En los últimos tiempos se han traído a la primera línea del debate
político la cuestión de las puertas giratorias, que se suele vincular
únicamente a las situaciones en las que los políticos pasan a desempeñar
funciones dentro de las grandes empresas una vez que dejan de serlo.
Como veremos es una parte menor del problema recogido en su conjunto.
Un problema que se quiere constitucionalizar mediante su prohibición
durante un periodo más o menos grande de tiempo, como vía para
garantizar la imparcialidad en el ejercicio de la acción pública. Un
problema actual y perenne, que no es sólo de nuestro país y que está de
actualidad por los supuestos de interacción entre lo público y lo
privado que se vio en los años anteriores.
Más allá de la primera reacción, el problema de las puertas giratorias, del pantouflage de los franceses, revolving doors
de los anglosajones, no es un problema que se pueda despachar de un
plumazo. De hecho, cuando abordamos el problema de las puertas
giratorias hemos de ser conscientes que no sólo se producen en el
momento de dejar el ejercicio de la actividad pública sino que también
se puede producir antes y durante su actividad, como se ha demostrado
recientemente en España.
Empecemos planteándonos la primera cuestión; de la que no se suele hablar: ¿qué requisitos previos exigimos a un político?
No estoy hablando sólo de su cualificación, sino de que puede que
existan conflictos de intereses en aquellos casos en los que se va a
desarrollar la actividad en el mismo tipo de sector económico: un riesgo
que se refiere específicamente a lobbystas y a altos
directivos de las empresas.
De hecho, el riesgo es tan considerable que
constituyó uno de los aspectos regulados por el Presidente Obama en el año 2009.
Es un problema generalizado como lo prueba la presencia de Goldman
Sachs en muchas de las instituciones públicas y Ministerios de Economía;
especialmente en los Estados Unidos.
En efecto, conviene recordar que es también extraordinariamente
importante al otro lado del Atlántico, de tal manera que es conocido en
los Estados Unidos como “Gobierno Sachs”. Por coger dos datos: el
Secretario del Tesoro de Clinton, Robert Rubin, que llevó a cabo la
desregulación financiera, venía de Goldman Sachs.
Así como el Secretario
de Estado de Bush, Hank Paulson, que transfirió a los Estados lo que
púdicamente se denominan activos tóxicos de los bancos durante la crisis
financiera. Timothy Geithner, tiene el mismo origen. En la Comisión
europea, han sido comisarios los siguientes miembros de Goldman Sachs:
el irlandés Peter Sutherland como comisario de competencia; Karel van
Miert Comisario también de competencia; Mario Monti Comisario del
Mercado interior –por designación de Berlusconi-. Robert B. Zoellinek,
Presidente del Banco Mundial entre 2007 y 2012, también procede de
Goldman Sachs y allí volvió en 2013. El portugués Antonio Borges fue,
entre 2000 y 2008, vicepresidente de Goldman Sachs. En 2010 fue nombrado
director del Fondo Monetario Internacional para Europa. El estudio de
D. Cohan Money and Power: How Goldman Sachs Came to Rule the World
(2012) es un buen botón de muestra; como lo es, por coge el caso más
escandaloso, el de Durao Barroso, que estuvo en conversaciones con ellos
incluso antes de finalizar su mandato.
(2012) es un buen botón de muestra; como lo es, por coge el caso más
escandaloso, el de Durao Barroso, que estuvo en conversaciones con ellos
incluso antes de finalizar su mandato.
No podemos olvidar, en nuestro país, el caso del antiguo Ministro de
Defensa, hoy embajador en los EEUU, que venía precisamente de la
industria armamentística. Es, de todos modos -sin que sirva de consuelo-
un problema general, como ya he avanzado antes. Los casos de los
conflictos de intereses de Trump y de algunos miembros -como
especialmente el Presidente de la agencia de protección del medio
ambiente- de su ejecutivo; así como de los del Gobierno francés -aquí
vinculados los más graves a la industria farmacéutica- o británico en relación con el comercio, muestran que este es un aspecto en el que no se ha incidido demasiado.
El fenómeno más comentado de las puertas giratorias se vincula a la
pregunta de qué hace un político cuando deja de serlo. Trabajar en lo
suyo, parece la primera respuesta y que, desde luego es la situación
normal de los que tienen la condición de funcionario. Para los que no lo
son, ¿cómo de estrictos somos limitando el trabajo al que pueden
acceder? E inmediatamente después nos tenemos que preguntar: ¿qué
indemnización le damos si restringimos de forma estricta su acceso al
mercado de trabajo?
Nos encontramos ante muchas situaciones que entran en los problemas
de uso de la influencia adquirida en la política para el desempeño a
posteriori de la labor privada y en donde, además, aparece la cuestión
de que el expolítico debe tener un puesto de trabajo (salvo que asumamos
que haya que dar una indemnización). Y no podemos olvidar que, en
ocasiones, su nombramiento para un cargo público deriva, precisamente,
de esos conocimientos que ahora pretendemos invalidar para el ejercicio
profesional.
El problema, se dice, aparece cuando se accede a un Consejo de
Administración de una gran empresa, especialmente si es de las
denominadas estratégicas. En España siempre sale el mismo caso, a pesar
de que lo dejó hace algún tiempo: ¿Consideramos ilógico que Felipe
González pudiera estar ahora (lo pongo en condicional, porque dejó de
estar hace bastantes meses) en el Consejo de Administración de Gas
Natural, cuando hace más de 20 años que dejara la Presidencia del
Gobierno? A mí recordar este caso no me parece adecuado. El tiempo
transcurrido es demasiado grande.
A partir de aquí, surge la siguiente cuestión: ¿sólo miembros de
Consejos de Administración? Esta es la situación en la que estaba Jordi
Sevilla (trabajando para una consultora, Price Waterhouse Coopers) ¿Se
lo impedimos también? ¿Por cuánto tiempo? ¿Estamos diciendo en
consecuencia que sus conocimientos no le permiten para ganarse la vida? O
en el caso de Trinidad Jiménez. Dejó de ser Ministra hace cuatro años.
Un tiempo más que respetable para que ahora pueda afrontar un cambio en
su vida profesional. E incluso podemos plantearnos algo más: ¿para
cualquier tipo de empresa? ¿O hacemos distinciones?
Frente a lo estricto que parece que se quiere ser con estas situaciones nada se dice de otras. Para hacer lobby,
para desplegar influencias, no hace falta entrar en un Consejo de
Administración ni siquiera trabajar para una gran empresa. ¿Hemos
pensado en los despachos de abogados o de otros profesionales liberales
cuya tarea fundamental es el lobby? ¿No sería mejor la regulación del lobby
para saber quiénes se dedican a este tipo de menesteres, tal como
ocurre en la Unión Europea? ¿No habría también que mejorar la
transparencia de la actuación pública para saber con quién se reúne cada
cargo público y cuál es el contenido de la reunión? Posiblemente
resulte muy interesante analizar qué está ocurriendo con el lobby en la Unión Europea
y qué trascendencia tiene en muchas de las políticas que se están
haciendo, empezando por el contenido de los grandes tratados
comerciales-
Yendo más allá, determinar incluso los regalos (supuestamente de
cortesía) que se reciben. ¿Tenemos un horizonte de una regulación como
la estadounidense? Porque recordemos la dificultad que plantea su
persecución con lo ocurrido con los trajes de Camps y el denominado
cohecho impropio.
O incluso, ni siquiera hace falta plantearnos que el cargo público
pase al sector privado, cuando es posible hacerlo fichando a su pareja.
Es difícil no pensar que el fichaje de Iván Rosa, esposo de la
Vicepresidenta Saez de Santamaría, dos meses después de que esta
accediera al cargo no está motivado por la posición política de su
mujer. Este supuesto: ¿lo consideramos afectado por una situación de
incompatibilidad?
La casuística es grande, como se puede ver, y los contornos de la
legislación deben contemplarlos todos. Pero no resulta suficiente. Los
casos de influencias desarrolladas por algunos diputados del Partido
Popular durante esta legislatura han hecho salir a la luz un problema
que está bien regulado pero mal aplicado: el otorgamiento de la
compatibilidad a los diputados para desarrollar actividades privadas.
Cogiendo la letra del artículo 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,
donde se recuerda que la actividad de diputado o de senador es con
dedicación absoluta no podría pasar. La lectura que se hace de la misma
nos conduce a que esté ocurriendo. El problema es también de cómo se
aplican los supuestos y sobre todo las excepciones que existen, tal como
se vio en la reciente votación de julio de 2017, que mereció el voto negativo del Grupo Parlamentario Socialista.
Las puertas giratorias tienen un campo en el caso de la función
pública de lo que no se suele hablar o que, por lo menos no están en el
ojo del huracán: el paso de los miembros de los cuerpos de élite de la
Administración del sector público al sector privado para litigar contra
el Estado. Abogados del Estado e Inspectores de Hacienda son los
primeros en esta lista. Si tomamos los datos de la última relación
circunstanciada de funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado,
referida al 1 de marzo de 2012, vemos un panorama desolador de
excedencias voluntarias que afectan aproximadamente a la mitad de la
plantilla y que significan la salida al sector privado para litigar
contra las Administraciones públicas. Uno de cada diez en empresas del
IBEX 35.
Aquí habría que ampliar el tiempo en el que deben permanecer
obligatoriamente en el sector público (que hoy sólo son 5 años, tras la
modificación hecha por el Gobierno Aznar) y endurecer las consecuencias
de su salida. De esto, que nos está costando mucho dinero al cabo del
año, sin embargo, no se dice absolutamente nada. En Francia, la Alta
Autoridad por la Transparencia de la Vida Pública se propuso el examen
de la salida de los altos funcionarios al sector privado.
Con los ejemplos anteriores he querido destacar un dato: merece una
respuesta pensada para incluir todo aquello que merezca la pena y con
unas consecuencias proporcionadas. Todo ello, en el empeño de que se
reduzca lo más posible una influencia perniciosa a la hora de toma de
decisiones públicas. Aunque para esto me parece que la capacidad del
político para aguantar las presiones y decidir en función del interés
general es lo más relevante.
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