CONTACTO

cofpas@gmail.com
@cofpas

viernes, 26 de febrero de 2016

Urbanismo participativo real: por un cambio de modelo



Manuel Carrero de Roa, doctor arquitecto urbanista
LNE, 2016/02/14

Una enorme distancia separa las ciudades en las que vivimos casi 880.000 personas en Asturias de los entornos acogedores y amables donde nos gustaría vivir, trabajar, relacionarnos y crecer como individuos e integrantes de la sociedad. Las áreas urbanas asturianas no favorecen la creación de nueva actividad económica y de empleo, persisten y se incrementan las desigualdades entre los barrios que las componen, consumen una cantidad desproporcionada de energía y recursos, y generan contaminación y residuos que perjudican nuestra salud y amenazan su propia viabilidad futura en el medio plazo.

Solemos aceptar esta situación como algo inevitable, similar a una carencia congénita o un retraso histórico contra el que poco cabe hacer, sino resignarse e ir resistiendo como mejor se pueda. Sin embargo, nada en esa obra colectiva que llamamos ciudad está determinado irrevocablemente por fuerzas naturales, ni es fortuito o resultado del azar. Nuestras ciudades son el resultado de un conflicto entre dos intereses contrapuestos: el particular, concentrado principalmente en los grandes propietarios de suelo y el sector inmobiliario, frente al interés general de la sociedad. Y va ganando el primero. Las barreras arquitectónicas y urbanísticas, las diferencias en el acceso al empleo, a los equipamientos y los servicios de un barrio a otro, el predominio de los vehículos motorizados privados y otras múltiples carencias y disfunciones que dejan en evidencia los bonitos principios recogidos en las leyes, así lo demuestran.

Los planes urbanísticos son las principales armas a disposición de estas dos fuerzas encontradas en la batalla por la ciudad, y quien los controla establece las reglas del juego: dónde y con qué intensidad se puede edificar; cómo se distribuyen las dotaciones públicas y privadas y con qué superficies; o cuál es el diseño de la red viaria de comunicación y transporte. Al final, esos documentos oscuros, incomprensibles para la gente corriente, cuyo conocimiento está reservado exclusivamente a expertos, regulan cuestiones tan importantes para nuestra vida como si dispondremos de una vivienda digna o si estamos condenados a la precariedad y la inseguridad actuales; si las zonas verdes y equipamientos son amplios y están bien situados, o insuficientes y segregados como ahora; y si el derecho a desplazarse libre y autónomamente está garantizado a todas las personas, o reservado únicamente a aquellas que dispongan de un vehículo privado.

Las ciudades y villas asturianas no responden a las necesidades de quienes las habitamos porque los marcos normativos y los procedimientos propios de la democracia representativa, tanto a nivel local como autonómico, han resultado insuficientes para resistir la presión de los poderes económicos que, o bien diseñan los planes urbanísticos en función de sus propios intereses -aprovechando la opacidad de los procesos de toma de decisión, el caldo de cultivo perfecto para la corrupción-, o con la excusa de su rigidez o el pretexto del enorme número de puestos de trabajo que su actuación contraria al planeamiento urbanístico crearía, directamente los ignoran. Como pruebas, las grandes implantaciones comerciales o industriales fuera de toda racionalidad territorial, o las nuevas áreas residenciales en la periferia de nuestras ciudades, paraíso de la especulación que el estallido de la burbuja inmobiliaria ha convertido en paisajes fantasmales de solares vacantes.

El reconocimiento de la intervención ejecutiva de los vecinos y vecinas en el diseño del entorno en el que vivimos como un verdadero derecho ciudadano, ejercitado a través de su participación directa y activa en la elaboración de los planes urbanísticos municipales, resulta inexcusable si se trata de invertir la actual situación y favorecer un modelo de ciudad alternativo y atento a los intereses de la colectividad. El marco normativo actual se ha quedado obsoleto y tiene los días contados, por la profunda crisis de credibilidad del sistema representativo y el interés creciente de la ciudadanía por tomar parte en los asuntos públicos. No se trata, como pretende el Gobierno de Asturias, de mejorar y profundizar los mecanismos actuales, inspirados y continuadores de los previstos en la legislación franquista del suelo de 1956. No vale con utilizar la participación como coartada para legitimar políticas y decisiones tomadas de antemano, ni para adormecer o apaciguar conflictos, como hizo el anterior gobierno autonómico en los antiguos terrenos del Hospital Universitario Central de Asturias; tampoco con hacer consultas no vinculantes y reservarse después la decisión final, como pretendió hacer el anterior gobierno municipal de Oviedo en la entrada a la ciudad por la antigua autopista Y. No resulta admisible, después de treinta y cinco años de autogobierno, que en el órgano que aprueba o deniega los planes urbanísticos en este país, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, estén representadas las empresas constructoras y promotoras y los colectivos profesionales, pero no las asociaciones de consumidores o las organizaciones ecologistas, como es habitual en otras comunidades autónomas. Participar en el planeamiento urbano no consiste en publicar más anuncios de información pública de planes en el Boletín Oficial, se necesita un cambio de modelo. Es urgente abordar una reforma de la legislación urbanística asturiana que garantice, al igual que en otros países de nuestro entorno, la intervención de los vecinos y vecinas del proceso de redacción de los planes, no a toro pasado y cuando las decisiones ya están tomadas, sino desde el minuto cero, con transparencia y acceso a la información, sobre la base de acciones formativas y de fomento de la cultura urbanística entre la población, sin improvisaciones y con los medios humanos y materiales adecuados, y sustituir los procesos actuales de mero trámite con consultas vinculantes y otros métodos de participación activa. En definitiva, herramientas para el traspaso de poder de la oligarquía urbanística hacia la ciudadanía, imprescindible para construir colectivamente un nuevo modelo de ciudad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario