Diario El Comercio 2/4/2013
Fernando Jiménez (Almería, 1963) es profesor en el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es evaluador en el Programa Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, a propuesta del Ministerio de Justicia de España. El jueves ofrecerá una conferencia en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos, en Gijón, donde someterá a examen a los partidos políticos españoles.
-¿Qué opina del paquete de medidas anticorrupción lanzado por el Gobierno central?
-En España siempre tratamos de enfocar la lucha contra la corrupción con una lista enorme de medidas y muchos cambios normativos, cuando en realidad ya hemos comprobado muchas veces que no funciona.
-Entonces, ¿por qué se insiste en lo mismo?
-Porque es algo muy sencillo de hacer. Das a entender a la opinión pública que quieres enfrentarte al problema sin correr el riesgo de hacerlo de verdad, sin tomarte muy en serio los verdaderos objetivos. Con las decisiones tomadas tras el debate sobre el estado de la nación surge ese problema: hay un conglomerado de medidas que no están estructuradas, presentan contradicciones y no están bien orientadas desde el punto de vista sustantivo.
-¿A dónde habría pues que reorientarlas?
-A elaborar medidas que dificulten el uso patrimonialista de los recursos públicos. Un partido que esté en estos momentos al frente de una administración pública, especialmente a niveles regionales y locales, tiene una capacidad de maniobra enorme para decidir cómo repartir los recursos que maneja.
-Y eso no es bueno...
-Lo que hacen las formaciones es utilizar esos recursos para construir redes clientelares y conseguir así apoyos para el partido, que les permiten permanecer en el poder, a través del intercambio de recursos públicos por votos o aportaciones financieras. Las políticas anticorrupción deben cortar la posibilidad de que los partidos puedan distribuir los recursos de manera tan discrecional.
-¿Cómo?
-Profesionalizando mucho más la administración pública, haciendo más difícil que los partidos impongan determinadas decisiones sin sentido, como algunas de las referidas a obra pública, que van en contra de la lógica de una gestión saneada. Todo este tipo de decisiones despilfarradoras tienen mucho que ver con la necesidad de los partidos de crear redes clientelares y de lo que se trata es de dificultárselo para que se imponga el interés general.
-¿Qué propone?
-Mejorar el funcionamiento de las herramientas de control, fundamentalmente de la Administración de Justicia, que ahora funciona de forma excesivamente lenta. Los escalones más altos de la judicatura son demasiado sensibles a los intereses políticos, hay que reforzar la independencia judicial. El Consejo General del Poder Judicial no debería estar politizado y los nombramientos de los altos cargos del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo no tendrían estar tan pendientes de las necesidades de los partidos.
-Usted colabora con el Grupo de Estados contra la Corrupción, ¿cuál es exactamente su labor?
-Es un instrumento del Consejo de Europa, que le permite comprobar hasta qué punto los países que firmaron convenciones anticorrupción cumplen con sus compromisos. Greco muestrea a un grupo de países, elige un tema -cada ronda dura 3 o 4 años- y los evalúa sobre ese tema en concreto. Ahora estamos iniciando la cuarta ronda de evaluación, en la que se evaluarán los problemas de corrupción asociados a parlamentarios y a jueces. En la tercera, en la que yo participé y que está finalizando ahora, se abordaron dos temas: cómo estaban tipificados los delitos de corrupción en cada país y la financiación de los partidos.
-¿Qué conclusiones sacaron sobre cómo consiguen dinero los partidos españoles?
-La evaluación de Greco fue muy crítica con el sistema de financiación español. Se detectaron problemas bastante graves, tanto en cuanto a transparencia como a posibilidades de control y a sanciones. Una de las cosas interesantes de Greco es que no se limita a la elaboración de un informe. A los 18 meses vuelve a examinar a los países a ver si han cumplido sus recomendaciones. En España, llegado a este punto, la evaluación fue de nuevo muy dura, porque habíamos hecho bastante poco por cumplir con las pautas que nos habían dado. 36 meses después es el examen definitivo, que aún no se ha celebrado. España lo va a pasar porque ha introducido algunos cambios que serán suficientes para el aprobado, lo cual no quiere decir que tengamos un sistema excelente ni mucho menos.
-¿Qué cambios se han introducido?
-Hemos mejorado mucho con la última reforma de la ley de financiación de partidos de octubre de 2012, sobre todo en el tema de las condonaciones de deuda. Hasta ahora los bancos podían perdonar a los partidos sus créditos sin ningún tipo de limitación. Ahora, existen más o menos los mismos límites que se estipulan para las donaciones. También se ha reforzado el Tribunal de Cuentas: sólo siete personas se dedicaban al control de la financiación de los partidos y las campañas electorales y ahora han pasado a ser más de 20.
-¿Es la financiación privada o la pública la que registra mayor número de irregularidades?
-Por un lado, hay muy poco control sobre las donaciones privadas, porque el Tribunal de Cuentas no tiene los poderes suficientes para hacer un control efectivo de los ingresos privados que reciben los partidos. Pero también hay un descontrol bastante grande sobre una parte de los ingresos públicos, sobre todo a nivel local.
-¿Por qué?
-Las cuentas que presentan los partidos ante el Tribunal de Cuentas son las consolidadas sólo hasta nivel provincial, pero no se incluyen las cuentas de las agrupaciones locales. Aún así, tenemos cierta información y se trata de cantidades considerables. En torno a una cuarta parte del dinero público que reciben, que en términos absolutos supone más de 50 millones de euros al año, viene de los municipios. Un segundo problema relacionado con con los ingresos públicos y los privados es el tema de las fundaciones.
Las fundaciones
-¿Cómo se utilizan para burlar la norma?
-Algunas fundaciones tienen una relación estrecha con los partidos y se convierten en la puerta trasera para incumplir determinadas limitaciones que plantea la ley. Por ejemplo, la ley no permite que empresas con contratos en vigor con las administraciones públicas donen dinero a los partidos, pero sí a las fundaciones.
-¿Tan difícil es obligar a las formaciones a hacer públicos sus números?
-La ley de octubre de 2012 obliga a los partidos a hacer públicas sus cuentas, pero no a enumerar su lista de sus donantes. Sabemos la cifra total de dinero que han recibido, pero no quién se lo ha dado. En muchos países, una de las claves normativas para evitar irregularidades es que a partir cierta cantidad de dinero, los grandes donantes han de ser conocidos. Es un aspecto importante para saber quién puede estar influyendo en los intereses que defiende uno u otro partido.
-¿Cuánto suponen las cuotas de los militantes en la financiación de un partido?
-No lo sabemos y es de justicia que den esa información. Los ciudadanos necesitamos saber quién está detrás de los partidos. Según lo que ellos declaran, la parte de financiación privada (en torno al 20%) obtiene más dinero de las cuotas que de las donaciones. Pero lo cierto es que declaran muy poquitas donaciones y no sabemos si esto se ajusta a la realidad. Sabemos que sistemáticamente los partidos gastan más en las campañas electorales de lo que declaran.
-¿Cómo se podrían evitar casos como el de Bárcenas?
-Con una transparencia más efectiva y dándole al Tribunal de Cuentas la capacidad de cruzar datos y hacer comprobaciones con Hacienda. Siempre habrá maneras de burlar la ley, pero en el caso español es demasiado fácil.
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