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lunes, 23 de diciembre de 2019

La ley asturiana de Transparencia sigue desactivada tras un año de vigencia



Mañana martes 24 de diciembre, día de Nochebuena, la Ley de Transparencia del Principado de Asturias cumple un año de vigencia y continúa totalmente desactivada y bloqueada, como un coche caro que no se puede arrancar porque el fabricante no acaba de entregar la llave de contacto. En el año 2018 era un urgencia absoluta que había que sacar adelante a toda costa pero, una vez aprobada, pasó a ser un trasto incómodo del que nadie quiere hablar.

La estructura de Ley asturiana de Transparencia descansa sobre el funcionamiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, en el que se debe integrar la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción

La disposición adicional segunda establece que la Administración del Principado de Asturias proveerá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de la ley, de los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones. Ese plazo venció el 24 de junio pasado y el Consejo de Transparencia sigue brillando por su ausencia.

Sin el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no resulta posible:

- aprobar un Plan Estratégico de Transparencia que incluya las medidas que permitan el cumplimiento de la obligaciones de transparencia de la actividad pública, e incorpore mecanismos de participación, seguimiento, control y evaluación, y de formación de los empleados públicos y de sensibilización en materia de transparencia

- velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa impuestas a las diferentes Administraciones y entidades a las que se aplica la ley

- tramitar y resolver las reclamaciones formuladas por parte de los ciudadanos y ciudadanas conforme al procedimiento establecido en la ley

- tramitar y resolver expedientes sancionadores por la comisión de las infracciones tipificadas en la ley y sancionar a sus responsables (políticos y/o funcionarios)

- habilitar en el Portal de Transparencia de la Administración del Principado de Asturias un canal electrónico de Lucha contra la Corrupción, cuya gestión debe corresponder a la inexistente Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción.

Pero , además, otra de las novedades más significativas que introduce la Ley de Transparencia del Principado de Asturias, a saber, el control de los grupos de interés – lobbies- que se dedican profesionalmente a influir y condicionar la actividad la Administración, mediante la creación de un Registro público accesible desde el Portal de Transparencia, en el que deberían inscribirse obligatoriamente, y la posibilidad de sancionar la comisión de las infracciones cometidas por aquellos, también se encuentra totalmente desactivada y sin efecto al no haberse aprobado el Reglamento que regule la organización y funcionamiento del citado Registro.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que la aprobación de la Ley de Transparencia al final de la legislatura pasada respondió a un estrategia política de blanqueo mediático de imagen, en la que colaboraron de forma leal el Gobierno del Principado y los partidos de la oposición, sin ningún intención real de ponerla en marcha con la diligencia debida. La transparencia de la actividad pública concebida como postureo y marketing electoral.






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