Nuevo tirón de orejas al Principado. La Sindicatura de Cuentas advierte en su último informe de la «ausencia total de control interno» por parte de la mitad de las consejerías de la Administración autonómica en relación a las subvenciones nominativas concedidas en 2018. Esto es, aquellas otorgadas de forma directa sin un proceso previo de concurrencia pública. Una situación, alerta el órgano fiscalizador, que se repite desde 2016 y que supone por lo tanto un «incumplimiento reiterado».
Concretamente, se explica en el documento, los planes estratégicos de subvenciones de las consejerías de Hacienda y Sector Público; Desarrollo Rural y Recursos Naturales e Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente no recogen ninguna de las subvenciones nominativas concedidas desde 2016. Y esto, advierten desde la Sindicatura, podría derivar en la «devolución de las cantidades percibidas» por parte de los beneficiarios ya que, argumentan, la inclusión de este tipo de subvenciones en los citados planes «es un requisito esencial».Pero hay más. La Sindicatura considera que no deberían haberse prorrogado en los presupuestos de 2018 los 45,8 millones de euros que figuraban como subvenciones nominativas en las cuentas de 2017 al entender que «no cabe prórroga» en este tipo de ayudas directas.
Se trata de algunos de los incumplimientos detectados por el ente que preside Roberto Fernández Llera en la auditoría financiera realizada sobre la cuenta general del Principado de Asturias del año 2018, que analiza la contabilidad de la administración autonómica, pero también de sus diez órganos autónomos y de los tres consorcios adscritos. Esto es, en torno a 4.400 millones de euros.
El informe publicado ayer apunta una serie de «incorrecciones» como contabilizar como ingresos en los presupuestos del Principado de 2018, prorrogados de los del año anterior, los 166 millones de euros que adeuda el Estado de fondos mineros, lo que el órgano fiscalizador considera que «incumple los principios contables públicos». Igualmente, advierte de que la memoria de la administración autonómica «no se ajusta» a la estructura exigida por el Plan General de Contabilidad del Principado. Se queja igualmente de que ocho de las 23 entidades con obligación de remitir información a la Sindicatura en materia de contratación no lo han hecho y que, de las 15 entidades que cumplieron con esa obligación, cinco han emitido información incompleta. También advierten de que en seis de los siete contratos analizados «no queda acreditada la realización del seguimiento de la ejecución».
En todo caso, la Sindicatura ofrece una opinión financiera y de cumplimiento «favorable con salvedades» de la auditoría de las cuentas generales de 2018. La misma opinión que viene emitiendo de las cuentas generales desde que comenzó a examinarlas, en 2005. Además, el ente fiscalizador realiza una serie de recomendaciones, algunas de forma reiterada, como la reforma del marco normativo en materia económica, financiera, presupuestaria y contable «para dar cumplimiento a principios esenciales en la gestión como el de transparencia o el de estabilidad presupuestaria». Igualmente, pide se elabore un sistema completo de «costes/gestión» que permita «fijar objetivos de actividad, conocer el coste real de cada política y servicio y establecer indicadores para evaluar los resultados alcanzados».
Entre las nuevas recomendaciones, la Sindicatura señala la necesidad de realizar la concesión de las subvenciones nominativas a diversos entes locales para la realización de políticas públicas transversales, como igualdad de oportunidades, juventud o tecnologías de la información, a través del procedimiento de concurrencia competitiva y así garantizar la participación de todos. Y propone también una reorganización de las brigadas de conservación de carreteras, con el establecimiento de un sistema de jornada a turnos, para conseguir un servicio más eficaz y económico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario