Diario La Ley
24-11-2017 | Agencia Europa Press
Un informe vio indicios de que la patronal y los sindicatos apañaban el reparto de subvenciones en la Fundación de Riesgos Laborales. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han solicitado responsabilidades penales por este asunto.
El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias por las
irregularidades detectadas en la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, pues en su fiscalización de las actividades
realizadas por esta fundación en 2015 llegaba a acusar a CEOE, CC.OO. y
UGT, entonces patronos del organismo, de organizar un reparto previo de
sus fondos.
Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado)
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el presidente de este
órgano fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, ha dicho que estas
diligencias, por presuntas irregularidades en la justificación de
actividades, se encuentran actualmente en tramitación.
En todo caso, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han solicitado
responsabilidades penales por este asunto, por lo que seguirá por la
vía de enjuiciamiento de responsabilidades contables, pendiente de la
eventual devolución de los fondos por parte de la propia fundación.
En todo caso, Álvarez de Miranda ha subrayado que "sería
perfectamente factible" que, en caso de que la citada fundación liquide
las ayudas y efectúe los expedientes de devolución pertinentes, los
sindicatos y la patronal no tendrían que devolver las subvenciones.
ACUSA A LOS AGENTES SOCIALES DE DISEÑAR EL REPARTO DE AYUDAS
En su Informe de Fiscalización de la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015', recogido por Europa
Press, el Tribunal de Cuentas acusó a estas organizaciones de diseñar el
reparto de ayudas públicas con el fin de recibir los fondos.
En algunas de las ayudas, el Tribunal destaca que todas las
solicitudes de estas organizaciones recibieron financiación y que la
suma de todas ellas coincidía con el importe total del presupuesto, lo
que lleva a aseverar a este órgano de control que "existe un reparto
previo de los fondos entre CEOE, UGT y CC.OO.".
El Tribunal señala que una de las convocatorias de esta Fundación, la
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2016, por
valor de 10,7 millones de euros, no cumplía en sus bases los principios
de concurrencia, igualdad y no discriminación previstos en la Ley
General de Subvenciones.
Tampoco en lo referente a los beneficiarios, en cuanto a que los
propios receptores de las subvenciones eran los propios patronos de la
Fundación. Al resultar una concesión de subvenciones, y no un
procedimiento de "autocontratación", el Tribunal sostiene que "cabe
cuestionarse la legalidad de los importes pagados".
"JUEZ Y PARTE EN EL REPARTO DE AYUDAS"
Hasta septiembre de 2015, estas organizaciones copaban la mitad de
los puestos en el Patronato, órgano de la fundación encargado hasta
entonces de aprobar las ayudas y las normas aplicables a cada una de las
convocatorias anuales de ayudas. Según el Tribunal, el control por
parte de estas entidades implicaba que "en algunos cosas las normas no
se aplicaran o se hubieran adaptado según sus intereses".
Así, el Tribunal sostiene que, una vez aprobadas, se cambiaron normas
aplicables para adaptarlas a acciones ejecutadas por las
organizaciones, o que la distribución de los fondos no se efectuó, en
otros casos, siguiendo los principios recogidos en la convocatoria.
"El Patronato de la Fundación ha sido juez y parte en el reparto de
las ayudas concedidas, al establecer las normas para distribuirlas entre
los agentes sociales, aprobando o denegando las acciones, y siendo sus
miembros, a su vez, beneficiarios de las mismas", sostiene el Tribunal.
EXCLUIR A OTRAS ORGANIZACIONES DEL REPARTO
La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales concede ayudas a
acciones sectoriales y a acciones territoriales, decididas en órganos
tripartitos con las comunidades autónomas hasta que en 2013, por la
anulación de varias convocatorias por vulnerar regímenes competenciales,
estas acciones territoriales fueron sustituidas por otras calificadas
como 'transversales'.
Sin embargo, el órgano fiscalizador sostiene que estos fondos se
siguieron distribuyendo con la misma proporción entre CCAA, y dentro de
ellas entre la CEOE, CC.OO. y UGT en idénticas proporciones que en
convocatorias anteriores. El Tribunal asegura haber comprobado que la
valoración de las solicitudes estaba diseñado para que únicamente
obtuvieran financiación estas organizaciones, y excluir del reparto a
otras, como a USO.
En la concesión de ayudas a las acciones sectoriales, ejecutadas de
forma paritaria, el Tribunal sostiene que los grupos de trabajo no
aplicaron criterios de valoración conforme a las normas aprobadas por el
Patronato, y que de haberse aplicado los baremos correctamente, muchas
de las acciones aprobadas no hubieran obtenido financiación, y otras
denegadas sí. Por ello, concluye que la distribución de los fondos entre
los sectores y los agentes sociales se realizó según los intereses de
los grupos de trabajo.
VISITAS A EMPRESAS POR PERSONAL NO CUALIFICADO
Respecto a la ejecución de las acciones financiadas por la fundación,
el Tribunal informa de que su fiscalización detecta "múltiples
incidencias" que llevan a cuestionar la dedicación de estos fondos a su
finalidad. Entre ellas, la ausencia en muchos casos de soporte
documental para acreditar tales trabajos, por ser suficiente una mera
declaración de los agentes sociales; o la financiación por parte de los
agentes sociales del gasto de personal sin acreditar las acciones
realizadas.
En el caso de las confederaciones y federaciones empresariales
territoriales, el Tribunal señala que éstas subcontrataron íntegramente
la ejecución de las acciones, y repercutieron gastos de personal más
elevados que los destinados a su ejecución.
Respecto a las visitas de empresas en las acciones territoriales y
transversales, el Tribunal sostiene que no existe posibilidad de
demostrar su realización, al no exigirse su justificación documental, ni
tampoco si el contenido fue, realmente, la prevención de los riesgos
laborales u otro tipo de actividades sindicales, algo que llega a poner
en duda, "especialmente en el caso de CC.OO., en el que las visitas se
realizan por agentes sindicales sin formación en prevención", critica.
Las visitas a empresas dentro de acciones sectoriales, realizadas de
forma paritaria, sí que debían ser justificadas por cada agente social.
Sin embargo, en el caso de la construcción, Confemetal, UGT-FICA y
CC.OO. de Industria, asegura el Tribunal, presentaron copias a color
escaneadas de los partes originales, "con la intención de cobrar unas
visitas de manera no de vida" a las que, apostilla, "presumiblemente no
asistieron".
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