Análisis de un sector fundamental del Estado de bienestar, con especial
atención a Cataluña, donde convergen un alto grado de privatización en
la gestión y la presencia de Agbar, una de las grandes compañías
dedicadas al negocio
Martín Alonso Zarza
/
Fernando Urruticoechea Basozabal
El curso del agua es un indicador de buena parte de las patologías de
la vida política. Llama la atención la preocupación que la corrupción
suscita en las encuestas y la falta de una respuesta proporcional a
ella. Tres elementos ayudan a explicar esta esquizofrenia. El primero es
la insuficiente respuesta institucional, en parte porque la misma
corrupción no recibe el tratamiento que merece en el Código Penal, donde
los delitos de cuello blanco son habitualmente low cost. El
segundo remite al paradigma económico vigente: la corrupción es
virtualmente un efecto colateral de la trinidad neoliberal
(desregulación, liberalización, privatización), como el too big to fail
o la desigualdad. Por último, la corrupción es percibida generalmente
como un delito sin víctimas; la externalización resulta tan exitosa que
ni siquiera los perjudicados perciben cabalmente los costes, y por tanto
no los ponen en la balanza a la hora de votar. El recorrido por el
curso del agua permite iluminar de forma concreta algunos de estos
fenómenos.
*****
Los pilares del Estado de bienestar se han convertido en objetivo de
la bulimia financiera tras el colapso de la burbuja inmobiliaria. Buen
ejemplo de ello es el desplazamiento en esa dirección del interés de las
constructoras. Así, no es casualidad que Aqualia, la filial de gestión
de agua de FCC, sea uno de los sectores más lucrativos de la
constructora matriz (144 millones en 2016): aunque la actividad de la
filial supone un 17% de las ventas, aporta el 28% del Ebitda, frente al
28% y el 7% de la construcción (El País, Negocios, 19/03/2017).
ACS creó EMAFESA y SOCAMEX desde su filial Urbaser para ocuparse del
ciclo integral del agua. Por su parte, Acciona se hace cargo de la
explotación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) tras su privatización por el
gobierno en funciones de Artur Mas a finales de 2012 en una operación en
absoluto transparente que ha anulado el TSJC. Es llamativo que el
sector del agua, en sus diferentes tramos, haya acabado en numerosas
ocasiones en los tribunales, aunque, por las razones que veremos, a
menudo sin graves consecuencias.
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