De Areces a Fernández

José María Estrada Janáriz

De momento, el último hito en materia de personal en la Administración del Principado de Asturias es la denuncia de 196 funcionarios relativa a las Directrices para la ordenación y clasificación de los puestos de trabajo. Pero todo empezó hace ya demasiados años cuando los Juzgados y Tribunales, incluido el Tribunal Supremo, empezaron a dar varapalo tras varapalo a los gobiernos de Areces, por su nefasta aplicación de las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público en materia de gestión de personal, fundamentalmente en todo lo relativo a la forma de provisión de los puestos de trabajo y a las comisiones de servicio. La actitud de la Consejería que en cada momento resultaba la competente en la materia y de la Dirección General de la Función Pública fue siempre la misma: interponer todo tipo de recursos, aún a sabiendas de su inutilidad, tal y como reiteradamente así lo advertía el Servicio Jurídico; dictar nuevos actos y disposiciones en contra de lo sentenciado por los Juzgados y Tribunales, que acababan nuevamente anulados o, simplemente, no hacer nada, en actitud de franca desobediencia.

Esta conducta de incumplimiento e ignorancia de las resoluciones judiciales, parece que solo puede tener dos explicaciones. O bien los dos órganos citados actuaron así dolosamente, es decir, a sabiendas de que ello suponía una postura de desafío a las distintas resoluciones del orden jurisdiccional contencioso-administrativo o bien no las ejecutaban por ignorancia o incompetencia, o sea, porque no sabÍan qué hacer y cómo ante la ingente tarea de desmontar toda una estructura clientelar tejida y alimentada durante años. En este punto, no puede olvidarse la vergonzosa actitud de los sindicatos por su “comprensión” hacia la incalificable conducta de la Administración. A cambio de qué, cabe preguntarse.

Y ante todo esto, ¿qué hizo y hace Javier Fernández? Pues, ser un digno sucesor de las desacertadas políticas de Areces en materia de personal. Al parecer, al Sr. Presidente no le ocupa un minuto de su tiempo tal situación de desobediencia permanente, como tampoco parece alterarse lo más mínimo por el hecho, casi sin precedentes en esta Comunidad Autónoma, de que 196 funcionarios se concierten para denunciar lo que consideran una vulneración y limitación intolerable de sus derechos como empleados públicos. Resulta, por ello, del todo incomprensible que, después de todo este tiempo, después de ver que Carcedo y Gancedo solo se deciden a hacer algo ante las serias advertencia de los juzgados y tribunales sobre las posibles consecuencias de su actitud, haya mantenido a ambos en sus cargos. Ello, lo ha convertido en cómplice de la situación, obviamente.

 ¿Y qué hacer ahora? Es evidente que a unos meses de las elecciones autonómicas resultaría inútil instar al Presidente a que disponga el cese de esos dos cargos, entre otras cosas, porque no encontraría sustitutos. Por tanto, solo cabría pedirle que hiciera algo para intentar lavar su imagen, de lo que está muy necesitado, ahora que llega la hora final de su vida en la primera fila de la vida política. En efecto, cabe pedirle que asuma este nuevo y descomunal error de Carcedo y Gancedo, que derogue esas Directrices para la ordenación y clasificación de los puestos de trabajo, que suscitan tamaña oposición, y que ordene a la Consejera y al Director General que, aunque sea por una vez, cumplan lealmente con lo que ha sido la unánime doctrina de los Juzgados y Tribunales en materia de provisión de puestos de trabajo, sentando las bases para que quien les suceda puedan volver a poner las cosas en su sitio en materia de provisión de puestos de trabajo. 

Continuar como hasta ahora, sería apuntalar aún más si cabe, lo que constituyó la política de un sedicente partido “socialista” y “obrero” dedicada a acabar con una función pública profesional inaugurada por Areces, que contó para ello con la “comprensión” de los sindicatos y con la colaboración, por qué no decirlo, de más de un funcionario.