Mañana martes 24 de diciembre, día de Nochebuena, la Ley de Transparencia del Principado de Asturias cumple un año de vigencia y continúa totalmente desactivada y bloqueada, como un coche caro que no se puede arrancar porque el fabricante no acaba de entregar la llave de contacto. En el año 2018 era un urgencia absoluta que había que sacar adelante a toda costa pero, una vez aprobada, pasó a ser un trasto incómodo del que nadie quiere hablar.
La estructura de Ley asturiana de Transparencia descansa sobre
el funcionamiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
del Principado de Asturias, en el que se debe integrar la
Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción
La
disposición adicional segunda establece que la Administración del
Principado de Asturias proveerá al Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno del Principado de Asturias, en un plazo no superior a seis
meses desde la entrada en vigor de la ley, de los medios materiales
y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones. Ese
plazo venció el 24 de junio pasado y el Consejo de Transparencia
sigue brillando por su ausencia.
Sin el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no resulta
posible:
-
aprobar un Plan Estratégico de Transparencia que
incluya las medidas que permitan el cumplimiento de la obligaciones de transparencia de la actividad
pública, e incorpore mecanismos de participación,
seguimiento, control y evaluación, y de formación de los empleados
públicos y de sensibilización en materia de transparencia
-
velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa impuestas a las diferentes Administraciones y entidades a las que se
aplica la ley
- tramitar y resolver las reclamaciones formuladas por parte de los ciudadanos y ciudadanas conforme al procedimiento establecido en la ley
-
tramitar y resolver expedientes sancionadores por la comisión de las
infracciones tipificadas en la ley y sancionar a sus responsables
(políticos y/o funcionarios)
- habilitar en el Portal de Transparencia de la
Administración del Principado de Asturias un canal
electrónico de Lucha contra la Corrupción, cuya
gestión debe corresponder a la inexistente Oficina
de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción.
Pero
, además, otra de las novedades más significativas que introduce la
Ley de Transparencia del Principado de Asturias, a saber, el control
de los grupos de interés – lobbies- que se dedican
profesionalmente a influir y condicionar la actividad la Administración, mediante
la creación de un Registro público accesible desde el Portal de
Transparencia, en el que deberían inscribirse obligatoriamente, y la posibilidad
de sancionar la comisión de las infracciones cometidas por aquellos, también se encuentra totalmente desactivada y
sin efecto al no haberse aprobado el Reglamento que regule la
organización y funcionamiento del citado Registro.
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies
considera que la aprobación de la Ley de Transparencia al final de
la legislatura pasada respondió a un estrategia política de
blanqueo mediático de imagen, en la que colaboraron de forma leal el Gobierno
del Principado y los partidos de la oposición, sin ningún intención
real de ponerla en marcha con la diligencia debida. La transparencia
de la actividad pública concebida como postureo y marketing electoral.
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