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domingo, 13 de enero de 2013

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y EL FENÓMENO DE LA TELEDIRECCIÓN



Germán J. Delgado Pérez
Arquitecto
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
Universidad de Barcelona. 

Análisis crítico sobre el proceso de formación de los planes urbanísticos en España y la incidencia de la opinión de los ciudadanos en su redacción, tramitación y gestión posterior

“¿Quién no desearía que la ciudad volviera a lo que fue: acto y obra de un pensamiento complejo? Pero, en tanto, nos mantenemos en el nivel de los votos y aspiraciones, y sin determinar una estrategia urbana.“ Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad [1] .

Las posibilidades de participación pública recogidas en la legislación española de rango estatal [2] , sus efectos en la toma de decisiones, los entresijos de dicho proceso, así como otras posibilidades de intervención para incidir en la realidad constituyen el núcleo del difícil equilibrio en que se encuentra el proceso democrático en la actualidad. Las diversas modalidades de dominación de los mecanismos de producción del planeamiento por sectores económicos y agentes ajenos a la política y la propia naturaleza que han cobrado recientemente la legislación, así como las fórmulas de gestión y los documentos de planeamiento, ponen de manifiesto la existencia de una esencial transformación de las reglas establecidas en el régimen de garantías del sistema democrático en España. El término de teledirección, es traducido generalmente como sinónimo de control remoto, mecanismo para accionar, dirigir, controlar un robot, un artefacto fabricado para que ejecute las actividades programadas y/o gobernadas a distancia. La palabra tuvo una aplicación en el ámbito de las ciencias sociales a través de los análisis realizados por Giovanni Sartori advirtiendo del riesgo inherente a las sociedades de las tecnologías de la información, condenadas a caer en la desinformación y la subinformación [3] .

El sentido en el que se utiliza aquí es el que corresponde a su significado original, aplicado a la modalidad de aspectos previstos de participación ciudadana en los procesos de gestión del territorio, que lejos de representar un mecanismo de garantía democrática, se convierten en fórmulas de simulación que ocultan una profunda traición al significado de las conductas colectivas de la sociedad civil.

El principal objetivo no es analizar la aparición de un nuevo manual ininteligible de un determinado juguete teledirigido, cuya versión en lengua española haya sido traducida en China, Indonesia, Japón, Taiwán, o en cualquier otro país emergente del sudeste asiático; tampoco se trata de presentar el manual del último juego para la Play Station , la Game Boy , o cualquier otro juguete, videoconsola o videojuego similares. Estos productos destinados al ocio, que contribuyen a la alienación de sus usuarios —jóvenes y mayores— transformados en consumidores netos, son solamente la imagen de una práctica estratégica global dirigida a incrementar las arcas de las corporaciones y empresas fabricantes. Todos, trabajadores epsilons , según la expresión empleada por Aldous Huxley en Un mundo feliz [4] , seres programados para mirar sin rechistar en la dirección señalada por sus amos o dirigentes de manera interesada [5] , para que «cada uno ame el destino social, del que no podrá librarse», de manera que los seres superiores —directivos de las corporaciones, especuladores inmobiliarios y otros personajes subteledirigidos por estos últimos— puedan hacer su agosto sin que esos insignificantes e infracapacitados pero felices, comúnmente denominados ciudadanos, interfieran en sus acertadas y beneméritas decisiones, leit motiv de su paso por el teatro de la vida.

Con este texto tampoco se pretende plantear un discurso políticamente correcto, tan al uso en los tiempos que corren, donde la censura ha sido sustituida por la autocensura.
Para su redacción se ha tenido presente lo argumentado por Mariano José de Larra, al explicar el porqué de la denominación de su periódico, La Revista Española , el 26 de enero de 1835:
«El periódico se titulará Fígaro , un nombre propio; esto no significa nada y a nada compromete, ni a observar , ni a revistar , ni a chupar flores , ni a compilar , ni a maldita de Dios la cosa. Encierra sólo un tanto de malicia, y eso bien sé yo que no me costará trabajo. Con sólo contar nuestras cosas lisa y llanamente, ellas llevan ya la bastante sal y pimienta. He aquí una de las ventajas de los que se dedican a graciosos en nuestro país: en sabiendo decir lo que pasa, cualquiera tiene gracias, cualquiera hará reír. Sea esto dicho sin ofender a nadie» [6] .

Más adelante, respecto a las facilidades o no para producir su periódico, argumenta Larra: «¿Se ha establecido en Madrid un sistema de libertad que se extiende hasta la imprenta; y con tal que no hable en mis escritos, ni de la autoridad, ni del culto, ni de la política, ni de la moral, ni de los empleados, ni de las corporaciones, ni de los cómicos, ni de nadie que pertenezca a algo, puedo imprimirlo todo libremente, previa la inspección y revisión de dos o tres censores. Para aprovecharme de esta hermosa libertad anuncio un periódico…?»

Pero, a pesar de ello, no se persigue argumentar lo contrario, es decir, hacer un discurso corrosivo sin esperanza. En este trabajo se ofrece una reflexión crítica sobre las formas de actuación en política urbanística y la manera en que los ciudadanos, a modo de contrapoder emergente, pueden hacer frente mediante el mecanismo de la participación democrática, a los usos y abusos que se producen respecto a sus derechos e intereses privados y colectivos, por las instancias encargadas de la formación del planeamiento territorial y urbanístico. Estas personas que detentan formalmente el poder, contrarrestando la acción de sus adláteres y mentores, practican generalmente unos procedimientos que definiremos como teledirección. Esta denominación alude a la condición de mecanismos invisibles de estos procedimientos vigentes, aunque desconocidos para la inmensa mayoría de la población, incluida la mal llamada en las democracias occidentales, clase política —nomenclatura heredada de los países de régimen comunista—, cuyo papel como únicos representantes de los ciudadanos es puesto continuamente en crisis debido a la incapacidad demostrada para administrar con ecuanimidad, justicia y honradez la confianza depositada en ellos por los electores. Por ello es necesario ampliar la base de los principios democráticos, mejorando el sistema representativo actual con mecanismos que fomenten la participación y la proximidad de los ciudadanos a la toma de decisiones, sin caer en procedimientos asamblearios, descartados por injustos y por su dudosa eficacia.

La ordenación territorial, el planeamiento urbanístico, la gestión y la construcción de las ciudades, los temas que nos ocupan, siempre han sido motivo de controversia en España. Hay que tener en cuenta que los responsables de redactar el planeamiento son generalmente equipos de arquitectos e ingenieros de caminos canales y puertos. Estos equipos profesionales trabajan a menudo siguiendo las directrices emanadas de los poderes políticos, con base en criterios aparentemente técnicos, económicos, sociológicos, culturales, etc., es decir, de equipos supuestamente multidisciplinarios.

Esa multidisciplinariedad generalmente es sólo teórica, un disfraz para aparentar un cierto nivel de solvencia profesional. Con frecuencia, se inventa una realidad sobre la que se distribuye de manera discrecional, en muchos casos arbitraria, la lotería conocida como urbanística, referida a los usos, aprovechamientos, y todas las variedades de concesiones contenidas en los documentos derivados de la formación de planes urbanísticos.

En la práctica la toma de decisiones suele estar en manos de pocas personas, generalmente sólo una o a lo sumo dos. El resto de las aportaciones son un conglomerado procedente de los más variados autores que se ha ido produciendo por un proceso de simple adición hasta constituir el todo en uno que ha de conformar la documentación burocrática de los planes y poder vender así la bondad del documento, en consonancia con la práctica común de producir proyectos al peso.

Por tradición, en el proceso de formación de los planes, se huye del debate y de la transparencia en la toma de decisiones para producir un documento burocratizado con unos contenidos inescrutables para los ciudadanos, usuarios de la ciudad y hasta para los propios técnicos que han de supervisarlos o hacer uso de ellos. Se usan a menudo, de manera consciente y generalizada, metalenguajes, definiciones herméticas, o jergas de difícil o imposible comprensión con el ánimo de establecer un mecanismo de dependencia respecto a la explicación del significado de términos, expresiones técnicas, artículos de la normativa, códigos asignados en la cartografía y demás aspectos susceptibles de justificar la facultad exclusiva de interpretación.
A menudo, sólo un pequeño grupo de elegidos conoce en profundidad ese lenguaje hueco y, lo más preocupante es que de manera creciente cada vez existen menos interlocutores-intérpretes de los documentos que se aprueban. Además, con frecuencia el resultado suele estar predeterminado, o simplemente programado a distancia, por fuerzas o poderes subyacentes que mueven el mando, los hilos del guiñol, es decir, los teledirectores, de los que más adelante se hablará. Esos personajes teledirigentes manejan desde su sillón, y en la sombra —como si de una garganta profunda se tratase—, los procesos de ordenación del territorio.

Los argumentos para desestimar los sistemas tradicionales de construcción de la ciudad son de lo más peregrinos: supuestamente, evitar los planteamientos esteticistas y trasnochados; en otros casos se alega que la construcción edilicia es un acto reglado y como tal no puede estar sujeto a opiniones subjetivas; o se propone un documento flexible que, teóricamente, permita a lo largo de su desarrollo acomodarlo a las diferentes necesidades sobrevenidas, normalmente adaptaciones interesadas a situaciones concretas, etc. Es obvio que detrás de tales argumentaciones se esconde la incapacidad para redactar documentos con un alto nivel de calidad y definición, el escaso o nulo interés por la planificación urbanística, la gestión de determinados y concretos intereses, y, en última instancia, el mecanismo de control remoto, la teledirección a la que ya hemos hecho referencia.

Esa teledirección o, si se prefiere, la utilización interesada de los recursos públicos, base de la corrupción urbanística, ha sido identificada y estudiada[7] por Joel Bakan en el aspecto del peligroso poder creciente adquirido por las corporaciones comerciales a través del concepto jurídico de la corporación , persona legal con responsabilidad ilimitada, que actúa como una persona pero sin consecuencias, personas creadas por la ley (Chomsky), no tienen alma que salvar ni cuerpo que encarcelar (Thorlow). El objetivo a ultranza del beneficio comercial ha conducido a las corporaciones –siempre según el análisis de Bakan– a desarrollar las conductas que la psiquiatría ha descrito en los psicópatas.

Un análisis basado en esta interpretación se ha propuesto para definir este tipo de situaciones en el planeamiento [8]. Navarro Segura utiliza la expresión corporaciones psicópatas propuesta por Bakan, aplicándola a las conductas de las corporaciones políticas en España en sus actividades relacionadas con el planeamiento, la ordenación del territorio, el medio ambiente y el patrimonio. La autora analiza, entre otros aspectos, la puesta a prueba del término de buen gobierno , «en el sentido de una programación responsable y fiable de los bienes que gestionan las instituciones en el ámbito internacional y en el territorio español en particular». Navarro compara el comportamiento de las instituciones con la manera de proceder de las corporaciones comerciales, describiendo la situación que afecta a los bienes españoles inscritos en la lista del patrimonio mundial, cuya destrucción y proceso de degradación se acelera a partir de su declaración en virtud de las propuestas de ordenación urbanística, proyectos de puesta en valor muy en boga en el mundo de la arquitectura, soluciones diversas de reinterpretación proyectual a través del planeamiento, que hacen desaparecer los rasgos materiales de autenticidad y los valores que fueron objeto de identificación en el proceso de la declaración.

Este fenómeno alcanza una proporción dramática en España a causa del planteamiento sustentado por la profesión de la arquitectura a través de sus organizaciones colegiales y de personalidades de la profesión que han alcanzado una justificada notoriedad en el ámbito internacional por la calidad de su obra. El argumento esgrimido se concreta en el derecho ilimitado del arquitecto a intervenir sin ningún tipo de constreñimientos en los ámbitos patrimoniales, aduciendo que la intervención del arquitecto mejora la obra histórica. Este tipo de situaciones han convertido a los arquitectos en uno de los peligros que amenazan a las ciudades. Un colectivo profesional dotado de unas competencias legales, que no intelectuales, desproporcionadas en los tiempos que corren, poco o nada democráticas. A ese peligro cabe añadir el de los propios representantes políticos, más pendientes de sus haciendas e intereses que de la administración a la que representan en calidad de responsables de la cosa pública. En esta ocasión el ejemplo descrito es el de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en el que se encuentran todas las conductas antes descritas, y que permiten identificar procesos claros de teledirección con nombres propios, sobradamente conocidos, responsables de los planteamientos descritos en este trabajo. Los hechos definidos se han materializado en procedimientos torticeros de utilización privada de los recursos públicos e institucionales y han sido dados a conocer, aunque gozan de total impunidad a escala local, regional o nacional. 

En España se han intensificado un conjunto de factores que contribuyen a agravar la situación, coincidiendo todos ellos en un menoscabo o falta de transparencia efectiva en los procesos de formación del planeamiento urbanístico y de ordenación territorial, en una ausencia de protocolos de control y fiscalización y en una carencia de funcionarios independientes para ejercer el control y seguimiento de los procesos administrativos. Todo ello hace muy difícil, quizás inviable, la modificación del rumbo de los acontecimientos. Y esta forma de gestionar los asuntos públicos ha impregnado todo el sistema con independencia de la adscripción política de los grupos gobernantes.
A todo ello hay que añadir que, cada vez con mayor frecuencia, los responsables políticos eluden contar con funcionarios independientes, al preferir entenderse con personal de libre designación, actualmente denominado de confianza , o simplemente con profesionales liberales. Este personal dependiente suele comportarse como replicantes [10], haciendo honor al término empleado en 1968 por Philip K. Dick en la novela ¿Piensan los androides en ovejas eléctricas? , después adaptada como guión de la película de Ridley Scott, Blade Runner .


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