Javier Álvarez Villa y Severino Espina Fernández / Funcionarios
del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias y
miembros del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.
La Audiencia Provincial de Asturias ha dado a conocer la sentencia
sobre la trama de corrupción político-administrativa denominada por la
Policía “Operación Marea” y rebautizada interesada e insistentemente por
algunos medios como “Caso Renedo”, en una maniobra dirigida a focalizar
la atención sobre la funcionaria Marta Renedo, para desviarla de los
principales responsables políticos del gran agujero negro descubierto en
la Administración autonómica y de los cargos políticos encausados: un
ex consejero y una directora general del Gobierno presidido por Vicente
Álvarez Areces.
Son 1.079 folios en los que se condensa el farragoso proceso judicial
que ha durado siete años y cuyas diligencias previas se iniciaron en el
año 2010 por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón, como consecuencia
de la denuncia de una ciudadana en una Comisaría de Policía,
trasladándose poco después al Juzgado de Instrucción nº 2 de Oviedo por
una discutida decisión de la Audiencia Provincial sobre la competencia
territorial.
La sentencia del Caso Marea revela, en una lectura atenta, una densa
red de clientelismo laboral que sirvió de soporte a los hechos corruptos
que se declaran probados. Los delitos los cometen unas pocas personas
concretas con nombres y apellidos, pero la operativa delincuencial fue
propiciada por una infraestructura administrativa instalada adrede para
relajar los controles de legalidad, multiplicando los funcionarios de
confianza política.
Leyendo algunos de los apartados claves de la extensa resolución
judicial cualquier ciudadana o ciudadano mínimamente formado puede
deducir que en varias Consejerías del Gobierno autonómico, y muy
especialmente en la de Educación, la contratación estaba fuera de
control y en manos de unos desaprensivos que desviaron para su lucro
personal varios millones de euros de dinero público. De ahí que los
portavoces del Gobierno se hayan apresurado a poner en marcha una
campaña de intoxicación de la opinión pública, extendiendo la patraña de
que el Principado ha salido indemne de la sentencia.
Pero si los millones de euros robados y aun por cuantificar y
recuperar provenían del erario público –a cuestionar este extremo ya no
se atreven los intoxicadores– , ¿quién es entonces el sujeto pasivo del
daño?, y ¿cómo es posible que se hubiera robado tanto y durante tanto
tiempo si todo estaba bajo control?
Ausencia total de controles
Examinemos, por ejemplo, los mecanismos delictivos empleados por
María Jesús Otero, directora general de Planificación, Centros e
Infraestructuras, condenada con la pena más severa (9 años y seis meses
de cárcel). Las declaraciones de los secretarios generales técnicos de
la Consejería de Educación describen con minuciosidad burocrática que
tanto en los contratos menores, como en los de suministros de material
homologado, todo el proceso de contratación –desde la propuesta de lo
que se contrataba y con qué proveedor, hasta la justificación del gasto
mediante factura conformada– estaba en manos de la directora general,
con la colaboración de su jefa de Servicio de Centros. La propuesta de
contratación la realizaba la jefa de Servicio con el visto bueno de la
directora y la tramitación del pago requería la factura conformada por
la jefa del Servicio.
La ausencia total de controles externos a la Dirección General
entrañaba un riesgo evidente de que pudieran producirse conductas
ilícitas que pasaran desapercibidas (¿cómo es posible que no se hicieran
auditorías periódicas en un sector que movía decenas de millones de
euros?), pero cabría aducir que la intervención de una funcionaria
pública en las fases más importantes del procedimiento de contratación
garantizaría el cumplimiento escrupuloso de la legalidad.
La cruda declaración de Joaquín Arce (pág. 536 de la sentencia)
evidencia los motivos por los que ese control naufragó estrepitosamente:
cuando el Consejo de Gobierno nombra directora general a la Sra. Otero,
esta, a su vez, enchufa como jefa del Servicio de Planificación y
Centros a una amiga suya, Consuelo Carrera, maestra de profesión como la
primera. El círculo clientelar se cierra de este modo con las
consecuencias que conocemos: la Sra. Carrera firma las propuestas de
contratación que le ordena su superiora y amiga María Jesús Otero y
conforma las facturas que hacen posible los pagos ilegales, parece ser
que sin mayores comprobaciones, pues cómo no iba a fiarse de lo que
realizaba su amiga a la que debía el nombramiento en un puesto de
trabajo con un sueldo muy superior al que percibiría como docente.
¿Qué pintaba una maestra nombrada a dedo desempeñando una jefatura de
Servicio con importantes funciones en materia de contratación, que
hubieran requerido un funcionario o funcionaria con experiencia y
conocimientos en materia de Derecho Administrativo?
Es evidente que este nombramiento nepotista solo pudo consumarse con
la colaboración necesaria de otros cargos públicos, entre ellos el
consejero Riopedre y, finalmente, del Consejo de Gobierno, que aprobó la
relación de puestos de trabajo en la que la plaza de jefe del Servicio
de Planificación y Centros se configuraba a la carta para que pudiera
ser ocupada por una maestra que, además, era amiga de la directora
general. Una clase de decisiones políticas muy extendidas en la
Administración del Principado, que priman la confianza personal y el
enchufismo frente a la igualdad, el mérito y la capacidad y que son el
caldo de cultivo para la corrupción administrativa.
No nos extraña, entonces, que Consuelo Carrera tuviera la desvergüenza de publicar una carta en el diario
El Comercio
el 3 de febrero del 2011, pocos días después de la detención de su
directora general, en la que hace una defensa apasionada de la gestión
de ésta, llegando a afirmar lo siguiente: “Mi trabajo con ella me
demostró que es una persona responsable, honesta, con criterios claros,
que actúa teniendo en cuenta el proyecto de mejora de la educación
desarrollado en Asturias desde la Consejería, que consolida equipos de
trabajo”
Riopedre era de la confianza de Areces, Otero era de la confianza de
Riopedre y Carrera era de la confianza de Otero. Una lástima para los
intereses públicos que nadie hubiera advertido la necesidad de contar
con alguna funcionaria o funcionario desconfiado en la cadena.
Rienda suelta a la corrupción
Algo parecido podemos afirmar respecto a la trayectoria delictiva de
Marta Renedo y su relación estrecha, paralela y directa con los
sucesivos puestos en los que iba siendo nombrada por sus padrinos
políticos. En efecto, en el año 1999 fue nombrada por libre designación
–a dedo– jefa del Servicio de Prestaciones de la Dirección General de
Servicios Comunitarios, puesto en que el comenzó a desarrollar su
actividades ilícitas.
El director general era Carlos Madera González,
que en el año 2003 pasa a ocupar la Dirección General de Cultura,
llevando consigo a Renedo como jefa del Servicio de Promoción Cultural,
Bibliotecas, Archivos y Museos, con el plácet de la consejera Ana Rosa
Migoya, que deposita en ella su confianza. Un puesto este que, por
cierto, se parecía como un huevo a una castaña al que había desempeñado
con anterioridad.
En el Servicio de Promoción Cultural, Bibliotecas, Archivos y Museos,
Marta Renedo intensifica, mejora y amplía sus técnicas delictivas,
parece que con el desconocimiento general de sus superiores. Según
recoge la sentencia, fue precisamente Carlos Madera quien la presentó a
su amigo Maximino Fernández, administrador de la empresa ASAC
Comunicaciones. Recordamos que el Sr. Fernández, condenado a un año y
medio de prisión, contrató a varias personas como trabajadores de ASAC
para que prestaran servicios en diversas dependencias de la Consejería
de Cultura, emitiendo facturas falsas para resarcirse de los costes de
dichos contratos laborales. Curiosamente, una de esas trabajadoras
contratadas para trabajar ilegalmente en la Consejería de Cultura era
cuñada del director general de Cultura Carlos Madera, que –por tanto–
era su superior jerárquico, como se dice en la pág. 145 de la sentencia,
pero éste nunca habría tenido curiosidad por preguntarle a su parienta
sobre cómo había llegado allí.
Tal debía ser el grado de confianza y estima profesional de Migoya en
Renedo que, cuando aquella pasa a ocupar la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el año 2007, la
nombra jefa del Servicio de Procesos Administrativos (en el mes octubre
de ese mismo año), puesto que tampoco tenía nada que ver con los que
anteriormente había desempeñado. Aquí Renedo, con la experiencia
adquirida previamente, da rienda suelta a sus prácticas corruptas.
Dejando a un lado ahora lo inverosímil que resulta que el director
general de Modernización, del que dependía directamente el Servicio de
Procesos Administrativos, no hubiera reparado en la repetición de
contratos con empresas desconocidas para trabajos que no había encargado
y de los que no tenía constancia, cuando debía recibir estadillos
semanales o quincenales con todos los contratos formalizados por su
Dirección General; al menos la “culpa in eligendo” –en la elección– de
los políticos que confiaron ciegamente en Marta Renedo, otorgándole
puestos a dedo de la máxima confianza durante más diez años, es de
manual.
Viene al caso recordar que Ana Rosa Migoya defendía en abril del año
2010, justamente después de que el Tribunal Superior de Justicia anulase
la utilización abusiva del procedimiento de libre designación en más de
200 puestos de jefatura, que este sistema de nombramiento de altos
funcionarios era mejor que el concurso de méritos porque garantizaba “el
desempeño eficaz de las responsabilidades del puesto”.
¿Qué clase de eficacia ofrecía Renedo a Madera y a Migoya para
mantenerla como funcionaria de confianza durante tantos años seguidos y
en puestos tan variados? La sentencia del Caso Marea no responde a esta
pregunta, pero resultaría obligado que contestaran los valedores
políticos de Renedo.
Desviar la atención
Respecto a los controles a la hora de gestionar los fondos públicos,
se evidencia en los hechos probados recogidos en la sentencia una
multitud de prácticas irregulares llevadas a cabo en el seno de la
Administración del Principado de Asturias que fueron consumándose a lo
largo de los años sin que se detectasen ni, en consecuencia, se
corrigiesen.
Son múltiples los contratos ficticios que se llegaron a pagar.
También otros cuya obra o suministro objeto del mismo nunca se llegó a
realizar. Multitud de subvenciones públicas fueron desviadas a cuentas
particulares y fueron también cientos los documentos mercantiles falsos
que se presentaron al cobro.
El propio sistema permitía en la práctica y durante muchos años un
oligopolio empresarial –el de las empresas cuyos responsables fueron
condenados– a la hora de adjudicar los suministros centralizados de todo
el Principado de Asturias. Son cantidades astronómicas pagadas por una
Administración que, en teoría, tenía medios, capacidad y obligación de
fiscalizar todos los pagos. No hay que olvidar que en todas las
Consejerías existe una Secretaría General Técnica –alto cargo de
carácter político, desempeñado normalmente por un funcionario
teóricamente cualificado– de la que depende el propio Servicio de
Contratación y la respectiva Oficina Presupuestaria, ante la que hay que
gestionar todo documento contable que conlleve gasto.
También existe la Intervención General, órgano que debe ejercer la
tarea de control y fiscalización, de la que dependen los interventores
delegados responsables de fiscalizar y controlar los gastos de las
Consejerías.
Pues bien, todo este entramado de teórico control se ha visto
desbaratado por los hechos narrados en la resolución judicial, sin que
ninguno de estos organismos se enterase.
En un intento desesperado por desviar la atención de los responsables
políticos de la trama, la plataforma mediática del Gobierno del
Principado sigue propalando machaconamente que en la sentencia se niega
que hubiera descontrol generalizado en la Administración del Principado.
¿Deliraba, entonces, la fiscal del Caso Marea, Carmen Rodríguez, cuando
en el mes de julio de 2016, en plena vista oral, afirmaba con
contundencia que el funcionamiento de la Consejería de Educación “era un
caos”?
En todo caso, al margen y en paralelo a lo que podemos llamar la
“verdad judicial” de esta trama de corrupción, todavía provisional hasta
que la sentencia adquiera firmeza, las responsabilidades políticas del
caso hace tiempo que están delimitadas, con la identificación de sus
responsables. El dictamen de la Comisión de Investigación constituida en
la Junta General del Principado, publicado en el Boletín de la Junta de
30 de julio de 2013, es claro en sus conclusiones:
a) Existió un fallo en los instrumentos de control que permitió
actuaciones irregulares en beneficio propio e individualizadas, por
parte de funcionarios investidos de una especial confianza por los
responsables políticos de esos Departamentos, y que ocasionaron un
perjuicio patrimonial para la Administración del Principado de Asturias.
b) Existió una trama de intereses en su actuación con determinadas
empresas privadas en el ámbito de la Consejería de Educación, en el
tiempo en que estuvo dirigida por José Luis Iglesias Riopedre y ocupando
el cargo de directora general de Planificación de Centros María Jesús
Otero Rebollada.
c) La actuación poco diligente por parte de los responsables
políticos una vez que son conocidos datos ciertos que apuntaban a la
posible comisión de irregularidades en el ámbito de la contratación de
sus Departamentos, y una actuación poco comprometida a la hora de
determinar el verdadero alcance de las posibles irregularidades y su
repercusión patrimonial.
Son responsables políticos de esta trama, según el dictamen de la
Comisión de Investigación, Vicente Álvarez Areces, presidente del
Gobierno del Principado; José Luis Iglesias Riopedre, consejero de
Educación; Herminio Sastre, también consejero de Educación; María Jesús
Otero, directora general de Planificación; Ana Rosa Migoya, consejera de
Cultura y de Administraciones Públicas; Alberto Pérez Cueto, director
general de Modernización; Carlos Madera González, director general de
Cultura; y Francisco José Díaz Ortiz, secretario general técnico de la
Consejería Cultura.
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