El magistrado llevó al tribunal europeo varias cuestiones sobre cláusulas abusivas bancarias y pertenece a una organización que ha denunciado nombramientos del órgano de gobierno de los jueces.
Vista general de una reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial. EFE/Zipi
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigó
en secreto durante más de un año al magistrado Manuel Ruiz de Lara,
portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y uno
de los jueces que ha planteado varias cuestiones sobre cláusulas
abusivas bancarias ante la justicia europea, según ha podido saber Público
Las diligencias informativas secretas arrancan el 22
de mayo de 2015, que es la fecha del primer informe sobre el juez que
consta en la investigación abierta a Ruiz de Lara. Sin embargo, hasta
el 2 de agosto de 2016 no fueron comunicadas al afectado por el Promotor
de la Acción Disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero, del CGPJ,
encargado de investigar y sancionar a los jueces.
La investigación secreta se ha centrado en la Plataforma de la que Ruiz de Lara es portavoz,
así como en un torneo de debates entre jóvenes universitarios que este
juez ha patrocinado en parte con dinero de su bolsillo y de manera
"altruista", según fuentes de dicha asociación.
Esta investigación pretendía vincular a Ruiz de Lara y
a la Plataforma con dicha Liga de Debates estudiantil, pero ha
resultado negativa. Sin embargo, las diligencias no han sido archivadas, según ha podido saber Público.
En una nueva vuelta de tuerca, Manuel Ruiz de Lara ha sido citado a declarar para este mismo viernes por el Promotor Antonio Fonseca-Herrero.
La citación del Promotor llegó a Ruiz de Lara cuatro
días después de que la Plataforma difundiera un vídeo en el que
denunciaba la politización de la justicia y el pasteleo de los partidos
políticos en el reparto de los vocales del CGPJ y en el propio
nombramiento de Carlos Lesmes, su presidente.
El CGPJ sostiene, a preguntas de Público, que
estas diligencias "fueron incoadas en julio de 2016 cuando se le
solicitó información al magistrado" y que así figura en el número de
expediente (632/2016). "Ahora el Promotor de la Acción Disciplinaria
está practicando diligencias para determinar si hay algún tipo de
infracción".
Ruiz de Lara será interrogado, al parecer, por no
haber renovado su permiso para ser portavoz de la Plataforma cuando la
ley establece que los jueces deben renovar los permisos en actividades
académicas o remuneradas, cosa que no es el caso.
El Promotor del CGPJ también ha citado a declarar dos
personas particulares para este mismo viernes. Son los casos de Agustín
Azparren, presidente de la Plataforma, abogado y exvocal del CGPJ, así
como Ana María Fúnez, presidenta de la citada Liga de Debate.
Diligencias en secreto durante un año
Se da la circunstancia de que los expedientes
disciplinarios deben comunicarse al afectado y tienen una caducidad de
seis meses. Mientras, las diligencias informativas son pasos previos
para recabar documentación.
"Es sorprendente", explica Azparren a Público:
"estuve siete años en la Comisión Disciplinaria del CGPJ y nunca conocí
unas diligencias informativas en las que se cita al magistrado y a dos
testigos particulares, cuando se ciñen siempre a informes por escrito y
el CGPJ sólo tiene competencias para investigar a los miembros de la
carrera judicial".
Ana María Fúnez es una alumna de la Universidad
Complutense, ganadora del primer torneo y que explica que su actividad
es privada y ajena al poder judicial: "Manuel Ruiz de Lara no forma
parte ni del patronato ni de la Fundación" que lleva estos debates. "No
sé todavía qué quieren de mi", explica esta estudiante.
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial de la que Ruiz de Lara es portavoz es una asociación integrada por jueces, fiscales y juristas que defiende la erradicación de toda influencia política en el ámbito del Poder Judicial. Es especialmente incómoda para el CGPJ ya que ha creado un Observatorio de Nombramientos, donde denuncia las posibles arbitrariedades cometidas en la elección de los altos cargos judiciales.
Por ejemplo, la Plataforma denunció el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Murcia, Miguel Pascual Riquelme,
frente a Pilar Alonso Saura, otra candidata que ocupaba 1.160 puestos
por encima del escalafón. El Supremo acabó anulándolo por falta de
motivación en una sentencia que llamaba a la promoción de las mujeres.
El CGPJ nombró de nuevo a Riquelme, con el apoyo de Lesmes, motivando su
decisión.
Investigación secreta
El primer informe sobre Ruiz de Lara está fechado el
22 de Mayo de 2015 y fue elaborado por un inspector del CGPJ, según ha
contrastado Público. Contiene una investigación de la página web
de la Plataforma, se analizan los magistrados fundadores, sus fines y
objetivos, así como sus actividades.
También incluye las explicaciones que Ruiz de Lara
había dado al Promotor sobre una actividad de un grupo de universitarios
que él había costeado de su bolsillo y donde acudió como interviniente,
tras pedir la compatibilidad de asistencia con cargo a sus vacaciones
al CGPJ.
El entorno de Lesmes
Este informe fue realizado a petición de la jefa del
servicio de Inspección del CGPJ, Esperanza Córdoba Castroverde, hermana
del magistrado del Tribunal Supremo Diego Córdoba Castroverde. Ambos son amigos personales de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del TS.
El informe se realizó "sin cobertura de procedimiento alguno,
sin la apertura de ningún tipo de diligencias ni notificación alguna a
la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, ni al magistrado
Manuel Ruiz De Lara, sobre las indagaciones realizadas y sobre la
existencia del mismo", sostienen en fuentes de la Plataforma que
explican que el juez colabora con los jóvenes universitarios "por mero
altruismo y sin recibir contraprestación alguna".
Ruiz de Lara ayudó y sufragó el coste del
desplazamiento y alojamiento de 17 universitarios españoles en debates y
visitas al Congreso y al Parlamento Europeo. Algunos de estos jóvenes
crearon después la asociación universitaria “Consejo General del Debate
Judicial”, así como la Fundación Española de Debate Jurídico, que
organiza torneos donde los jóvenes de distintas universidades se retan a
discutir temas como la independencia judicial o el futuro del Senado.
Los jurados de estos torneos han estado formados por
personalidades como Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid; José Manuel
Maza, actual Fiscal General del Estado; José Ramón Navarro, presidente
de la Audiencia Nacional, o Pedro J. Ramírez, director de El Español, entre otros.
En el expediente figura también otro informe,
fechado el 12 de Julio de 2016 y elaborado por Esperanza Córdoba
Castroverde, donde se investigan estos torneos, su relación con Ruiz De
Lara y nuevas indagaciones sobre la Plataforma Cívica por la
Independencia Judicial.
Este informe fue emitido a propuesta de Carlos Lesmes, después de que el embajador de España en Washington le reenviara un correo particular del juez
dirigido al magistrado de enlace con EEUU, Jorge Carrera, y al
diplomático. En dicho correo, Ruiz de Lara trasladaba una petición de
los jueces impulsores de esta Liga y de los universitarios para celebrar
un debate en dicha embajada -que finalmente no se realizó- con el fin
de seleccionar a un grupo que participaría en un torneo internacional de
debate jurídico que iba a celebrarse en la Universidad de Harvard.
El informe fue enviado por la jefa del Gabinete de Lesmes, Ana Murillo, al Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero.
Dicho informe trata de atribuir a Ruiz de Lara una infracción (del régimen de incompatibilidades), cuando sólo contiene consultas en páginas web de la asociación universitaria, periódicos digitales, páginas de Facebook y fotografías, según ha contratado Público.
Por ejemplo, no incluye requerimiento previo al registro de
asociaciones, donde se hubiera podido comprobar que el juez no gestiona o
ejercer cargo en esta organización universitaria.
El 29 de julio de 2016 el Promotor abre oficialmente las diligencias informativas,
y se dirige al juez el 2 de agosto para que explique su vinculación con
los debates, la Plataforma y si recibía alguna retribución. El juez
solicita personarse en el expediente en octubre, extrañado de no haber
recibido respuesta alguna del CGPJ.
Un juez incómodo
Ruiz de Lara es uno de los jueces que ha llevado a la justicia europea cuestiones prejudiciales en defensa del consumidor.
Así, este magistrado aplicó la retroactividad total
de las cláusulas suelo con anterioridad a que el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea anulase el límite que el Supremo había fijado en mayo
de 2013.
Es titular del Juzgado de lo Mercantil 10 de
Barcelona, un destino que logró muy a pesar de Carlos Lesmes y de su
mayoría conservadora.
El juez consiguió en diciembre de 2015 que el
Supremo ordenara al CGPJ sacar dicha plaza vacante a concurso. En su
sentencia, el alto tribunal concluyó que el CGPJ había actuado
arbitrariamente y sin estar guiado por el interés público. Ruiz de Lara,
especializado en Mercantil, ganó el destino que la mayoría conservadora
reservaba para otro juez que aún se estaba formando en la especialidad,
según fuentes jurídicas.
Es autor del libro La reforma del Poder Judicial, un ataque a la Independencia Judicial de
la Editorial Fe de Erratas, donde critica la última reforma del CGPJ
realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy con la asesoría de Carlos
Lesmes. En concreto, cuestiona el sistema de elección de vocales, la
nueva estructura del CGPJ y la nueva figura del Promotor de la Acción
Disciplinaria, que es quien le ha investigado en secreto durante un año.
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