La decisión del
Gobierno del Principado de Asturias de suprimir, a partir del próximo lunes día
10, la modalidad de teletrabajo para sus empleados públicos, salvo en casos
excepcionales, infringe la legalidad vigente y atenta contra los derechos
laborales y la protección de la salud de las y los trabajadores públicos de la Administración
del Principado.
Debemos recordar al
Gobierno del Sr. Barbón que el teletrabajo, como modalidad preferente, fue establecido por el artículo 5 del RD 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.
La Disposición final décima de esta norma establecía que, con carácter general, las medidas previstas en la misma mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. Con posterioridad, se amplió la vigencia de ese precepto por lo establecido en el artículo 15 del RD 15/2020 de 21 de abril, señalando que se mantendrá vigente durante los dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista.
En cuanto que la
vigencia prevista era un mes tras la finalización del estado de alarma, con la
nueva prórroga se alarga en dos meses más. Es decir, el teletrabajo relacionado con el COVID-19, regulado en el artículo 5 del RD 8/2020, está
vigente hasta que transcurran 3 meses desde la finalización del estado de
alarma - 9 de mayo de 2021-. Por tanto, hasta el 9 de agosto de 2021.
La
supresión de esta modalidad preferente en la Administración del Principado es,
por tanto, ilegal, además de irresponsable y profundamente retrógrada.
El Gobierno del Principado, a diferencia de lo sucedido en la Administración del Estado, ha sido incapaz de aprobar hasta la fecha una norma interna reguladora del teletrabajo, demostrando una ineptitud descomunal, y ahora infringe la legalidad suprimiendo “manu militari” una modalidad que sigue vigente por razones sanitarias.
Resulta chusco que un Gobierno que se llena la boca hablando de la necesidad de reformar la Administración, se dedique a abortar a la primera de cambio una medida de conciliación de la vida laboral y familiar implantada ya con éxito en muchos centros públicos del Estado y en la empresa privada.
La eliminación del teletrabajo en la Administración del Principado solo beneficia a aquellos burócratas que no tienen más horizonte que la pared de su despacho.
Una vergüenza
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