Resumen El artículo estudia la gestión reciente de RTPA a partir de una serie de controvertidas prácticas empresariales, laborales y lingüísticas habituales en el período 2006-2011, sobre todo, la opacidad en la contratación, la alta remuneración de directivos, las cesiones de trabajadores y el desinterés por la lengua autóctona. Más específicamente, el texto relaciona la evolución de esas prácticas con la acción política en torno a RTPA desde 2012. La conclusión principal es que la prioridad del poder político en estos tres años ha sido mantener el control sobre RTPA y ofrecer una apariencia de austeridad, no resolver las disfunciones citadas.
1. INTRODUCCIÓN
La gestión reciente del sector audiovisual europeo ha girado en torno “a la reestructuración de la televisión pública, a la concentración de los operadores de servicios digitales de ondas hertzianas, de cable y satélite, y a la nueva orientación de las políticas de apoyo al cine dentro del ámbito genérico de las industrias culturales y creativas” (Campos-Freire, 2013: 90).
Los primeros síntomas de esta gestión se remontan a los años finales del siglo XX. En el Protocolo número 29, anexo al Tratado de Ámsterdam, sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros (1997), la radio y la televisión públicas se relacionan “con la democracia, las necesidades sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo en los medios de comunicación”. Su organización y financiación son potestad de los Estados, que pueden aportarles fondos siempre que se trate de medios de servicio público y las aportaciones respeten las normas del mercado. Al año siguiente, el Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Política Audiovisual ahonda en el concepto de servicio público, y lo liga a la fortaleza de la radio y televisión públicas en la competencia por las grandes audiencias. Las bases de la actual regulación europea terminan de delinearse en sendas Comunicaciones, en 2001 y 2009, que matizan y clarifican algunos aspectos de los documentos anteriores (Campos-Freire, 2012: 151).
El cambio legislativo europeo comienza a implantarse en España con la aprobación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de titularidad estatal y la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, e inicia su avance hacia el ámbito autonómico en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Este avance culmina con la redacción y aprobación, en los primeros meses de Gobierno del Partido Popular (PP), de la Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos.
Aprovechando el contexto de crisis económica, la Ley 6/2012 relaja la prohibición de externalización de informativos y la exigencia de emisión de una mayoría de producción propia que la Ley 7/2010 imponía a las televisiones públicas, y remueve los obstáculos legales que impedían satisfacer una histórica demanda conservadora: la privatización de las televisiones públicas autonómicas. Como consecuencia, la televisión de Murcia es privatizada, la externalización se incrementa en las de Aragón y Extremadura, y el debate en torno a la función social y los costes del resto, ya intenso por la crisis y la interesada presión de la televisión comercial, se intensifica aún más. Entre 2012 y 2013, el conjunto de televisiones públicas españolas sufre importantes recortes de presupuesto, reducción de canales, caída de audiencias, contracción de plantillas, aumento de la externalización y, en el caso específico de la Radiotelevisión Valenciana, el cierre. La Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) no es, obviamente, ajena a estas dinámicas.
Constituida como empresa pública en 2005, al amparo de la Ley del Principado de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social, RTPA se justifica inicialmente, como la televisión aragonesa o la balear, “en la necesidad de contar con información autonómica, contribuir a la cohesión, reforzar la identidad, impulsar el sector audiovisual y el desarrollo económico, normalizar o extender la lengua propia” (Zallo, 2015: 329). Con José Ramón Pérez Ornia como primer director general, RTPA se configura sobre un modelo de gestión externalizado, un sistema de financiación mixto, y unas cifras de personal propio y presupuesto comparativamente modestas, alcanzando en 2010, año de mayor expansión, un techo presupuestario de 37,2 millones de euros. Con estos recursos, RTPA consigue elevar el número de empresas audiovisuales del Principado hasta 114 (Menéndez Otero, 2013: 524) y alcanzar una cuota de pantalla media anual del 7,6%.
Si sólo nos centráramos en estos datos, podríamos afirmar que todos los problemas de RTPA comenzaron con la victoria electoral de Foro Asturias (FAC), la formación regionalista conservadora que fundó Francisco Álvarez Cascos tras la negativa del PP a presentarle como cabeza de lista en las elecciones autonómicas de 2011. Decidido a reformar por las bravas lo que insiste en denominar “chiringuitos socialistas”, una de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo de FAC es la suspensión unilateral de la transferencia a RTPA de 11,3 millones de euros comprometida en el presupuesto vigente para el último trimestre de 2011. Aun cuando la activación de la prórroga presupuestaria aliviaría ligeramente la situación, durante varios meses, RTPA y buena parte de sus proveedores quedan al borde de la quiebra.
Resulta innegable que la suspensión de FAC fue un serio ataque a la línea de flotación de RTPA. Ahora bien, es obligado subrayar también que la gestión de RTPA durante el período 2006-2011 tuvo muchas zonas oscuras y, sobre todo, que los recortes presupuestarios se iniciaron meses antes de que Álvarez Cascos asumiera el Gobierno regional — el presupuesto de RTPA en 2011 fue de 32,8 millones de euros, 4,4 millones inferior al de 2010 — y han continuado durante el mandato del socialista Javier Fernández, presidente de Asturias tras ganar las elecciones autonómicas anticipadas que Cascos, incapaz de conseguir una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar su proyecto presupuestario, convoca para el 25 de marzo de 2012.
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