Mapa de la conexión del cable de fibra óptica implantado por GITPA en Asturias. Infografía / Amelia Celaya.
Revista Atlántica XXII
No hay cables sin enchufe y en la trama que se ha desvelado en
Asturias con la empresa pública GITPA aparecen muchos y de todo tipo,
familiares y políticos, en un caso que está en el Juzgado. Una comisión
de investigación en la Junta General del Principado ha aclarado bastante
tan oscuro asunto, en el que pudieron evaporarse varios millones de
euros.
Luis Feás Costilla, Rafa Balbuena y Xuan Fernández / Periodistas.
Las presuntas irregularidades en GITPA, una empresa que creó el
Principado en 2006 para llevar la fibra óptica a la zona rural,
comenzaron en el mismo momento en que se contrató como director general a
Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, primo de la entonces directora general
de Modernización Belén Menéndez Bañuelos, actual Interventora General
del Principado. Belén Menéndez Bañuelos estuvo en el nacimiento del
proyecto y de la sociedad pública, elaboró pliegos y adjudicó los
primeros contratos a Aggaros, una empresa que había utilizado los
servicios de su primo Juan Manuel a través de otra, Ebacom. Para ésta
última había trabajado también su sobrino Guillermo Rodríguez, hijo de
Juan Manuel, con un contrato en Guinea.
Durante los primeros años, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos sería el
único empleado de GITPA. En ella actuaría a su antojo, a impulsos de un
carácter vehemente libre de ataduras, según personas que le conocen
bien. Llegó a contratar a su propio hijo, porque fue la empresa de
Guillermo, Twisterwill, la encargada de montar la página web de GIPTA.
También se subió unilateralmente el sueldo en 2010 para esquivar el
recorte aprobado por el Ejecutivo asturiano el año antes. El director
general pasó de tener una retribución base de 4.963 euros en mayo a
5.296 en la mensualidad siguiente, sin que este aumento “hubiera venido
justificado por acuerdo al respecto del Consejo de Administración”,
según recoge el fallo en contra de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de marzo de 2014.
Ya desde la primera encomienda, que GITPA no podía acometer por falta
de medios propios, se vieron favorecidas unas pocas contratas, como la
citada Aggaros Serveis Avançats, con sede en Barcelona, con la que
habían trabajado Bañuelos y su hijo, y que estuvo muy vinculada a los
primeros pasos del GITPA. También Thales España GRP, con sede en Madrid,
que colaboró dando altas desde el 1 de enero de 2008, antes de firmar
ningún contrato. O Comfica Soluciones Integrales SL, asimismo con sede
en Madrid, que en 2010 se hizo con la extensión de la red de fibra en el
Occidente asturiano, con Aggaros en la dirección de obra y un polémico
compromiso con la ferroviaria estatal FEVE que establecía un “canon
compensatorio” por 15 años.
Escollos para la liquidación
En 2011, Rodríguez Bañuelos es destituido por el nuevo y breve
Gobierno de Foro Asturias, que nombra como sucesor a Eduardo González
Bayod. Tras la reconquista del poder por parte de los socialistas, quizá
para poner fin a una situación que empezaba a resultar insostenible, y a
pesar de que la empresa era rentable, el Servicio de Telecomunicaciones
es impelido a proceder a la liquidación del GITPA, en ejecución de la
Ley de Medidas de Reestructuración del Sector Público Autonómico de
2013, una imposición que emanaba del ministro Montoro.
Las actuaciones para la disolución y posterior liquidación de la
empresa requerían regularizar legalmente la situación de hecho
preexistente en GITPA, elaborar un inventario y disponer de todos los
informes finales de todas las encomiendas de gestión. El nuevo director
general plantea dos importantes escollos para la liquidación: por una
parte, las dificultades para elaborar un inventario de los terminales
ópticos de usuario (ONT) adquiridos y disponibles, y, por otro, la
existencia de ese canon que grava el tramo de red conocido como “Troncal
Occidental” y que discurre por el dominio público ferroviario explotado
por FEVE.
Juan Manuel Rodríguez Bañuelos en la comisión de investigación de la Junta General. Foto / Álex Piña.
Saltan entonces todas las alarmas. Telecomunicaciones emite el 5 de
junio de 2014 un informe en el que se señalan otras múltiples
incongruencias: abonos a cuenta entre GITPA y Comfica y entre el
Principado y GITPA, exceso de facturación en los proyectos de troncales,
pilotos de seguridad y suministro e instalación de tubo y cable de
fibra óptica. Las desviaciones respecto a lo presupuestado son de miles
de euros en muchas de las partidas, con una final en su conjunto de algo
más del 7%. Sin embargo, a pesar de que entre lo presupuestado y lo
facturado por Comfica se detectan variaciones tan relevantes, lo que
factura GITPA al Principado “clava” el presupuesto disponible, de más de
6 millones de euros.
En noviembre de 2014 la Secretaría General Técnica de la entonces
Consejería de Economía remitió a la Fiscalía un Informe del Servicio de
Telecomunicaciones en el que denunciaba unas supuestas “limitaciones a
la titularidad” de la denominada Troncal de Occidente construida en el
año 2010 en el dominio público de FEVE, así como otras también presuntas
“desviaciones en la facturación y certificación” de las obras.
La Fiscalía abrió diligencias en diciembre de 2014 y las remitió al
Juzgado nº 4 de Oviedo, que en diciembre de 2015 decidió investigar a
los dos primeros directores generales de la empresa pública y a dos de
sus adjudicatarios. Los cargos son malversación, falsedad documental y
prevaricación. También se puso a desenredar la “trama del cable” la
Junta General del Principado a través de una comisión de investigación.
Un cable para FEVE
En la conocida como Troncal de Occidente, que va de Cudillero a
Vegadeo, el aspecto más polémico, y que motivó la denuncia, es sin duda
la firma ya mencionada, en agosto de 2009, de un compromiso entre
Comfica y FEVE para lograr el permiso para echar el cable canalizado a
un lado de la vía, comprometiéndose a pagar un “canon compensatorio por
la ocupación de los terrenos de dominio ferroviario” durante los
primeros 15 años por una cuantía de 1.740.000 euros, que fue abonada por
adelantado.
De los pliegos de condiciones se podía deducir, como se aclaró a las
preguntas que algún interesado por el concurso formuló al GITPA, que en
el precio ofertado se incluían las tasas y cánones necesarios para “la
utilización de las infraestructuras públicas o privadas que el licitador
proponga utilizar en los tramos interurbanos”, pero las tarifas son de
febrero 2009 y no los contemplan. El que fuera jefe de Servicio en el
año 2009, Enrique Junceda, explicó en un correo posterior remitido a
Telecomunicaciones que jamás había sabido de derechos de paso y que, de
haber tenido conocimiento, habría exigido que constaran expresamente.
En todo el proceso hay serios indicios de prevaricación, según los
expertos. La posibilidad de entregar una obra sujeta a pagos recurrentes
se introdujo en fase de licitación y como respuesta a una “oportuna”
consulta de una de las empresas que participó en el proyecto. Supone una
alteración inadmisible del objeto del contrato, que debería haber
provocado la suspensión del concurso. Hay correos entre altos cargos de
Principado, GITPA y FEVE, de mayo de 2009 en adelante, en los que sí se
habla de derechos de paso, pero no se hace nada para incorporarlos a las
tarifas ya existentes, únicas vigentes para la encomienda.
Entre el director general de GITPA, Rodríguez Bañuelos, y el de
Modernización, Alberto Pérez Cueto, existía efectivamente un intercambio
de información previo, con conocimiento de los tres gerentes de la
empresa, que revelaría Eduardo González Bayod en su informe del 30 de
julio de 2014. Así, en un correo que manda Bañuelos el 14 de mayo de
2009, se señala que “FEVE proporcionará al adjudicatario unos derechos
de uso a favor del Principado. Más tarde acordaremos con FEVE los
términos exactos del documento. Mi propuesta será que el derecho sea por
tiempo indefinido y que ahora ya queden pagados los correspondientes al
mínimo de los años (15) para los que el pliego defina la vida útil de
la troncal”.
En las reuniones con la empresa ferroviaria, encabezadas por su
presidente Ángel Villalba o por otros directivos y técnicos,
participaron la entonces consejera de Administraciones Públicas del
Gobierno asturiano y presidenta del Consejo de Administración de GITPA,
Ana Rosa Migoya, y su viceconsejero, Luis Iturrioz. Según una de las
personas que participó en aquellas reuniones, que acabaron con la
adjudicación a Comfica de la Troncal de Occidente, fueron extensas y muy
numerosas, “hasta el aburrimiento, para que no quedase un solo cabo sin
atar”.
En la comisión parlamentaria de investigación declaró el exdirector
de División del Área Económica y de Patrimonio de FEVE, Iñaki González
Arrate, para quien todo el proceso fue impecable y los resultados
óptimos: “Fue una negociación ejemplar, limpia y racional, algo que no
siempre ocurre, precisamente. En este caso fue así, y ojalá fuera así
siempre. El Principado ahorró un tiempo eterno y muchísimo dinero en
negociaciones y expropiaciones a particulares para una obra que hubiese
sido muy larga y más complicada técnicamente. Y FEVE por su parte pudo
contar con una red de fibra para uso propio, con datos de trenes
estaciones y apeaderos [se acordó que la obra incluyese un canal de
fibra exclusivo para FEVE a lo largo de la vía] a la altura de la
tecnología puntera actual”.
El muro de Celorio
Pero la principal novedad aportada por la comisión de investigación
de la Junta General se refiere a la otra Troncal, la del Oriente, cuando
el que fuera responsable de Ingeniería y Construcción de GITPA, Daniel
Nespral Álvarez, confirmó la sospecha de que su director general, Juan
Manuel Rodríguez Bañuelos, disfrutó de beneficios personales. ATLÁNTICA
XXII se puso en contacto con Bañuelos para contrastar esto y todo lo
referido a su gestión en GITPA, pero declinó hacer declaraciones por
recomendación de su abogado.
Según Nespral, el exdirector general de GITPA sacó provecho de las
obras realizadas a pocos metros de su vivienda en Celorio (Llanes).
Rodríguez Bañuelos no solía realizar verificaciones de campo, lo que no
le impedía firmar todas las certificaciones de obra. Sin embargo, según
los detalles aportados por el compareciente, Rodríguez Bañuelos se
habría asegurado de que la acometida correspondiente a su vivienda fuese
realizada según los parámetros del pliego, y de que se construyese al
mismo tiempo un muro y una acera que no se correspondían con la obra
consignada. Esta irregularidad pasó a ser conocida en los círculos de la
Consejería como el “muro de Llanes”, pero no se actuó hasta que
trascendió a los medios de comunicación.
Bañuelos es ingeniero de Telecomunicaciones y militante del PSOE en
la Agrupación Socialista de Llanes, algo que le afeó en la comisión de
investigación el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé, al
subrayar que era el único mérito que se tuvo en cuenta para su
nombramiento a dedo en GITPA. En un medio local del concejo llanisco se
publicaba hace poco una foto en la que aparecía junto a la entonces
alcaldesa socialista, Dolores Campillo. Guillermo, el hijo de Bañuelos,
fue el encargado de diseñar la web del PSOE de Llanes.
Para la troncal de Occidente GITPA usó el trazado de FEVE. Foto / Iván Martínez.
El exdirector general de GITPA amenazó con presentar una querella por
calumnias contra quienes le atribuyan la comisión de un delito “al
calor de una comisión parlamentaria, en la que las insidias son
habituales”. Antes de declarar en esa comisión se entrevistó con uno de
sus miembros en el grupo socialista de la Junta General, el secretario
de Organización de la FSA, Jesús Gutiérrez, al que acompañaban otros
dirigentes del partido. Bañuelos sostiene que “todo es un invento
político” y alude también a “envidias de pueblo”.
Dobles certificaciones
En lo que respecta a Eduardo González Bayod, se le acusa de haber
presentado una supuesta doble certificación de la encomienda cuando el
30 de julio de 2014 presentó a Telecomunicaciones el informe que se le
había requerido y, en “una irregularidad sin precedentes”, según uno de
los funcionarios que destapó este caso, aportó un nuevo lote de
certificaciones. En este segundo lote lo cuantificado variaba en más de 2
millones de euros respecto al primero.
Existen pues dos lotes de certificaciones para la obra. El primero,
que se usó para los pagos, es técnicamente “imposible”, pues con esas
unidades de obra simplemente no habría una troncal de cable operativa.
El segundo se parece algo más a las unidades de obra que podría haber en
el tendido, aunque con elementos también improbables (por ejemplo, no
se pueden instalar 29.775 metros de canaleta si solo se han suministrado
16.600,50). Además es evidente que se “cuadran” unidades de obra con
una precisión absurda, midiendo en centímetros partidas como desbrozar o
apartar piedras de la vía, para que sumen en cualquier caso lo mismo
que ya se había pagado con las primeras certificaciones presentadas.
Así, las primeras certificaciones, entregadas el 23 de abril de 2014,
suman un total de 5.448.999,95 euros. Las segundas, entregadas el 30 de
julio de 2014, se quedan en 5.448.999,46 euros. Entre ambas solo hay 49
céntimos de diferencia, aunque en la comparación entre unidades de obra
se detectan variaciones que suman 2.063.526,89 euros, un 38% del
importe total a facturar.
En la comisión de investigación, Bayod negó que existiera esa doble
certificación. Simplemente, según su versión, el 23 de abril de 2014
presentó la documentación de la que disponía GITPA. Dos meses después
recibió una llamada informándole de que se habían localizado las
certificaciones de la obra, firmadas por GITPA, Comfica y Aggaros, que
decidió aportar también. El segundo director general de la empresa, que
fue despedido al llegar el caso a los tribunales, afirmó que si las
certificaciones hubieran aparecido en el momento de elaborar el primer
informe, en abril de 2014, las habría presentado, y dijo desconocer el
origen de las llamadas facturas proforma incorporadas en el primer
documento.
Los cables sueltos de la trama
Por la comisión de investigación de la Junta General del Principado,
en la que fueron muy activos los diputados de Podemos, PP y Ciudadanos,
Lorena Gil, Agustín Cuervas-Mons y Armando Fernández Bartolomé, pasaron
53 testigos, entre ellos los tres gerentes de GITPA, el de Operaciones,
César Rodríguez Núñez, el de Desarrollo de Negocio, Iván Díaz Iglesias, y
la de Administración y Contratación, Argentina Cuendias Álvarez.
Su papel en esta trama del cable ha quedado muy disimulada entre
otros asuntos más llamativos y que generaron más titulares. Apenas ha
trascendido que Iván Díaz Iglesias fue el candidato a alcalde por el
PSOE al concejo de Sariego y es actual concejal socialista de ese
Ayuntamiento. Argentina Cuendias, por su parte, fue jefa de la Sección
de Contratación de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias entre septiembre de 2005 y mayo de 2007, cuando
estaba gobernada por IU y con Manuel González Orviz como director
general de Vivienda, lo que explicaría la escasa aportación de este
partido a las investigaciones parlamentarias.
Respecto a los ONT, el Servicio de Telecomunicaciones no pudo
elaborar el informe solicitado, debido a que la Secretaria General
Técnica dio instrucciones en 2015 para que no se realizara ninguna nueva
actuación sobre GITPA. Eso debió de aliviar a Enrique García Braña,
entonces responsable de Provisión y Sistemas de la empresa asturiana,
cuya mujer tenía un operador de terminales con el que GITPA llegó a
contratar, detalle por el que fue interrogado durante su comparecencia
en la Junta por la diputada de Podemos Lorena Gil, una de las más
activas en la tarea de tirar de ese cable que se extiende por toda
Asturias bajo tierra, pero también bajo las más fundadas sospechas.
Otro caso del arecismo
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera a GITPA un
modelo de ‘chiringuito’, puesto que no solo favorece las
arbitrariedades, sino que sistemáticamente incumple “los principios
constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que exigen
convocatorias y bases públicas transparentes y órganos de selección
imparciales, profesionales e independientes”. La sitúa en el hit-parade
de los chanchullos, junto a otra veintena de las 74 empresas y
fundaciones públicas asturianas, entre las que cita a Asturex, Ciudad
Industrial del Valle del Nalón, Fucomi, la Fundación Asturiana de la
Energía, la Sociedad Regional de Promoción, Itvasa, Vipasa, Faedis,
Fundosa, Fasad, Gispasa, Sogepsa, Recrea, la Fundación Niemeyer o Serpa.
Como GITPA, casi todas nacieron con el socialista
Vicente Álvarez Areces al frente del Principado, una época plagada de
casos que acabaron en el Juzgado, como el Caso Marea. Dos de los
responsables políticos de la trama del cable y de GITPA son Ana Rosa
Migoya, Luis Iturrioz y Alberto Pérez Cueto, que fueron jefes de Marta
Renedo, la funcionaria con la que estalló aquel escándalo en la
educación pública asturiana.
El parlamentario del PP en la Junta General José Agustín
Cuervas-Mons fue uno de los miembros más activos en la comisión
parlamentaria sobre el caso GITPA. “Es el claro ejemplo de lo que ha
sido la gestión pública del PSOE en Asturias; un desastre. Simplemente
estamos ante una gestión ilegal”, afirmó a esta revista.
“Es una empresa en la que el personal accedió como
accedió… y todavía nadie ha explicado la gestión total. No se sabe bien
lo que se gastó, no hubo ningún tipo de control y lo que queremos es que
se aclare. Lo que es evidente es que los informes de los técnicos dicen
que se pagaron más kilómetros de lo ejecutado y eso hay que aclararlo”,
explicó el diputado popular.
Cuervas-Mons es especialmente duro con la actuación del
Gobierno de Asturias en ese caso: “Se han dedicado a retardar y tapar la
información, hay que decirlo muy claro”.
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