Carlos Ponte, presidente de la asociación, afirma que se traspasan los límites entre lo público y lo privado
Claudia Álvarez, La Voz de Asturias 08/06/2017
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias no ve
con buenos ojos la donación de 6,7 millones de euros realizada
por Amancio Ortega para adquirir tecnología oncológica. El presidente de
la asociación, Carlos Ponte, asegura que esta medida puede
tener «componentes muy críticos» para la sanidad pública ya que se
traspasan las fronteras entre lo público y lo privado. Ponte cuestiona
que la inversión en tecnología sea prioritaria y defiende otras
necesidades como residencias para la tercera edad o en cuidados
paliativos
La primera consideración a tener en cuenta, según Ponte, es
que Ortega «es una de las mayores fortunas del mundo y, según dicen los
medios, apenas paga impuestos y las condiciones de sus trabajadores en
países como Bangladés han sido cuestionadas».
Otro problema, al margen de la figura empresarial de Amancio Ortega,
es que estas medidas de mecenazgo tienen un claro componente ideológico.
Carlos Ponte se pregunta «qué es lo público», al tiempo que rechaza que
el sistema sanitario público se sostenga sobre la financiación privada.
Este tipo de mecenazgos pueden condicionar al sistema sanitario, algo
que ya ocurre en la Organización Mundial de la Salud con Bill Gates,
principal soporte de la organización. «Las experiencias previas de
grandes fortunas que han invertido en la sanidad pública han generado
una influencia no positiva», declara. El aporte económico del empresario
gallego a la sanidad asturiana servirá para financiar un acelerador
lineal, una resonancia y cuatro mamógrafos.
Sobre las necesidades reales de la sanidad asturiana, Ponte afirma
que «entre todos hemos contribuido a ver con buenos ojos la inversión en
tecnología» y que «esta financiación no responde a un criterio básico y
el problema que se ve desde fuera es en qué y dónde se invierte esta
donación». A su juicio, sería más provechoso que las inversiones se
realizaran «en residencias de la tercera edad o en los paliativos, ya
que un paciente de cáncer supone un coste de 300.000 euros, una
atrocidad teniendo en cuenta que la rentabilidad es baja», al tiempo que
ha señalado que «estas son inversiones que se retroalimentan para
obtener más beneficios»
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