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El Supremo ratifica la condena al SERPA a hacer fijas a dos trabajadoras
06/06/2018
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que ratifica la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que condenaba a la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (SERPA) a declarar fijas de plantilla a dos trabajadoras contratadas mediante contratos temporales por obra o servicio.
Elcomercio.es 05.06.18
El auto del Supremo señala que los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para acceder
a la función pública son inaplicables en este caso al tratarse de
trabajadores que mantienen una relación laboral común con una entidad
con forma societaria que forma parte del sector público empresarial.
Así, incide en que a las sociedades
mercantiles públicas, independientemente de que su ámbito sea estatal,
autonómico o municipal, no le son aplicables esos preceptos ni el
Estatuto Básico del Empleado Público "por lo que ninguna razón existe
para que el fraude en la contratación implique la declaración de la
existencia de una relación laboral indefinida no fija, en lugar de
indefinida".
La Sala de lo Social del TSJA estimó el
pasado mes de septiembre el recurso de las trabajadoras contra una
sentencia previa del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, que sólo
les había reconocido la relación laboral indefinida no fija.
El TSJA atendió la reivindicación de
ambas trabajadoras al considerar que los contratos temporales por obra o
servicio se fueron prolongando de forma fraudulenta durante varios
años.
Una de las demandantes es una oficial
administrativa que inició su relación laboral con SERPA en 2009,
mientras que la otra es jefa administrativa y comenzó a trabajar en la
empresa pública en 2006.
Según el Conceyu por otra Función
Pública n'Asturies, con esta decisión el Supremo "deja vía libre para
que el enchufismo, las recomendaciones y las influencias de todo tipo,
sean medios válidos y legítimos para el acceso a los puestos de trabajo
de las empresas públicas estatales, autonómicas y municipales".
En un comunicado, este colectivo asegura
que de esta forma se abre el camino para que estas empresas, sufragadas
con dinero público, contraten a sus trabajadores al margen y sin
consideración alguna a los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad en el acceso a esos puestos.
"Se trata de una resolución judicial de
una enorme gravedad pues santifica la actuación de los partidos
políticos como agencias de colocación en los "chiringuitos", un foco
incuestionable de corrupción, y despoja a los ciudadanos -entre ellos a
miles de jóvenes en paro- del derecho fundamental a participar en
procesos selectivos públicos, objetivos y transparentes", añaden.
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