El Gobierno del Principado acaba de
consumar con la modificación de la relación de puestos de trabajo aprobada el pasado mes de diciembre, un cambio en el modelo organizativo de las Brigadas de
Investigación de Incendios Forestales (BRIPAS) con el objetivo de minar su
independencia funcional y someterlas a censura política por el Gerente del
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), cargo designado a
dedo al que se atribuye la revisión de los informes evacuado por las BRIPAS.
En efecto, mediante el Decreto 47/2017, de 26 de julio, de modificación de la estructura orgánica de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, se cambia la adscripción de
las BRIPAS, que hasta entonces dependían directamente de un funcionario público
de carrera, a saber, el Jefe del Servicio de Interior de la Dirección General de Justicia e Interior, para pasar a depender
del organismo autónomo SEPA, encomendando a su Gerente la revisión y tramitación
que proceda de los informes evacuados por las BRIPAS, es decir, el control y
censura política de su actividad.
Esta modificación es particularmente
grave por varias circunstancias.
En primer lugar, desprecia las
consideraciones y peticiones de la Fiscalía del Principado de Asturias. Así, en
la Memoria 2017 (ejercicio 2016) la Fiscalía asturiana afirma (pág. 144) que “la reorganización del servicio operada el año
2013 no ha supuesto una merma en la labor de las Bripas, pudiendo seguir
destacándose que “el alto grado de logros alcanzado en la investigación de las
causas y autorías de estos ilícitos guarda una conexión directa y primordial
con el gran trabajo desarrollados por las mismas”. Si la organización era buena, ¿por qué hay que cambiarla?
Pero en la Memoria la Fiscalía se
queja (pág. 149) de la tardanza, en ocasiones, a la hora de remitir los
informes de las BRIPAS, “muy posiblemente
debido al “trámite previo” de tener que ser remitidos a través de la Dirección General, siendo más práctico y deseable una remisión directa a la Fiscalía una vez estuvieran conclusos por los investigadores”
Lejos de atender esta razonable y razonada queja de la Fiscalía, el Gobierno del Sr. Fernández intensifica los controles y censuras
previas de los informes, que ahora se someten a la revisión del Gerente del
SEPA.
Pero además, a juicio del Conceyu
por Otra Función Pública n´Asturies, la modificación organizativa incurre en una
grave irregularidad toda vez que el Gobierno del Principado ha cambiado la
adscripción de los funcionarios integrantes de las BRIPAS vulnerando su propia normativa (Decreto 47/2017, disposición final primera), que exige la aprobación previa de una resolución en
la que se establezca su organización, régimen jurídico y funcionamiento,
garantizando la independencia de las investigaciones.
Si ese régimen jurídico aún no está aprobado y no están reguladas las
garantías de independencia de las investigaciones, ¿ por qué se ejecuta ya y a
toda prisa el cambio de adscripción?
Por todo lo expuesto, el Conceyu por
Otra Función Pública n´Asturies estima necesario que el Consejero del ramo, D. Guillermo
Martínez, de una explicación pública de las razones que llevaron a este
traslado.
No nos puede caber duda de que tal
traslado no estuvo motivado en tratar de mejorar el funcionamiento de las BRIPAS
en su función de policía judicial, es decir, de investigación y persecución de
los delitos de incendio a las órdenes de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, pues para eso, nada mejor
que seguir ubicadas donde estaban, dentro de la entonces Dirección General de Justicia e Interior, en lugar de ser trasladadas a un organismo cuya
misión fundamental es la extinción de incendios.
¿Pudo obedecer el cambio a buscar
una mejora en su funcionamiento general porque alguien lo considerara
insatisfactorio? No nos consta que haya sido así ni mucho menos. Es más, la
experiencia demuestra que la actuación de las BRIPAS ha sido altamente eficaz, como
demuestran el número de sentencias condenatorias de nuestros Tribunales que,
como recuerda la Asociación Española de Agentes Forestales y
Medioambientales, supone el mayor porcentaje de condenas en relación con el
número de incendios investigados en todo el territorio nacional.
Por si esto fuera poco, uno de
nosotros, en su condición de Letrado del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, fue testigo directo de las intervenciones plenas de profesionalidad
de los miembros de las BRIPAS ante los tribunales asturianos, así como de la
estrecha colaboración con el Fiscal Especial de Medio Ambiente, clave de los
éxitos en cuanto a condenas por delitos medioambientales contra los
incendiarios. Y no olvidemos las elogiosas referencias que, como policía
judicial, se hace a las BRIPAS en las memorias anuales de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias.
Pues bien, a la vista de todo lo
expuesto ¿Qué razones pudo haber para el cambio? ¿A quién consultó el Consejero
para llevarlo a efecto? ¿Se tomó la molestia de contactar con la Fiscalía Superior o con el Fiscal Especial de Medio Ambiente? Si fue
así ¿qué le dijeron? ¿Analizaron el Consejero o sus asesores la incidencia del
cambio en relación con las funciones de policía judicial desarrolladas por las
BRIPAS? ¿Qué opinó sobre esto la Directora General de Justicia? Si todo
funcionaba bien, y las Memorias Anuales de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias así lo ponen de
manifiesto ¿por qué introducir este cambio “contra natura”?
Pues este cambio responde a que las Brigadas estaban haciendo un excelente trabajo, aportando más del 80 % de las condenas anuales por delito de incendio forestal en Asturias. Pero es mejor no molestar al votante rural, no vaya a ser... Es mejor promover una campaña para que los vecinos se denuncien entre sí, no vaya nadie a relacionar al Principado con cierta labor persecutoria sobre cierto colectivo del medio rural. Blanco y en botella.
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