Los datos de la página de contratación de Euskadi revelan un entramado mucho más amplio y complejo de externalización de servicios públicos sobre el origen de la investigación de la CNMC
El Salto libera el dataset presente en la página de contratación de Euskadi, origen de la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con todas las licitaciones presentes en internet entra la administración pública y las doce empresas sancionadas. Los datos revelan un entramado mucho más amplio y complejo de externalización de servicios públicos: 765 contratos por un valor de 189 millones, el 60% con un único ofertante y además menores (“a dedo”).
En las últimas horas, la prensa publicaba que la CNMC ha multado con 6.3 millones de euros a 22 firmas de consultoría y a varios de sus directivos. Estas informaciones son un reflejo de cómo el organismo de competencia trata de regular el poder que ha adquirido el capitalismo de consultoría. Aunque de momento no se haya reflejado en sus ingresos, la economía post-covid ha colocado a la industria de la asesoría en un papel central para que la burocracia utilice a los fondos Next Generation. Prácticamente, todas las administraciones han recurrido a estas firmas para presentar aplicaciones.
Aunque la CNMC no le preocupa la creciente delegación de funciones públicas y el adelgazamiento del poder del Estado mediante una suerte de burocratización neoliberal. Más bien, como se desprende de una investigación de más de 300 páginas (la mayoría, mensajes entre los patriarcas del clan), la problemática sería un “modus operandi” basado en solicitar “ofertas de cobertura” para evitar competir y que una de las empresas resultase adjudicataria. De acuerdo a la investigación de la CNMC, “las relaciones de confianza” de los capitalistas facilitaron el funcionamiento de cárteles distintas administraciones públicas. En el caso del cártel de la red de colaboración norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones (la mitad de los 200 contratos públicos celebrados en los años en que se acredita la conducta) en los ayuntamientos de Bilbao, Barakaldo o Vitoria; diversos departamentos del Gobierno Vasco, el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya. En general, se trataba de contratos negociados sin publicidad, en los que la administración invitaba a un número reducido de empresas para que presentaran sus ofertas en competencia. Las conclusiones del organismo indican que se elevaron sistemáticamente los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación. El problemas: estas conductas socavaban el erario público al ser contratos sufragados vía presupuestos.
Esto es, el clásico capitalismo de amiguetes (crony capitalism) donde dos redes de colaboración (norte y nacional, con ejes en Bilbao y Madrid) actúan siguiendo la idea establecida por Milton Friedman sobre la influencia monopolística que justificó la regulación del capitalismo hace varias décadas. Al parecer, no habría nada de malo en que las consultoras externalicen sobre los presupuestos públicos de los Gobiernos los costes de las empresas privadas y les impongan formas novedosas de austeridad siempre y cuando se respete el fin supremos de la libertad de mercado.
Cuántas consultoras hacen falta para cambiar unos pañales
Como revela la base de datos que esta revista hace pública, existen al menos 765 contratos desde 2012 entre las distintas administraciones vascas y las 12 consultoras investigadas que ascienden a un valor de 189.34 millones de euros. Si bien los datos de la administración están sesgados porque la ley no obligó a publicar los contratos hasta 2018, podemos afirmar que la dependencia absoluta de lo público sobre unas pocas firmas privadas es el modus operandi habitual del capitalismo de consultoría. Aunque para ello no podemos fijarnos sólo en el componente “consultoría”, como la investigación de la CNMC. Entre los contratos recabados existen docenas de códigos que hacen uso del vocabulario común de contratos públicos (CPV) para ilustrar la gran variedad de servicios públicos que las consultoras han privatizado. Desde el mantenimiento de todo tipo de equipos, el diseño de arquitectura, el desarrollo de software y sistemas informáticos, hasta trabajos de estudio de la calidad del suelo y construcción de inmuebles, pasando por la provisión de pañales desechables, todo tipo de mercadotecnias, auditorías y otras formas de control del gasto público.
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