Ciudadanos aprieta en las encuestas y entre el colectivo de funcionarios puede haber quienes cambien el voto. El Gobierno lo sabe. Los sindicatos también. “En un horizonte no muy lejano, cabe la posibilidad de que haya elecciones”, dice Francisco Camarillo, secretario de Acción Sindical de CSIF. Es una primera explicación al cambio de actitud del Ejecutivo, dispuesto ahora a mejorar las condiciones de los servidores públicos.
“El Gobierno vuelve a la mesa por el grado de malestar que se está produciendo entre los empleados públicos”, comenta Pepe Fernández, coordinador del Área Pública de CC OO. “La gente ya no acepta la crisis como argumento”, añade Frederic Monell, secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Ambos piensan también que las movilizaciones de los últimos meses han hecho reflexionar al Gobierno.
Las partes dejaron de sentarse alrededor de la mesa de negociación el pasado mes de septiembre. Sobre esta quedó una oferta del Ejecutivo algo compleja: un 8% de aumento salarial de aquí a 2020 en función del comportamiento del PIB y del déficit de las Administraciones. Una propuesta con cuatro posibles escenarios que tiene como suelo el 5,3% y que los sindicatos rechazaron entonces por entender que no se garantizaba, al menos, un aumento que cubriese la inflación, es decir, que no hiciese perder más poder adquisitivo a los funcionarios.
Los sindicatos no quieren seguir perdiendo la batalla a la inflación y además reclaman un plan de recuperación de lo perdido
El pasado lunes 5 Montoro le dijo a los sindicatos que había cambiado de idea en varios aspectos. Ahora la oferta de septiembre “sería un punto de partida para una nueva negociación”, apunta Monell. El ministro se retracta de la congelación salarial de la que se hablaba en el plan presupuestario que envió a Bruselas. Además, la mejora que se pacte se llevará a cabo sí o sí, aunque no haya Presupuestos Generales del Estado, cuestión que el titular de Hacienda negaba antes y que paralizó la negociación en septiembre.
El próximo lunes 12 comienzan las reuniones técnicas con propuestas concretas ya encima de la mesa. Las partes se dan un mes de plazo para culminar los trabajos. Los sindicatos no quieren seguir perdiendo la batalla a la inflación y además reclaman un plan de recuperación de lo perdido. ¿Cómo? UGT habla de una recuperación “significativa”. Desde CC OO piden que se devuelva el recorte del 5% que hizo el Gobierno de Zapatero en 2010 y que el resto se reconozca como deuda pendiente. Para CSIF hay que hablar de la subida de este año, “cualquier aumento tendría que estar por encima de la inflación en 2018”. La previsión que refleja el último cuadro macroeconómico del Gobierno es del 1,6% a cierre de año.
Ha sido ese indicador el que ha hecho de las suyas los últimos años. Por caprichos de los números, se da que los funcionarios perdieron menos poder adquisitivo en 2013, con una caída del PIB del 1,7%, que los dos últimos años, con un crecimiento de la economía que supera el 3% en cada ejercicio.
Desde 2009 los funcionarios se han dejado 14,4 puntos de poder adquisitivo, según cálculos de Comisiones Obreras. Estos coinciden con los de UGT, que parte del año 2010 y da un 13,3% de pérdida. CSIF habla del 20%, aunque lo proyecta a 2020 con previsiones de inflación que no especifica.
En todo caso la pérdida es importante, pero no la única. Otra pata de la negociación será la jornada laboral. Desde 2012 es de 37,5 horas semanales. Ahora los sindicatos reclaman poder negociar directamente con las distintas Administraciones regionales o locales el poder bajarla, si dan los números, a 35 horas.
El ministro Montoro parece dispuesto a ceder en parte y reconocer una reducción de la jornada para empleados públicos con horario nocturno “por entender que hay mayor penosidad en sectores que están a turno”, según declaró a los periodistas el pasado 31 de enero en el Congreso de los Diputados.
Sin embargo, hasta ahora el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional todo intento de implantar las 35 horas. Los magistrados tumbaron el decreto en Andalucía. Ahora en aquella comunidad se ha negociado 2,5 horas de teletrabajo con los funcionarios para que la jornada real en el puesto sea de 35 horas. Otras comunidades como Extremadura buscan hacer lo mismo a lo largo del primer trimestre de 2018.
Por último, queda por discutir nuevas ofertas de empleo público. En marzo del año pasado se negoció una especial para reducir la temporalidad en Sanidad, Educación y Justicia. Se trataba de sustituir en tres años 250.000 plazas que ocupaban interinos por fijos. Es pronto, pero de momento ha tenido pocos efectos en 2017. A cierre de año la temporalidad está en el 24,1%, dos puntos más que en 2016.
En 2017, casi un tercio de los contratos del sector de Actividades sanitarias y servicios sociales duraron siete días o menos, según los datos el Ministerio de Empleo
Así ha sido como todos estos años las Administraciones Públicas se han ido nutriendo de personal a base de contratos, muchos de muy corta duración, y que acumulan menos derechos. Ahí se encuentra la gran bolsa de precariedad en el empleo público fruto de una tasa de reposición que sólo permitía ocupar un número muy pequeño de plazas que quedaban libres por jubilación. Los sindicatos calculan la pérdida de empleos entre 2011 y 2017 en 300.000. 

LOS OTROS

No están todos los que son. No son funcionarios, pero trabajan en la Administración y en instituciones públicas y no les llega del todo, o casi ni les roza, la negociación colectiva. El relato que viene a continuación contiene algunos ejemplos de personas lo suficientemente valientes como para denunciar una situación generalizada, pero lo suficientemente sensatas como para proteger en mayor o menor grado su identidad por lo que pueda venir.
Carmen ha trabajado en el sector sanitario público. Ahora se prepara para unas oposiciones, pero hasta hace poco ha saltado de contrato en contrato sin visos de continuidad. “Son contratos de sustitución que llegan a los tres o cuatro meses como mucho”. Esto con suerte, porque puede caer otro de una duración mucho más breve y que además no se puede rechazar.
En Navarra, donde ha ejercido esta enfermera, “son muy estrictos con esto”. Sólo es posible decir no a un contrato (por breve que sea) sin sufrir penalización, si se avisa con menos de 24 horas de margen. “En esto son muy espabilados”, dice Carmen. “No te llaman un jueves para empezar el viernes y tener el comodín del rechazo. Lo que hacen es llamarte un martes para decirte que trabajas sólo el fin de semana. Si por el camino sale una plaza mejor, ya no puedes optar a ella”.
En 2017, casi un tercio de los contratos del sector de Actividades sanitarias y servicios sociales duraron siete días o menos, según los datos el Ministerio de Empleo. De media, los servicios duraron 55 días.
“Esa precariedad tiene ventajas para el empleador”, dice Marciano Sánchez-Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. “Como el trabajo es discontinuo, esto hace complicado organizarse. Esa gente tiene miedo y piensa que el hecho de que le vuelvan a llamar depende de ser más o menos conflictivo, lo que impide que reivindiquen sus derechos”.
En tu círculo universitario todos pueden ser progresistas y haber leído a Marx, pero al final eres molesta. Sabes que si molestas demasiado, no te renuevan”, dice una profesora asociada
Un signo de todo ello es la resignación, que cunde. De eso habla una profesora asociada de la Universidad Carlos III para El Salto. “Tampoco tienes muy claro qué herramienta tienes para luchar. Están los sindicatos, pero estos no te defienden porque no eres plantilla, aunque ahora parece que empiezan a pensar en nosotros”.
Efectivamente los profesores asociados no son plantilla. No del todo. Se trata de una figura pensada para profesionales reconocidos del sector privado que ofrecen su experiencia dando algunas pocas horas de clase en la universidad. Pero por esa puerta entran muchos que no cumplen ni de lejos el perfil, lo que transforma esta figura en un “falso Asociado” y a los profesores universitarios en pobres.
“Cobro el paro a la vez. Como son pocas horas de clase, te permiten compatibilizarlo”, dice esta docente de la Carlos III. La situación es consecuencia de que no se cubran plazas de profesores que se jubilan. “Te vas haciendo viejo y la figura del asociado al menos te sirve para tener horas docentes y no oxidarte”. ¿Las universidades se aprovechan de eso? “Claramente sí y con la promesa de que juegue a tu favor cuando salga una plaza”. ¿Quejarse? “En tu círculo universitario todos pueden ser progresistas y haber leído a Marx, pero al final eres molesta. Sabes que si molestas demasiado, no te renuevan”.
A los profesores asociados se les pide en general ser autónomos. Es fácil encontrar ofertas en las webs de las universidades. Por ejemplo, en la Pablo de Olavide de Sevilla pagan 258,34 euros mensuales a un doctor por dos horas de clase a la semana.
En la Pompeu Fabra de Barcelona, la universidad española que más arriba suele quedar en los rankings mundiales de calidad, pagan a los asociados entre 1.270,84 euros brutos al año y 18.480,80, dependiendo de las horas de clase impartidas. Los asociados representaban en el curso 2015/16 casi el 25% de la plantilla de docentes. En la Universidad Complutense de Madrid, el mayor centro presencial del país, su peso roza el 40%. Son datos que salen de los distintos portales de transparencia que tienen estas instituciones.
Pero en la academia hay casi más rangos que en el ejército. Por debajo de la categoría de funcionario es para perderse. “A mí me contrataron como Técnico Superior de Laboratorio mientras hacía el doctorado”, cuenta un exalumno de la Universitat Politècnica de València. Sin embargo, ese tipo de contrato no debía tener ese destino. “Así lo aprovechan, haces cosas para la universidad y, además, te da para hacer el doctorado si tu tutor lo cree conveniente”. Este investigador se pasó seis años en su centro con seis contratos y ocho renovaciones. “Somos jóvenes, pero eso no justifica que tengas que estar así”.
En el mundo de la precariedad universitaria Jorge, que trabaja en un centro público, es envidiado. Tiene un contrato de Profesor Ayudante Doctor. Le prometen cinco años, pero lo parcelan en varios periodos. “Las universidades cada vez se quieren comprometer menos. Buscan resquicios”, dice.
Jorge también es un “privilegiado” porque cobra 1.500 euros al mes. “Es un puesto a tiempo completo y son plazas que te meten de lleno en la carrera académica”. Pero promocionar no es sencillo.
Los criterios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), la puerta de acceso a la función pública para los profesores universitarios, son cada vez más duros y “sin fondos no llegas”, comenta Jorge. “Si ganas 300 euros de asociado, no puedes ir a congresos y no acumulas méritos”. Además se queja de que, por la falta de personal administrativo, los profesores deben asumir parte de sus tareas, lo que les dificulta aun más alcanzar los estándares que se les pide. “Es un absoluto despropósito”.