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lunes, 27 de marzo de 2017

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia anula el nombramiento de doce altos cargos del Gobierno del PP

Rechaza que se designasen jefes de servicio a dedo y que se incorporasen habilitados nacionales sin justificación - Los funcionarios denunciantes han presentado otros recursos sobre tres puestos actuales

La Opinión,  A  Coruña 04.03.2017 


Pasillos del Palacio de María Pita.

La sentencia

  • Negociación. El fallo admite que sí hubo negociación, aunque fuese en un apartado de "ruegos y preguntas" en una reunión con la Junta de Personal. Aún así, matiza que "no les falta razón a los apelantes" porque la actuación del Gobierno fue "falta de rigor"
  • Libre designación. Como el Constitucional señala que no hay incongruencia entre la norma estatal y la autonómica, los jueces se remiten a la estatal o a una visión "integradora" de ambas. Concluye que la libre designación debe ser excepcional y que, aun reconociendo que las jefaturas de Servicio son cargos de especial responsabilidad, debe justificarse individualmente. El Superior indica que el Gobierno no dejó clara esta motivación
  • Habilitados nacionales. Los recurrentes rechazaban que se pudiesen fichar a secretarios e interventores para altos cargos de la Administración local. El Concello alegó que la Xunta avaló con un informe esta cuestión. El tribunal cuestiona que sean puestos intercambiables y concluye que, dada su excepcionalidad, exigiría una motivación para justificar que el habilitado es idóneo para cubrir el puesto
El Tribunal Superior de Xustiza echa abajo por arbitrario el sistema que articuló el Gobierno del Partido Popular para incorporar y consolidar altos cargos durante su mandato con fichajes externos. Un sistema que se sustentaba, además, en una legislación aprobada por la Xunta, cuyo alcance en el resto de ayuntamientos gallegos queda cuestionado con esta sentencia. En A Coruña, la anulación afecta a once jefaturas de servicio y una jefatura de departamento. Los denunciantes son un grupo de funcionarios de alto rango que han llevado también a los tribunales tres designaciones del Ejecutivo actual, todas en el área de Rexeneración Urbana. El fallo rechaza que se hubiese elegido para estos puestos a habilitados nacionales (secretarios e interventores) procedentes de otras administraciones también sin justificación. Contra la sentencia cabe presentar un recurso de casación ante el Supremo.

En primera instancia, un juez le había dado la razón al Ayuntamiento, ratificando los nombramientos. Pero el Tribunal Superior no lo tenía tan claro. De hecho, llegó a consultar al Constitucional porque encontraba que la legislación estatal y autonómica podrían ser contradictorias. El Constitucional, que se pronunció el pasado octubre, no halló tal discrepancia, determinación en la que se basan los jueces gallegos para anular el fallo anterior y darle la razón a los funcionarios.

Los nombramientos fueron polémicos desde un inicio. Recibieron críticas de la oposición, de la Junta de Personal y el recurso de un grupo de 24 funcionarios de A Coruña, que se unieron para intentar tumbarlo. Entendían que sus derechos estaban siendo vulnerados porque, de manera discrecional, se les cortaba el paso para ascender y asumir estos puestos de responsabilidad. Los partidos de la oposición acusaron acusó al PP de crear una administración paralela, colocando "afines" en cargos para los que había funcionarios cualificados.

A finales de julio de 2014, el Gobierno local de Carlos Negreira consumaba la entrada de funcionarios ajenos como jefes de servicio, que había ido fichando desde su llegada a la Alcaldía en 2011. Modificaba para ello la Relación de Puestos de Trabajo, la lista en la que se incluyen todos las plazas que hay en el Concello antes de que tengan dueño. Durante las vacaciones de verano, siguió una hoja de ruta para proceder a la regularización de estos nombramientos. Algunos de los fichajes ocupaban el puesto en comisión de servicios, una situación que caducaba legalmente a los dos años y para la que tenían que buscar una solución. Una semana después de modificar la RPT, el BOP publicaba la primera convocatoria de siete plazas de cargos directivos por "libre designación", esto es, una convocatoria abierta pero con selección subjetiva, sin que hubiese baremos o puntuaciones por titulaciones, capacidad o carrera dentro del Ayuntamiento. En agosto, repitió la operación con cuatro vacantes más.

Es precisamente la modificación de la RPT del Ayuntamiento de A Coruña lo que anula ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que interpreta, con arreglo a lo dictaminado por el Constitucional, que prevalece la norma estatal sobre la gallega o, en su caso, una "interpretación integradora de ambos". Recuerda el tribunal que los puestos municipales se deben provisionar a través de un concurso, teniendo la libre designación "carácter extraordinario" y "precisado de una motivación o justificación individualizada", algo que los jueces no encuentran en la actuación del Gobierno de Negreira. No rechaza de plano, sin embargo, que los jefes de servicios tengan funciones directivas y puedan ser nombrados a dedo, "pero en todo caso se exige la acreditación de una especial confianza o responsabilidad".

Quedan anuladas entonces las modificaciones de la RPT y las acciones que de ella se derivan y que afectan a un total de doce puestos. Son once las jefaturas de Servicio tumbadas: Personal, Interior, Presupuestos y Estudios Económicos, Movilidad Urbana, Acción Social, Gestión Tributaria, Empleo y Empresa, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Planeamiento y gestión del suelo, Museos Científicos e Informática municipal. También la Jefatura de Departamento de control financiero. Considera el tribunal que cada puesto precisaría de una "justificación individual" y concluye que esta motivación "no está contenida".

Más recursos en los tribunales
Este mismo grupo de funcionarios ha recurrido nombramientos de altos cargos del actual Gobierno local. El primero fue el del jefe de Planeamiento, que está anulado aún en primera instancia y recurrido por el Concello. También han llevado ante los tribunales la designación de los jefes de los servicios de Edificación e Infraestructuras.

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