas mínimas y a
establecer normativas exhaustivas basadas en los mismos principios en
materia de protección de los denunciantes de irregularidades.
Mecanismos claros y obligaciones para los empleadores
Todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades.
La nueva ley también se aplicará a todas las administraciones
nacionales y regionales, así como a los municipios que tengan más de 10
000 habitantes.
Entre los mecanismos de protección que deberán establecerse se cuentan los siguientes:
• Canales claros de notificación, dentro y fuera de la organización, para garantizar la confidencialidad.
• Un sistema de notificación con:
• canales internos de notificación;
• notificación a las autoridades competentes si los canales internos
no funcionan o no puede esperarse razonablemente que funcionen (por
ejemplo, si el uso de los canales internos podría poner en peligro la
eficacia de las investigaciones por parte de las autoridades
competentes);
• notificación a los medios de comunicación o al público si no se
adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros
canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés
público o daños irreparables.
• Obligaciones de notificación aplicables a las autoridades y las
empresas, que tendrán que responder y dar curso a las notificaciones de
los denunciantes de irregularidades en el plazo de tres meses en el caso
de los canales internos de notificación.
• Prevención de represalias y protección eficaz: están prohibidas y
deben ser sancionadas todas las formas de represalia. Si el denunciante
sufre represalias, debe tener acceso a asesoramiento gratuito y a las
vías de recurso adecuadas (por ejemplo, medidas para atajar el acoso en
el trabajo o prevenir el despido). La carga de la prueba se invierte en
tales casos, de modo que la persona u organización deberán demostrar que
no se trata de una represalia contra el denunciante de irregularidades.
Estos también recibirán protección en los procesos judiciales,
especialmente mediante una exención de la responsabilidad por la
revelación de información.
Salvaguardias eficaces
La propuesta protege la denuncia de irregularidades responsable y
claramente dirigida a salvaguardar el interés público. Por lo tanto,
contempla salvaguardias para disuadir e impedir los informes abusivos o
malévolos y prevenir daños injustificados a la reputación. Los afectados
por la notificación realizada por un denunciante de irregularidades
disfrutan plenamente de la presunción de inocencia, del derecho a la
tutela judicial efectiva y a un juicio justo, y del derecho de defensa.
Contexto
La protección ofrecida a los denunciantes de irregularidades en toda
la UE es actualmente dispersa y desigual. En la actualidad, solo diez Estados miembros de la UE garantizan la plena protección de los denunciantes de irregularidades.
En los demás países, la protección concedida es parcial y se aplica
únicamente a determinados sectores o categorías de trabajadores.
La propuesta de la Comisión se basa en la Recomendación del Consejo de Europa de 2014
sobre la protección de los denunciantes de irregularidades, que
recomienda que «los Estados miembros creen un marco normativo,
institucional y judicial para proteger a las personas que, en el
contexto de sus relaciones laborales, informen o revelen información
sobre amenazas o perjuicios para el interés público» y establece
principios para orientar a los Estados cuando introduzcan o revisen
dichos marcos.
El Consejo alentó a la Comisión a estudiar la posibilidad de la
futura actuación de la UE en sus Conclusiones sobre medidas de
transparencia fiscal, de 11 de octubre de 2016. Las organizaciones de la
sociedad civil y los sindicatos han reclamado reiteradamente una
legislación a escala de la UE dirigida a proteger a los denunciantes de
irregularidades que actúen en interés público.
La Comisión se comprometió a tomar medidas para proteger a los denunciantes de irregularidades como fuentes periodísticas
en el segundo Coloquio anual sobre derechos fundamentales que tuvo
lugar en noviembre de 2016 y versó sobre el tema «Pluralismo de los
medios de comunicación y democracia».
El refuerzo de la protección de los denunciantes de irregularidades
también da efecto al compromiso de la Comisión de hacer mayor hincapié
en el cumplimiento del Derecho de la UE, tal como se establece en su
Comunicación de 2016 Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una
mejor aplicación.
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