El BOE de hoy, 24 de marzo, publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado - Principado de Asturias, por el que se inician negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 1 y 2 y la Disposición final cuarta de la Ley del Principado de Asturias 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes.
En otras palabras, la Administración del Estado cuestiona la constitucionalidad de diversas medidas aprobadas por la Junta General del Principado por la vía de urgencia, a instancia del Gobierno del Sr. Barbón, con el fin, supuestamente, de agilizar los procedimientos y recortar trabas administrativas en materias tan sensibles como son la medioambiental y la urbanística.
En concreto, los artículos y disposiciones que pone en tela de juicio la Administración Estado tienen que ver con las modificaciones introducidas sobre la evaluación ambiental de proyectos, la evaluación ambiental estratégica de planes urbanísticos y sobre la legislación urbanística vigente.
Esta fase de inicio de negociaciones tiene un carácter previo a la posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, de conformidad con lo que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
A este respecto, recordamos que el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ya denunció en el mes de diciembre que con la encomienda de las funciones de comprobación, control e inspección de las declaraciones responsables en materia de urbanismo, a las Cámaras de Comercio y a los Colegios Profesionales, se estaba encargando el ejercicio de funciones materialmente públicas a personas contratadas sin ninguna garantía de formación y solvencia técnica, pero sobre todo y fundamentalmente, sin ninguna garantía de imparcialidad y de objetividad, porque carecerán de los mecanismos de protección de los que legalmente gozan los funcionarios públicos frente a injerencias y presiones internas y externas. Y que con ello se vulneraba la reserva legal establecida en el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público en favor de los funcionarios públicos.
El Gobierno del Principado de Asturias corre el riesgo serio de que su reforma "estrella" acabe estrellada en el Tribunal Constitucional, por precipitación y exceso de celo antiburocrático.
De momento, al igual que la acaba de pasar al Gobierno de Andalucía con sus reformas, ya topa con la discrepancia del Gobierno del Estado
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