La fiscalía solicita una multa de 4.050 euros y le acusa de intrusismo y falsedad documental por trabajar sin tener la licenciatura en Derecho
El Comercio, 29-04-2017
El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo
tiene señalado para el miércoles que viene la celebración de un juicio
rápido contra R. G. del S., el que fuera director de los servicios
jurídicos de la empresa público-privada Sogepsa hasta finales de 2016.
Se le imputan sendos delitos de intrusismo profesional y falsedad
documental.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el
profesional fue contratado el 4 de octubre de 1990 para prestar sus
servicios como letrado de Sogepsa. «Ha venido desempeñando las funciones
propias de abogado, en dicho puesto, desde la indicada fecha hasta
finales del año 2016, llegando a ocupar el cargo de director de los
servicios jurídicos», relata. Todo ello a pesar de «ser consciente de no
ostentar la condición de Licenciado en Derecho por no haber obtenido el
título académico correspondiente».
A finales del pasado año esta carencia llegó a oídos de sus
superiores, que le requirieron que acreditara su titulación. Según el
relato de hechos del fiscal, el acusado habría presentado una fotocopia
compulsada ante notario de su expediente académico «que previamente
había manipulado con el fin de aparentar haber superado todas las
asignaturas para obtener la Licenciatura». Fue, sin embargo, despedido
de Sogepsa por pérdida de confianza. A día de hoy R. G. del S. sigue
describiéndose como jefe del servicio jurídico de la empresa, y
licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, en una red social de carácter profesional.
El fiscal califica los hechos de intrusismo y falsedad
documental. El primero de ellos castiga a quien ejerce «actos propios de
una profesión sin poseer el correspondiente título académico», y lo
deja en una multa salvo que el acusado «se atribuyese públicamente la
cualidad profesional amparada por el título». En el caso de R. G. del
S., consta que ha impartido ponencias, publicado artículos y
participado en libros presentándose como abogado, si bien en la empresa
intentaba evitar su firma en operaciones que exigieran a un letrado.
Sueldo anual de 77.804 euros
Por el intrusismo, el Ministerio Fiscal interesa una condena
de nueve meses de prisión, y multa de 4.050 euros por la falsedad
documental. Si el acusado acepta los hechos, la sentencia se dictará
rebajando las penas en un tercio, esto es, con seis meses de cárcel y
unos 2.700 euros.
En los últimos tiempos Podemos cuestionaba a R. G. del S.
por tener un sueldo anual de 77.804 euros, gasto a a pesar del cual
Sogepsa tuvo que externalizar servicios jurídicos por valor de 927.884
euros en sus tres años de mayor actividad, esto es, desde 2009 a 2012.
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