El órgano de fiscalización pide a Feve que denuncie a la empresa de
celulosa por una vía ferroviaria inacabada de acceso a su fábrica de
Asturias, que Feijóo esgrimió como amenaza para justificar perdonarle
tasas en Galicia
En 2011 la Xunta de Galicia firmó un
convenio con Ence a la medida de esa empresa de celulosa con el que le
rebajó hasta un 60% la tasa por usar el muelle de Ribadeo (Lugo), de
titularidad autonómica, para embarcar en él la pasta de papel que
produce en su factoría asturiana de Navia. El Gobierno gallego justificó
aquel convenio por la amenaza que suponía otro acuerdo previo entre
Ence, el Principado de Asturias y Feve para conectar por ferrocarril esa
fábrica con el puerto de Gijón y que fuese aquel la salida de sus
productos. Pero esa línea férrea sigue sin finalizarse y ahora el
Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización de las inversiones
de Feve entre 2005 y 2012 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 22 de noviembre,
insta a denunciar a Ence por “daños y perjuicios” tras constatar el
“escaso interés” de la empresa por continuar la obra en Asturias una vez
que logró la rebaja de impuestos en Galicia.
Hacía
años que Ence venía moviendo diversos productos de su factoría de Navia a
través del puerto de Ribadeo, a 35 kilómetros por carretera, cuando en
2010 firmó un convenio con el Principado y Feve para construir un ramal
de 2,5 kilómetros que conectase sus instalaciones con la línea
ferroviaria que articula la costa cantábrica y pasar a usar puerto de
Gijón, a unos cien kilómetros. De los 9 millones que se preveía que
costaría ese ramal de acceso a su fábrica, Feve pagaría 3,5, el
principado otro tanto y Ence 2 millones.
Con esas obras ya iniciadas fue cuando la Xunta firmó
con Ence un acuerdo para rebajarle hasta un 60% las tasas por el uso que
ya venía haciendo del puerto de Ribadeo. El principal argumento
ofrecido por el Gobierno gallego para esa exención fue precisamente la
amenaza de que Ence se llevase a Gijón por tren los tráficos que venía
captando Ribadeo. De la misma forma, el argumento esgrimido por el
Principado para justificar su aportación de fondos públicos para
construir la vía ferroviaria a la fábrica de Navia era el de que así
Asturias pasaría a beneficiarse de unos tráficos que hasta aquel momento
pasaban por Galicia.
Tras gastar en la obra
ferroviaria unos seis millones de euros de fondos públicos, los trabajos
se pararon, entre otras cosas, según dice el Tribunal de Cuentas, “por
no conseguirse un acuerdo entre Feve y la empresa propietaria de la
factoría para la cesión temporal de los terrenos en el interior de la
planta”. Ese estancamiento de las obras en Navia se produjo una vez que
Ence ya había conseguido la rebaja de impuestos en Ribadeo, lo que ahora
el Tribunal de Cuentas relaciona en su informe. La negativa de Ence a
facilitar que continúen las obras del acceso ferroviario a su fábrica de
Navia, dice Cuentas, “unida al hecho de que durante todo este período
de tiempo hasta la actualidad ha venido supliendo este servicio de
transporte por ferrocarril con el transporte por carretera al puerto
gallego de Ribadeo más próximo a su factoría, pone de manifiesto su
escaso interés por la finalización del proyecto”. Ante esta situación,
el ente fiscalizador hace una petición a Feve, empresa pública ahora
repartida entre Renfe y Adif: “Sería conveniente que se intensificaran
las negociaciones para poder terminar con la construcción del tramo o,
en su caso, se denunciara el contrato y, conforme a lo establecido en
los contratos firmados, se exigiera a la empresa propietaria de la
factoría la indemnización de los daños y perjuicios provocados por su
actuación”. Según añade Cuentas, Renfe está pensando en iniciar acciones
legales después de requerir a la empresa que cumpliese sus deberes “sin
obtener respuesta”.
El informe del Tribunal de
Cuentas desmonta así la operación asturiana de Ence en la que la Xunta
se amparó a modo de amenaza para justificar rebajarle impuestos en
Galicia. Una rebaja que, tal y como fue redactada en el convenio firmado
al efecto entre Portos de Galicia y Ence, desvelado en febrero del año
pasado por este diario, no evitaría la marcha de la empresa sino que en
la práctica supuso un perdón unilateral de las tasas que venía pagando
hiciese lo que hiciese la empresa. Por otra parte, aquella rebaja se
concretó a través de un convenio para el cual fue preciso modificar
previamente en diciembre de 2010 la ley autonómica de tasas de Portos de
Galicia.
Esa modificación legal para permitir al ente público gallego firmar
convenios de rebaja de tasas con empresas privadas sólo se empleó una
vez: con Ence.
Una rebaja que para Portos de
Galicia supone una reducción de ingresos de entre 300.000 y 500.000
euros anuales (entre el 2% y el 3% de los ingresos comunes del ente
público). Pero la rebaja no fue la única concesión que hizo la Xunta a
Ence en Ribadeo. Tras la amenaza de dejar Galicia por Asturias que ahora
Cuentas desmonta, la Xunta invirtió 2,2 millones de euros en mejorar el
puerto lucense, obras que el propio Feijóo vinculó a las necesidades de
la empresa en su inauguración en julio de 2012.
Durante estos años, desde la rebaja de impuestos de la Xunta, y el
abandono de la obra asturiana, Ence viene presentando unos beneficios en
aumento año tras año. En los tres primeros trimestres de este 2017 la empresa obtuvo un beneficio neto de 59,5 millones de euros, lo que supone un 183% más que en el mismo período del año anterior.
Por otra parte, el responsable de aquella modificación legal y del
posterior convenio para reducir impuestos a Ence en Ribadeo fue
el entonces presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-
Campana, contratado en septiembre de 2015 por el gobierno local de
Arteixo, del PP, con el cargo oficial de “gestor eficaz de recursos”.
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