El Gobierno de Castilla y León, dirigido por el tándem PP-VOX, ha anunciado la disolución de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales alegando el endeudamiento de dicha entidad y razones de eficacia.
Dicha Fundación resulta un órgano tripartito cuyo patronato está integrado por la Administración –quien asume la totalidad de su financiación vía presupuestos generales- la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) y los sindicatos Unión Sindical de CC.OO de Castilla y León y UGT de Castilla y León.
Una de las claves de la disolución de dicha Fundación se encuentra en la voluntad de la asociación patronal y de los dos sindicatos citados en asumir funciones desempeñadas por la Administración Pública a través de sus servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación y para los que reclamaban la correspondiente financiación a la Comunidad Autónoma.
En el año 2017 (BO de Castilla y León de 12 de abril) CECALE, CC.OO de Castilla y León y UGT de Castilla y León firmaron un Acuerdo Interprofesional (III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimiento de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León), en el que reconconciéndose mutua capacidad y legitimación suficiente para ello, sustituían a todos los efectos los servicios prestados por la Administración en cuanto al intento de conciliación obligatoria previa a la vía social: “Será por tanto necesario agotar el trámite mediador ante el SERLA”, rezaba el art. 7 del Acuerdo. Únicamente quedaban excluidos de la competencia autoatribuida los conflictos individuales que versen sobre reclamaciones de cantidad (art. 9).
En el año 2019 (BO de Castilla y León de 4 de marzo) las tres organizaciones firmantes del Acuerdo Interprofesional dieron un paso más e incluyeron en exclusiva competencia del SERLA ya los conflictos individuales, desarbolando totalmente las competencias de los servicios públicos de conciliación prestados a través de las oficinas territoriales respectivas.
Y no sólo eso, sino que también instaban al Gobierno de Castilla y León a que financiase la privatización de esos servicios.
Así se lee en el Acta de Acuerdo Parcial firmado por CECALE, CCOO y UGT:
“Las organizaciones firmantes de este acuerdo han incluido en el mismo, la ampliación de los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje a todos los conflictos individuales, que iniciaran su aplicación una vez se firme el correspondiente acuerdo tripartito con el Gobierno de Castilla y León y de acuerdo al calendario de implantación previsto. Por ello, se dirigirán al Gobierno de Castilla y León a efectos de que, mediante la modificación del acuerdo tripartito y por el procedimiento legalmente oportuno, se adopten las medidas que posibiliten la financiación y ejecución del acuerdo a través de la Fundación del SERLA”
Tres cuestiones llaman la atención de este proceso:
-Que sea un Gobierno de PP-VOX quien revierta un servicio público privatizado a la Administración es, a la vez, chocante y extraño.
-Que un trámite preprocesal obligatorio a la ciudadanía, como puede ser una reclamación individual por una cantidad debida a un empleado- pueda ser privatizado y monopolizado mediante un Acuerdo Interprofesional entre una asociación empresarial y dos sindicatos resulta, como mínimo, dudoso desde un punto de vista legal.
-Que se intente que la Administración pague todos los gastos inherentes a los servicios públicos desmantelados para ser ejercidos por sindicatos y patronal a través de mediadores remunerados, resulta muy revelador de la idiosincrasia de dichas organizaciones.
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