El Defensor del Pueblo acaba de
notificar al Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies el requerimiento que ha dirigido a la Consejería de Hacienda y Sector Público para que apruebe, de forma inmediata, el
instrumento legal permitente que permita convocar los concursos de méritos para
la provisión de los puestos de trabajo que actualmente se ocupan de forma
irregular.
De esta forma, el Defensor del
Pueblo estima la denuncia presentada por esta asociación y rechaza “las
explicaciones” ofrecidas por la
Consejería para mantener una situación manifiestamente ilegal que afecta a centenares de puestos de trabajo.
En nuestra denuncia poníamos en
conocimiento del Defensor del Pueblo que, transcurridos ya cuatro años desde la
suspensión cautelar de los nombramientos a dedo – por libre designación – ordenada
por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en Auto
fechado el 8 de enero de 2013, no se ha convocado, ni resuelto válidamente,
ningún concurso de méritos. Todos los puestos que antes eran de libre
designación se nombran discrecionalmente, desde entonces, por el sistema excepcional de la
comisión de servicios, previsto para situaciones de extraordinaria y urgente
necesidad, con el agravante de que una buena parte de esos nombramientos en
comisión de servicios son radicalmente ilegales, al superar el
plazo máximo legal de duración, que no puede exceder de dos años.
El resultado de esta auténtica
subversión del régimen legal de provisión de los puestos de trabajo de los
funcionarios públicos del Principado es que, en la actualidad, hay más de 250
nombramientos provisionales en puestos de jefatura de servicio, coordinadores
etc, que superan el plazo máximo legal de dos años. A esta cifra debemos
añadir, al menos, otros 476 puestos de jefatura de sección, cuya convocatoria
fue anulada por sentencia del TSJA de 28 de noviembre de 2014, y que también se
encuentran ocupados en precario, pues el Gobierno del Principado aún no ha encontrado tiempo
para repetir la convocatoria.
La herencia recibida del Gobierno de
Areces en cuanto a la gestión del empleo público estaba envenenada, pero el
Gobierno de Javier Fernández se ha cuidado de conservarla intacta en
estos últimos cinco años.
Ahora le toca pasar vergüenza ante
el requerimiento del Defensor del Pueblo. Así nos va.
REQUERIMIENTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
REQUERIMIENTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
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