Pronto se van a cumplir diez
meses desde que presentó su dimisión el último director del Instituto Asturiano
de Administración Pública Adolfo Posada. Fue en el mes de junio del año pasado
cuando Faustino Álvarez, conocido por su larga carrera profesional en
el PSOE, abandonó el cargo de director, sin que en este largo periodo de tiempo
se haya observado ningún síntoma nuevo de decadencia o descontrol en el
funcionamiento habitual de ese Instituto.
Puede decirse, por tanto, que el
Gobierno de D. Javier Fernández se ha olvidado literalmente de cubrir la
vacante, seguramente porque no ha tenido necesidad alguna de realizar un nuevo
nombramiento. A nuestro juicio, esta situación demuestra a las claras que el
puesto de Director/a del Instituto Adolfo Posada resulta total y
manifiestamente inútil e innecesario, siendo su única virtualidad conocida la
de premiar a algún militante o enchufado
del partido con un jugoso salario de más de 50.000 euros anuales.
Como la realidad de los últimos
diez meses ha venido a demostrar, no hay razón objetiva alguna para seguir
manteniendo este puesto de alto cargo político en el organigrama del
Principado, por lo que debería suprimirse con urgencia, destinando su dotación
económica a un fin realmente útil para la sociedad asturiana.
Pero si el puesto de director/a
del Adolfo Posada es totalmente superfluo, la cuestión que nos planteamos a continuación
es la siguiente: ¿quién mandó en los últimos años y quién manda ahora en el Instituto?
No se trata de una pregunta retórica.
Más bien al contrario, la misma requiere una respuesta concreta y precisa,
pues el Instituto Adolfo Posada ha repartido decenas de millones de euros por
cursos de formación y controla los procedimientos de acceso al empleo público de
la Comunidad Autónoma. Dos cuestiones de extraordinaria importancia como para
que se mantenga en la penumbra la identidad de quienes mueven los hilos de este
Organismo Público.
¿Más transparencia en la política
asturiana? Aquí tiene el Gobierno una buena piedra de toque
Primer paso para poder tener empleo público de calidad y democrático, sin duda.
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