Jordi Arcarons
Daniel Raventós
Lluís Torrens
Sin Permiso, 19/04/2019
El reino de España sigue teniendo unas tasas de riesgo de pobreza y
unos índices de desigualdad de rentas más elevados de la Unión Europea.
Esto es consecuencia de un gasto social muy bajo, en especial en cuanto a
la protección social a las familias, a las personas en riesgo de exclusión y a la vivienda.
La
relación entre la renta que tiene el 20% más rico de la población y el
20% más pobre (índice S80/S20) nos sitúa en la última división de los
países de la OCDE. Solo situarnos en el índice que nos tocaría por el
nivel de renta per cápita con respecto a los países europeos (4,9)
implicaría transferir 9.000 millones de renta neta del 20% más rico al
20% más pobre.
Llevamos
más de 5 años de recuperación económica, según el mantra mainstream, y
nos acercamos a una nueva recesión. Pero algo está claro: la inmensa
mayoría de la población no rica está en peores condiciones de vida y
trabajo que antes de la crisis iniciada el 2008. Es más, según algunos
indicadores la situación es peor, en especial en cuanto al acceso a la
vivienda en las grandes ciudades y en el crecimiento de los trabajadores
pobres. Claramente la crisis ha generado un gran grupo de personas
perdedoras, con rostro femenino, de inmigrante, de persona de mediana
edad parada de larga duración, o de joven sin capacidad de emanciparse.
Incluso la OCDE,
recientemente, ha constatado el empobrecimiento de las clases medias
del reino de España, superior al del resto de países avanzados.
La misma OCDE en su base de datos sobre pobreza y desigualdad
muestra la crudeza de la situación en la sociedad del reino de España.
Todos los indicadores de renta, pobreza y desigualdad han empeorado en
el período 2007-2016 (todos menos la renta de los adultos entre 66 y 75
años y la pobreza de los mayores de 65 años).
Preocupante
es constatar la caída de la población entre 25 y 40 años (fruto de la
emigración y de la demografía), que es justo la franja de edades de
formación de los hogares: es la generación perdida. Y preocupante es ver
el crecimiento del número de hogares frente a un estancamiento de la
población, reflejo del mayor peso de la población envejecida y que al
quedarse viviendo en soledad más problemas tendrá para afrontar su
supervivencia, además de ser apoyo indispensable para muchos de sus
hijos o nietos empobrecidos (lo que ensancha los límites de la pobreza).
Por
otro lado, la crisis debida al estallido de la burbuja inmobiliaria y
al endeudamiento interior y exterior insoportable que generó se ha
solapado con la constatación de cambios estructurales en el modelo de
funcionamiento de nuestra economía y sociedad. La automatización de
muchos trabajos manuales y de oficina, la uberización, el
incremento de la esperanza de vida, la crisis ecológica que necesita una
respuesta urgente, nos ponen ante la necesidad de repensar cómo
queremos avanzar socialmente y, en particular, la constatación que
teorías repetidas hasta la saciedad según las cuales el crecimiento
fluye de arriba hacia abajo y que lo importante es generar puestos de
trabajo a cualquier precio o condición laboral, dejan de ser válidas.
Además,
se ha constatado la ineficacia reiterada de los sistemas de protección
social de último recurso existentes en el reino de España. No hay ningún
sistema de rentas mínimas garantizadas condicionadas (todas las
existentes lo son) en ninguna Comunidad Autónoma que por potente que sea
(como lo son teóricamente los sistemas del País Vasco y Navarra) haya
acabado con la pobreza. Incluso los sistemas que han sido revisados los
últimos años como la Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña (RGC),
la Renta Valenciana de Inclusión, o la Renta Mínima de Inserción Social
de Andalucía están muy lejos de sus objetivos de garantizar la cobertura
de necesidades básicas de su población vulnerable. Y supuestamente para
eso se crean.
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