En total, 255 asistentes facilitan la labor de los eurodiputados españoles. Algunos de ellos son familiares, antiguos miembros del partido o compaginan varias trabajos políticos
01.06.2017, El Confidencial
Cada eurodiputado cuenta con hasta 300.000 euros al año para contratar personal que le asista en sus actividades parlamentarias.
El proceso está controlado por el Parlamento, pero eso no evita que
entre sus filas se cuelen apellidos relacionados con el partido,
exmiembros recolocados en Bruselas o pluriempleados con actividades
paralelas relacionadas con la formación.
La función de estos asistentes es la de ayudar al representante político en
el ejercicio de sus funciones. Redactan documentos, organizan
encuentros o participan en eventos, ya sea en Bruselas o Estrasburgo,
con el cargo de 'acreditados', o en su circunscripción nacional, como
'locales'. Todos los eurodiputados disponen de 24.164 euros mensuales para contratar asistentes y cada uno de ellos no puede cobrar más de 6.654 euros brutos
al mes. En total, son 255 los asistentes que realizan esta labor para
diputados españoles de todos los partidos políticos representados en la
Eurocámara.
Todo queda en familia
La lista de asistentes es pública en el perfil de cada diputado del Europarlamento, pero unos nombres brillan más que otros. Es el caso de Ana Mato,
la que fuera ministra de Sanidad y Servicios Sociales en el Gobierno de
Mariano Rajoy hasta 2014, cuando dejó el partido por la implicación de
su marido en el caso Gürtel. En abril de 2016, se creó 'ad hoc' la Escuela Europa,
un campus para jóvenes dirigido por ella. Esta es su principal función
como asistente local para toda la agrupación desde Madrid.
Sin embargo, no aparece como ayudante de su hermano, Gabriel Mato, que fue presidente del Parlamento de Canarias entre 2003 y 2007 y hace carrera ahora en Bruselas. El reglamento de la institución europea
no permite que familiares directos sean asistentes, pero hecha la ley,
hecha la trampa. Además, el trabajo de asistente de la agrupación es,
como su nombre indica, para todo el partido y no solo para la actividad
propia del eurodiputado.
Lo
cierto es que algunos familiares de los populares han encontrado un
filón en la institución europea. El apellido de Díaz de Mera puede
encontrarse no solo en el eurodiputado Agustín Díaz de Mera
—ex director general de Policía, senador, diputado y ahora en Bruselas
desde 2004—, sino también en un familiar suyo, Jorge Nicolás Díaz de
Mera Jiménez, que trabajó este año como becario de su colega Pilar
Ayuso.
También el nieto de Manuel Fraga,
de igual nombre que su abuelo, ha encontrado un puesto como asistente
acreditado de la agrupación en Bruselas tras acabar la licenciatura en
Derecho en la Complutense de Madrid. Desde el Partido Popular, aseguran
que cumplió los tres años mínimos de experiencia profesional que recoge
el reglamento de la Eurocámara para esta actividad, aunque su perfil de LinkedIn indica que empezó en Bruselas nada más acabar la carrera.
Pero no solo en el lado popular puede encontrarse a familiares de miembros o afines al partido trabajando en Bruselas. Lilith Verstrynge, hija de Jorge Verstrynge, padre ideológico de Podemos,
es asistente acreditada en Bruselas para Estefanía Torres. Antes pasó
por el puesto de becaria de Tania González, ambas eurodiputadas de la
formación morada.
El
dinero del salario de los asistentes no pasa por las manos de los
eurodiputados. Es el mismo Parlamento el que abona las nóminas después
de realizar los controles que buscan garantizar, por ejemplo, la ausencia de incompatibilidades. La remuneración de los locales ronda los 2.000 euros brutos en
el caso de IU y Podemos, y se eleva hasta cerca de 3.000 en el caso de
ser contratado para ejercer en Bruselas, según los datos que han
facilitado a este periódico los dos partidos. El resto de formaciones no
facilitó la información sobre los honorarios de los asistentes por
cuestiones de privacidad o simplemente no contestaron a las peticiones
de información pública de este diario realizadas con respeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos.
De profesión, político
A
la luz de la investigación llevada a cabo por este diario, entre las
listas de asistentes destaca la heterogeneidad de sus currículos: desde
recién licenciados a cargos con una amplia trayectoria política en las
administraciones local, autonómica, estatal o en todas ellas.
El
hecho de estar imputado no es disuasorio para que una carrera no pueda
dar el salto a Bruselas. El exportavoz y número dos de Ciudadanos Jordi Cañas abandonó el partido tras ser investigado por delito fiscal,
pero esta circunstancia no impidió al partido de Albert Rivera buscarle
un puesto más alejado de la primera plana política, primero como
asistente de Juan Carlos Girauta y ahora de Javier Nart. Girauta aseguró
que "era un asesor espléndido" y redujo la importancia de su caso con
la Justicia a una cuestión privada, como recogió el diario 'El País' entonces.
En el bando socialista también hay casos llamativos de continuidad política en Bruselas, como el de Elena Diego,
que tras una dilatada trayectoria política ha pasado a ser asistente
del socialista Enrique Guerrero. Antes fue alcaldesa de Villamayor de
Armuña (Salamanca), diputada autonómica, procuradora de las Cortes de
Castilla y León y senadora. Como trabajadora del mismo eurodiputado se
encuentra otra exalcaldesa socialista, Araceli Ladera Díaz,
que fue regidora del Ayuntamiento manchego de La Puebla de Montalbán y
número cuatro de la lista del PSOE por Toledo al Congreso en 2008.
También Francisco Javier Gallego,
exdirector del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha en 2008 y
director general de Juventud a partir de 2010, se ha reciclado como
asistente para toda la formación socialista europea. José Antonio
Espejo, ahora asistente acreditado de Elena Valenciano,
fue director general de Promoción de Turismo y Marketing de la Junta de
Andalucía y director de gabinete de la ministra de Igualdad Bibiana
Aído.
El reglamento europeo
recoge que “los asistentes evitarán ejercer actividades externas que
puedan crear un conflicto de intereses”
Entre los partidos nacionalistas, Bildu ha recuperado a Ana Maria Miranda, eurodiputada del BNG
en la legislatura anterior, como asistente de Josu Juaristi,
representante de EH Bildu. Entre los asistentes del extinto partido Unió
Democràtica de Catalunya, se encuentra Joel Navas, concejal en
Torredembarra, provincia de Tarragona, actividad que compagina con el
trabajo para Francesc Gambús. Sin embargo, el eurodiputado no lo considera actividad propia del partido,
sino que la atribuye "a la responsabilidad institucional otorgada
democráticamente por los vecinos de su localidad y permitida por el
Parlamento Europeo". Asimismo, entre sus asistentes se encuentran
nombres como Frederic López Palau (ex jefe de Relaciones institucionales
del departamento de Gobernación y Relaciones institucionales), Antonio
Font Renom y Oriol Lázaro Llovera (exdiputados catalanes).
Pluriempleados
Esta
misma semana, la Justicia francesa ha abierto una investigación por la
contratación supuestamente irregular de asistentes de 19 eurodiputados
de todo el espectro político del país galo. Según sus indicios, estos
ayudantes realizan también actividades dentro del partido de los eurodiputados, en contra del reglamento que recoge que "los asistentes evitarán ejercer actividades externas que puedan crear un conflicto de intereses".
Pero
no hay que irse al país vecino para encontrar casos de asistentes que
realizan actividades paralelas. Nora Isabel Espina, asistente de Estefanía Torres
(Podemos), es además miembro del consejo ciudadano de la formación en
Asturias. Desde el partido señalan que esta circunstancia "no interfiere
en ningún momento con su actividad laboral como asistente en el
Europarlamento", ni recibe un salario aparte por este cometido. También
Celtia Traviesas, otra asistente, compaginaba su actividad asistiendo a
Estefanía Torres con ser número dos de Podemos Galicia, hasta de abandonar este puesto hace un año para dedicarse en exclusiva a su empleo en Bruselas.
En Equo, la asistente de Florent Marcellesi,
Tamara Martínez, complementa su actividad parlamentaria con la de
asesora de la coalición de Compromís y Equo en Elche. Para el
eurodiputado, esta circunstancia tampoco interfiere en su labor. Afirma
que "su compromiso por su comunidad es un plus a la hora de trasladar
hacia Europa las inquietudes, problemas y temáticas socioambientales que
sufre el País Valenciano".
Aunque no es un requisito, en Izquierda Unida valoran positivamente que los asistentes personales de los eurodiputados sean militantes del partido. Para UPYD, sin embargo, ser militante o no del partido es irrelevante.
Proveedores... y compañeros
Entre los asistentes de que disponen los eurodiputados se encuentran también los llamados prestadores de servicios.
Se trata de empresas o de particulares que se encargan de tareas de
asesoramiento, comunicación o de llevar asuntos legales de los
europarlamentarios. Igual que los asistentes acreditados, los
proveedores se publican en la página web de cada diputado. Hay casos en
los que sus señorías confían en los servicios de antiguos compañeros de
trabajo o en empresas a las que han otorgado miles de euros públicos en sus etapas anteriores.
Arsenio
Pacheco Atienza se dio a conocer al gran público, a su pesar, en
diciembre de 2011. Pocos días después de que se cursara su alta como
miembro del Congreso de los Diputados, el Tribunal Supremo ordenó retirarle el carné de conducir. Un año antes había dado positivo en un control de alcoholemia mientras conducía su BMW en Murcia, su provincia natal.
Kinema,
la cooperativa que presidió el diputado Rafa Mayoral, factura por
servicios laborales a los cinco eurodiputados de Podemos
Tras 12 años en la Cámara Baja, de la que salió en 2015, ejerce hoy como proveedor de servicios de Ramón Luis Valcárcel,
vicepresidente del Parlamento Europeo desde 2014 y expresidente de la
Región de Murcia (1995-2014). Una larga etapa en clave regional en la
que su ahora asistente, Pacheco, le acompañó hasta el año 2003. Como
explica Valcárcel a este diario, ha sido "su trayectoria en el ámbito
parlamentario" la que le ha hecho formalizar el contrato como prestador
de servicios.
La relación con antiguos compañeros o incluso
familiares se da también entre los parlamentarios de Podemos. Kinema, la
cooperativa que presidió el diputado nacional Rafa Mayoral, factura por
servicios de gestión laboral a los cinco europarlamentarios de la formación. La actual presidenta de la sociedad es Elena Marcello Santos, hermana de Ana Marcello Santos, diputada de Podemos por León.
Diferente,
en cambio, es la relación entre el eurodiputado popular Gabriel Mato y
su prestador de servicios. La empresa que ejerce de proveedor del
hermano de la exministra Ana Mato es Metrópolis Comunicación,
firma de comunicación con sede en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
y con delegaciones en varias ciudades españolas. Tal y como ha
confirmado el propio diputado a este diario, su relación con la misma se
remonta a su etapa como presidente del Parlamento de Canarias entre
2003 y 2007. En ese periodo, el Gobierno canario, presidido por
Coalición Canaria, adjudicó cerca de 300.000 euros en contratos a Metrópolis para servicios de prensa.
La
empresa, propiedad del empresario Santiago Pérez, sigue contratando con
la actual Administración regional isleña. En concreto, desde enero de
2016 se ha hecho con cinco contratos negociados sin publicidad y
tres concursos a los que concurrió en solitario. Unas adjudicaciones de
cerca de medio millón de euros que no quedaron exentas de polémicas.
Cuatro empresas licitadoras del mismo sector denunciaron irregularidades
en los pliegos de adjudicación que, aseguraron ante el Gobierno local,
permitían que solo Metrópolis Comunicación o Más Canarias pudieran
llevarse los contratos públicos. Esta última es la otra compañía de
Pérez que trabaja para los populares europeos, en calidad de proveedor
de la eurodiputada Esther Herranz García.
The MEPs Project
Este artículo es parte de The MEPs Project, una investigación llevada a cabo por 48 periodistas de 28 países de la Unión Europea. En noviembre de 2015, este grupo de periodistas demandó a
la Eurocámara ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que
se publiquen los detalles de los gastos de los eurodiputados. El caso
está pendiente de sentencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario