Javier Fernández: un Puigdemont en Asturias.

José María Estrada Janáriz.
Ex-Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Desde hace unos años para acá, y sobre todo, desde el 1 de octubre, resulta imposible escuchar una emisora de radio, un informativo en televisión o un debate en cualquier medio o leer un periódico donde no nos inunden con noticias relativas a Cataluña, a su referéndum y a su declarada república. Tal declaración, es el colofón a una serie de actuaciones desarrolladas por la Generalidad de Cataluña, que, una por una y sin desmayo, fueron declaradas como contrarias a la Constitución por el Tribunal Constitucional ¿Y qué hacían el Gobierno y el Parlamento Catalán? Pues ignorar meridianamente las sentencias y autos de tan alto tribunal. Ignorancia o desprecio que también alcanzó a las advertencias que se les formulaban sobre la comisión de posibles delitos de persistir en su recalcitrante actitud.
 

Pues bien, dado que nada cambió, la Fiscalía General del Estado (no sabemos si a iniciativa propia o a indicación del Gobierno), el caso es que se puso en marcha formulando las oportunas querellas y consiguiendo ya en algunos casos (Mas y Homs) sendas sentencias, con sus correspondiente inhabilitaciones y privación del derecho de sufragio pasivo. Es decir, ante el incumplimiento reiterado de las resoluciones del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado se puso en marcha.
 

Esta introducción viene a cuento de que en Asturias vivimos una situación idéntica en cuanto a la actuación del gobierno de Javier Fernández, aunque diferente en cuanto a su transcendencia, que no es de esa suma gravedad.Ciertamente. Nos estamos refiriendo a la incesante labor del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies en favor de que se aplique la legalidad vigente en materia de nombramiento de Jefes de Servicio, que exige que sea por concurso y no “a dedo”, y de la utilización absolutamente ilegal de la “adscripción provisional” como método de provisión de puestos de trabajo cuasi definitivo.  

A lo largo de estos años, han sido innumerables las sentencias de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Administrativo, así como del Tribunal Supremo, que han declarado hasta la saciedad la situación de ilegalidad permanente de la Administración del Principado de Asturias en estas materias. (Sentencias del TSJA de 30 de abril del 2009, 22 de junio del 2009, 30 de abril de 2010:, 14 de mayo del 2010, 29 de octubre del 2010: 9 de diciembre del 2011, 10 de octubre de 2012, 7 de noviembre de 2012, 30de septiembre del 2013, 15 de septiembre del 2014 y 28 de noviembre del2014; del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2011:, 15 de noviembre de2011, 21 de mayo de 2012, 17 de octubre de 2012, 15 de febrero de 2013:y23 de junio del 2014). 

Pero la cosa no acaba aquí. Con motivo de las denuncias del Conceyu, el Defensor del Pueblo, no hace mucho, acaba de requerira la Administración del Principado de Asturias para que convoque los concursoscorrespondientes, a la vez que rechazaba las razones que esta ledaba para no hacerlo. Como se ve la actuación del gobierno de Javier Fernández es exactamente la misma que la del Gobierno de la Generalidad de Cataluña: Desprecio absoluto y durante años a las resoluciones de los Tribunales.
 

Sin embargo, la actuación de la Justicia no ha sido al misma: no ha habido intervención alguna por su parte. Veamos. No nos consta que -a diferencia de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en el caso catalán- los Juzgadosy Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, conocedores por las innumerables sentencias recaídas sobre esta cuestión, de la reiterada, durante años, desobediencia a sus resoluciones y a las del Tribunal Supremo; no nos consta, decimos, que hayan formulado una sola advertencia a la Administración asturiana de que esta actitud podía ser constitutiva de los delitos, al menos, de prevaricación y de desobediencia. ¿Por qué esto es así? ¿Consideran nuestros juzgados y tribunales que ignorar manifiestamente sus resoluciones no merece ningún reproche? ¿No creen que deberían, cuando menos, poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias?

Pero es que este órgano tampoco hace nada, a diferencia de lo que está haciendo la Fiscalía General en el caso de Cataluña. ¿Por qué? ¿Desconoce la situación? Nos resulta sorprendente que esto pueda ser así, cuando estamos ante un problema que lleva años apareciendo en los medios de comunicación
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En resumidas cuentas, en Asturias tenemos un gobierno que lleva mucho tiempo, por acción y omisión, haciendo gala de un absoluto desprecio a las resoluciones de los Juzgados, del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias y del Tribunal Supremo en materia de provisión de puestos de trabajo y, pasmosamente, estos nada hacen para remediar la situación. ¿Es este el estado social y de derecho del habla la Constitución Española?