El pasado 9 de mayo el Juzgado de
lo Contencioso – Administrativo nº 1 de Oviedo dictó providencia por lo que inicia, a instancia del presidente del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, el procedimiento de ejecución forzosa de la
sentencia firme de ese Juzgado de fecha 2 de marzo de 2018, confirmada en apelación por otra del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 29 de octubre de 2018, en la que se condena al
Principado de Asturias a convocar en el plazo de tres meses un concurso de méritos
para la provisión, al menos, de 79 puestos de jefatura ocupados provisionalmente.
Transcurrido el plazo de tres meses, ante la manifiesta rebeldía del
Gobierno del Principado, que se obstina en mantener los nombramientos a dedo y
en pasarse por el forro los fallos judiciales, hemos instado del Juzgado que
ordene la ejecución forzosa de la sentencia, con las consecuencias de toda índole
que pueden derivarse de persistir el desacato
por parte de los responsables políticos del Principado.
Esta asociación quiere recordar
que el pasado 25 de marzo un sindicato trasladaba a los medios de comunicación
que, a instancia suya, un Juzgado había dado un plazo de un mes al Principado
para convocar un macroconcurso de méritos de cientos de puestos de jefaturas
vacantes. Desconocemos, porque no se hizo público, de qué Juzgado se trata, ni la fecha de la resolución judicial, pero lo cierto es que de existir ese ultimátum judicial, anunciado como acto de propaganda en la campaña de las elecciones sindicales , también se habría incumplido de
forma flagrante.
La plena independencia del
Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies se fundamenta en que no recibe ni
un euro de la Administración Pública, ni de ninguna entidad privada, ni dispone
de un aparato cuya financiación y mantenimiento esté
condicionado por los mejores o peores resultados electorales.
Por eso exigimos en solitario ante la Justicia la convocatoria del concurso de méritos ya en el año 2017, algunos años antes del periodo electoral; y, por lo mismo, requerimos ahora, también en solitario, la ejecución forzosa de la única sentencia conocida que condena al Principado de Asturias a la convocatoria del concurso.
Recordamos que ya en el mes de abril del año 2016 el Director General de la Función Pública se comprometía a que el concurso
estaría convocado en el segundo semestre de ese año. Pero esta promesa, como
otras tantas realizadas incluso en sede parlamentaria, no eran más que
tomaduras de pelo con las que se iba ganando tiempo para mantener el entramado
clientelar de nombramientos precarios que define la carrera profesional de los
funcionarios públicos en la Administración de Javier Fernández.
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies quiere reiterar que esa estrategia de vulneración sistemática de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, no hubiera sido posible sin la actitud condescendiente de todas las organizaciones sindicales representadas en la Junta de Personal.
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